Según el programa, la jueza -integrante del tribunal superior de Mendoza- tenía “causas abiertas por tráfico de influencias” en perjuicio de un bodeguero de Mendoza.
Además, se le enrostraba una presunta actuación irregular en la regulación de honorarios en una causa en la que estaba involucrado su marido.
La sala D de la Cámara, integrada por los jueces Patricia Barbieri, Diego Sánchez y Ana María Brilla de Serrat, consideró que las expresiones habían causado "daño moral" a la jueza, ya que se basaron sobre hechos inexactos.
En primera instancia, la Justicia había condenado a la productora, al canal y al periodista a pagar 200 mil pesos a la jueza, pero la Cámara redujo ese monto a la mitad.
