La palabra consenso volvió a emerger ayer en las filas de la oposición como condición para que se pueda avanzar con el plan de ayuda social que estudia el kirchnerismo para las familias pobres.
Un día después de entrevistarse con el presidente de la Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, los líderes de la UCR y de la Coalición Cívica comenzaron la rueda de diálogo con el Partido Socialista para coordinar una propuesta común y el PRO y Unión-PRO, de Mauricio Macri y Francisco de Narváez, dijeron que la pobreza reclama un "debate urgente" para el que hay que buscar "consenso" en el Congreso.
Los diputados radicales y de la CC insistieron en proponer una asignación por hijo de $200 por mes y que los planes sean universales. Es decir, para hijos de padres desocupados, pero también para quienes gozan de buen empleo. Así lo expresaron en una conferencia los presidentes de bloques Oscar Aguad (UCR) y Adrián Pérez (CC). En la mesa también estuvo, y esta fue la novedad, la socialista Silvia Ausburguer, quien dijo que el plan "tiene que salir por consenso y tiene que ser universal".
La foto fue un anticipo del cónclave que el martes próximo, en el Comité de la UCR, mantendrán los líderes partidarios: Gerardo Morales, Elisa Carrió y el presidente del PS, Rubén Giustiniani, quien se encuentra en el exterior. Los dos primeros estuvieron anteayer en el Episcopado y condicionaron su apoyo a la propuesta del oficialismo: dijeron que si el plan se limita a los pobres "el kirchnerismo va a multiplicar el clientelismo y los va a tomar de rehenes".
En sintonía con las frases de Carrió del día anterior, Aguad comentó: "Queremos que todos los chicos tengan un mismo ingreso como un derecho a la ciudadanía. No estamos de acuerdo con las políticas focalizadas, queremos romper con esa esquema clientelar". La focalización de la ayuda es la principal consigna del Gobierno.
Con De Narváez a la cabeza, diputados electos y en funciones del macrismo y Unión-PRO se reunieron ayer para avanzar en un proyecto para combatir la pobreza y la exclusión. "Sin duda, el debate por la niñez y la pobreza es el más urgente. Es necesario avanzar cuanto antes en la búsqueda de consensos para sancionar la mejor ley", manifestó De Narváez, quien había planteado este tema ya en la campaña.
"Queremos unificar todos los programas sociales existentes, garantizando a las familias beneficiarias la percepción de iguales o mejores prestaciones -agregó De Narváez-. Proponemos una asignación de carácter mensual equivalente al 50% del valor de una 'canasta básica', en función de la composición del grupo familiar. Es una propuesta similar al programa 'Bolsa Familia' de Brasil".
El gobernador de Santa Fe, el socialista Hermes Binner, abordó el plan de ayuda social que impulsa el oficialismo con una crítica puntual a la administración K: "Yo creo que ahora hay más desigualdad que antes del kirchnerismo".
Binner mostró cierta simpatía por la propuesta difundida el martes por la Iglesia Católica. "El planteo de la Iglesia lo conocemos hace mucho tiempo", señaló para recordar el trabajo que, en 2001, en plena crisis económica y política, se hizo a través de la Conferencia Episcopal. Binner era entonces intendente de Rosario.
"Este es un tema que desde la política nunca se ha hablado mucho. Siempre se lo ha abordado desde el exitismo, como por ejemplo cuando se corta cintas. Con la pobreza no se corta ninguna cinta. Hay que avanzar sobre la igualdad de oportunidades", sentenció.
VIOLENCIA POLÍTICA: EL SENADO PIDE INFORMES SOBRE PIQUETEROS
Caos, violencia, mafia y miedo. No se anduvo con chiquitas Gerardo Morales, que utilizó ayer en el Senado todas esas palabras para describir el clima impuesto en Jujuy por la organización social Tupac Amaru, a la que señala como instigadora del escrache que sufrió el viernes pasado.
En una sesión caliente, la Cámara alta aprobó por unanimidad su "más enérgico repudio" al ataque contra el jefe de la UCR y un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique cuánto dinero le gira a las organizaciones sociales de Jujuy y cuál es el control que ejerce sobre esos fondos.
Además, se le demanda al Ejecutivo que exija al Registro Nacional de Armas la nómina de portadores en toda la provincia, para cruzar esos datos con los de los integrantes de esas organizaciones.
En su encendido discurso, Morales tildó a la organización jujeña de "grupo violento" y acusó a su líder, Milagro Sala, de "haber mutado de dirigente social a empresaria y dirigente mafiosa" que maneja "grupos armados vinculados hasta con la droga".
Aseguró además que "el gobernador está superado" por esta situación y que "se podría decir que quien gobierna hoy en Jujuy es Milagro Sala". Vinculó el crecimiento de la Tupac Amaru con que "es financiada por el Gobierno" y con que Sala "es amiga y tiene línea directa con los Kirchner".
Este punto produjo los intercambios más ríspidos en el Senado. El jefe de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto, salió al cruce y dijo que si bien coincidía en "la preocupación por la violencia" que es "intolerable venga de donde venga" y se solidarizaba con Morales, no podía "permitir que se haga creer que el Gobierno financia a estas organizaciones para que persiga opositores y se constituyan grupos armados en el país".
Otra jujeña, la senadora peronista Liliana Fellner, pidió "no poner un manto de sospecha sobre toda la provincia" y reivindicó la tarea social de Sala. "¿Por qué no hablar de las viviendas con las que un chico nunca hubiese soñado? Eso es dignidad", subrayó.
En cambio, María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) se sumó a Morales en el reclamo de que se investigue "si el dinero destinado a viviendas se desvía para la compra de armas". Un tercer jujeño, el oficialista Guillermo Jenefes, respaldó a Morales y recordó que "varias veces me quejé en el bloque y en mi provincia en soledad. ¿Qué les pasaba? ¿Tenían miedo?", se preguntó. "Yo no quiero una Jujuy de violencia", advirtió, aunque dijo que "tampoco podemos sobreactuar" porque "todavía no estamos en elecciones en Jujuy".
Por lo bajo, otros legisladores oficialistas se quejaron de que Morales estaba exagerando su indignación, buscando sacarle rédito político. Por eso, aunque avaló el pedido de informes, el bloque del Frente para la Victoria rechazó los fundamentos del mismo, en los que se vinculaba al Gobierno con la violencia.
Ayer temprano, el titular de la Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, manifestó su "preocupación" por los hechos de violencia de los últimos días. Fue casi al mismo tiempo que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, consideró una "realidad ficticia" que se hable de escalada de violencia.
Durante la sesión en el Senado, Morales acusó a Aníbal Fernández de un doble discurso. El jefe de la UCR recibió información de que el mismo jefe de Gabinete que se solidarizó con él por la violencia es quien intercede ante los jueces jujeños para que libere a los integrantes de la Tupac Amaru cuando son detenidos.
EN JUJUY DETIENEN A UNA DE LAS AGRESORAS DE MORALES
Poco después del debate en el Senado, fue detenida ayer en San Salvador de Jujuy Graciela López, la dirigente de la Asociación Libertad (vinculada a la Tupac Amaru), que el viernes pasado lideró el escrache contra Gerardo Morales en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy.
Un rato antes la dirigente Milagro Sala había encabezado un acto de la Red de Organizaciones Sociales, en la esquina de la Legislatura provincial, desde donde se respaldó el accionar la Organización Tupac Amaru.
En la Argentina hay dos clases de ricos, aseguró Sala, "los que se enriquecieron trabajando y los que se han enriquecido choreando" y reivindicó que para llevar adelante las obras que realiza "no le quitamos nada a nadie". "No quiero golpear a nadie", agregó.
A su lado, en el palco, estuvo Hugo Yasky, secretario general de la CTA, quien dijo que "quienes atacan a las organizaciones sociales atacan a la Central de los Trabajadores Argentinos" y que Milagro Sala "es la expresión más alta de ellas". El dirigente Víctor De Gennaro, principal referente de la Constituyente Social, recordó los comienzos de la organización en Jujuy y dijo que sus integrantes "están construyendo una posibilidad de un mundo diferente".
CARRIÓ DIJO QUE HAY PIQUETEROS ARMADOS Y EL GOBIERNO LA CRUZÓ
Elisa Carrió acusó al Gobierno de crear un clima de crispación que "sólo puede terminar de forma tremenda", y denunció que "hay piqueteros armados". Enseguida, Aníbal Fernández la invitó a hacer la denuncia correspondiente ante la Justicia, no sin antes asegurar que esta acusación era "una de las tantas mentiras que la señora ha inventado en los últimos veinte años".
Y el diputado y líder piquetero Edgardo Depetri aseguró que Lilita quiere "ilegalizar" a los movimientos sociales.
Las polémicas declaraciones de la diputada electa del Acuerdo Cívico y Social llegaron en medio de los cruces entre la oposición y el Gobierno en torno a la violencia social, polémica que estalló tras la agresión que sufrió el senador Gerardo Morales en Jujuy de parte de un grupo de piqueteros, y del escrache que grupos de izquierda le hicieron a la embajadora de Estados Unidos en la Argentina, Vilma Martínez.
"Hay un clima de violencia, entre una sociedad rota y un discurso siempre violento", dijo Carrió. Y aseguró que "el clima de crispación que está creando el Gobierno sólo puede terminar de forma tremenda". Por eso convocó a la sociedad a "mantener la calma", al menos hasta diciembre cuando se produzca el recambio de la composición del Congreso.
Pero pese a convocar a la calma, la dirigente no dudó en hacer una acusación que le valió una dura réplica del Gobierno: "Hay piqueteros armados", dijo. Y pronosticó que "para fin de mes, grupos afines al gobierno van a volver a cerrar la Capital", con cortes de tránsito y piquetes en los principales puntos de acceso.
Pocos minutos después de que Lilita hiciera esta acusación, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, le respondió con dureza. "Si hay piqueteros armados en el país, que vaya y los denuncie, y que los agarren con las armas y los metan presos como corresponde porque no puede haber personas armadas de ninguna manera, ni para defenderse, ni para atacar, ni para agredir, ni para amedrentar, ni para nada", dijo el jefe de ministros en declaraciones a la misma radio que había reproducido las declaraciones de Carrió.
Pero enseguida mostró su enojo y dijo: "Resultan intolerables tantas mentiras que la señora ha inventado en los últimos 20 años".
Pero la polémica no terminó ahí. Se sumó el diputado y líder piquetero kirchnerista, Edgardo Depetri, quien aseguró que Carrió busca "ilegalizar" a los piqueteros. "No hay grupos armados, eso es una fantasía, es un intento de ilegalizar los movimientos sociales", dijo Depetri. Y consideró: "Aparte de generar miedo, lo que hace Carrió es preparar el camino a la ilegalidad de todo el movimiento popular y la represión. Ella está en actitud de campaña electoral".
EL GOBIERNO ANUNCIÓ LAS PRIMERAS MEDIDAS SOBRE LA LEY DE MEDIOS
En un acto encabezado por Cristina Kirchner, en La Plata, para celebrar la sanción de la ley de medios, se anunciaron ayer las primeras medidas del Gobierno para poner en marcha la norma a partir del 10 de diciembre. Se trata de la firma de dos decretos reglamentarios por parte de la Presidenta para que la norma empiece a tener efectos prácticos con el funcionamiento de la Autoridad de Aplicación que reemplazará al COMFER.
El decreto 1525 fijó el 10 de diciembre como punto de partida, ya que la ley especifica que el directorio tiene mandato desde dos años antes de la finalización de un mandato presidencial hasta dos años después.
En este caso, caducarán en diciembre del 2013. La novedad es que el nombramiento de los directores se regirá por el decreto 222 de 2003, por el cual el presidente Néstor Kirchner autolimitó sus facultades presidenciales para designar a los jueces de la Corte Suprema y habilitó mecanismos de consultas sobre los postulantes por parte de la sociedad civil. El Ejecutivo nombra dos de los 7 integrantes de la Autoridad de Aplicación.
Por el mismo decreto, la Presidenta invitó a constituir el Consejo Federal, organismo de 38 miembros -dominado por los gobernadores, mayoritariamente kirchneristas- que designar otros 2 directores. Los tres restantes deben ser nombrados por la Bicameral legislativa que está sujeta aún a los tironeos de oficialistas -que ya nombraron a los 8 suyos- y opositores, que intenta demorar el envío de sus representantes hasta el 10 de diciembre, cuando pasarán a tener predomino en el Congreso. En tanto, mediante un segundo decreto se dispuso que Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (que reemplazará al Sistema Nacional de Medios Públicos- SMNP) iniciara sus funciones también el próximo 10 de diciembre, manteniendo el personal.
EL SENADO NO REVISARÁ LA FE DE ERRATAS Y LA UCR VA A LA JUSTICIA
Después de un debate en el que la oposición cuestionó la validez legal de la "fe de erratas" mediante la que se promulgó la ley de medios con modificaciones al texto sancionado por el Senado, el bloque oficialista hizo pesar su mayoría para impedir que prospere un proyecto para que se exija al Poder Ejecutivo que vuelva a publicar el texto tal como fue aprobado en el Congreso.
Ante la negativa del kirchnerismo a facilitar los dos tercios de los votos para habilitar la búsqueda de una solución al conflicto, los radicales llevarán el reclamo a la Justicia: presentarán directamente en esa instancia, "para ganar tiempo", el pedido de nulidad que tenían preparado para elevar al Congreso y al Poder Ejecutivo. María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, adelantó su adhesión a la denuncia y el interbloque federal de peronistas disidente más provinciales analiza avanzar en ese camino.
"El jefe de bloque de la mayoría cerró la chance del acuerdo político. Por lo tanto, no cabe otro camino que la nulidad por vía judicial", aseguró Ernesto Sanz, jefe de la bancada radical. La presentación impugnará la "fe de erratas" y el "procedimiento y sanción de la ley" y pedirá que se investigue si se cometió el delito de "adulteración de documento público". Le apuntan a Juan Estrada, el secretario parlamentario del Senado, que responde al kirchnerismo y no puso a consideración las correcciones a los artículos 95 y 124 que le llegaron desde la Cámara de Diputados la misma noche en que la Cámara alta debatía la polémica ley.
En el recinto, Miguel Pichetto -jefe de bloque kirchnerista- describió la "fe de erratas" como un "acto válido y legítimo" al rechazar el proyecto de Samuel Cabanchik (Probafe) para que el Senado remitiera el texto aprobado (sin la modificación de los dos artículos) y así lo promulgara el Ejecutivo. "No vamos a tratar ningún tema, estamos frente a la plena validez de la ley. El de la oposición es un planteo de nulidad por la nulidad misma, dejemos de autodestruirnos", aseguró Pichetto.
"Lo siento como una burla. El texto promulgado no es el aprobado por nosotros, los representantes del pueblo. Se vulneran los principios de democracia y de conformación de una ley", argumentó Cabanchik. "No debemos admitir que se adultere una ley. No es correcto que la fe de erratas no se comunique al cuerpo". "No es la ley publicada la ley sancionada", se plegó Adolfo Rodríguez Saá.
"Yo entendí que todo el mundo conocía la fe de erratas", sorprendió el oficialista Nicolás Fernández, una versión negada por el resto de los senadores y por el propio Cobos. Carlos Rossi, el juecista que descubrió las modificaciones, insistió en que "una ley tan discutida tendrá una cuota agregada de ilegitimidad". En la misma línea se pronunció el renovador salteño Agustín Pérez Alsina: "Las fe de erratas son errores de impresión o tipográficos. Sin una ley correctiva, esta ley va a ser declarada nula", sentenció.
HIPOLITO SOLARI YRIGOYEN CARGÓ CONTRA LA LEY DE MEDIOS EN PARÍS
La UCR volvió a reanudar sus lazos con sus correligionarios franceses del Partido Radical de Gacuhe (PDG). En París. Hipólito Solari Yrigoyen, presidente de la convención radical y ex exilado en Francia durante la dictadura militar después de su desaparición y tortura, fue recibido con los brazos abiertos por sus colegas parisinos y explicó la situación política, institucional y económica que atraviesa el país a senadores y diputados franceses.
La nueva ley de medios, los derechos humanos y las relaciones del gobierno argentino y la oposición fueron los temas tratados. La recepción en la rue Duroc, la elegante sede partidaria de PDG, estuvo a cargo oficialmente del senador y presidente Jean Michael Baylet, que recientemente visitó la Argentina en una misión parlamentaria y era un amigo personal del ex Presidente Raúl Alfonsín,
"Hipólito, tu eres uno de los nuestros. Vamos a trabajar juntos, hay mucho que contribuir", anunció Baylet, que inmediatamente apoyó la idea de que los franceses asistan a la próxima convención radical y haya intercambio de militantes y visitas de trabajo.
"El actual es un gobierno hegemónico, con tintes autoritarios y que trabaja para la concentración de la riqueza de un grupo de empresarios amigos", sintetizó el ex embajador durante la recepción frente a Baylet, que pertenece a una de las familias de empresarios periodísticos mas poderosa de Francia.
Con respecto a la nueva ley de medios que el radicalismo proyecta impugnar por las irregularidades en las erratas, Solari Yrigoyen preciso que "La libertad de prensa no es cualquier libertad. La ley de medios es una ley que restringe el más fundamental de todos los derechos humanos, que es la libertad de expresión.
Los derechos humanos son universales y no se niegan ni se discuten: se respetan. Lo mismo ha sucedido con el ataque al presidente del partido radical, Gerardo Morales", sostuvo el ex embajador.
INICIATIVA DEL OFICIALISMO EN EL CONGRESO: PROMUEVEN UN NUEVO ESQUEMA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIARIOS
La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó ayer el polémico proyecto que establece la derogación del Decreto 1025/00 que regula la distribución de diarios y revistas. La iniciativa aprobada por la comisión que encabeza el diputado moyanista Héctor Recalde considera a los dueños de quioscos de diarios y revistas como "trabajadores de la cultura".
El proyecto reivindica los contenidos de un decreto de 1945 (29.045) que dio origen al Estatuto del Canillita y para ello apunta contra el Decreto 1.025 del año 2000. De hecho, el decreto de 1945 no fue anulado por el 1.025 sino por una ley previa, la 24.307 de 1991.
Lo que estableció el decreto 1.025 desde hace nueve años es permitir la venta de diarios y revistas no sólo en los quioscos tradicionales, sino también en otros puntos de venta por fuera de los lugares adjudicados a los "canillitas", por ejemplo en el interior de locales comerciales.
El proyecto lleva la firma de los legisladores kirchneristas Adela Segarra y Juan Manuel Irrazábal y establece "el carácter laboral" del vínculo que los propietarios de éstas paradas mantienen con las empresas editoras de diarios y revistas. Es por esa vía -a través del Ministerio de Trabajo- que el Gobierno procura así regular la distribución de la prensa escrita.
POR UNA AMENAZA DE BOMBA EVACUARON EL CANAL AMÉRICA
Cerca de las 20.30 un hombre dejó la amenaza telefónica en el 911 del comando radioeléctrico de la Policía Federal, según informó el subcomisario José Giménez de la comisaría 31, a cargo del operativo.
Efectivos policiales evacuaron el edificio de la calle Fitz Roy 1650 y procedieron a un registro exhaustivo del mismo. Revisaron "piso por piso" las instalaciones del canal y no encontraron ningún "artefacto explosivo" como el que había sido anunciado en el llamado telefónico anónimo, explicó Giménez.
El operativo policial finalizó poco después de las 22, cuando el edificio del barrio de Palermo quedó habilitado nuevamente para continuar con la programación.
El incidente obligó de cualquier modo a estirar en el aire el programa RSM que conduce Mariana Fabbiani en un estudio de la calle Gorriti. Un flash de noticias de la emisora informó de la amenaza y mostró el procedimiento que estaba llevando adelante la Policía con perros adiestrados y detectores electrónicos para localizar cualquier artefacto sospechoso.
"Un mundo Perfecto", el programa de Roberto Petinatto que le sigue en la grilla de América, debió mudarse desde los estudios de Fitz Roy, donde se emite habitualmente, a los de la calle Gorriti.
Durante el operativo, los efectivos de la comisaría 31 cortaron el tránsito en las esquinas de las calles Gorriti y Honduras para facilitar la labor de los especialistas en explosivos. La investigación de la amenaza telefónica, según detalló Giménez, quedó a cargo del Juzgado Federal 9, bajo el delito de "intimidación pública".
La amenaza se produjo a la misma hora que en el Canal 7, el técnico de la selección argentina, Diego Armando Maradona, criticaba duramente al empresario mendocino Daniel Vila, uno de los propietarios del canal América junto a José Luis Manzano y el diputado electo Francisco De Narváez.
América mantuvo una postura crítica respecto a la ley de medios audiovisuales impulsada por el oficialismo y aprobada hace dos semanas en el Congreso. Eso le valió fuerte críticas desde el oficialismo, y que grupos afines al kirchnerismo la eligieran junto con Clarín como blanco de su furia.
EL MINISTRO DE SALUD SE QUEDÓ CON EL CONTROL DE FONDOS SINDICALES
En forma imprevista y apenas un mes y medio después de haber recuperado el derecho a firma para distribuir dinero, el ministro de Salud, Juan Manzur, la aceptó el pasado martes la renuncia de su cargo a Hugo Sola, un estratégico aliado de Hugo Moyano que se desempeñaba como gerente de Prestaciones de la Administración de Programas Especiales (APE).
Desde el Ministerio confirmaron la salida de Sola sin explicar los motivos; aseguraron que Manzur recuperará la firma para distribuir partidas de los trámites con mayor urgencia hasta designar a un nuevo titular en el organismo, y puntualizaron que se espera una reunión entre el funcionario y Cristina Kirchner para definir qué ocurrirá en este organismo.
Fuentes sindicales señalaron por su parte que la salida de Sola, impensada incluso para los rivales de Moyano, se debió a que judicialmente el funcionario podría estar comprometido con el avance de una causa sobre irregularidades en el reparto de los fondos.
CON UNA MARCHA A PIE DE 420 KM, EL CAMPO PROTESTA
El campo tiene ahora sus apóstoles en los cuatro productores agropecuarios que iniciaron ayer una peregrinación de 420 kilómetros desde General Villegas, esta ciudad que fue la antigua capital del sorgo y de la invernada, antes que llegara la soja. "Veo un clima enrarecido, como el del segundo semestre del 2001, de salida de la convertibilidad", dijo el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi.
Junto a Mario Llambías, de CRA, despidieron a los peregrinos y caminaron el primer kilómetro de lo que será una larga marcha.
Los hermanos Francisco y Pablo Balbiani, el encargado de campo Mauro Traverso, y el alambrador Horacio "Chiquito" Pugnaloni, partieron con la imagen de la Virgen de Luján en brazos. Arrancaron con un acto en el acceso a Villegas, sobre la ruta 33, rodeados por unos 300 vecinos y productores. La cuenta regresiva estuvo a cargo de Mercedes Lalor, la primera directora mujer en la historia de la Rural. Lalor representó a Hugo Biolcati, el titular de la Rural quien no viajó por culpa de un cólico.
"Le pedimos a la patrona del campo y de la Argentina por la paz del campo, la Patria y la armonía", dijeron estos antiguos alumnos de los salesianos. Con la imagen del Sagrado Corazón pintada en el chaleco de pescador, en armonía con sus botas cazadoras, Francisco le dedicó la peregrinación a sus cuatro hijos y al nieto que viene en camino.
NEGOCIACIÓN
Ayer y durante tres horas los técnicos de las entidades y el ex decano de Agronomía y actual secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, iniciaron una negociación formal sobre la base de un petitorio de 22 puntos que se redujo a 21 luego de la transformación de Agricultura en un ministerio.
Se hizo hincapié en la ley de emergencia agropecuaria que aún no fue reglamentada, en las deudas de los productores con el Banco Nación y en que la ONCCA vuelva a ser un organismo de control y no de prohibición de exportaciones. Reclamaron señales para la ganadería y la lechería. La reunión se inició con la presencia del ministro Domínguez. Quedaron en encontrarse de nuevo mañana y el próximo miércoles.
DE NARVÁEZ SALIÓ A PEDIR DISCULPAS
Francisco De Narváez, pidió "disculpas" a través de un escrito aparecido en su página web, por el exabrupto cometido durante un acto partidario, referido al kirchnerismo.
"En un acto partidario, rodeado de militantes, dirigentes y simpatizantes de mi confianza, cometí el error de repetir en voz alta lo que mucha gente me dice a diario. Al ver la repercusión de esas palabras debo admitir que fue un error. Fue un acto desafortunado", dice De Narváez en su sitio web bajo el título "Pido disculpas por mis palabras desafortunadas".
El legislador había dicho que la militancia le agradece por "haberle roto el culo al pingüino" en las elecciones del 28 de junio
DUHALDE: CONSEJOS A DAS NEVES Y CRÍTICAS A KIRCHNER
“Yo estoy trabajando en mi provincia. Cada lechón a su teta", dijo en Puerto Madryn el ex presidente Eduardo Duhalde. Y agregó: "Quiero felicitar al gobernador Mario Das Neves por el trabajo que está realizando. Tiene que recorrer el país porque así se hace una carrera política".
Aunque elogió a Das Neves, el ex presidente le recomendó "visitar la provincia de Buenos Aires. Tiene que hacerse conocer en ese distrito que es el más importante por su gran densidad de población". Duhalde declinó de realizar declaraciones en cuanto a su posible candidatura para 2011. Pero cuando se lo consultó acerca de una posible candidatura de Kirchner respondió: "Por favor, hablemos de cosas serias".
ESCÁNDALO EN TARTAGAL: ECHARON AL INTENDENTE ACUSADO DE CORRUPCIÓN
El intendente kirchnerista de Tartagal, Sergio Napoleón Leavy, fue destituido de su cargo ayer por la supuesta malversación de fondos destinados a paliar los daños provocados por el alud que afectó la zona, mal desempeño de sus funciones e enriquecimiento ilícito, entre otros 16 cargos por lo que fue acusado y llevado a juicio político.
De los once concejales que integraron el tribunal de enjuiciamiento, ocho votaron por la destitución, mientras que los restantes lo hicieron a favor de Leavy. Ahora, sólo resta esperar los diez días hábiles para que la Corte de Justicia deje en firme la sentencia.
CIRO JAMES: MINISTRO DE SEGURIDAD PORTEÑO SABÍA QUE EL ESPÍA HABÍA ESTADO EN LA FEDERAL
El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, dijo públicamente el martes que el espía Ciro Gerardo James había ocultado su paso por la Policía Federal. Sin embargo, el jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, había dicho lo contrario en Tribunales la semana pasada.
"Tengo conocimiento que el señor James se desempeñó en la División Robos y Hurtos junto con el ex comisario (Jorge "Fino") Palacios", dijo Chamorro en la declaración que prestó como testigo el jueves pasado, según consta en la causa.
James es el ex policía federal acusado de haber pasado el número telefónico de un familiar de las víctimas del atentado contra la AMIA a unos policías misioneros que lograron que un juez firmara la orden de intervención del aparato. Así, Sergio Burstein, el familiar de AMIA, fue espiado legalmente mientras cuestionaba públicamente la designación de Palacios al frente de la Policía Metropolitana por su actuación, justamente, en la investigación del atentado contra la AMIA.
"Tomé conocimiento del excelente currículum que el señor James poseía en la Policía Federal", sostuvo Chamorro, bajo juramento de decir la verdad, en otro tramo de esa declaración.
DE LA RÚA IRÁ A JUICIO ORAL POR EL CASO DE LOS SOBORNOS EN EL SENADO
Un sugestivo silencio de la defensa del ex presidente permitió ayer al juez federal Daniel Rafecas elevar rápidamente a juicio oral a Fernando de la Rúa por el escándalo del presunto pago de sobornos a senadores para la aprobación de la reforma laboral durante su gobierno.
De esta manera, De la Rúa se sumará a los otros ocho acusados que esperan la fijación de la fecha del juicio. Fuentes judiciales estimaron ayer que el juicio probablemente se lleve a cabo durante 2011 o, si dan los tiempos del Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), a fines de 2010.
El trámite de la elevación a juicio respecto de De la Rúa hubiera sido más complicado si el ex presidente hacía planteos contra esa decisión. Sin embargo, sus abogados consintieron la medida, dato que llamó la atención en Tribunales. Así, con el visto bueno de la Fiscalía y las dos querellas (la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción), Rafecas mandó el expediente al TOF 3.
De todos modos, De la Rúa ya había dicho en agosto, cuando la Cámara Federal confirmó su procesamiento, que no apelaría a la Cámara de Casación y que discutiría todo en el juicio oral. Su consentimiento a que la causa sea elevada a juicio va, entonces, en línea con esa idea.
ORDEN DE REPONER AL PROCURADOR PROVINCIAL: SEGÚN PERALTA "NO SERÁ FÁCIL CUMPLIR CON LA CORTE"
El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, advirtió ayer que "no será tan fácil" cumplir con el fallo de la Corte Suprema que le ordenó reponer en un plazo de 30 días a Eduardo Sosa como procurador de la provincia, que había sido echado en 1995 por el entonces gobernador Néstor Kirchner.
Peralta se refirió al pedido que beneficia al ex Procurador General de Santa Cruz, Eduardo Sosa. Aseguró que se había enterado de la decisión por los medios de comunicación "porque yo no fui notificado de la sentencia de la Corte Suprema".
En ese contexto reflexionó diciendo que "por lo que estoy leyendo, el primer problema que vamos a tener es que se me está intimando a reemplazar al actual fiscal Claudio Espinoza, que tiene 14 años en la función, que su pliego fue aprobado por la Cámara de Diputados de Santa Cruz y que su designación tiene carácter de inamovilidad". Por eso, advirtió que "va estar complicado el trámite". Y enfatizó que "nosotros le vamos a ir preguntando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que nos indiquen el camino, porque si yo fuera interventor militar de esta provincia lo echo a Espinoza y lo pongo a Sosa, pero en esta situación tengo que leer la sentencia y ponerme a trabajar con el Fiscal de Estado y nuestros asesores para ver cómo hacemos".
AVANZA EL IMPUESTO A LOS ELECTRÓNICOS: APROBACIÓN EN EL SENADO
El Senado aprobó ayer el proyecto que grava con impuestos internos y duplica el IVA para los productos electrónicos importados, y beneficia a los fabricantes de Tierra del Fuego. Ahora volverá a la Cámara de Diputados en segunda revisión, ya que el texto fue modificado por la Cámara alta y necesita el último guiño para la sanción definitiva.
El proyecto logró 37 votos a favor, 6 en contra (entre ellos el del jujeño Guillermo Jenefes, del Frente Para la Victoria) y dos abstenciones. Avanzó con el apoyo explícito del oficialismo, que con esta gestión se ganó el respaldo de dos senadores fueguinos del ARI, José Martínez y María Rosa Díaz, para la aprobación de la ley de medios que impulsó el Gobierno y que aprobó el Senado hace dos semanas.
La versión aprobada no contiene la categoría de acondicionadores de aire que se incorporó en Diputados y que sembró sospechas por el presunto beneficio que hubiera significado para la empresa BGH.
Como se alcanzaron los dos tercios, la Cámara baja tendrá que reunir la misma proporción de fuerzas si quiere volver a la redacción original, aunque ahora en el kirchnerismo dicen que no insistirán con la modificación introducida por el diputado Gustavo Marconato, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En concreto, la iniciativa elimina la exención de impuestos internos (26%) y duplica el IVA (del 10,5 al 21%) a un listado de productos electrónicos e informáticos que no se fabriquen o ensamblen en Tierra del Fuego, entre ellos, celulares, cámaras de fotos digitales, equipos de GPS, monitores y acondicionadores.
Importadores y fabricantes que no operan en la isla se oponen a la medida que, señalan, encarecerá hasta un 35% el precio de estos productos. Durante los meses que antecedieron al tratamiento del proyecto, se reunieron con funcionarios del Ejecutivo, diputados y senadores para detenerla, pero sólo los comerciantes de notebooks se alzaron con una victoria al excluir esos artículos del listado original.
La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), que reúne a las empresas de Tierra del Fuego, defiende la iniciativa y considera que promoverá la industria argentina y la creación de empleo. Según voceros de la entidad, la modificación de los impuestos internos se traducirá en "un aumento de 1200 personas ocupadas en forma directa y unas 4000 en forma indirecta".
SENADORES: FUNCIONARIOS DESFILAN POR PRESUPUESTO
El ministro de Economía, Amado Boudou, concurrirá el martes próximo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para explicar a los legisladores los lineamientos del Presupuesto nacional 2010.
El debate iba a comenzar ayer, pero la Comisión que preside el kirchnerista Fabián Ríos decidió postergar para la próxima semana el análisis del Presupuesto, recibiendo en la primera reunión a Boudou, quien estará acompañado por el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.
Al día siguiente concurrirá al Senado el secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, José López, mientras el jueves asistirá el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.
En el encuentro de ayer, los senadores dictaron dictamen favorable al proyecto que establece excepciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que ya fue aprobada por los diputados. El texto del Presupuesto 2010 prevé gastos por 273.129,4 millones de pesos, de los cuales 60 por ciento será destinado a servicios sociales.
ADVIERTEN SOBRE LOS RIESGOS DE DEMORAR EL CANJE DE LA DEUDA
Una conferencia sobre el futuro de la economía argentina, organizada en Washington por el Inter American Dialogue (IAD) -un reconocido centro local de estudios políticos-, dejó en claro que si el gobierno de Cristina Kirchner no lanza en el corto plazo una oferta a los bonistas que no entraron en el canje de deuda de 2005 el mercado "se decepcionará", luego de la expectativa que se había generado en los últimos días sobre esa propuesta.
Uno de los disertantes, el economista Miguel Kiguel, dijo que es "evidente" que el ministro de Economía, Amado Boudou, desea tanto poder concretar esa oferta como también encontrar la forma de acercarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) pagando el menor costo político posible. "Y puede ser que la presidenta Cristina Kirchner también quiera lo mismo, pero lo que falta es la aprobación del CEO", dijo Kiguel, en referencia al ex presidente Néstor Kirchner.
"Lo que debe quedar en claro es que porque se haga una oferta a los bonistas no hay que esperar que el mercado de capitales se abra automáticamente a la Argentina. Aún faltan muchas cosas para lograr credibilidad", agregó, en tanto, el economista Edgardo Sternberg.
El animado debate posterior dio cuenta de algunas de las inquietudes que persisten sobre la Argentina en este país. "Vemos un giro francamente populista", dijo Frederick Jaspersen, del Institute of International Finance, una entidad que agrupa a los principales bancos internacionales y que suele ser muy crítica de la Argentina.
Otras preguntas apuntaron al índice de precios, a la autonomía del Banco Central y al retorno de la relación con el FMI.
SIGUE EL TRABAJO TÉCNICO PARA ANUNCIAR LA OFERTA POR EL CANJE DE DEUDA
El Ministerio de Economía continúa trabajando "en forma intensa" para anunciar el canje de la deuda con los bonistas, mientras que el Banco Central pidió un "programa" para volver a los mercados de crédito, más allá de las "señales" brindadas hasta ahora por esa cartera.
Por un lado, fuentes oficiales indicaron que el ministro Amado Boudou analiza los detalles de la operación tanto con los bancos que captarán los bonos de los inversores como puertas adentro del Gobierno. Una de las cuestiones que restan definir es cómo será la operatoria en sí del canje una vez que los bancos reciban los títulos en default, ya que al mismo tiempo el Gobierno debería emitir el Discount a 25 años por esos títulos que se entregan.
PRESENTACIÓN DE RECALDE Y DE SCHIAVI POR AEROLÍNEAS EN EL CONGRESO
El gerente general de Aerolíneas Argentinas y Austral, Mariano Recalde, y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, presentarán el plan de gestión y de negocios de la empresa para los próximos cinco años ante el Congreso.
Hoy a las 15 se reunirán con los miembros de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso.
El plan prevé la incorporación de una flota de 20 aviones Embraer para los vuelos de cabotaje y regionales y 12 Boeing 737. De ese grupo, la empresa ya tiene siete. Además, se incluyen otros 13 Airbus A-330 y A-340 para vuelos internacionales, que están en proceso de negociación con el fabricante europeo.
Con la nueva flota, la empresa espera bajar los costos. "Necesitamos una flota con aeronaves nuevas que permitan bajar los costos de horas de mantenimiento y mayor utilización de combustible, y en esa línea trabajamos", señalaron en el Poder Ejecutivo.
De todas formas, la rentabilidad no es la mayor preocupación para la compañía. Recalde prevé destacar la condición de servicio público de este transporte. Según anticipó Recalde, en el plan de gestión también se incluye un programa de viajes para jubilados financiado a través de la ANSES.
OTRO CONTROVERTIDO VUELO DE AEROLÍNEAS
De tan intensa, de tan abarcadora, la pasión futbolera rioplatense puede incluso provocar una controversia aeronáutica. Un vuelo de Aerolíneas Argentinas, que la compañía agregó hace una semana, el día del partido del seleccionado nacional frente al de Uruguay, provocó ayer un pedido de informes en Diputados: la aeronave fue utilizada para trasladar a directivos de la empresa y a sindicalistas para ver el encuentro que le dio la clasificación al equipo de Diego Maradona.
La decisión de agregar el vuelo, el 1204, desencadenó fuertes acusaciones en el sector, donde se cuestionó la medida desde el punto de vista de la racionalidad económica. El nuevo Boeing 737-700, que salió a las 13.50 de Aeroparque el miércoles 14 pasado, fue agregado tres días antes del partido y tiene capacidad para 144 personas, pero sólo trasladó a 48 pasajeros. Se voló, claramente, a pérdida. En un comunicado, el diputado Omar de Marchi, presidente del bloque demócrata de Mendoza, hizo ayer un pedido de informes al Gobierno.
La corta lista de viajeros incluyó a algunos directivos de Aerolíneas que fueron en clase B usiness -como su presidente, Mariano Recalde, o el director Eduardo De Pedro, entre otros- y a sindicalistas como Pablo Moyano y Omar Viviani. Consultados, allegados al camionero negaron que hubiera viajado: "Imposible, Moyano no estuvo ahí, no fue a ver el partido, estuvo en Buenos Aires. Y Viviani tampoco".
Pero la contradicción sobrevino ante la consulta a voceros de Aerolíneas: "Moyano fue al partido, pero fue en Buquebus. Viviani no estuvo". En la compañía aérea confirmaron, en cambio, el traslado de los ejecutivos, pero agregaron que se habían pagado su propio pasaje.
"Recalde pagó el ticket, no sé si en efectivo o con tarjeta de crédito", sostuvo la fuente. Pablo Moyano es un fervoroso aficionado al fútbol. Su hijo juega en las inferiores de All Boys (a veces de titular, otras de suplente) y él está impulsando, junto con todo el gremio, dos proyectos deportivos ambiciosos: la construcción de un estadio para unas 25.000 personas en Ezeiza y la conformación de un equipo de Camioneros con pretensiones para jugar el torneo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Primera D.
DICEN QUE ES "IMPERIOSO" APROBAR UNA LEY DE ART
Los empresarios del sector asegurador reclamaron la aprobación de una nueva ley de riesgos del trabajo que frene la alta litigiosidad contra las empresas. La cantidad de juicios fue en aumento constante desde que la Corte Suprema declaró, hace ya más de cinco años, la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 24.557, vigente desde 1996.
El presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, Francisco Astelarra, dijo ayer que es "imperioso" el dictado de una norma legal que tenga en cuenta la palabra de los jueces, y advirtió que las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) "vienen realizando importantes esfuerzos para mantener la calidad prestacional requerida".
El directivo dio un discurso durante el cóctel por el día del seguro, que se celebra el 21 de octubre, porque ese día de 1811 el Primer Triunvirato creó una compañía de seguros marítimos. Astelarra también pidió una "menor presión impositiva" para la actividad y un tratamiento tributario que favorezca el desarrollo de los seguros de vida y de retiro. Actualmente, los primeros pueden deducirse del impuesto a las ganancias, hasta un monto de $ 996 por año, mientras que para aportar a una cobertura de retiro no existe incentivo, ya que el que existía fue eliminado con la reforma jubilatoria de 2008. Según una encuesta reciente de la D´Alessio Irol -a pedido de la Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro, Avira-, el 18% de la población dijo haber contratado en forma voluntaria algún seguro de vida, en tanto que el 6% está adherido a algún seguro de retiro.
Anoche, Astelarra también destacó que es necesario que se ponga fin a la comercialización de seguros off shore , que según la normativa argentina implica una operación ilegal. El directivo dedicó parte de su discurso a hacer foco en las responsabilidades de las propias compañías. En ese sentido, sostuvo que uno de sus aportes sociales del sector podría ser el de trabajar más para reducir la litigiosidad. Y agregó que hacer "más amigables" los contratos de seguros sería otra contribución importante.
TELEFÓNICA RETIRÓ DEL CIADI LA DEMANDA CONTRA EL PAÍS
Telefónica y el Gobierno se pusieron de acuerdo y así la operadora española retiró la demanda que tenía contra el Estado argentino en el tribunal del Banco Mundial por el congelamiento de las tarifas y la pesificación de 2002.
El objetivo es avanzar en la ejecución del acta de entendimiento firmada por las partes en 2006, que prevé el descongelamiento de las tarifas de telefonía fija. Telefónica era la última empresa española en mantener el reclamo ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en este caso por US$ 2834 millones.
Según consta en el sitio web del tribunal, las partes involucradas "acordaron" el retiro el 24 de septiembre pasado. Miguel Angel Garzón, vocero de la empresa en Madrid, explicó que "para retirar la demanda las partes tienen que estar de acuerdo. Vimos que lo mejor era retirarnos para poder así retomar la carta de entendimiento que firmamos con el Gobierno en 2006".
En esa carta, la empresa que conduce César Alierta se comprometió a invertir, a suspender el reclamo ante el Ciadi y a mantener el grueso de las tarifas congeladas a cambio de unificar bandas horarias de tarifa reducida para llamadas locales e interurbanas (para duplicar el precio), triplicar el valor de las llamadas internacionales entrantes y la promesa de una nueva ley de telecomunicaciones.
"Esa carta estaba totalmente parada", insistió Garzón, para luego destacar que "hubo, hay y siempre habrá diálogo con el Gobierno. Este retiro no se podría haber hecho sin el acuerdo entre las partes". Sin embargo, advirtió, "esto no supone que Telefónica no cuente más con el Ciadi, podemos volver en caso de que así lo consideremos".
