El inesperado voto positivo a la ley de medios de la senadora correntina Dora Sánchez, quien poco antes había calificado el proyecto como "un mamarracho", sigue dando tela para cortar. El presidente de la UCR, Gerardo Morales, la denunció ayer por presunto "cohecho pasivo" -cobro de coimas- y pidió las declaraciones testimoniales de Néstor Kirchner y Julio Cobos.
La primera denuncia fue radicada por el abogado porteño y titular de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Monner Sans. Morales se sumó luego y en las puertas de los tribunales de Comodoro Py, precisó que solicitó a la Justicia que investigue si existió "cohecho pasivo en el caso de la senadora" y "cohecho activo" por parte del Gobierno, al presionar supuestamente a la legisladora y ofrecerle ayuda a su provincia para que cambiara su voto en la ley de radiodifusión, que en un principio iba a ser negativo. Sánchez está encolumnada detrás del gobernador Arturo Colombi, que perdió las elecciones frente a su primo, Ricardo Colombi.
"Hay que ponerle un límite al transfuguismo, a las presiones del Gobierno y a gente que se da vuelta con un precio", advirtió el legislador. Morales puntualizó que, en la presentación, se solicitó que, además de la declaración de la senadora, se pidan las testimoniales del jefe de Gabinete Aníbal Fernández, de Kirchner y de Cobos "que estuvo con ella" y "a los periodistas que le han hecho notas para que terminemos, de una vez por todas, con esta situación".
Ayer a la mañana, Morales pidió a la Justicia que establezca si la actitud de la senadora "se encuadra en el artículo 256 y otros concordantes del Código Penal que establece la figura de cohecho pasivo". Mencionó también la posibilidad de que la conducta de Sánchez esté reñida con el artículo cuarto de la Convención Interamericana contra la Corrupción, contemplada en la ley nacional 24.759.
Precisó que esa legislación dice que "el requerimiento o la aceptación directa o indirecta por un funcionario o personas que ejerzan funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, o ventajas para sí mismos o para otras personas a cambio de realizar u omitir cualquier acto en ejercicio de sus funciones públicas, es un hecho de corrupción".
ESCANDALO DE LA "FE DE ERRATAS": LA OPOSICIÓN PONE EN DUDA LA LEY DE MEDIOS SI NO LA REVISA EL CONGRESO
Legisladores de la oposición advirtieron ayer que la ley de medios será inválida si no vuelve al Congreso para su revisión, a raíz del escándalo de la "fe de erratas" que utilizó como pretexto el Gobierno para corregir los errores con los que el Senado sancionó el proyecto el sábado a la madrugada.
En el planteo coincidieron senadores de distintas bancadas, que aseguraron no haber sido informados de las modificaciones y le reclamaron al vicepresidente Julio Cobos, titular de la Cámara, que investigue quién fue el responsable de incorporarlas al texto publicado en el Boletín Oficial sin que hayan sido tratadas en el recinto.
La UCR fue más allá y en la nota que le envió a Cobos adelantó su intención de iniciar acciones legales por "adulteración de documento público".
Consultado, el senador y jefe partidario, Gerardo Morales, admitió que las sospechas apuntan al secretario parlamentario, Juan Estrada, quien ocupa el cargo desde el 2003 en representación del kirchnerismo.
De hecho, Estrada admitió ayer -en el descargo que formuló a pedido del vicepresidente- que fue quien gestionó las correcciones ante la Cámara de Diputado y las recibió en pleno desarrollo del debate en el Senado, adjuntándolas al despacho original sin someterlas al cuerpo.
El único en justificar la maniobra irregular perpetrada por Estrada fue el titular de la bancada oficialista, Miguel Pichetto. Sugestivamente, esgrimió en un comunicado los mismos argumentos que utilizó el secretario parlamentario en la nota que le envió al vicepresidente. "Este mecanismo de remisión de nota de fe de erratas no implica ninguna irregularidad, sino que se trata de una herramienta de administración legislativa usual en leyes de las extensión y la complejidad como la que sancionamos en la sesión del viernes pasado".
Al hacer mención a la sesión "del viernes", el senador rionegrino puso involuntariamente el dedo en la llaga de otra prueba de las irregularidades detectadas en el trámite de la polémica ley. Si bien la sesión comenzó ese día, el proyecto se aprobó -tanto en general como en particular-, en la madrugada del sábado 10. Y así consta en el sitio Web del Senado. En cambio, el expediente atribuido a la "fe de erratas" aparece sancionado el viernes 9, pese a que nunca se puso a consideración y a que el propio secretario parlamentario aduce haber adjuntado al texto general votado el sábado.
Los artículos corregidos fueron el 95 y el 124, que remitían erróneamente a otros artículos, según el texto que recibió el Senado y que el oficialismo rechazó modificar para que no tuviera que volver a ser tratado en la Cámara baja.
Cobos transmitió ayer, a través de su vocero, que "no estaba al tanto" de la "fe de erratas" y que de haberlo sabido "la hubiera puesto en debate" durante el tratamiento en particular. Y llevará el tema a discusión a la sesión de jefes de bloque prevista para el martes.
Por su lado, el juecista Carlos Rossi, quien reclamó -sin éxito- hacer las correcciones en la sesión, dijo ayer que "si dejamos pasar esto, no habrá límites para que se hagan modificaciones a cualquier ley". Samuel Cabanchik (PBFe) denunció que "se adulteró la voluntad legislativa".
EL SECRETARIO ADMITIÓ QUE LE DIERON EL TEXTO Y NO LO HIZO VOTAR
El secretario parlamentario del Senado, Juan Estrada, admitió haber sido quien gestionó y recibió la "fe de erratas" a la ley de medios que envió Diputados. Y justificó la irregularidad alegando que es "una práctica habitual" del Parlamento.
Lo hizo en una nota en la que explicó su actuación y que el vicepresidente Julio Cobos le pidió cuando estalló el escándalo, el martes, a raíz del pedido de investigación que formuló el senador Carlos Rossi, del juecismo cordobés.
Estrada, un veterano de estas lides, reveló en la nota de una carilla y media "que el senador Rossi le hizo mención del error en el transcurso de la reunión de labor parlamentaria" del jueves 8. Y reconoció que le manifestó a Rossi que "estaba en conocimiento del tema" y que "oportunamente Diputados remitiría la nota de fe de erratas que es usual en estos casos".
El funcionario admitió que la nota llegó al Senado a las 22 del viernes 9 "formalizándose la entrega de la referida nota al suscripto en presencia del prosecretario parlamentario, Juan José Canals. De modo que la fe de erratas obraba en Secretaría cuatro horas antes de que se produjera la votación en general del proyecto". Nunca la puso a consideración, aunque, según dijo, "estaban al tanto Cobos y los jefes de todos los bloques". El vicepresidente y los titulares de las bancadas opositoras salieron a desmentirlo.
Consultado, Canals -que ocupa la Prosecretaría Parlamentaria en representación de la UCR- reconoció que en efecto estaba presente cuando llegó la fe de erratas de Diputados, pero al mismo tiempo aseguró que le dijo a Estrada: "Tenes que informar al Cuerpo". Canals también sostuvo que "yo no lo informé porque el que tiene que dar cuenta al presidente del Senado y al cuerpo es el Secretario Parlamentario".
Según Estrada, "muchas leyes" fueron corregidas de modo similar. Mencionó, entre otras, la que declaró la necesidad de la reforma constitucional, en 1993. Diputados votó que el mandato de los senadores duraban 4 años y en la Cámara alta quedó en 6. La diferencia es que ahora se hizo en el más absoluto secreto.
COBOS INVESTIGA LA LEY DE MEDIOS
La ley de radiodifusión no deja de generar escándalos. Ayer, el vicepresidente Julio César Cobos ordenó iniciar una investigación para determinar si hubo irregularidades en la publicación de la norma, ya que el texto divulgado en el Boletín Oficial tiene una redacción distinta a la sancionada por el Senado en la madrugada del sábado último.
La piedra del escándalo es una "fe de erratas" remitida por la Cámara de Diputados en la noche del viernes, cuando el proyecto era discutido en general por el Senado, y que corregía errores en la redacción de la iniciativa.
El primer dato llamativo es que el cuerpo que preside el kirchnerista jujeño Eduardo Fellner haya enviado esas correcciones más de veinte días después de que la Cámara baja aprobara el proyecto, lo que ocurrió el 17 de septiembre, que su Secretaría Parlamentaria demorara cinco días en "pasar en limpio" el texto, luego de que la iniciativa se discutió durante seis audiencias públicas en la Cámara alta.
LOS DUEÑOS DE LOS CABLES Y LA OPOSICIÓN, JUNTOS EN LAS CRÍTICAS A LA LEY DE MEDIOS
La reunión anual de la Asociación Argentina de Televisión y legisladores de la oposición compartieron criticas a la ley de medios. La sanción de la ley amargó al sector. Y los legisladores invitados –la diputada Silvana Giudici, de la UCR; el senado Samuel Cabanchik (CC) y Gustavo Ferrari, quien asumirá el 10 de diciembre por Unión-Pro, disiparon contra la nueva norma.
“Se sesionó sin leer, se votó sobre un dictamen cuando el definitivo era otro, hubo una serie de errores”, indicó Giudici.
RODRÍGUEZ SAÁ TIENE TODO LISTO PARA OBJETAR LA LEY EN LA CORTE
El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, confirmó ayer que se presentará ante la Justicia para reclamar la inconstitucionalidad de la ley de medios aprobada la semana pasada en el Congreso y promulgada el sábado por la Presidenta.
En un comunicado difundido por el gobierno puntano, Rodríguez Saá afirmó que "junto con el fiscal del Estado (provincial) ya estamos preparando la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema por la Ley de medios en base a que se ha restringido la libertad de expresión y se ha arrogado sobre la libertad de expresión, la competencia federal".
El gobernador explicó que "nuestro planteo es contra el órgano que va a distribuir licencias, la autoridad de aplicación, porque esto implica una restricción a la libertad de expresión, porque si uno quiere poner una imprenta o comprar una máquina o una computadora para participar en Internet o quiere poner una obra de teatro, no le pide permiso a nadie; pero según esta Ley, uno sí tiene que pedir permiso para poner una radio o un canal, cuando la competencia, lo dice el artículo 32 de la Constitución, son las provincias y no puede la Nación arrogarse ese derecho".
DENUNCIA JUDICIAL A UN PROGRAMA DE CANAL 7 POR EMITIR UN VIDEO ANÓNIMO
El periodista del diario La Nación Carlos Pagni denunció ayer ante la Justicia a Canal 7 y al programa ultrakirchnerista 6, 7. 8 por difundir antenoche un video anónimo en el que se lo pretende involucrar en un supuesto acto de corrupción para perjudicar a Repsol-YPF. También la empresa acudió a los Tribunales para pedir que se investigue la veracidad de esa filmación como una manera de poner distancia de la maniobra.
Ninguna autoridad oficial ni del programa quisieron explicar las razones por las que se decidió emitir el video de 17 minutos cuya confección se atribuye a organismos de inteligencia del Estado.
Ante la consulta, la oficina de prensa del canal explicó que la respuesta se daría en el mismo programa, una especie de TVR hiperoficialista que produce Diego Gvirtz. Lo que se vio fue una reiteración de parte del video y una autocelebración de sus panelistas por la repercusión que habían logrado con esa exhibición en los medios. No hubo como es habitual un invitado al estudio y sí, en cambio, la reiteración de imágenes de otro programa del canal con testimonios contra el diario Clarín de Estela de Carlotto, Luis D'Elía y Víctor Hugo Morales.
Ante el Juzgado en lo Criminal de Instrucción N° 20 de la Capital. Pagni denunció la emisión de imágenes que "fueron editadas y/o manipuladas para perjudicarme", También REPSOL-YPF lo hará "para que se investigue profundamente el origen de las filmaciones y la veracidad del contenido de las mismas en la que se perjudica directamente a la compañia"
El martes, María Julia Olivan, conductora del programa 6,7,8 y estrechamente allegada al interventor en el COMFER, Gabriel Mariotto, había anunciado la difusión del video, azuzando el tono denuncista al describir lo que se exhibía: rostros pixelados ofreciendo dinero a un operador de prensa, que supuestamente habría de contactarlos con Pagni.
Aparece luego un presunto empleado de Pagni recibiendo un sobre cerrado ante las cámaras ocultas. Los falsos empresarios que realizaban el presunto pago, hablaban con Fabián Falco, ex funcionario de YPF, quien de acuerdo a las imágenes profusamente editadas, oficiaba de contacto entre Pagni y quienes ofrecían dinero para producir información falsa. Falco negó haberse prestado a ninguna operación.
Canal 7 destinó los 17 minutos para difundir esas imágenes sin autoría y ayer el diario BAE, del grupo Spolsky financiado por la publicidad oficial y también ultrakichnerista editó el tema en tapa dando por hecho que esas imágenes presuntamente realizadas por la SIDE "jaquean la credilibidad del diario La Nación".
También el diario gratuito El Argentino, del mismo grupo hiperoficialista, dio por cierto lo que se afirma sin pruebas en el video y le dedicó su página 3 de ayer. Al igual que las autoridades del canal y de Gvirtz, Tristán Bauer, director del Sistema Nacional de Medios, permaneció silente, tras reiteradas llamadas de Clarin.
La creación más recordada de Gvirtz es TVR, Fue emitido desde América TV y pasó al 13 donde continúa en pantalla. Esta temporada empezó a trabajar para el Gobierno en canal 7.
UN DIARIO DE FRANCIA REFLEJA LA POLÉMICA POR LA LEY DE MEDIOS
El diario francés Le Monde publicó ayer que Cristina Kirchner logró "hacer aprobar en el Senado" una nueva ley de medios que el Gobierno define como "una victoria sobre los monopolios" pero que la oposición y los principales califican de "un control sobre la prensa".
"Esta reforma es interpretada por los observadores como un capítulo nuevo en el conflicto que opone a los Kirchner ¿la presidenta y su marido, el ex jefe de Estado Néstor Kirchner, con el Grupo Clarín, principal grupo multimedia. Clarín denunció escándalos de corrupción que implican a la pareja presidencial y su entorno", recordó la periodista Christine Legrand en su artículo.
"El gobierno aceleró el proceso para que la reforma se votara mientras que goza de mayoría en el Congreso. Cristina Kirchner perdió la mayoría en las elecciones legislativas del 28 de junio, pero el nuevo Congreso recién asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre", agregó.
El matutino parisino culmina afirmando que "la oposición teme que los Kirchner asuman el control de los nuevos medios confiándolos a empresarios amigos", que "los constitucionalistas consideran que la nueva ley limita la libertad de expresión" y que "los principales grupos mediáticos afectados se preparan para recurrir a la Justicia".
DIPUTADOS DIO MEDIA SANCIÓN AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO PARA 2010
La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en general el proyecto de Presupuesto 2010, junto con la prórroga de impuestos y la suspensión de la ley de responsabilidad fiscal por dos años. El Presupuesto que prevé gastos por $ 273.129,4 millones, un crecimiento del PBI de 2,5 por ciento, un tipo de cambio promedio en 3,95 pesos por dólar y una inflación de 6,1 por ciento fue aprobado en general por 136 votos contra 88 y 6 abstenciones. Fue en el marco de una extensa sesión que duró más de 14 horas.
La Cámara baja aprobó también en general la prórroga de varios impuestos que vencían el 10 de diciembre: por diez años de los tributos a los Bienes Personales, Ganancias y Ganancia Mínima Presunta; por dos años para el impuesto a los créditos y débitos bancarios, y por un año para el que se aplica sobre el precio final de los cigarrillos. En esa votación, los diputados aprobaron el dictamen por 137 votos contra 97.
Fue parte del paquete tributario aprobado ayer en Diputados la suspensión de la ley de responsabilidad fiscal por dos años, que impone serias restricciones en materia de endeudamiento y gasto, como forma de compensar a las provincias para que no reclamen más fondos a la Casa Rosada. Fue aprobada por 149 votos contra 79.
Esto le garantizará al Gobierno un ingreso de poco más de 88.000 millones de pesos para el año próximo, según consigna LA NACION, recaudación que no está dispuesto a compartir en una mayor medida con las provincias.
La sesión comenzó poco después del mediodía con la defensa del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el kirchnerista Gustavo Marconato, que condicionó la recaudación del año próximo a que se prorroguen los impuestos y a que se deje sin efecto la mencionada norma.
"Estos impuestos no sólo financian a la administración nacional, sino también a la seguridad social y son un fuerte componente de la masa coparticipable. No es un elemento menor la duración de su vigencia", planteó, en alusión a los impuestos a las ganancias y a la ganacia mínima presunta. Otros impuestos que vencen el 31 de diciembre son bienes personales y de créditos y débitos bancarios (impuesto al cheque).
Marconato puntualizó que por esos impuestos se recaudarán 88.923 millones de pesos y que ese monto representa el 33,6 por ciento del total de la recaudación "pura" prevista para 2010 y el 25,1% de la "recaudación tributaria total".
"No aprobar estas prórrogas significa no tener impuestos, significa no poder discutir distribución y no tener recursos para solventar gastos que estamos destinando a servicios sociales en el país, además de que puede producir déficit fiscales", ahondó.
"Ni con los dibujos que hace el secretario Guillermo Moreno la inflación prevista va a ser tan baja", cuestionó Miguel Giubergia (UCR). Manifestó la necesidad de hacer "una reforma tributaria integral" después del 10 de diciembre.
El diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano votó en contra del proyecto ya que consideró que la ley "aumenta el cuadro de regresividad e injusticia" en cuanto al reparto de recursos. Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica (CC), criticó que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, mantenga la facultad para mover partidas para gastos corrientes. "La novedad es que en este presupuesto existe un nuevo superpoder al ministro (Julio) De Vido para que pueda endeudarse en 19 mil millones de pesos, para realizar una serie de obras de las que no se informa el detalle", sostuvo.
PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO: ANALIZAN LOS BIENES DE UN SECRETARIO DE CRISTINA KIRCHNER
El juez federal Claudio Bonadío pidió a la AFIP y a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas de bienes que presentó uno de los secretarios de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, en la causa en que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, dijeron fuentes judiciales.
Bonadío averigua la situación patrimonial del funcionario presidencial, que cobra 15.000 pesos por mes desde hace seis años, para determinar si es posible que construyera una moderna casa de dos plantas en El Calafate, que el propio Gutiérrez llama la "Casa del Millón".
No obstante, el funcionario dijo que la vivienda -que está terminando de construir- no cuesta más de 300.000 dólares. La casa tiene unos 480 metros cuadrados y está construida sobre un lote de 1000 metros cuadrados a la entrada de la ciudad. Cuenta con un gimnasio de 40 metros cuadrados, una sala de juego y una pileta climatizada.
DENUNCIAS CONTRA LA ONCCA: DIPUTADOS DE LA OPOSICIÓN DETECTARON CASOS DE “PEDIDOS DE COIMAS
Un grupo de diputados nacionales prepara una denuncia por “asociación ilícita” contra Ricardo Echegaray y Juan Eyras, los últimos dos presidentes de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), que presentarán en diez días. La acusación está fundamentada en unas 200 denuncias de coimas y manejos irregulares que recibieron en una página web que abrieron a esos fines.
Uno de los casos “emblemáticos”, informado en marzo por este diario, es el de Frigorífico Rioplatense, que cobró 7.600.000 pesos por una compensación como “feed lot” (corral de engorde) cuando no lo es ni lo era. El revuelo que provocó el desembolso obligó a Eyras a firmar una resolución en la que asumía un supuesto “vacío legal”, que intentó enmendar sumando a los frigoríficos como posibles beneficiarios.
El diputado Christian Gribaudo anunció que en la web www.denunciaalaoncca.com, levantada por la Mesa de Consenso Agropecuario, que reúne a legisladores de 18 bloques, recibieron denuncias –no anónimas– en las que se repiten dos procedimientos.
Uno es el pedido y pago de coimas en una oficina paralela de la ONCCA, el organismo que maneja los cupos de exportación y las compensaciones para el sector agropecuario, que desde hace unos días conduce Juan Manuel Campillo. “La denuncia se repite, dice que en una oficina en Piedras 519, séptimo piso, les pedían una coima de entre el 15 y el 20 por ciento sobre el monto total de la compensación que se destrababa. Según la denuncia, esa oficina estaba comandada por Marcelo Utje, que en ese entonces tenía el cargo de coordinador general de control operativo y compensaciones”, apuntó el diputado del PRO.
Los denunciantes quieren probar cómo funcionó entre 2007 y 2009 una asociación ilícita, conducida por la cúpula de la ONCCA, en la que colaboraron otros funcionarios de menor rango. En la acusación describirán también que la otra pata de la estructura de recaudación ilegal de la Oficina –que sin controles maneja un presupuesto de 3.700 millones de pesos anuales– eran las resoluciones. “Sirvieron para blanquear compensaciones mal dadas, como la que benefició al Frigorífico Rioplatense”, señaló Gribaudo.
EL KIRCHNERISTA CRISTÓBAL LÓPEZ DESEMBARCA CON UN MEGA CASINO EN ROSARIO
Con una inversión final de 270 millones de dólares, el empresario patagónico Cristóbal López, cercano al kirchnerismo, estrenará hoy su nueva joya: el casino hotel de Rosario, el mayor centro de entretenimientos de Latinoamérica. El mercado de juegos de azar dio otro paso enorme, pese a la resistencia que en los últimos meses buscó interponer la jerarquía esclesiástica.
Casino Club, empresa de capitales argentinos -que cuenta entre sus accionistas a López-, se asoció en el emprendimiento con la española Cirsa, la firma que explota los casinos flotantes de la ciudad de Buenos Aires.
La construcción del complejo arrancó bajo la gestión de un mandatario justicialista pero el corte de la cintas que formalizará la inauguración de la obra estará en manos de los socialistas.
UN HIJO DE PICHETTO FUE DESIGNADO POR LA ANSES COMO DIRECTOR DE ALUAR
En el mundo, cuando un fondo designa directores en las compañías, los selecciona en función de su idoneidad y experiencia, entre otras cualidades. Pero cuál es el criterio de la ANSeS, un inversor institucional público que maneja la plata de los jubilados y que ha ingresado como accionista en varias empresas privadas. Hasta ahora no lo informó.
Aunque si el organismo hablase por sus designaciones, aquí hay un indicio: acaba de nombrar en el directorio de Aluar a Juan Manuel Pichetto, hijo del senador y jefe de bloque kirchnerista en la Cámara Alta. El otro elegido es Fernando Fraguío, el recién renunciado secretario de Industria tras múltiples chispazos con la ministra de Producción, Débora Giorgi.
Aluar, de la familia Madanes Quintanilla, es la única productora de aluminio de la Argentina y se desenvuelve en un negocio que no es sencillo, sino marcado a fuego por los ciclos de la economía internacional.
En Aluar han pasado en pocos meses de una cotización del aluminio en torno a los US$ 3.000 la tonelada en 2008 a 1.800 en la actualidad. Es curioso, pero la designación del joven Pichetto se conoce cuando Aluar logró completar una monumental capitalización en la Bolsa.
ESPIONAJE EN LA AMIA: EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PORTEÑO DECLARA HOY
El ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, fue citado por la Justicia para declarar hoy como testigo en la causa contra el ex policía federal Ciro James, detenido por presunto espionaje a un familiar de una víctima del atentado contra la AMIA. James fue contratado por la cartera a cargo de Narodowski para tareas que no están del todo claras para la Justicia.
Narodowski fue citado para las 10 por el juez federal Norberto Oyarbide pero al ser ministro podría declarar por escrito y evitar así pasar por Tribunales. Por las dudas, ayer mandó a un abogado para averiguar sobre la causa. El dato llamó la atención ya que él no está acusado sino que apenas es un simple testigo. El ministro de Educación porteño fue objeto de protestas esta semana. Los docentes de la Ciudad lo acusan de haber montado un sistema de espionaje y por ello pidieron su renuncia. También cuestionaron al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, el encargado político de la nueva Policía Metropolitana.
KRAFT: UNA ASAMBLEA DEFINE SI MAÑANA SE FIRMA UN ACUERDO
No alcanzaron seis horas ininterrumpidas de negociaciones en el Ministerio de Trabajo (aseguran que no hubo un solo televisor prendido para mirar el partido de la Selección) para cerrar ayer un acuerdo entre Kraft y los representantes de su Comisión Interna.
Un principio de acuerdo, que estipula la reincorporación en total de 70 trabajadores y la vigencia del mandato de la actual Comisión Interna, además del compromiso de la empresa de no hacer más despidos y respetar las reglas de trabajo vigentes, quedó postergado por un cuarto intermedio hasta el mediodía de mañana.
La empresa estadounidense se comprometió en el acta firmada anoche a incorporar otros 20 trabajadores echados o suspendidos, con lo que sumarían 70 las reincorporaciones, sobre un total de 85 despedidos con causa el 18 de agosto (a los que se suman más de 70 trabajadores a los que primero ya indemnizó) y otros 36 que fueron suspendidos por la empresa por su presunta participación en los hechos del 28 de septiembre, cuando la Policía bonaerense reprimió tanto a los trabajadores que mantenían la toma de la planta como a quienes venían prestándoles su apoyo desde el lado de afuera del portón de acceso.
En el acta redactada ayer, Kraft accedió, además de no oponer resistencia a que los integrantes de la Comisión Interna mantengan su actividad dentro de la planta hasta tanto haya nuevas elecciones.
Pero los delegados gremiales solicitaron, antes de firmar el acta, un cuarto intermedio para obtener la aprobación de todos los trabajadores echados o suspendidos. La consulta la harán hoy a las 14, en una asamblea que concretarán hoy a las puertas de la fábrica ubicada sobre la avenida Henry Ford, en la localidad bonaerense de General Pacheco.
EN INDIA, CRISTINA DEFENDIÓ EL MODELO Y FIRMÓ ACUERDOS DE COOPERACIÓN
En su último día de visita oficial en Nueva Delhi, y antes de partir a las ciudades de Agra y Mumbai, donde terminará hoy su gira por la India, la presidenta Cristina Kirchner firmó con su par Pratibha Devisingh Patil y el primer ministro Manmohan Singh, una decena de acuerdos de cooperación, entre los que se incluye el uso pacífico de la energía nuclear y el intercambio en ciencia y tecnología. Acordaron también profundizar el diálogo bilateral con el objetivo de sellar "una asociación estratégica" y expresaron el interés de ampliar y diversificar el intercambio comercial entre Argentina y la India.
La Presidenta aseguró que la Argentina y la India están "ante el relanzamiento de una nueva relación comercial, económica pero también política".
Cristina detalló las coincidencias en la defensa de los derechos humanos, la consolidación de la democracia y el multilateralismo. "Con la India también coincidimos en la condena al terrorismo internacional, ya que ambas naciones la hemos sufrido, en la Argentina con los atentados a la AMIA y a la DAIA, y en la India con los atentados en Bombay, atentados que hemos condenado", aseguró la Presidenta.
En un seminario económico, defendió el modelo económico de su gobierno: "Hemos sido capaces de desarrollar un modelo propio y el resultado nos indica que no nos hemos equivocado", aseguró
EL GOBERNADOR DE CORRIENTES EXPLICA SU RELACIÓN CON EL ASESINADO EMPRESARIO GONZÁLEZ MORENO
El gobernador Arturo Colombi ya tiene en sus manos un cuestionario compuesto por diecisiete preguntas mediante las cuales los fiscales que investigan el trágico fin del empresario Hernán González Moreno pretenden echar un poco de luz sobre la relación que unía a ambos y los últimos contactos que mantuvieron.
El cuestionario fue entregado ayer por un oficial de Justicia en la misma residencia oficial del primer mandatario, donde en un principio la esposa de este, la ministra de educación Virginia Almará, se negó a recibir la documentación, algo que finalmente hizo uno de los custodios.
El fiscal Buenaventura Duarte, uno de los tres fiscales que investigan si la muerte González Moreno se trata de un suicidio o un homicidio se mostró sorprendido por la actitud de la esposa de Colombi. "Me extraña que la mujer del gobernador se niegue a recibir el cuestionario, debería aprender a vivir en democracia y a respetar a la Justicia, sobre todo cuando uno no tiene nada que esconder" dijo.
Algunas de las preguntas del cuestionario apuntan a saber qué día y a qué hora lo llamó Hernán González Moreno al gobernador, qué número telefónico usó para esas llamadas, cuál fue el contenido del diálogo que mantuvieron, si hubo otras comunicaciones o si el gobernador lo llamó y a qué hora fueron esas comunicaciones.
Mediante ese cuestionario, los fiscales pretenden establecer la relación entre González Moreno y el gobernador así también como los últimos contactos que mantuvieron en las horas previas a la muerte del joven empresario que apareció muerto dentro de su auto de un balazo en la cabeza en un campo en la zona de Goya en la madrugada del 2 de octubre, 48 horas ante de que la provincia viviera una jornada electoral decisiva.
La necesidad de interrogar a Arturo Colombi como testigo, surgió en los fiscales tras los testimonios brindados por el jefe de su custodia, el comisario inspector Juan Gelardi y el director de información pública de la provincia, José Luis Zampa, a quien la justicia rechazó esta semana un pedido de eximición de prisión en una causa en la que se investiga el manejo de la publicidad oficial y en la que también están involucrados Colombi y González Moreno.
AMENAZARON AL FISCAL DE LA CAUSA DE LA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS
El fiscal federal que investiga a la denominada mafia de los medicamentos, Luis Horacio Comparatore, denunció ayer haber sido amenazado. Fue a través de un recorte de una revista dejado en el buzón de su casa, con referencias a la muerte.
La denuncia de Comparatore recayó en el juzgado federal a cargo de María Servini de Cubría. Esta magistrada se encuentra de licencia y su tribunal es subrogado por su colega Ariel Lijo, quien pidió al fiscal Jorge Di Lello que formule el correspondiente "requerimiento de instrucción" para abrir una investigación.
"No creo que tenga que ver con los medicamentos", trató de minimizar el fiscal. Comparatore contó que encontró el sobre el martes a la tarde al llegar a su domicilio al oeste del Gran Buenos Aires. "Quieren desviar la atención. Cuando tenía causas contra los piqueteros pasaba lo mismo, y los piqueteros no tenían nada que ver", sostuvo Comparatore.
"El autor de esto está en las sombras y hace esto para imponer el miedo", agregó el fiscal. Fuentes cercanas a Comparatore dijeron que éste se encontraba ayer "tranquilo" pese al incidente. Cerca suyo recordaban que ya tuvo episodios similares en el pasado, con amenazas telefónicas, mensajes anónimos y hasta la rotura de los vidrios de su automóvil.
RUTA DE LA EFEDRINA: LIBERAN A UN EMPRESARIO
El juez federal de Zárate-Campana Federico Faggionatto Márquez excarceló ayer al empresario farmacéutico Alberto López en la causa por la ruta de la efedrina.
Faggionatto aplicó el criterio garantista de la cámara federal de San Martín respecto de López a quien había detenido el 16 de abril pasado. Y como consideró que no hay peligro de fuga le concedió la excarcelación.
López es el dueño verdadero de Prefarm, que "preside" Eduardo Otero Rey), otro que estuvo detenido en la causa. Y a principios de la gestión del ex presidente Néstor Kichner usó una oficina en la Casa Rosada. Prefarm es una droguería cuyo nombre se usó para importar 5 toneladas de efedrina.
Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura de la Nación resolverá finalmente hoy si Faggionato Márquez evitará o no el juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones, luego de que días pasados el kirchnerismo evitó el avance de ese proceso.
El plenario de 13 miembros del Consejo tratará hoy, a partir de las 9, dos dictámenes: uno, precisamente de los representantes del kirchnerismo, que proponen desestimar la acusación contra el juez, y otro, encabezado por el senador radical Ernesto Sanz, para abrir el proceso de juicio político.
La diputada oficialista Diana Conti, el senador Nicolás Fernández y el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Héctor Masquelet (viceministro de Justicia), votaron la semana pasada en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo el rechazo al juicio político contra Faggionato Márquez, al considerar que las pruebas en su contra no tienen entidad suficiente para imputarlo.
Mientras, Sanz, el abogado Santiago Montaña y el representante de los académicos, Mariano Candioti, se inclinaron por la acusación. Ante el empate en votos, fue determinante el sufragio de Conti, que vale doble por ser presidenta de la Comisión.
LA INFLACIÓN OFICIAL FUE DEL 0,7%, LA MITAD DE LA ESTIMADA POR PRIVADOS
La inflación oficial de setiembre subió 0,7% respecto del mes anterior: la mitad del cálculo previsto por los analistas privados. Ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó la evolución de los precios minoristas (IPC) del mes pasado, que acumulan una suba del 5% desde que empezó el año, lejos del 10/12% que estiman las consultoras.
Una coincidencia entre las cuentas privadas y las oficiales es que el índice inflacionario estuvo traicionado por la ropa (1,5%, según el dato del INDEC) y por los alimentos y bebidas (0,9%). En el informe oficial, también se alinea la Educación entre los rubros que más aumentaron en el mes: 1,1%, como consecuencia de aumentos de 0,9% en servicios y 1,7% en textos y útiles escolares.
ECONOMÍA PRETENDE QUE HAYA VARIOS ÍNDICES DE INFLACIÓN
El Gobierno trabaja con la estrategia de lanzar más de un índice de precios al consumidor (IPC) para dar por superada la polémica en torno de la validez de las cifras oficiales de inflación.
Apoyado por el asesoramiento de las universidades nacionales, el Ministerio de Economía buscará imitar a otros países donde hay más de un IPC, pese a que en esos casos no existen dudas sobre la veracidad de los datos, como sucede aquí.
El ministro Amado Boudou dijo que "es indudable que es necesario y hay que hay que hacer" más de un IPC, de modo de tratar de reflejar más productos representativos de diferentes estamentos de la sociedad. "En todos los países donde existe un IPC como la Argentina se mide una canasta de los 2 deciles más bajos de la población. Por lo tanto, es razonable oír que (el IPC) no representa a algunos sectores", sostuvo el funcionario.
OTRO FALLO DE LA JUSTICIA CONTRA EL TARIFAZO AL CONSUMO DE GAS
El decreto 2067 que establece fuertes aumentos al consumo de gas volvió a ser cuestionado por la Justicia. El Juzgado Federal 2 de Jujuy lo declaró inconstitucional, al tiempo que ordenó a la empresa Gasnor que no incluya en la facturación el cargo tarifario creado en dicha norma, se abstenga de cortar el servicio y devuelva a los usuarios todo el dinero cobrado por ese concepto.
Igual suerte corrieron las resoluciones 1451/08 y 1493/08 del Ministerio de Planificación y las 563/08, 1/615709, 466/08 y 449/09 del Enargas que crearon el cargo adicional para sostener un Fondo Fiduciario que solventaría el costo de importación de gas frente a un posible desabastecimiento del fluido en el país.
En este punto, el juez Carlos Olivera Pastor, le dio la razón al Defensor del Pueblo de Jujuy, Victor Galarza, en el sentido de que era competencia exclusiva del Congreso legislar en materia tributaria.
El fallo dice que "en la normativa que se impugna solo se determina el hecho pero no la base imponible, tampoco la alícuota ni el tiempo de vigencia.
Fallos similares fueron obtenidos por los defensores del Pueblod e las provincias de Chubut y Santa Fe. Pero el Gobierno Nacional apeló la medida y con ello logró que la medida de suspensión no se ponga en vigencia.
LA AGN EMPEZÓ A INVESTIGAR AL INDEC
Dos años y medio después de que el gobierno de Néstor Kirchner interviniera el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la Auditoría General de la Nación (AGN) ha comenzado una investigación en ese organismo. Hace dos semanas, según fuentes de la AGN, "hay gente de informática que está auditando la gestión de la información y del área de sistemas".
Fuentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Indec afirmaron, en cambio, que desde hace dos meses dos expertos en informática de la AGN, Sergio Gutiérrez y Eduardo Barrios, están trabajando en el Indec. En el sindicato aseguran que los dos auditores dijeron que pertenecían a la AGN, pero no mostraron sus credenciales.
En ATE-Indec también llamaron la atención de que este organismo presidido por la oposición y dependiente del Poder Legislativo no haya publicado en su página web esta investigación en el apartado de las "auditorías en curso". En la AGN explicaron que ese ítem del sitio de Internet se renueva cada tres meses y por eso aún no se ha incluido la auditoría en el Indec.
Esta investigación buscará "evaluar la confiabilidad del sistema informático", según las fuentes de la AGN. "Tal vez sea el puntapié inicial para otra auditoría en 2010. Ahora se están definiendo las auditorías del año próximo", agregaron en el organismo de control.
La AGN no se había metido en el Indec, pese a la subestimación de la inflación que comenzó en 2007, con la intervención del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y la posterior polémica con las demás estadísticas, porque está dominada por el kirchnerismo, más allá de que la presidencia esté en manos de un radical, Leandro Despouy, según reconocieron fuentes del organismo. "Pero ahora (los oficialistas) ya no tenían argumentos para no aprobar la auditoría", añadieron.
SERÁ LA PEOR COSECHA DE TRIGO EN 32 AÑOS
Después de haber registrado la siembra de trigo más baja en 111 años, se espera que la cosecha del ciclo 2009/2010 sea la peor de las últimas 32 campañas. Como resultado, los ingresos por exportaciones serán diez veces menos que hace sólo dos períodos.
Ayer la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que la producción de esta temporada, que arrancará en poco menos de dos meses, será de 7,5 millones de toneladas.
Hay que regresar hasta 1977/1978 para encontrar un volumen más bajo, con 5,3 millones de toneladas. "Tenemos la peor cosecha en más de treinta campañas", subrayó Ernesto Ambrosetti, economista jefe del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina.
Que la producción se desplome tiene un impacto directo sobre la performance exportadora. Otra vez, la comparación entre los ciclos 2007/2008 y 2009/2010 es reveladora.
En este sentido, hace dos campañas, con 16,3 millones de toneladas de producción, la Argentina colocó en el exterior 9,4 millones de toneladas y obtuvo ingresos por US$ 3500 millones.
En cambio, para 2010, según Gustavo López, de la consultora Agritrend, el país podrá quedarse con un saldo exportable de 1,5 millones de toneladas, lo que representará un ingreso de US$ 315 millones. Exactamente, se trata de poco más de diez veces menos que en 2007/2008, según López.
La comparación con dos ciclos atrás obedece a que fue la última campaña en términos productivos relativamente normal, porque la sequía todavía no era intensa y, además, los productores mantenían una superficie casi el doble que los 2,8 millones de hectáreas de este año.
El intervencionismo del Gobierno, que llevó a una disparidad de precios con las cotizaciones internacionales, contribuyó a que se derrumbara la siembra.
