No hubo preguntas al ministro del Interior, pero sí cuestionamientos sobre varios aspectos del proyecto oficial de reforma política que Florencio Randazzo fue a explicar ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Desde los bloques opositores más duros hasta los aliados del kirchnerismo mostraron predisposición a discutir la iniciativa del Gobierno, pidieron la implementación de la boleta única y reclamaron que el debate no esté acotado por “los apuros del oficialismo”.
Randazzo respondió diplomáticamente que “los tiempos los marca el Congreso”, aseguró que el proyecto está abierto a las modificaciones y admitió que se podría formar un organismo autárquico que organice, controle y fiscalice los comicios, pero no resignó la convocatoria a internas abiertas simultáneas y obligatorias para que los partidos políticos elijan sus candidatos.
“No hay buenos tiempos para discutir la reforma política, reiterada en todos los procesos electorales. Por eso elegimos un año no electoral. Lo central es que no nos mueve ningún interés, mezquindad o propósito que no sea tratarlo de la mejor manera posible para fortalecer y prestigiar la política”, arrancó Randazzo ante los diputados.
El ministro destacó la decisión presidencial lanzada el 9 de julio en Tucumán y la convocatoria al diálogo para diseñar el proyecto que recogió las opiniones de los partidos que acudieron, así como parte de los 111 proyectos que desde los distintos bloques se presentaron en el Congreso.
Luego defendió la iniciativa. Remarcó la importancia de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias para dirimir las candidaturas partidarias con “la participación de siete millones de argentinos”, la imposibilidad de que se conviertan en candidatos quienes cometieron delito de lesa humanidad o tengan procesamiento firme por delitos tipificados en el Código Penal, la eliminación de las listas colectoras y espejo, que “las personas de existencia ideal (empresas y asociaciones)” no puedan financiar a los partidos y el reparto “equitativo” a cargo del Estado de la publicidad en las campañas.
Sin embargo, el ministro le cerró el paso a la boleta única. “Con un sistema de 685 partidos políticos (nacionales y provinciales) es imposible realizarlo”, sentenció Randazzo. Luego volcó sus argumentos a favor de “sincerar” el sistema de partidos y defendió las exigencias de la nueva norma para que los partidos alcancen su reconocimiento electoral, a los que evaluó más laxos que en Chile y Brasil.
El primer opositor en tomar la palabra fue Adrián Pérez, de la Coalición Cívica. Pérez advirtió que el debate “no debe estar atado a ningún plazo” y propuso que para “terminar con el clientelismo político” la incorporación de “la universalización del subsidio a la niñez”, como había acordado con el grueso de las bancadas opositoras (UCR, PS y PJ disidente). Pérez criticó el piso que se impone a los partidos para no perder la personería electoral (sacar menos del dos por ciento en dos elecciones consecutivas) con una advertencia: “No hace mucho el PJ en Capital (con Granillo Ocampo) no sacó el dos por ciento y la UCR en una elección nacional (con Moreau) tampoco superó ese porcentaje”.
La intervención más esperada era la del radicalismo. Había expectativa por conocer la opinión del otro partido mayoritario sobre un proyecto que –de acuerdo con los restantes bloques– “consolida el bipartidismo”. El jefe de la bancada, Oscar Aguad, adhirió a lo dicho por Adrián Pérez y atacó el “clientelismo que liquida las internas” con un sinceramiento: “Por mi experiencia radical, el que maneja los planes sociales gana la interna partidaria”. Después reclamó la boleta única “aunque nos perjudica, porque se pierde el efecto arrastre de los partidos con mayor expansión territorial”.
“Por ahí no nos ponemos de acuerdo sobre Boca y River, pero debemos saber si el otro puede hacer goles también con la mano y nosotros sólo con el pie”, dijo el macrista Federico Pinedo, quien le apuntó al oficialismo por no acordar “reglas de juego limpias”. Silvia Augsburger, del PS, afirmó que “hay coincidencia unánime en no apurar los tiempos parlamentarios” y señaló las diferencias sobre las internas que propone el proyecto oficial del que se aplica en Santa Fe: “Allí no hay pisos para los partidos que pueden acceder a los cargos legislativos”.
Desde el centroizquierda, las críticas llegaron por las exigencias que la iniciativa impone a los partidos chicos. “No se puede matar a los partidos emergentes antes de que nazcan, porque no todos los partidos nacen con vocación de mayoría, como los ecologistas, que apuntan a incorporar a la agenda legislativa temas puntuales y concretos”, sostuvo Vilma Ibarra, del Encuentro Popular y Social, que cuestionó las internas abiertas con una pregunta: “¿Qué se quiere fortalecer? ¿A los candidatos o a la ideología y las ideas de los partidos?”. El fueguino Leonardo Gorbacz aseguró que “se puede legitimar a los partidos por sus afiliados o por los resultados electorales pero no se puede pedir ambas cosas”.
“Empecemos de nuevo, no de un pasado que ya no existe”, dijo Carlos Raimundi, del SI, para reclamar una “reafiliación partidaria para sincerar la fuerza de cada partido” y afirmar que el oficialismo “sólo insiste en la interna pero no en su contenido”. “Es un chaleco a medida para restituir el bipartidismo”, agregó Claudio Lozano, de Proyecto Sur, sobre el proyecto oficial, al que consideró como “un conjunto permanente de obstáculos para que las nuevas fuerzas no se puedan desarrollar”.
A esa altura del debate, casi todos coincidieron con los límites que establece la iniciativa sobre el financiamiento político “para que los millonarios no saquen ventaja con su dinero”. El empresario Francisco de Narváez, que siguió el debate pero no intervino, sonreía nervioso ante cada discurso que lo tenía como blanco, aunque el color de su cara se confundía con el de su pelo.
POLÉMICA POR DOS ARTÍCULOS QUE LIMITAN LA DIFUSIÓN DE ENCUESTAS
Del descontrol absoluto al control desmesurado. Ese es el cambio que parece ofrecer el Gobierno nacional con su proyecto de reforma política en el rubro encuestas. Si la última elección fue un mamarracho de sondeos truchos armados a gusto de oficialistas y opositores, con burlas groseras a la legislación, en la que viene la gente directamente no podrá saber cómo viene la intención de voto de su candidato desde 15 días antes de ir al cuarto oscuro. Esto, claro, si se aprueba la iniciativa K y se mantienen los artículos 86 y 87.
El primero establece la creación de un registro obligatorio de encuestadoras, que, "ante cada trabajo realizado para una agrupación política", deberán informar qué partido lo encargó y cuánto le pagó, más todas las características del sondeo. Quienes no estén inscriptos no podrán difundir sus trabajos durante la campaña electoral. Los que violen las normas dos veces, serán borrados de la nómina de autorizados.
El artículo 87, en tanto, prevé que 15 días antes de las elecciones generales (la medida no rige para las primarias) "ningún medio podrá publicar encuestas... ni referirse a sus datos". Hoy pueden hacerlo hasta un par de días antes.
El oficialismo que ahora propone tales limitaciones es el mismo que estaba apuntado en el medio del blanco en la última elección. Aún hoy se recuerdan consultores afines al Gobierno publicando datos en Internet hasta minutos antes del cierre del comicio (con la treta de identificar con escuditos de fútbol a los candidatos, según el club por el que hinchan) e incluso otros difundiendo bocas de urna en el bunker K fuera del horario permitido.
Claro que también algunos opositores con holgados recursos de campaña, como Francisco De Narváez, fueron acusados de "manipular con encuestas". Fuentes del oficialismo dijeron que las limitaciones buscan "transparentar la información" y que fueron tomadas de países como "Brasil, Ecuador y Francia".
CANJE DE DEUDA: AVANZA EL PLAN PARA SUSPENDER LA LEY CERROJO
Con el apoyo del peronismo disidente, el radicalismo y la Coalición Cívica, el oficialismo se prepara para darle hoy media sanción al proyecto que suspende la ley cerrojo, requisito indispensable para que el Gobierno pueda avanzar con la reapertura del canje de la deuda para los tenedores de bonos que no aceptaron la propuesta en el 2005.
Ayer, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja aprobó el dictamen del proyecto que envió el Ejecutivo y que prevé suspender temporalmente los artículos 2, 3 y 4 de ley 26.017 que impiden que se reabra la propuesta para los holdouts. Y hoy la iniciativa será tratada en el recinto.
Todo sucedió muy rápido, porque el Gobierno necesita que la suspensión de la ley cerrojo ocurra lo antes posible, para darle un marco jurídico a la propuesta que enviará a los organismos reguladores de los países donde hay tenedores de bonos de la deuda argentina que aún está en default.
Por eso, para apurar el paso, la semana pasada el oficialismo pidió tratamiento de preferencia para este tema, y ayer consiguió un dictamen de comisión que le garantiza que el proyecto será tratado hoy en el recinto. En el bloque del Frente para la Victoria descuentan que no habrá problemas para su aprobación, ya que la iniciativa cuenta con el apoyo del radicalismo, el Pro, el peronismo disidente y la Coalición Cívica.
Hasta ahora, sólo el diputado Claudio Lozano se posicionó en contra del proyecto del Gobierno de reabrir el canje de la deuda. "No entiendo porqué reabrimos el canje anterior, lo lógico sería hacer un canje nuevo", dijo Lozano cuando el ministro Amado Boudou defendió la suspensión de la ley cerrojo ante la comisión de Presupuesto y Hacienda, hace apenas una semana. Y denunció que el Gobierno pagará comisiones a los tres bancos que realizarán el canje, aunque desde el oficialismo se ha insistido en que esta operación no incluye el pago de comisiones.
Pese al apoyo que en general le darán a la suspensión de la ley cerrojo, ayer la oposición emitió dictámenes en minoría. El de la Coalición Cívica reclama que la propuesta para los holdouts sea aprobada por el Congreso antes de ser enviada a los organismos reguladores de los distintos países. Y el del radicalismo pone en duda el pago de comisiones y cuestiona quién pagará los honorarios de los abogados.
"No es nuestra intención ponerle palos en la ruedas al gobierno, y esta iniciativa nos ayudará a reinsertar al país en el mercado financiero", dijo el diputado radical Miguel Ángel Giubergia. Pero aclaró que firmaron en disidencia parcial por estos cuestionamientos.
LLEGÓ AL CONGRESO LA PRÓRROGA PARA LA LEY DE EMERGENCIA
El Gobierno está decidido a aprobar todas las leyes que pueda antes de que cambie la composición del Congreso, el próximo 10 de diciembre. Anoche, cuando muchos ya descontaban que no llegaría, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto para prorrogar por un año más la Ley de Emergencia Pública, que rige ininterrumpidamente desde 2002, cuando Eduardo Duhalde era presidente. Desde entonces, a pesar de que la economía se recuperó sustancialmente, el Congreso la ha renovado año tras año.
"El proyecto para prorrogar la Emergencia ya fue enviado al Congreso", le confirmó una fuente oficial. En el Parlamento, sólo algunos pocos se enteraron a última hora de la noche.
La extensión de la Emergencia Pública hasta el 31 de diciembre de 2010 le permitirá a Cristina Kirchner continuar con algunas políticas consideradas fundamentales por el Gobierno: la regulación de los precios de los productos de la canasta básica y la renegociación de los contratos y tarifas de los servicios públicos privatizados.
Esta ley fue también la que en el 2005 habilitó al Gobierno a realizar el canje de la deuda que ahora se reabrirá para tratar de atraer a los holdouts que se quedaron afuera en aquella ocasión, sólo que en esta ocasión hará falta suspender la ley cerrojo que fue aprobada en el 2005 para dar una señal a los bonistas.
FUERZAN A COBOS A DESMENTIR SU RENUNCIA
Mientras Julio Cobos ayer visitó la sede de Coninagro y cenó luego con los dirigentes del campo, le siguen apareciendo dolores de cabeza por su posición como vicepresidente de Cristina de Kirchner.
Ayer Cobos tuvo que desmentir que pensara renunciar a la vicepresidencia: “Una vez más, reitero que mi compromiso con la ciudadanía es el de ser vicepresidente de la Argentina hasta 2011”, dijo en un comunicado frente a la publicación de un reportaje que se le había hecho en Santo Domingo cuando viajó allí para un seminario sobre el retorno a la democracia en Latinoamérica. El sitio de noticias Infolatam había puesto en boca de Cobos la supuesta decisión de abandonar la vicepresidencia a comienzos de 2011 para dedicarse a la campaña electoral de ese año.
ENVIAN AL CONGRESO PROYECTO DE MONOTRIBUTO: AUTÓNOMOS TENDRÁN 4 MESES PARA VOLVER AL MONOTRIBUTO
Los monotributistas que pasaron al Régimen General porque superaron el límite de facturación anual permitido tendrán 4 meses para volver a monotributo, una vez que el Congreso apruebe la ampliación y las nuevas escalas.
Así figura en el proyecto de ley que el Gobierno envió ayer al Congreso. De esta manera, en el primer cuatrimestre de vigencia de la nueva ley, no se tomará en cuenta el requisito actual de 3 años para reingresar al sistema.
El proyecto amplía el alcance del régimen para las locaciones de servicios de $ 72.000 hasta $ 200.000 por año y para el resto de las actividades de $ 144.000 hasta $ 300.000. Esas sumas, como el impuesto y la cuota fija jubilatoria, podrán ajustarse una vez por año por la variación de las jubilaciones. Y la AFIP podrá efectuar un descuento de hasta el 20% sobre la parte impositiva para los que paguen puntualmente o lo hagan con dedito automático.
Los monotributistas de actividades primarias de las dos categorías más bajas o sean monotributistas sociales no deberán abonar parte impositiva. A su vez, cada cuatro meses, como viene pasando ahora, los monotributistas podrán recategorizarse de acuerdo a la evolución que hayan tenido sus actividades en los últimos 12 meses.
Otra novedad es que se incorporan disposiciones nuevas para el monotributo social y las cooperativas de trabajo, con eximición o aportes más bajos. De los tres componentes -impositivo, previsional y salud- que comprende el sistema, se mantiene sin cambios la parte impositiva actual, a la vez que se incorporan valores más altos para las nuevas escalas. Y aumentan las sumas fijas del aporte jubilatorio (de $ 35 a $ 110) y de la obra social (sube de 46,75 a $ 70).
Al aumentar la suma fija, su impacto es mayor sobre las categorías inferiores. Así la cuota de la categoría más baja "hasta $ 1.000 de facturación mensual sube de $ 114,75 a $ 213 por mes, un incremento del 85,6%.
Para las escalas que van de $ 200.000 a $ 235.000 anuales se fija la condición adicional de contar como mínimo con 1 empleado en relación de dependencia, de 235.000 a 270.000 con 2 empleados y de 270.000 a 300.000 con 3 empleados. En el caso de los que trabajan en relación de dependencia, por el monotributo solo pagan el componente impositivo, porque ya aportan a la obra social y al sistema jubilatorio.
El proyecto excluye del monotributo a los que "adquieran bienes o realicen gastos, de índole personal, por una valor incompatible con los ingresos declarados" o tengan depósitos bancarios "incompatibles" con los ingresos declarados de su categoría.
POLÉMICA POR OTRO PROYECTO QUE DA MÁS PODER AL ESTADO
Un proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados, por el que se restringe la posibilidad de que los particulares obtengan medidas cautelares para frenar actos del Estado y de los organismos públicos, genera fuerte preocupación y controversia entre los juristas.
Esta iniciativa, redactada por el diputado chubutense Juan Mario Pais (FPV), que logró el apoyo de 135 diputados en la sesión del miércoles último, mejora la posición del Poder Ejecutivo, la Anses, la AFIP, el Energas, un hospital público o la futura autoridad de medios audiovisuales, y, en general, cualquier otro organismo público autárquico o descentralizado.
En efecto, si un particular presenta una acción judicial para protegerse de un acto o decisión estatal que, supuestamente, lo daña, el juez interviniente, antes de suspender esa decisión, deberá darle al Estado tres días para hacer su descargo. Pero, además, ese plazo podrá estar precedido por otro de quince días si el reclamo se inició ante la administración pública. En todos los casos, el particular deberá presentar pruebas muy convincentes.
Mientras Pais afirma que la iniciativa aprobada "no fue pensada para restringir los amparos, sino para evitar los abusos", los constitucionalistas lo critican. Daniel Sabsay calificó el proyecto de "vergonzoso, porque viola la división de poderes y la Constitución", y María Angélica Gelli afirmó que "impone al particular una prueba pesada y compleja". En rigor, es posible obtener medidas cautelares mediante acciones de amparo y, también, mediante presentaciones de otra naturaleza técnica. El proyecto no se limita a los amparos, sino que, en general, afecta a todos los pedidos de medidas precautorias contra el Estado o sus organismos.
A nivel nacional, cuando un particular solicita una medida precautoria, en muchos casos los jueces, en forma inaudita, sin escuchar al Estado, deciden suspender la decisión estatal. Ahora, el trámite, que nunca fue sencillo, será más lento, intervendrá el Estado y su resultado será más incierto aún. El proyecto había obtenido dictamen favorable de la Comisión de Justicia en diciembre último. No hubo disidencias, pero no lo firmaron los radicales ni los integrantes de la Coalición Cívica. Luego, en varias ocasiones fue incluido en el plan de labor parlamentaria, pero su tratamiento fue reiteradamente postergado, hasta que el miércoles último, sin que se advirtiera demasiado, fue aprobado por amplia mayoría y obtuvo sólo siete votos negativos y una abstención.
El proyecto introduce dos artículos en el Código Procesal Civil:
Artículo 206 bis: "Salvo casos de urgencia debidamente justificados, el juez dará vista de la petición [que hace el particular] a la administración por el plazo de tres días, vencido el cual resolverá la solicitud". La salvedad referida a los "casos de urgencia debidamente justificada" fue introducida a instancias del diputado Federico Pinedo (Pro), quien interpretó que eso atemperaba la gravedad del proyecto original, que calificó de "catastrófico".
El especialista en derecho administrativo Tomás Hutchinson dijo que ese criterio de notificar al Estado, en rigor, se aplica "en muchas provincias y con buenos resultados", aunque "también tiene un costado peligroso y requiere que el juez obre con sentido común. Por ejemplo, si el caso es urgente o si el particular pide un embargo contra el Estado [el proyecto omitía este último supuesto], el juez debería prescindir de darle intervención previa al Estado".
Pais, autor del proyecto, aclaró: "No se restringen las medidas cautelares contra las empresas de servicios públicos, como Edesur o Edenor, ni contra otros particulares, como fueron los amparos por el corralito contra los bancos. Pero a veces hay abusos, como fue el caso de la cuota Hilton, que fue distribuida por los jueces".
El artículo 206 es aún más polémico que el 206 ter, pues dice:
"Cuando con la medida precautoria se persiga la suspensión de la ejecución de un acto administrativo, esta medida sólo podrá ser ordenada" después de darle al Estado tres días para contestar y "cuando a) no se afecte gravemente el interés público y b) se acredite que ejecutar el acto generaría perjuicios más graves que su suspensión". Para la doctora Gelli, este último requisito "parece irrazonable, porque poner en cabeza del particular una prueba muy exigente puede neutralizar las presentaciones que efectúen contra el Estado. Requerirá que el juez sea muy prudente".
El mismo artículo también establece otra restricción. Si el particular estuviese litigando en defensa de su derecho ante la administración, antes de pedir la cautelar al juez, deberá pedirla en la administración y esperar otros quince días.
EL GOBIERNO CEDIÓ PARA QUE SE LEVANTE EL ACAMPE EN LA 9 DE JULIO
Fueron 33 horas de acampe en la 9 de Julio. Pasadas las 21 de ayer, los líderes de los movimientos sociales que acampaban frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social bajaron del despacho del Coordinador Nacional de Microcréditos, Alberto Gandulfo, y anunciaron que levantaban el piquete que trastornó el tránsito porteño durante un día y medio.
El Gobierno dio marcha atrás con la decisión que había tomado la semana pasada de excluir a estas organizaciones no alineadas al kirchnerismo del plan "Argentina Trabaja" y les prometió que podrán incorporar a unos 5 mil desocupados al plan "Argentina Trabaja". Ese es el plan estrella con el que la Casa Rosada promete dar 100 mil empleos en tareas de mantenimiento en los barrios del conurbano.
"Después de que la semana pasada nos cerraran la puerta, ahora se comprometieron a volver al plan original. Vamos a mantener la guardia muy en alto para controlar que esto se cumpla y que los compañeros puedan empezar a trabajar y cobrar su sueldo lo antes posible", explico a Clarín Carlos Bértola, de la CTD Aníbal Verón, uno de los que participó de la reunión en el ministerio que destrabó el conflicto.
Las autoridades se comprometieron a conformar una mesa tripartita de trabajo en cada uno de los 25 distritos con representantes del ministerio, del municipio y de las organizaciones sociales. Para esta mañana está programada la primera reunión.
Los líderes de la protesta pretenden que los colaboradores de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, se conviertan en los garantes de que no serán excluidos del programa. Según denunciaron, algunos intendentes venían utilizando las cooperativas como una nueva herramienta clientelar. Así, delegaban su conformación en punteros barriales que inscribían trabajadores a cambio de quedarse con 100 pesos o $ 200 pesos de cada sueldo de $ 1.200.
Las cerca de mil personas que a esa hora permanecían sobre el asfalto de la 9 de Julio lucían agotadas después de otro día al rayo del sol. La cuadra debajo del edificio en el que Evita anunció su histórico "renunciamiento" era un camping a cielo abierto. En la esquina de Moreno, unos chicos jugaban a la pelota. Cerca de Belgrano largaban humo las ollas populares en las que se había calentado el guiso de lentejas del mediodía y el agua para el mate de la tarde. Las madres con hijos chicos apenas se masajeaban los pies.
Hubiese sido muy difícil atravesar otra noche en la calle. De hecho, los líderes de la protesta se habían pasado el día pidiendo que el Gobierno abriese una ventana al diálogo. La madrugada había sido movida. Cerca de la 1.45, en la esquina de Belgrano y Bernardo de Irigoyen, hubo una refriega entre la Policía y un grupo de piqueteros. Fuentes policiales hablaron de un intento de robo. Los manifestantes lo desmintieron. Su versión hablaba de un grupo que se había apartado de la concentración para comprar agua y otras vituallas cuando fue "salvajemente" reprimido por la Policía. Lo cierto es que se escucharon algunos disparos y tres militantes resultaron detenidos. Dos de ellos, fueron liberados a los pocos minutos. Pero Antonio Vega permaneció detenido en la comisaría 4ta.
LAS PROTESTAS IGUAL SEGUIRÁN Y HASTA AMENAZAN CON VIOLENCIA
"Vamos a ir con violencia a romperle la cabeza a los intendentes, y que se pudra todo. Esto se corrige o terminamos todos en cana, pero no se puede soportar más este manoseo". El líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, respondió así a la consulta sobre el reclamo de las organizaciones sociales de administrar una porción del millonario plan oficial de creación de cooperativas sociales.
Aunque los suyos no estuvieron allí, Alderete coincidió con los acampantes que cortaron la 9 de Julio frente a Desarrollo Social, y prometió "bloqueos con dureza en todo el país", la semana que viene.
El Gobierno dijo que no piensa "ceder", y que el programa por $1.500 millones será manejado por los intendentes, "los nuestros y los otros", aclaró a este diario un ministro de la Casa Rosada.
Pero que el caldo está espeso en las organizaciones sociales, tanto las que responden al kirchnerismo como las opositoras, lo admitió el propio Luis D'Elía: "El reclamo es justo. No estamos de acuerdo en que estén exclusivamente los intendentes con este programa".
MOYANO BLOQUEO ESTA MADRUGADA LA DISTRIBUCIÓN DE DIARIOS Y REVISTAS
Pasadas las 2 de la madrugada de hoy, trabajadores que responden al sindicalista, Pablo Moyano, bloquearon las distribuidoras de diarios y revistas que funcionan en el barrio de Barracas, impidiendo la llegada de los diarios Clarín y La Nación para su posterior distribución en todo el país.
Reclaman mejoras salariales y el pase de choferes y auxiliares al Sindicato de camioneros
COBOS RECLAMÓ "MEDIDAS RÁPIDAS" PARA EL CAMPO
Más locuaz que de costumbre, con maneras y discurso de precandidato presidencial, el vicepresidente Julio Cobos visitó ayer la sede de Coninagro, donde compartió un asado -acompañado de un buen vino mendocino- con el consejo directivo de la entidad cooperativista, presidido por el ruralista Carlos Garetto.
Al ingresar en la reunión, Cobos reclamó al Gobierno, del que todavía forma parte, "medidas contundentes y rápidas" para atender los reclamos del campo. Y enumeró: "La simplificación de los trámites en la Oncca; la devolución rápida del IVA y los reintegros a los exportadores, que aquí tardan un año y en Chile se hacen en seis días; el acceso al crédito, fundamental para la siembra, y la reglamentación de la ley de emergencia agropecuaria".
En el encuentro, del que participaron unas 40 personas, el vicepresidente hizo un pantallazo de las medidas que él cree que deberían aplicarse desde el gobierno nacional. "Una suerte de lineamientos generales de una plataforma electoral", según la opinión de uno de los presentes. Además, escuchó los reclamos y planteos de ruralistas procedentes de distintos puntos del país. Y se lamentó por el corte de la avenida 9 de Julio que protagonizaron organizaciones piqueteras: "¡Qué imagen lamentable está dando el país en este tema!", les dijo a sus anfitriones.
SAÍN DEJÓ EL GOBIERNO
Marcelo Saín renunció a su cargo de interventor en la jefatura de la Policía de Seguridad Aeroportuaria “por cansancio”, según explicó, aunque no especificó la índole de esa fatiga. En mayo de este año, en el curso de un encuentro latinoamericano y como un anticipo de su alejamiento, había afirmado que sus proyectos estaban demorados, aunque prefería no pensar que ello se debiera al haber “encontrado una valija que no teníamos que encontrar”.
Se refería al hallazgo de la maleta con 800 mil dólares atribuida al venezolano Guido Antonini Wilson, pasajero de un vuelo contratado por Enarsa. En el avión viajaba asimismo Claudio Uberti, directivo de la empresa y hombre de confianza de Julio De Vido. Saín será reemplazado por su segundo, Salvador Julio Postiglioni.
DUHALDE PROMETIÓ PRESIONAR PARA CAMBIAR EL PROYECTO
El ex presidente Eduardo Duhalde dijo que aún no tiene definido si será candidato en 2011, pero, en cambio, dijo que sí sabe que le ganará a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires el control del peronismo. "Es necesario que el Partido Justicialista vuelva a convertirse en alternativa electoral", afirmó. Y añadió que eso no se logra "con una política de confrontación como la que impulsa el matrimonio Kirchner".
Duhalde afirmó también que "piensa trabajar" para que la reforma política "no se apruebe tal como fue enviada" sino que se modifique para permitir, sobre todo, que partidos "como el socialismo o Pro se consoliden como opción". Entiende que aplicar el proyecto que presentó el Gobierno es sacarlos de la carrera electoral y, por eso, prometió "trabajar" para que haya cambios en el texto.
El ex presidente termina hoy una visita a los Estados Unidos que, entre otras cosas, incluyó una conferencia en la Universidad de Harvard. En ella, constató, de primera mano, que la Argentina no recuperó aún confianza en materia económica. "Lo que me dicen acá los estudiantes es que los profesores, a la Argentina, la ponen como un mal ejemplo", dijo.
SOLÁ SE DESPEGÓ DE MACRI Y DIJO QUE QUIERE IR POR LA PRESIDENCIA
El diputado nacional Felipe Solá se anotó ayer en la carrera presidencial para el 2011. Lo hizo sin ahorrar críticas para sus socios de Unión PRO, Mauricio Macri y Francisco De Narváez. Primero admitió con una sonrisa que le "gustaría mucho" ser candidato a presidente", y de inmediato descartó que pudiera entonces terminar apoyando una probable postulación del actual jefe de Gobierno porteño.
"Si me preguntan si voy a apoyar la candidatura de Macri, digo no. Me parece que el país de Macri del futuro es distinto al que yo imagino. Sin embargo, me parece que tiene buena voluntad", expresó.
INTERPOL PROPUSO MEDIAR ENTRE ARGENTINA E IRÁN POR LA AMIA
Un comunicado de Interpol, que expresa su intención de "ayudar a romper" el punto muerto en que se encuentra el diálogo entre Irán y Argentina en torno a las investigaciones sobre el atentado terrorista a la AMIA, informó ayer la intención de su secretario general Ronald K.
No es la primera vez que se habla de un tercer país como esta estrategia para lograr la cooperación iranoargentina en el caso AMIA. En 2003 lo exploró la cancillería de Néstor Kirchner, pero que las habituales duras posiciones de un lado como del otro dieron por resultado un saldo negativo. En su momento, Argentina buscaba avanzar con las investigaciones judiciales que apuntan contra ex funcionarios iraníes sin generar una escalada país-país con Teherán.
EL GOBIERNO VUELVE A FINANCIARSE CON EL DINERO DE LOS JUBILADOS
En tren de cerrar el año financiero 2009, el Gobierno volvió a desplegar sus tentáculos para tomar otra vez recursos de organismos; esta vez, del PAMI. A la obra social de los jubilados le colocó ayer $ 500 millones, a 180 días de plazo, con lo que acumula con el organismo, en apenas dos meses, pasivos por 2.130 millones de pesos.
El PAMI atiende la salud de 5 millones de jubilados. Los afiliados se quejan por la calidad del servicio. Y el Defensor de la Tercera Edad denuncia que "es llamativo que tenga un excedente financiero y que no se resuelvan los problemas prestacionales".
Hoy, las colocaciones de deuda del fisco representan la recaudación de tres meses de la obra social de los jubilados.
En paralelo, el ministerio de Planificación lanzó ayer una nueva emisión por $ 187 millones que fue tomada por la ANSeS, y que tendrá como finalidad el financiar obra pública, según se informó oficialmente.
En colocaciones directas de corto plazo del Gobierno, la ANSeS tiene invertido cerca de $ 6.800 millones. Si se suma a todo tipo de emisiones de bonos en pesos y dólares, la entidad que comanda Diego Bossio compró en lo que va del año títulos de deuda por un total de $ 12.200 millones.
Sin embargo, los bonos colocados a la ANSeS y el PAMI representan sólo 50 por ciento de los 30.100 millones de pesos en deuda emitida este año, según se desprende de la información que proporciona la Secretaría de Finanzas.
LA CORTE INTERVIENE EN EL CASO DEL INDEC
La Procuración General de la Nación rechazó un planteo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que se niega a revelar su sistema de medición de la inflación, y ahora la polémica por este organismo llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El INDEC se amparó en un decreto para negarse a revelarle a la Justicia el método de relevamiento que utiliza desde hace más de dos años para la confección del Indice de Precios al Consumidor (IPC).
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral declaró la inconstitucionalidad de ese decreto (3110/70, reglamentario de la ley 17622) y la medida fue confirmada tanto por la Cámara Federal como por la Cámara de Casación, que rechazaron las apelaciones del INDEC. Por ello, ahora, con el dictamen del procurador fiscal ante la Corte, Luis González Warcalde, el máximo tribunal estará en condiciones de intervenir por primera vez en esta polémica cuestión.
La denuncia contra el INDEC, que controla el secretario de Comercio Guillermo Moreno, fue realizada en 2007 por el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido.
RECLAMAN ELIMINAR PEAJES Y EL GOBIERNO BUSCA ESTIRARLOS
Las concesiones de las rutas nacionales con peaje volvieron a quedar en el medio de una fuerte polémica y de una incertidumbre legal que pone en duda la continuidad del sistema.
Los seis concesionarios que operan las rutas más transitadas del país tienen sus contratos vencidos desde el sábado y no cuentan con ninguna norma que los avale para seguir cobrando los peajes.
Ante esa situación de ilegalidad, tres legisladores nacionales de la Coalición Cívica (CC) presentaron ayer en la Justicia una acción de amparo para suspender el cobro de peajes y para que el Gobierno resuelva de una vez si vuelve a llamar a licitación o procede a retomar la explotación de las rutas.
