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La justicia sostuvo que Arbanet puede crear indefensión en los contribuyentes

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata desestimó una apelación de la Fiscalía de Estado y ratificó la resolución que impide a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) cobrarle a los profesionales del Colegio de Abogados bonaerense el impuesto a los Ingresos Brutos mediante el sistema de liquidación conocido como ArbaNet.
En su fallo, la Cámara cuestionó el sistema de cobro por considerar que sostuvo que "es susceptible" de generar "un estado de indefensión" en los contribuyentes.

El fallo ratificó el dictamen del juez en lo Contencioso Administrativo 1, Luis Arias, quien sostuvo en su resolución del 8 de julio pasado que al modificarse el sistema de tributación (sustituyéndose la Declaraciones Juradas por el de anticipos, denominado ArbaNet) no se informó al contribuyente "el origen del monto que pretende percibir como anticipo a cuenta de la Declaración Jurada anual", por lo que el nuevo sistema es "ilegítimo". "El sistema contraría los preceptos de la ley de coparticipación federal, al establecer un sistema de liquidación sobre base presunta, exigiendo el pago de anticipos, sin la posibilidad de conocer el procedimiento empleado para arribar a ese importe, ni la información que utiliza para la liquidación, sin prever un medio idóneo de impugnación o reclamo", señala el fallo de primera instancia de Arias.

En base a ello, la Cámara de Apelaciones, compuesta por los jueces Gustavo Spacarotel, Gustavo De Santis y Claudia Milanta, desestimó el recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y aseguró que el sistema ArbaNet "es susceptible de generar, en relación a los interesados, un estado de indefensión de tal envergadura, que sólo les quedaría la posibilidad de pagar y más tarde discutir si eventualmente pudieron o no tener razón, omitiendo el efectivo ejercicio del derecho de defensa en sede administrativa".

El sistema de liquidación anticipada de impuestos ArbaNet, que reemplazó la declaración jurada anual, comenzó a aplicarse en la provincia de Buenos Aires en noviembre de 2008 y en lo que va del corriente año recayeron varias sentencias contra el sistema lo que motivó que el gobierno dispusiera cambios que permitan al contribuyente modificar el valor del impuesto en caso de estar en desacuerdo con la preliquidación.

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