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El conflicto entre trabajadores y la empresa sigue abierto, pese a la firma de un acuerdo

El conflicto entre la empresa Kraft-Foods, la ex Terrabusi, y los trabajadores despedidos prosiguió hoy sin solución tras una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo, donde un sector de los representantes gremiales firmó un acta acuerdo mientras otro anunció la continuidad de la "lucha" por las reincorporaciones.
"Es un buen acuerdo", expresó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, al finalizar el encuentro en la cartera laboral, y detalló que la propuesta de la empresa, de capitales estadounidenses, contempló el reingreso a la planta de 70 trabajadores y levantamiento de las suspensiones impuestas a más de una veintena.

El acta fue firmada por ocho de los diez delegados que asistieron a la reunión, la mayoría de ellos pertenecientes al Sindicato de la Alimentación que lidera Rodolfo Daer y al menos uno de los representantes más combativos, Jorge Penayo, aunque lo acordado será puesto en análisis de una asamblea el lunes próximo en la fábrica de la localidad de General Pacheco.

Sin embargo, otros dos representantes gremiales, Javier Hermosilla y Ramón Bogado -referentes de la lucha en la calle y en la planta- se negaron a hacerlo y, en declaraciones a la prensa, anunciaron que "la lucha va a seguir" en la búsqueda de conseguir la reincorporación de todos los trabajadores despedidos el 3 de julio.

"Esta larga y conflictiva situación ha demostrado acabadamente que la única forma de superar los conflictos es mediante el diálogo como la única instancia válida y superadora de los desacuerdos", aseveró Kraft-Foods en un comunicado.

El Ministerio de Trabajo consideró "encaminado el presente conflicto, por cauces normales", tras haberse "solucionado aquellos temas que habían desencadenado" la disputa.

Según el escrito, la ex Terrabusi se comprometió a mantener las condiciones de trabajo que regían antes del conflicto, como también a no realizar modificaciones en los planteles de trabajadores ni en los horarios de producción.

Además, de los 123 despedidos aceptó reincorporar a 70, en tanto que los restantes casos serán evaluados en forma invidivual en el ámbito del Ministerio de Trabajo bonaerense, comentó Tomada en declaraciones al canal América.

Por último, los empresarios garantizarán los derechos sindicales de los delegados, algunos de los cuales tienen vencidos sus mandatos, como también a permitir su ingreso a la planta.

A cambio, los representantes gremiales prometieron no realizar actividades dentro de la empresa que compliquen la actividad productiva como tampoco "adoptar medidas que perjudiquen la normal circulación de las personas y vehículos".

"Nuestro reclamo es justo y la lucha va a seguir. El Ministerio de Trabajo ha cedido a las presiones de la empresa", expresó el delegado Hermosilla, uno de los dos que rechazó la firma del convenio en la cartera laboral.

Por su parte, Jorge Penayo, otro de los miembros de la Comisión Interna, justificó su aceptación del convenio al considerarlo "un paso adelante" en la negociación, aunque aclaró que el texto firmado será puesto en consideración de la asamblea de trabajadores el próximo lunes para su ratificación o rechazo.

Los 40 empleados reincorporados por los empresarios se suman a otros 30 que volvieron a la planta días después de iniciado el conflicto.

Durante la jornada, la justicia laboral de San Isidro dispuso la reincoporación del delegado Hermosilla a la planta de la empresa.

Hermosilla era el único de los cinco integrantes de la Comisión Interna a quien Kraft Foods negaba el ingreso a la planta de General Pacheco a raíz de una causa penal iniciada por la toma del establecimiento, que se extendió por 36 días.

Por su parte, la empresa amplió hoy por 15 días las suspensiones que había dispuesto sobre 31 trabajadores, informó a DyN el delegado Ramón Bogado antes de ingresar al ministerio de Trabajo.

En el marco del plan de lucha, los trabajadores se manifestaron junto a organizaciones sociales y políticas frente a la sede de la cartera laboral, en Avenida Alem al 600.

El conficto comenzó hace 59 días por el despido de trabajadores tras una protesta en reclamo de medidas de prevención por la gripe A.

En respuesta, los obreros ocuparon la planta de Pacheco, que permaneció cerrada por 38 días, y fue desalojada el 25 de septiembre tras una represión de la policía bonaerense.

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