Las voces de la oposición se hicieron sentir ayer casi al unísono en un fuerte rechazo al inquietante planteo de Cristina Kirchner del lunes cuando evaluó que las protestas de sectores no oficialistas eran "amplificadas" y "provocadas". Más aún, el Acuerdo Cívico y Social, que a través de un comunicado de prensa ratificó su "compromiso con la democracia y las instituciones de la República", exigió a la Presidenta que "precise el plan de desestabilización que denuncia".
El comunicado, que lleva la firma de Elisa Carrió, Rubén Gustiniani y Gerardo Morales, consideró que los dichos de Cristina eran parte de la "histórica interna del PJ que tenemos que pagar todos los argentinos con peleas de poder y violencia en las calles".
Agregó el Acuerdo Cívico que es el "propio gobierno" el que "no deja de emitir gestos de aprobación a grupos violentos o de discriminar entre buenos y malos", en el marco de un conjunto de problemas sociales como el "poco interés en salir del conflicto para alcanzar soluciones de consenso a los graves problemas que el país afronta".
También desde su condición de titular de la UCR, Morales emitió su rechazo a las palabras de la mandataria. Dijo que "una gran contribución" del Ejecutivo sería la de que "aflojara con la incitación a la violencia". El senador jujeño dijo que "si es el propio gobierno el que aprieta, controla y vigila, e incluso escucha ilegalmente, a opositores políticos y a quienes no acuerdan con sus ideas, ella misma debiera saber quién quiere desestabilizar". Y también reiteró que deseaba "saber dónde se fundamentan las sospechas" de la Presidenta y "qué ha hecho su gobierno para evitarlo".
Pero también desde el peronismo disidente hubo fuertes críticas a Cristina, quien el lunes, antes de que comenzara el paro de subte que ayer conmocionó a la ciudad de Buenos Aires, sus salidas y entradas, dijo que había situaciones "provocadas en términos literales, de provocación". Salieron además, luego que diversos sectores del peronismo ratificaran los dichos de la Presidenta.
El diputado nacional electo por Unión-PRO Felipe Solá rechazó que exista un plan para desestabilizar a la Presidente, y afirmó que es el Gobierno el que "genera un ambiente de tensión, exasperación y hartazgo en la sociedad". El ex gobernador bonaerense y ex kirchnerista, Solá subrayó: "El Gobierno provoca una situación real de enfrentamiento entre argentinos desocupados cuando lanza un plan para cooperativas que apunta a fortalecer a los intendentes y mantener la red de clientelismo".
Por su parte, el también diputado electo por Unión PRO Francisco De Narváez rechazó las declaraciones de Cristina y aseguró que desde la oposición se "trabaja" para "pacificar y encontrar soluciones a los problemas" que ¿consideró¿ "crea este gobierno". De Narváez consideró que "más que acusar hay que terminar con este clima de hostilidad y frenar a los Kirchner, que se manejan como una pandilla y sólo buscan enfrentar a argentinos con argentinos".
Desde la Izquierda, la dirigente Vilma Ripoll (MST) opinó: "El que desestabiliza es el propio gobierno nacional, que no da ninguna solución a reclamos justos y encima acusa a los trabajadores y los desocupados que exigen respuesta. Tener un sindicato sin burocracia o tener trabajo digno sin clientelismo son anhelos de millones de personas".
ANÍBAL FERNÁNDEZ EN DIPUTADOS: TEORÍA DE DESESTABILIZACIÓN
Paro de subtes, acampe piquetero, corte de calles, huelgas docentes y hasta escaramuzas con nudistas en plena Plaza de Mayo. Un escenario hostil espera hoy a Aníbal Fernández para exponer el informe de gestión del Gobierno en la Cámara de Diputados, con el Presupuesto 2010 todavía sin sanción en el Senado y con el debate por la reforma política rozando el paroxismo.
El jefe de Gabinete deberá soportar hoy, a partir de las 10, la embestida opositora, que centrará todos sus ataques en la denuncia de Cristina de Kirchner sobre un supuesto plan de desestabilización contra el Gobierno. La doctrina oficialista, amplificada ayer por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, horas antes del regreso de Néstor Kirchner al PJ, asegura que el clima de crispación social es provocado intencionalmente con el fin de desgastar a la Presidente.
Ésa será la línea discursiva de Fernández esta mañana ante la Cámara de Diputados, apenas un día después del caótico paro de subtes y del anuncio de una marcha de la CGT de Hugo Moyano el próximo viernes 20 para repudiar a los «grupos desestabilizadores». Desde el conflicto gremial en la planta de Kraft, el Gobierno no tuvo respiro en cuanto a protestas y huelgas protagonizadas por grupos y movimientos sociales de izquierda. En Olivos, vinculan esos fenómenos con el abierto regreso de Eduardo Duhalde a la arena política y recuerdan el final del Gobierno de Fernando de la Rúa que culminó con el lomense como el encargado de pilotear una traumática transición.
EL GOBIERNO VUELVE A VER UNA MANIOBRA PARA DESESTABILIZAR
El Gobierno insistió ayer con la idea de que la ola de protestas y el paro de subtes están relacionados con la intención de malograr el mandato de Cristina de Kirchner. Mientras por un lado el ministro Carlos Tomada repelió el reclamo de los huelguistas, la oposición rechazó las declaraciones de la Presidente, que el lunes advirtió sobre un supuesto golpe institucional y una provocación la seguidilla de piquetes y manifestaciones, y aludió que quienes quieren llegar al poder deben esperar las urnas. De los cruces participaron funcionarios del oficialismo y del antikirchnerismo.
Tomada criticó a los delegados disidentes del subte que buscan personería gremial independiente y los acusó de haber roto “todas las reglas”.
Dijo que “no era necesario” llevar adelante semejante paro y que “la petición que ellos han hecho de inscripción gremial pareciera que se resuelve soplando y haciendo botellas. Y no es así. Es mucho más complejo. En estos momentos el expediente está en la Justicia”.
NEGOCIAN CAMBIOS EN LA REFORMA POLÍTICA
El oficialismo introducirá importantes cambios en el polémico proyecto de ley de reforma política que envió al Congreso: dará marcha atrás en las exigencias que les imponía a los partidos políticos minoritarios para preservar su personería jurídica; cederá a los partidos políticos poder de contralor en materia electoral y restablecerá algunos mecanismos de control en el financiamiento de las campañas.
La conducción del bloque de diputados oficialistas diseñó en las últimas horas este borrador con el propósito de acercar posiciones con la oposición, crítica del proyecto original. Ayer fue un día intenso de reuniones reservadas entre distintos referentes de la oposición y del oficialismo, aunque todavía no hay fumata: los diputados oficialistas aguardan el visto bueno del ministro del Interior, Florencio Randazzo, y la oposición quiere revisar la letra fina del dictamen definitivo antes de dar su opinión. El dictamen se discutirá mañana, durante un plenario de las comisiones.
El kirchnerismo ya anticipó que quiere apurar el debate de este tema y, en lo posible, darle media sanción el próximo miércoles. Pero la oposición reclama más tiempo y dice que no se puede votar a las apuradas. Así coinciden Oscar Aguad (UCR), Federico Pinedo (Pro), Patricia Bullrich (Coalición Cívica) y Silvia Augsburger (Partido Socialista).
Pero el oficialismo no daría el brazo a torcer. Y para seducir a la oposición aceptó introducir modificaciones, que fueron ideadas por la conducción del bloque, que lidera Agustín Rossi. En ese armado participó, también, el director nacional electoral Alejandro Tullio, que ayer formó parte de las reuniones con los referentes de la oposición.
En “CRÍTICA” se dice: Está descartado que el oficialismo cederá en la incorporación de la boleta única y la creación de un ente autónomo electoral. Del resto de los reclamos opositores, hay varios que están en análisis. Por ejemplo, tendría aval un planteo que realizó el radicalismo –a través del diputado Pedro Azcoiti– de que en la interna no vaya “cerrada” la fórmula de presidente y vice. Es decir que, en todo caso, el segundo sea elegido con posterioridad y no necesite pasar por las elecciones primarias.
La contraoferta oficialista contempla varios puntos, aunque el más relevante es la decisión de dar marcha atrás con las exigencias que el proyecto original imponía a los partidos minoritarios para preservar su personería jurídica y competir en elecciones nacionales. La iniciativa les exigía, para constituirse como partido nacional, el 5 por mil de afiliados en cinco distritos y, para competir en elecciones nacionales, el 1 por mil del padrón nacional. Asimismo, obligaba a cosechar un piso de 3% de votos en las elecciones primarias para competir en los comicios generales.
"En el nuevo proyecto esas exigencias se dejan sin efecto y el piso del 3% se baja al 2%", deslizaron ayer en el oficialismo. Asimismo, se conformaría una comisión formada por todos los apoderados partidarios para controlar el reparto de los fondos partidarios y la distribución de los espacios televisivos y radiales entre las distintas agrupaciones durante la campaña. En materia de control del financiamiento, se restablecerá la obligación de presentar, 10 días antes de las elecciones, un informe de rendición de gastos.
CON CAMBIOS, VOTAN HOY EL NUEVO MONOTRIBUTO
El kirchnerismo confía en reunir hoy mayoría en Diputados para darle media sanción al nuevo esquema del monotributo y la prórroga de la emergencia económica, en este caso con los votos más que justos.
Para asegurarse el apoyo de sus aliados, el Gobierno aceptó cambios de última hora en el monotributo. Después de consultar al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, el bloque oficialista aceptó eliminar la categoría más baja. De esta manera, el sistema arrancará con un tope de facturación de $ 24.000 al año, pagando una cuota de $ 219 por mes, apenas seis pesos más de la que se había fijado para la categoría excluida, de 12 mil pesos de facturación anual.
El cambio resuelve la situación ridícula que generaba esa exigua diferencia. Pero no soluciona la cuestión de fondo que criticó duramente la oposición y que radica en los fuertes aumentos que el Gobierno pretende aplicar en el nuevo régimen.
"Quien factura $ 1.000 por mes antes pagaba $ 120,75 y ahora pagará $ 219, lo que implica que en este impuesto se le irá el 21,9% de sus ingresos", advirtió el radical Miguel Ángel Giubergia, en la reunión de la Comisión de Presupuesto que dio despacho favorable a ambos proyectos del Gobierno.
La mayor polémica se dio en torno a la prórroga de la ley de Emergencia Económica, que en esta ocasión fue pedida hasta el 31 de diciembre de 2011, para que Cristina pueda mantener esa herramienta hasta el fin de su mandato. "Es inconstitucional", dijo el diputado Juan Carlos Morán, de la Coalición Cívica, tras adelantar que ese bloque votará en contra. También los radicales adelantaron su rechazo, al igual que sectores del centroizquierda.
A pesar de que parte de sus aliados adelantaron que no apoyarán la emergencia -que faculta al Gobierno a renegociar los contratos de las tarifas de los servicios públicos y regular precios, entre otras cuestiones--, el oficialismo asegura tener los votos suficientes para aprobar el proyecto. Necesita 129 para el quórum y tendría poco más de 130.
"Vamos a reunir el número necesario", dijo Gustavo Marconato, presidente de la Comisión de Presupuesto. En la vereda de enfrente, la radical Silvia Lemos admitió: "Si han puesto el proyecto en discusión es porque ya tienen los votos necesarios".
LA SIP DENUNCIÓ UNA CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO CONTRA LOS MEDIOS
Si bien el marco era solemne, las declaraciones fuertes y la sala estaba colmada, había cierto ambiente festivo entre los miembros de la SIP, por la inminencia del final de la 65° Asamblea General. El último día se eligieron las nuevas autoridades, se aprobaron las conclusiones y las resoluciones, de las cuales dos fueron específicamente sobre Argentina.
Allí la SIP afirmó que "durante los últimos seis meses, periodistas y medios de comunicación fueron objeto de una hostil escalada de hechos, agresiones e intimidaciones, provenientes de organismos públicos y sectores afines al oficialismo, que lesionaron gravemente el principio de libertad de expresión en La Argentina". Por eso, la asamblea general expresó su preocupación ante la "virulencia que registró esta escalada", con "elementos y modalidades hasta ahora inéditos en la conflictiva relación del gobierno argentino con la prensa".
DISTRIBUIDORES EN DIPUTADOS: "HAY UNA DICTADURA SINDICAL"
Al concluir ayer la reunión de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, el secretario gremial de la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas, Oscar Pepe dijo que "venimos a pedir ayuda a la comisión contra la presión que sufrimos" del sindicato de los camioneros, que la semana pasada bloqueó durante tres días consecutivos varias cooperativas que distribuyen diarios y revistas y a las plantas impresoras de los diarios Clarín y La Nación.
El secretario gremial lamentó la "parcialidad del ministerio de Trabajo que nos van llevando a aceptar decisiones de afiliarse a camioneros". Además Pepe aseguró que "seguimos pensando que esto es una dictadura sindical", en alusión a los aprietes del sindicato de los camioneros conducido ahora por Pablo Moyano, hijo del líder de la CGT Hugo Moyano. "Estamos frente a una dictadura sindical", dijeron los distribuidores.
Ante los últimos bloqueos a las distribuidoras y a las plantas impresoras de Clarín y La Nación, la comisión de Libertad de Expresión que preside Silvana Giudici recibió ayer a una delegación de la Sociedad de Distribuidores encabezada por el nombrado Pepe y por Patricia Cristaldo y Martín Codó.
A su turno, Codó miembro de la cooperartiva Mariano Acosta, denunció que "el miércoles pasado, cuando estábamos sufriendo un bloqueo fuimos a la sede del sindicato de camioneros donde me tuvieron encerrado desde las 16 hasta las 22 porque me querían hacer firmar un convenio para conformar una empresa de transporte y para que traspasáramos a los choferes al gremio camionero".
Consultado acerca de si "había sufrido una suerte de secuestro", dijo que "no, pero en la oficina que estábamos entraba y salía gente en forma continua, era todo muy confuso", apuntó.
Por su parte, la diputada Giudici aclaró que la comisión había pedido informes al Ejecutivo sobre los incidentes protagonizados por militantes camioneros en las plantas impresoras de los diarios y en varias cooperativas. Dijo también que "nos parece grave que el ministerio de Trabajo direccione las acciones para satisfacer los deseos del sindicato de Moyano".
La diputada recordó que "hace un año se produjeron los primeros bloqueos a las plantas impresoras de los diarios, con la misma metodología. Nos preocupa y mucho porque esto atenta contra la libertad de expresión y contra la libre circulación de diarios y revistas, pero el ministerio de Trabajo no actúa cuando hay bloqueo".
Las diputadas Patricia Bullrich y Elsa Quiroz preguntaron sobre el funcionamiento de las cooperativas y cuántos empleados habían aceptado encuadrarse en el gremio de los camioneros.
Codó, directivo de la cooperativa Mariano Acosta contestó que "mas o menos la mitad de los choferes de las cooperativas de distribuidores se pasaron al sindicato de camioneros. Y Moyano presiona por el resto.
LA LIBERTAD DE PRENSA SE DETERIORA EN LA REGIÓN
La Asamblea General de la SIP alertó sobre una disminución de la libertad de prensa en el continente americano, al cierre de su evento desarrollado en Buenos Aires. El organismo mostró su preocupación por el ataque de los gobiernos contra los medios de comunicación independientes en Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, Cuba y Nicaragua.
Pero expresó su "mayor desazón y preocupación" por los 16 periodistas asesinados en los últimos seis meses en la región, de los cuales a ocho los mataron en México y a tres en Honduras, entre otros países. Según la SIP, ésta es la cifra más alta de asesinatos de los últimos años, que "tiene que ver no sólo con la violencia extrema del crimen organizado, sino con la impunidad y el creciente deterioro de la seguridad ciudadana".
En las Conclusiones aprobadas ayer, la SIP sostuvo una "enérgica" condena a la "permanencia en prisión de 27 periodistas en Cuba", país que "se distingue como uno de los mayores controladores y censuradores de Internet".
CAPITANICH, EN EL CONSEJO FEDERAL
El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, fue electo ayer presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, primer organismo conformado a partir de la ley de medios. El Consejo, de 38 miembros, es dominado por las provincias oficialistas.
El próximo lunes volverá a reunirse para designar dos representantes en la autoridad de aplicación, de 7 integrantes. Asistieron todos los sectores representados, aunque aún los medios privados no confirmaron quienes serán sus delegados definitivos.
NO HUBO ACUERDO EN TRABAJO PARA LA PELEA CON CAMIONEROS
El conflicto entre las cooperativas que distribuyen diarios y Pablo Moyano, del gremio de Camioneros, no termina. Después de varios días de amedrentamientos por parte de seguidores de Moyano, que incluyeron bloqueos a las plantas de impresión de los diarios Clarín y La Nación, representantes de las cooperativas de distribución dse reunieron junto con el secretario adjunto e hijo del líder de la CGT Hugo Moyano.
Fue la primera reunión de conciliación convocada por el Ministerio de Trabajo en el marco del conflicto entre ambas partes. Luego de horas de discusión en la sede de la cartera laboral, las partes pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles en la búsqueda de una solución al conflicto provocado por los bloqueos a las plantas distribuidoras y el encuadramiento gremial de los trabajadores que se desempeñan en la distribución. Moyano quiere que los empleados de las cooperativas pasen a Camioneros.
LA CGT CONVOCÓ A UN ACTO DE APOYO AL GOBIERNO PARA LA SEMANA PRÓXIMA
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización a Plaza de Mayo para fines de la semana próxima, en apoyo al gobierno de Cristina Fernández. La manifestación será el viernes 20, a las 16, y apunta también a generar una demostración del poder de movilización de la central obrera que encabeza Hugo Moyano.
"Es para que ningún reclamo esté por arriba del orden constitucional y del mandato popular que hemos votado todos los argentinos", expresó el vocero del encuentro, Juan Carlos Schmitd (Dragado y Balizamiento). A su lado, Julio Piumato (Judiciales), agregó: "Sabemos que hay quienes buscan desestabilizar el proceso democrático. Incluso hay determinadas actitudes desde la izquierda que son funcionales a quienes quieren volver al modelo neoliberal".
LOS RURALISTAS CONVOCAN A UNA MOVILIZACIÓN EN DICIEMBRE
La Mesa de Enlace decidió ayer realizar una movilización en Buenos Aires en los primeros días de diciembre, que tendrá como objetivo fortalecer la ofensiva que los partidos de la oposición planean llevar adelante en el Congreso a partir de la asunción de los nuevos legisladores, varios de ellos provenientes del sector. El acto podría desarrollarse en el Rosedal de Palermo, el mismo lugar donde en julio de 2008 unas 300.000 personas pidieron por la derogación de las retenciones móviles.
Carlos Garetto (Coninagro), Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Hugo Luis Biolcati (Sociedad Rural) y Mario Llambías (CRA) se reunieron en un aparte de la reunión anual del Foro de la Cadena Agroalimentaria, que se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario. En el cónclave hubo un tirón de orejas hacia Buzzi por haberse reunido por las suyas con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Pero la cosa no pasó de ahí: el bloque rural sabe que su posibilidad de influencia está en la unidad.
Zanjado el asunto, analizaron los pasos a seguir para mantener vivo el reclamo en momentos en que recrudecen otros conflictos. La primera decisión fue no tirar más nafta al fuego, y se descartaron nuevas medidas de fuerza. Apuestan al nuevo Congreso, en el que ya el kirchnerismo no ostentará la mayoría.
LOS PIQUETEROS NO CORTARÁN LOS ACCESOS, PERO HARÁN MARCHAS
Una peregrinación piquetera desde Constitución hasta 9 de Julio y Belgrano, en plena mañana, bastaría para poner los nervios de punta de cualquier automovilista. Los cronistas de TV podrían hablar, una vez más, de caos en el tránsito porteño. Pero, en las circunstancias actuales, la medida parecería una protesta menor.
Puede sonar contradictorio, no lo es: los piqueteros anti-K amenazaban ayer con realizar piquetes en todos los accesos de la Ciudad y aceptaron poner un freno en la escaldada de protestas para negociar con el Gobierno su participación en el reparto de planes sociales. La movilización al Ministerio de Desarrollo Social será, casi , una concesión.
Los piquetes se destrabaron por las negociaciones que entablaron en las últimas horas el Ministerio de Desarrollo Social ¿con el visto bueno, lógicamente, de la Casa Rosada¿ y los referentes de las agrupaciones sociales y partidos de izquierda que exigen que no los marginen del plan de creación de empleo a través de cooperativas. Reclaman dos cosas: algunas agrupaciones buscan cupos en las cooperativas y otras piden manejar, ellos mismos las cooperativas. Altas fuentes del Ministerio, sin embargo, dijeron a Clarín que esto último no será factible: "Las cooperativas no son ni de los intendentes ni de los piqueteros. Son autónomas", aclararon.
SCIOLI QUIERE PENALIZAR A PIQUETEROS SI MARCHAN CON "ACTITUDES HOSTILES"
El gobernador Daniel Scioli adelantó que las actitudes consideradas hostiles realizadas por "piqueteros" encapuchados serán penalizadas en la provincia de Buenos Aires con detención. Es una propuesta para sancionar contraventores que -según explicó-, enviará a la Legislatura antes de fin de mes. El proyecto prevé una reforma en el Código de Faltas bonaerense e incluye sanción a las conductas consideradas "predelictuales" como el "merodeo" o la "vagancia".
"¿A usted le parece normal que una persona ande con la cara tapada y un palo en sus manos para peticionar?", resultó el argumento del gobernador. "Resulta obvio -agregó- que es una situación irregular. Eso no significa que se evite la protesta", fue la aclaración.
El borrador que será utilizado en la elaboración del proyecto de ley para ampliar los artículos del Código de Faltas, con facultades de actuación a la Policía, también determina multas.
FUERTE PERCEPCIÓN DE CONFLICTO SOCIAL Y RECLAMO DE QUE LA CASA ROSADA ACTÚE
La protesta social que diariamente se ve en las calles y que en los últimos días copó la escena mediática llegó a la opinión pública. Según un trabajo de la Consultora Ipsos Mora y Araujo, el 88 por ciento de los argentinos da por hecho que hay un escenario de conflictividad social y el 91% cree que el Gobierno debería intervenir de alguna manera.
El sondeo, realizado entre 1200 casos, consultó a los entrevistados que calificaran el nivel de conflictividad social que tiene el país. El 48% opinó que había "mucha conflictividad" y el 40% señaló que había "bastante", contra sólo el 10% que dijo que había "poca conflictividad". En cambio, ni uno solo describió el escenario como "sin conflictividad".
"El 88% de la población considera que la conflictividad forma parte del escenario cotidiano", sintetizan las conclusiones del trabajo. En este escenario, el 91% de los consultados cree que el Gobierno debería dar respuestas al problema. Dentro de ese porcentaje, un 42% pidió "hacer todo lo necesario para evitar que se corten rutas y calles", mientras que el 49% restante, en una posición más moderada, reclamó "prevenir y contener los cortes" para evitarlos o, por lo menos, para lograr "que perjudiquen lo menos posible a la gente".
Para Santiago Rossi, director de Ipsos Mora y Araujo, esos datos no dan lugar a lecturas ambiguas.
"La idea de un gobierno que no intervenga ante los conflictos no se encuentra presente entre la gente. Se solicita que intervenga como mediador o que directamente bloquee la protesta, pero nunca que esté ausente", explicó Rossi. El reclamo de que el Poder Ejecutivo tome cartas en el asunto hay que buscarlo en el amplio rechazo que los cortes provocan en la sociedad: un 82% dijo que está en desacuerdo, contra el 16% que se manifestó en favor de ese tipo de protesta. Más allá del malestar que provocan los cortes, la percepción de la opinión pública es que el conflicto social que los alimenta empeoró respecto del año último y crecerá más en 2010.
En esa línea, el 59% de los consultados cree que el conflicto social es superior al que se vio durante 2008, y un porcentaje muy similar (el 57%) cree que aumentará el año próximo, contra un 9% que cree que disminuirá y un 26% que anticipa que se mantendrá igual.
En un corte por niveles socioeconómicos, y aunque el rechazo a los cortes se observa en todos los escalones de la pirámide social, Rossi explicó que el mal humor sube especialmente entre la clase media.
DUHALDE VS. CARRIÓ EN TRIBUNALES
La jueza federal María Servini de Cubría definirá hoy si continúa el juicio por calumnias e injurias impulsado por Eduardo Duhalde contra la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, luego de una primera audiencia en la que apenas se llegó a acordar sobre el acta que firmaron los dos involucrados en el proceso.
En un encuentro más parecido a una audiencia de arbitraje, que al primer día de un juicio oral y público, Carrió ratificó sus declaraciones televisivas de 2005 sobre el ex presidente, pero aclaró que al decir que Duhalde “controlaba” la droga en la provincia de Buenos Aires, se refería en realidad a su “responsabilidad política” en el crecimiento del narcotráfico en esa provincia durante su gestión como gobernador.
Así, el caso se redujo a una cuestión semántica, al punto tal que la magistrada ordenó que se leyera la definición de diccionario de “controlar”. “Fiscalizar, conocer”, leyó en voz alta un funcionario del juzgado.
Ése era el cuestionamiento central de Duhalde a los dichos de Carrió. El ex gobernador bonaerense -menos teórico que la líder de la CC- argumentó que ése podía ser el significado, pero que cuando los ciudadanos comunes escuchaban “control” interpretaban que él manejaba el narcotráfico.
La audiencia se estancó así en un “él dijo, ella dijo” entre el ex presidente y la diputada electa por la Capital Federal, en la que Servini de Cubría ofició más que nada como árbitro. Un juicio oral muy informal y poco habitual, si se tienen en cuenta los permanentes diálogos entre las partes y los repetidos intentos de sus abogados de que ambos dirigentes se “amigaran” para dejar el tema atrás.
La más reacia fue Carrió. Ofuscada, indicaba qué debía escribirse en el acta y subrayaba una y otra vez que ella no iba a retractarse. “Nunca lo acusé de narcotraficante”, insistió Carrió y agregó que sus dichos no eran injuriantes porque no era una cuestión personal, sino de responsabilidad política.
“No tengo nada personal contra Duhalde, a diferencia de, por ejemplo, cuando dije que Kirchner y De Vido eran una banda de ladrones”, enfatizó la titular de la CC y cerró con un categórico “Si alcanza, bien, y si no seguimos”.
Pero la líder de la CC afirmó: “Usted no puede decirme que no sabe qué carteles operan en la provincia de Buenos Aires”, y remató con un “sabía y no lo combatía, o lo hacía insuficientemente”. A lo que el ex presidente respondió que ella, como legisladora, también era responsable de esos hechos.
A esta altura, Carrió ya estaba fastidiada por una demanda que consideró “poco seria”. La molestia también hizo escalar sus dichos: mientras, más diplomático, Duhalde le señaló que él nunca había contestado a sus declaraciones para probar que su demanda tampoco era una cuestión personal, la diputada electa lo fustigó con un “será por falta de hombría porque manda a su mujer a contestar mis acusaciones”.
Hilda Chiche Duhalde, sentada junto a su marido, se mordía los labios para reducir sus interrupciones al mínimo. Pero sí intercedió para explicar por qué su marido no le había hecho una querella a la Presidente por referirse sin nombrarlo a él como ‘padrino'. Carrió interrumpió y le dijo: “Yo creo en su buena fe, pero no en la buena fe de su esposo”.
Afuera esperaban a los testigos citados por la defensa y la querella, entre ellos, el ex jefe de Gobierno Jorge Telerman, y los diputados provinciales Sebastián Cinquerui y Walter Martello. Servini de Cubría definirá hoy si continúa el juicio y escucha a los testigos o si cierra el caso con la declaración de las partes.
Ayer todo indicaba que el juicio terminará con la sátira ofrecida por dos de los dirigentes políticos más importantes de la Argentina, que cerró cuando Carrió le preguntó: “Pero cómo ¿usted no va a ser candidato?” y Duhalde respondió: “No, todavía no”.
LA CORTE DIO 30 DÍAS A SANTA CRUZ PARA REPONER A UN EX PROCURADOR
La Corte Suprema de Justicia de la Nación le advirtió a las autoridades santacruceñas que no hay nada que aclarar en torno al fallo que dispuso reponer en su cargo al procurador provincial separado de sus funciones cuando Néstor Kirchner gobernaba la provincia, Eduardo Sosa.
"La sentencia es suficientemente clara", dijo ayer el máximo tribunal con la firma de cinco de sus siete miembros. De esta manera, apenas el gobierno provincial se notifique de la decisión, comenzará a correr el plazo de 30 días que la Corte le dio para cumplir la medida.
RECHAZARON LA RENUNCIA DE KIRCHNER EN EL PJ
En una peculiar cumbre en La Plata, el peronismo, o al menos los principales dirigentes que aún responden a Néstor Kirchner, decidieron anoche rechazar su renuncia a la Presidencia del partido.
El encuentro no fue en la sede partidaria de Matheu 130, si no en la Residencia de la Gobernación bonaerense. Y tampoco fueron convocados todos los integrantes del Consejo partidario, si no que apenas se cursó invitación a los 27 integrantes de la "mesa chica" Ejecutiva del PJ y se completó la concurrencia al coqueto Salón Francés con un puñado de vocales cuidadosamente seleccionado.
Aún así, no se pudo evitar la deserción de Mario Das Neves (con renuncia incluida al Consejo), la de Alberto Fernández, el ministro de Gobierno cordobés Carlos Caserio y el intendente de Rafaela, Omar Perotti. La gran carta que mostró Scioli fue la presencia de una decena de gobernadores peronistas. Aunque, entre esa tropa, también pegó el faltazo el santacruceño Daniel Peralta (Alberto Rodríguez Saá no forma parte del Consejo).
MACRI CRITICÓ AL GOBIERNO Y DIJO QUE "PERDIÓ EL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO"
"El daño y la falta de respeto avanza", dijo ayer el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, al criticar nuevamente al Gobierno nacional por "la pérdida de control sobre el espacio público", que opinó, hay en la ciudad de Buenos Aires a causa de los cortes.
También exhortó al Gobierno a que encuentre una solución, a través del Ministerio de Trabajo, por el enrolamiento gremial que mantiene enfrentados a la UTA que respalda Hugo Moyano, y los empleados del subte, que buscan crear su propio sindicato.
Después de otra jornada con caos vehicular a causa del paro de empleados de subte, Macri criticó la "falta de vocación" del Gobierno por resolver los problemas.
EL PARO DEL SUBTE FUE TOTAL Y YA ANTICIPAN UNA NUEVA PROTESTA
Al contrario de lo que esperaba el Gobierno, el paro de subtes fue ayer absolutamente exitoso. La presión de la Casa Rosada para imponer aunque sea un "servicio esencial" fracasó en la mañana. Por primera vez en muchos años, en todo un día no se movió ni una sola formación bajo tierra. La soledad de los túneles fue la imagen contraria a lo que pasó en las calles: transitaron por ellas 250 mil automóviles más de lo habitual en un día hábil.
La huelga subterránea recién se levantó a las once de la noche. A pesar de eso, el tránsito en la ciudad será hoy igualmente pesadillesco: habrá marchas de distintos grupos de piqueteros anti K. Los delegados díscolos del subte y de la UTA aseguraron que esperan ahora algún llamado del Gobierno para sentarse a negociar.
Si esa comunicación no ocurre en el corto plazo, insistirían con un nuevo paro la semana próxima, esta vez de 36 u 48 horas. En la Casa Rosada admitieron que una vez terminado el paro podría volver el diálogo con el único sector de un sindicato del transporte que se anima a plantársele a Hugo Moyano.
El titular del Ministerio de Trabajo, Carlos Tomada, se vio obligado cancelar su agenda y siguió ayer durante todo el día el conflicto desde su despacho, en el que incluso se quedó a almorzar. Habló varias veces con la presidenta Cristina Kirchner para informarla sobre el tema, contaron fuentes oficiales.
Recién al final de la tarde, cuando tuvo la certeza de que el paro no se levantaría y seguiría hasta la medianoche, expresó la posición oficial: "Desde el punto de vista de solución del tema, hoy no necesitamos ningún paro. Un paro de 24 horas de subte el mundo tiene reglas y ellos las han roto todas", se quejó en Radio 10, haciendo alusión a que los huelguistas subterráneos impidieron que se realice un "servicio de emergencia".
METROVÍAS DICE QUE NO PUDO MOVER LOS VAGONES
La empresa Metrovías informó que, ayer, pretendió prestar un servicio gratuito de trenes bajo el cronograma de emergencia previsto, pero "personas ajenas a la compañía y un reducido grupo de empleados bloquearon las vías o rompieron los trenes habilitados hasta dejarlos fuera de servicio". Así lo explicó la firma en un comunicado.
"No hemos podido mover los trenes a causa de que las vías estaban ocupadas por personas y no íbamos a atropellar a nadie ni poner en riesgo la vida de nadie", dijo el jefe de Recursos Humanos de la empresa, Ricardo Grazziano. Explicó que tuvieron ese tipo de inconvenientes en la estación Carlos Pellegrini, Diagonal Norte, 9 de Julio y Primera Junta".
"Nuestra intención es poder hacer funcionar el servicio pero ha sido y es imposible hacerlo ante la ocupación de las vías", dijo Grazziano, quien lamentó que se hable de extender el paro por otro día más, de acuerdo a lo que adelantaron algunos voceros de los huelguistas.
Según la empresa, un 65% de los empleados se presentaron ayer a trabajar, pero no pudieron hacerlo. Por eso, Metrovías "amplió las denuncias ante los organismos competentes y la Justicia para que este grupo de empleados cese en la actitud de interrumpir el servicio.
Ayer, además, el juez federal Julián Ercolini ordenó medidas de prueba para intentar individualizar a los autores de los incidentes y daños en estaciones de subterráneos durante el paro de ayer, tras recibir una denuncia de la empresa concesionaria que aportó fotos de los sucesos.
MÁS CRUCES POR LAS CIFRAS DEL INDEC
Las cifras del INDEC vuelven a desatar polémica. Ayer el ministro Boudou anticipó el número de la inflación de octubre, que se conoce hoy y lo situó entre 0,6 y 0,7%. Pero para los privados arroja bastante más. El Estudio Bein lo ubica en 1,1% y otros consultores, en 1,5%.
Algo parecido ocurre con la actividad industrial. Para la Unión Industrial, las fábricas arrastran en los primeros 9 meses, una caída del 8,8%. Sólo en septiembre, la retracción fue de un 7,9% respecto de igual período de 2008.
De todos modos, el informe de la UIA deja una cuota de optimismo. Señaló que si se compara septiembre con agosto, el indicador "mostró una expansión de 3,2%" y que el "retroceso de septiembre es uno de los menores del año". Las estimaciones de la UIA suelen no coincidir con las proyecciones oficiales.
Para el INDEC la actividad industrial de septiembre en relación a un año atrás apenas cae 0,5%. Y en los primeros 9 meses del año, baja 1,3% respecto al mismo lapso del año pasado.
OTRO DURO CRUCE ENTRE LA UIA Y TOMADA POR EL DECRETO DE LAS ART
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, respondió en duros términos a las entidades empresarias que ayer cuestionaron también duramente el decreto presidencial sobre accidentes de trabajo.
"Es cierto que crecieron los juicios, pero es más que nada porque, por donde se lo mire, el sistema es mezquino. Las víctimas cobraban poco y en rentas bajas. No podían hacer juicio. En las comisiones médicas no podían tener asesoramiento de abogado ni de médico. Debían apelar solos y ante la justicia federal. Si morían sus padres no podían cobrar nada. Por eso, estamos convencidos que mejorando la indemnización, disminuirán la cantidad de juicios", señaló muy convencido el ministro.
No obstante, Tomada sostuvo que, a la hora de sacar el decreto y a pedido del sector empresario " se hicieron concesiones" a los empleadores: "las sumas adicionales de pago único se fijaron de acuerdo a la propuesta de la UIA, se agregó el seguro de responsabilidad civil, se ordena arbitrar medidas para bajar costos, se fomentan las Mutuas, se quitó un artículo que autorizaba el aumento inmediato de las alícuotas".
LA UIA DICE QUE LA PRODUCCIÓN CAE MENOS
Aunque todavía muy lejos de las variaciones positivas que declara el Gobierno, la Unión Industrial Argentina (UIA) informó ayer que la producción nacional moderó su caída respecto de los meses previos.
Según un informe del Centro de Estudios de la UIA (CEU), la actividad de la industria registró una baja del 7,9 por ciento en septiembre con relación a igual mes del año pasado y una suba del 3,2 por ciento respecto de agosto. El estudio destaca además la pérdida de 51.500 empleos registrados, de acuerdo con datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Los datos de la UIA contrastan fuertemente con los del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que para ese mes informó una suba interanual de 0,1 por ciento.
RECHAZO A UN IMPUESTO PARA HABLAR POR CELULAR
Un grupo de entidades de usuarios manifestó su abierta oposición a un proyecto de ley que apunta a crear un Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) financiado con la recaudación de un impuesto del 1% sobre los consumos de la telefonía celular.
La iniciativa iba a ser debatido ayer en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, pero el debate fue aplazado hasta mañana por falta de quórum. El fondo se crearía con el aporte de los usuarios del 1% aplicado sobre el precio de los servicios y abonos que las empresas de telefonía celular facturen a sus clientes, neto de IVA. Luego, las operadoras deberán girarlos a los 30 días de recaudados a una cuenta del Banco Nación.
