En la mañana de hoy, el radical Gerardo Morales llevará el caso de la senadora correntina Dora Sánchez ante la Justicia. El jujeño se presentará ante los tribunales federales de Comodoro Py para pedirle al juez de turno que investigue si el voto de la cobista a favor de la ley de medios no se encuadra en el delito de cohecho contemplado en el artículo 256 del Código Penal.
El titular de la UCR también le reclamó al jefe de los fiscales, el procurador Esteban Righi, que analice el comportamiento de la correntina dentro de lo definido por la Convención Interamericana contra la Corrupción. En ese sentido, le pidió por nota al secretario parlamentario, Juan Estrada, que gire a Righi la votación de la ley de medios y la versión taquigráfica en la que dejó sentada una cuestión de privilegio contra la legisladora.
El viernes, en el plenario del Senado, luego de recordar declaraciones de Sánchez de hace dos semanas atrás, en las que había dicho que el proyecto en debate era “un mamarracho que amenazaba a la prensa independiente” y que los Kirchner “manejan a los gobernadores con la billetera”, Morales destacó que la senadora cambió el sentido de su voto diciendo que lo hacía para “ayudar a su provincia”.
En el recinto, el jujeño también subrayó que “el artículo 4, punto 1, inciso a, de la Convención Interamericana, que es ley de la Nación, dice: 'El requerimiento o la aceptación directa o indirecta, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo, o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas, está considera un delito, un hecho de corrupción'”.
Después de esta cita, el radical explicó que al no tratarse de una afiliada a su partido no tenía autoridad para una sanción. Mirando fijo a Julio Cobos, que en ese momento presidía la sesión, afirmó con todo su énfasis posible que “el transfuguismo se tiene que terminar porque ya parece un chiste. Y lo peor que hay es una sociedad es que nos acostumbremos a lo irremediable, a que todo se puede, a que no hay límite”.
Incluso preguntó si la senadora, que habitualmente se sienta detrás suyo, estaba presente para que hablara sobre este punto. La legisladora que había ayudado al kirchnerismo a conseguir el quórum reglamentario y que, cambiando su costumbre, ingresó por la puerta que suele utilizar el oficialismo deteniéndose a saludar a los integrantes de la bancada mayoritaria no se encontraba. Lo único que dijo durante toda la sesión fue que se abstendría en la votación particular del artículo 161.
INSÓLITA FE DE ERRATAS AL VOTARSE LA LEY DE MEDIOS EN EL SENADO
Una oscura maniobra para corregir mediante una insólita "fe de erratas" dos de los errores detectados en el texto de la ley de medios sancionada en la madrugada del sábado por el Senado, está a punto de hundir en el escándalo el trámite seguido para la aprobación del proyecto.
El apuro con el que el kirchnerismo quiso sacar la ley, sin permitir que se revisen las fallas con la que salió de Diputados, podría jugarle una mala pasada al Gobierno.
Una meticulosa lectura de la promulgación de la norma por parte del Poder Ejecutivo, publicada el mismo sábado en el Boletín Oficial, llevó luz sobre una anormalidad flagrante: la transcripción de los artículos 95 y 124 no coinciden con los del dictamen votado en la Cámara alta sin tocarle una coma a la media sanción que le llegó de Diputados. Si le hacía alguna modificación, aún la más leve, el proyecto debía volver a la Cámara baja y es lo que quiso evitar a toda costa el oficialismo.
COBOS RECIBIÓ LA DENUNCIA Y PIDIÓ QUE SE INVESTIGUE
El vicepresidente Julio Cobos le pidió ayer al secretario parlamentario del Senado, Juan Estrada, que explique qué fue lo que sucedió con el tratamiento de la ley de medios en la Cámara alta. Lo hizo inmediatamente después de recibir una carta del senador cordobés juecista Carlos Alberto Rossi en la que le informa sobre las diferencias que existen entre el texto votado en el recinto y la ley promulgada por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial.
"Me dirijo al señor Presidente a fin de poner en su conocimiento que en el Boletín Oficial del día 10 de octubre, en la publicación de la ley 26.522 han sido modificados los artículos 95 y 124 de la media sanción del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y que posteriormente fuera también aprobado sin modificaciones por este Honorable Senado de la Nación, en sesión del día 9 de octubre", sostiene Rossi en su carta.
Allí, subraya que "en el segundo párrafo del artículo 95 se ha modificado 'el artículo 88' por el 'artículo 97' y también en el segundo párrafo del artículo 124 se ha modificado el 'artículo 116' por el 'artículo 126'".
CRUCES POR LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
El contrapunto sobre los tiempos y los procedimientos para aplicar la ley de medios aprobada en la madrugada del sábado sumó ayer otro capítulo. Agustín Rossi -el jefe de bloque K en Diputados- salió a responderle a Oscar Aguad, su par radical que había dicho que la puesta en funcionamiento de la norma no avanzaría hasta el 10 de diciembre, y generó nuevos cuestionamientos de la oposición.
"Que no se pronuncien, nosotros vamos a integrar la autoridad de aplicación sin ellos y vamos a trabajar sin ellos", aseguró Rossi. Aguad había adelantado que la bancada radical no integrará la Comisión Bicameral ni elevará su propuesta para conformar la autoridad de aplicación de la norma. De los siete miembros, tres serán del Parlamento y uno le corresponderá a la UCR por tratarse de la segunda minoría. "Si no quiere decidir quiénes serán sus representantes, no lo decidirá... Nosotros vamos a avanzar, no nos vamos a dejar extorsionar por Aguad", agregó el jefe de bloque kirchnerista.
El oficialismo se propone impulsar ya mismo la conformación de la Comisión Bicameral que, integrada por ocho diputados y ocho senadores, propondrá los tres representantes parlamentarios (por la primera, segunda y tercera minoría). Una alta fuente kirchnerista confirmó que la intención es dejarla constituida en la próxima sesión de cada Cámara.
Desde la oposición argumentaron que la relación de fuerzas en el Congreso cambiará el 10 de diciembre, por lo que la proporción de los 16 integrantes de la Bicameral será diferente a la actual. "No tiene sentido crear una comisión por un mes y medio", aseguraron.
LA OPOSICIÓN, A LA CARGA EN DIPUTADOS
A casi un mes de aprobada la ley de medios en Diputados, se reunirá hoy, a partir de las 10.15, la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar las “cuestiones de privilegio” que se plantearon al comienzo de aquella tensa y conflictiva sesión del 16 de septiembre pasado.
Las dos primeras horas de esa jornada fueron ocupadas por 22 reclamos hechos por la oposición, vinculados al tratamiento veloz que se le dio al proyecto y a supuestas irregularidades del oficialismo en la firma del dictamen de mayoría la noche anterior.
“Para dar un tratamiento sensato, que vuelva el proyecto a comisiones”, solicitó en esa sesión el jefe de bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez. Además, hay cuestiones de privilegio realizadas por otros diputados, como la macrista Paula Bertol y la radical Silvana Giudici. Finalmente, la oposición potenció sus denuncias y terminó levantándose del recinto cuando se dio media sanción a la norma de radiodifusión.
Hoy, el análisis de estas quejas se hará al mismo tiempo en que fue convocada la sesión especial para tratar el presupuesto 2010 y otras leyes económicas pedidas por el Gobierno. Desde la oposición, se mostraron sorprendidos por la superposición horaria, pero confirmaron su asistencia.
LA SENADORA CORRENTINA QUE CAMBIÓ EL VOTO RECONOCIÓ QUE HUBO PRESIONES
La senadora correntina María Dora Sánchez reconoció ayer que algunos senadores, como ella, cambiaron su voto sobre la ley de medios audiovisuales a raíz de la presión que ejerció el kirchnerismo sobre los gobernadores.
Sánchez admitió que, hasta pocos días antes de la votación, pensaba que la ley era "un mamarracho y un mamotreto". Pero decidió votar a favor del proyecto para mejorar el vínculo entre la Casa Rosada y el gobernador Arturo Colombi, jaqueado por las finanzas de su provincia y el crimen del empresario periodístico Hernán González Moreno.
UNA SENADORA RIOJANA QUE APOYÓ LA LEY OBTUVO PLANES PARA SU MUNICIPIO
Apenas tres días después de haber votado a favor de la nueva ley de Medios, la senadora por La Rioja, Teresita Quintela, se reunió con el secretario de Empleo de la Nación, Enrique Deibe, para gestionar la reactivación de los programas de Empleo y Capacitación (PEC) que habían sido dados de baja por la Nación. Al término del encuentro, Deibe se comprometió a reponer los cerca de 400 programas que estaban caídos.
Deibe reconoció que La Rioja sufrió un recorte de alrededor de un 40 por ciento de dichos programas y explicó que se debió a un análisis que realizó en el ámbito de Empleo de la Nación.
Teresita Quintela negó ayer que la reactivación de estos programas de empleo transitorio fuesen en pago a su voto favorable por la ley de medios, tal como la acusó la oposición radical en esta provincia. "Eso sería un delito que no cabe en mi mente. Tengo una línea de conducta y no la voy a tirar hoy por hoy. Siempre a mis votos los he dado convencida", dijo la senadora.
SESION DE DIPUTADOS: PRESIÓN OFICIALISTA PARA VOTAR EL PRESUPUESTO SIN CAMBIOS
Envalentonados tras la aprobación de la ley de medios, los diputados del oficialismo se alistan para comenzar a tratar hoy el Presupuesto 2010 sin que cambie ni una coma del proyecto original que envió el Ejecutivo.
En rigor, la maratónica sesión que comenzará hoy a las 10.30 en el recinto de la Cámara de Diputados, tiene agendados 11 temas a tratar antes de empezar a debatir el Presupuesto, entre ellos la creación de un Tribunal oral en lo criminal federal en Salta, y el tratamiento de algunas modificaciones que el Senado hizo al Código Penal, respecto de la adulteración de medicamentos. Por eso, se calcula que la discusión del Presupuesto para el año próximo podría demorarse para mañana.
Aunque hubo algunas conversaciones para introducir cambios en el proyecto que Economía envió al Congreso, luego el oficialismo cerró la puerta y le adelantó a la oposición que no estaba dispuesto a aceptar cambios.
Así, los diputados del Frente para la Victoria firmaron un dictamen en mayoría y la oposición adelantó que hoy en el recinto presentarán dictámenes en minoría.
"El artículo 74 del Presupuesto, del cual tenemos una propuesta de reforma en nuestro dictamen en minoría, pone la arbitrariedad y la discrecionalidad en manos del matrimonio Kirchner, para que dispongan a qué provincia ayuda o a que provincia no, con los recursos que son de todos los argentinos", dijo el diputado radical Miguel Ángel Giubergia, que además es el vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda.
Se refería concretamente al artículo del Presupuesto que habilita al Ministerio de Economía a modificar las condiciones de las deudas que las provincias mantienen con la Nación.
Esto incluye la posibilidad de aplicar una quita o una refinanciación de las deudas provinciales con el Estado nacional.
Para evitar que esta posibilidad de condonar deudas de las provincias quedara supeditada a la buena voluntad de la Nación, algunos diputados habían diseñado un esquema que liberaba a las provincias de pagar con los fondos de la coparticipación las deudas que tienen con el gobierno nacional en 2010, y que esas obligaciones fueran descontadas de un fondo especial donde las provincias vienen aportando fondos.
Pero la semana pasada, cuando se conoció la decisión del oficialismo de no hacer ningún cambio, esta modificación quedó en el olvido. Así, se prevé que el año próximo haya un déficit de las provincias de entre 10.000 y 15.000 millones de pesos.
Si de discrecionalidad se trata, la principal preocupación de la oposición pasa hoy por el margen que el Gobierno tendrá para utilizar a su antojo una importante porción de los fondos públicos: según las facultades delegadas, la Jefatura de Gabinete puede redireccionar el 5% de los fondos del Presupuesto. Pero ese porcentaje se dimensiona más claramente cuando se toma en cuenta que representa el 30% de los fondos que no tienen destino rígido.
Según la oposición, se trata nada menos de $ 30.000 millones, aunque para el Gobierno son sólo $ 10.000 millones.
"El Presupuesto puede ser una gran ficción, según lo disponga el Jefe de Gabinete", dijo el presidente del bloque de la Coalición Cívica, el diputado Adrián Pérez.
Habrá que ver si los distintos partidos de la oposición se suman a la convocatoria que lanzó ayer el diputado Claudio Lozano, quien tras una ronda de consulta con sus pares, propuso no bajar al recinto hasta que el oficialismo incorpore en la agenda parlamentaria los proyectos de contenido social.
AMIA: AVERIGUAN SI PINCHARON LOS TELÉFONOS DE IBARRA Y DE OTRO DIPUTADO
El escándalo por las escuchas telefónicas ordenadas por un juez de Misiones crece en los tribunales porteños. El fiscal Jorge Di Lello le pidió ayer al juez federal Norberto Oyarbide que investigue si también fueron intervenidos los celulares del ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra y de otro legislador porteño, Eduardo Epszteyn.
Además, en las próximas horas podrían ordenarse nuevas detenciones por las escuchas que también se hicieron sobre el empresario Carlos Avila. En total, desde el juzgado misionero a cargo de Horacio Gallardo ¿ayer retomó sus funciones tras una licencia, se ordenaron cinco intervenciones telefónicas sospechosas en una causa contra piratas del asfalto y con un homicidio de por medio.
Las intervenciones salieron a la luz por denuncia de un familiar de una de las víctimas del atentado contra la AMIA, Sergio Burstein. Un llamado telefónico a su familia le advirtió que tenía el celular "pinchado" por orden del ex comisario Jorge "Fino" Palacios, el hombre promovido por Mauricio Macri para dirigir la nueva Policía Metropolitana pese a las críticas que tenía por su actuación en la investigación del atentado contra la AMIA.
ORDENAN PRUEBAS EN UN CASO CONTRA LOS KIRCHNER
El juez federal Julián Ercolini ordenó nuevas medidas de prueba en el caso por presunta asociación ilícita contra el matrimonio presidencial y funcionarios de su entorno. Avanzará con una de las principales denuncias incluidas en esta megacausa: la de irregularidades en la ejecución de un multimillonario fideicomiso con Venezuela.
El juez pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores una prueba que podría ser clave. Es el cable diplomático identificado como CAEVEVE N° 10097, enviado a la Cancillería en 2005 por Alberto Sadous, funcionario de carrera designado embajador en Venezuela durante el gobierno de Eduardo Duhalde. De acuerdo con la denuncia, en esa comunicación Sadous advertía que había detectado la falta de 90 millones de dólares del fideicomiso que los gobiernos de Argentina y Venezuela mantenían en el banco UBS de Nueva York; hablaba de "corrupción" y decía que esta situación afectaba "seriamente la relación" entre ambos países.
El cable es de enero de 2005. A las pocas semanas, Sadous dejó Venezuela. Dos meses después, un decreto de Néstor Kirchner designó en su lugar a Nilda Garré. El cable describía la supuesta maniobra fraudulenta. Decía, según lo denunciado, que los 90 millones salieron del fideicomiso, volvieron a Venezuela, se vendieron en el mercado negro del dólar, se recompraron en el oficial y alguien se quedó con la diferencia: 13 millones de dólares.
LA JUSTICIA TAMBIÉN INVESTIGA UN FIDEICOMISO CON VENEZUELA
El juez federal Julián Ercolini pidió informes a la Cancillería, la Administración General de Aduanas y el Ministerio de Planificación sobre los negocios realizados a través de un fideicomiso creado con Venezuela durante el gobierno de Néstor Kirchner, según dijeron fuentes judiciales.
Los informes fueron solicitados en el marco de la megadenuncia formulada a fines del año pasado por un grupo de diputados de la Coalición Cívica contra Kirchner y empresarios favorecidos por la concesión de obra pública.
A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, Ercolini le solicitó a Cancillería que le remita el cable interno CAEVENE N° 10.097, del 26 de enero de 2005. Allí, según la denuncia, el por entonces embajador en Venezuela, Alberto Sadous, informó sobre la supuesta desaparición de 90 millones de dólares del fideicomiso creado un año antes.
ORDENAN EL INGRESO DEL ÚLTIMO DELEGADO DE KRAFT
La Justicia resolvió levantar por tres días la medida cautelar que impedía la entrada a la planta de Kraft de Javier Hermosilla, el último de los cinco delegados gremiales despedidos que aún no gozaba de ese beneficio. Asimismo, el Ministerio de Trabajo bonaerense dispuso que un inspector supervise su ingreso y el cumplimiento de sus funciones en la fábrica de General Pacheco.
La decisión del tribunal laboral N° 3 de San Isidro podría apaciguar los ánimos de la comisión interna de cara a la audiencia que, desde las 12, compartirá con las autoridades de la compañía en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, encabezada por el ministro Carlos Tomada y su par bonaerense, Oscar Cuartango, además del jefe del sindicato de la alimentación, Rodolfo Daer. A esa misma hora se habrá iniciado una serie de manifestaciones en apoyo al reclamo de los trabajadores.
LOS DIRIGENTES DEL CAMPO NO ASISTIERON A UNA INVITACIÓN DEL MINISTRO DE AGRICULTURA
La invitación que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, hizo a los principales dirigentes de la Mesa de Enlace sonaba tentadora: "Vengan esta noche al acto y después nos comemos un asado", les dijo ayer el funcionario en un tono fraterno que desconcertó a los ruralistas. Para no romper lanzas, el bloque agropecuario decidió enviar representantes a la asunción del nuevo titular del INTA, Carlos Casamiquela. Pero optó por no compartir ni un chorizo con el funcionario kirchnerista, al menos hasta que defina un ámbito adecuado para discutir la política sectorial.
Domínguez, que la semana pasada mantuvo una reunión protocolar con Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Carlos Garetto (Coninagro), Mario Llambías (CRA) y Hugo Luis Biolcati (Sociedad Rural), ya había lanzado la idea de conformar un espacio "técnico" en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que ayer renovó sus autoridades.
Para ello, desde el viernes desplegó una estrategia de seducción a los ruralistas que no dio buen resultado, y devino en el primer cruce entre el flamante ministro y las gremiales rurales. Biolcati fue lapidario con esa estrategia: "La semana pasada estuvimos jugando a las visitas y ahora estamos jugando a las escondidas", señaló.
NUEVA ACUSACIÓN CONTRA LA ONCCA
La controversia por supuestas irregularidades en el pago de compensaciones a empresas agroalimentarias por parte de la Oficina Nacional de Control y Comercialización Agropecuaria (Oncca) sigue creciendo. Uno de los casos más recientes es el de compensación al engorde bovino de $7,6 millones que se otorgó al Frigorífico Rioplatense, que será parte de la causa judicial contra el organismo que iniciarán en los próximos días los diputados de la Mesa de Consenso Agropecuario.
El subsidio de la polémica fue aprobado el 12 de enero de este año, por medio de la resolución 113/09, que entregó $15,05 millones "a establecimientos que se dedican al engorde bovino a corral". De esos $15,05 millones, $7,6 millones fueron para Rioplatense, que no figura como establecimiento de engorde bovino (feedlot) en el registro de operadores de la Oncca y, por ende, no podía recibir una compensación.
El error fue rápidamente advertido en la Oncca y el 4 de febrero, con la resolución 1164, se corrigió. Para esto, se habilitó a cobrar compensaciones a "los terceros contratantes del servicio de hotelería en los feedlots (los que tercerizan el engorde) respecto de la hacienda cuyo destino original era la exportación y finalmente fue destinada al mercado interno", que "hayan cumplido con el encaje exportador".
Una descripción a medida de los frigoríficos exportadores y que no se aplicaría en caso de que un productor quisiera cobrar compensaciones por los animales engordados en un feedlot de un tercero.
Además, en la misma resolución la Oncca permitió a los frigoríficos que se presentasen en los 30 días siguientes a la publicación de la norma cobrar compensaciones por animales engordados en 2008. Un detalle que habría sido clave para que colegas de Rioplatense, como Quickfood o Arre Beef, cobrasen en 2008 compensaciones por los animales vendidos en el mercado interno en buena parte del 2008.
MÁS CAMBIOS EN LA ONCCA: SE VAN LOS COORDINADORES
El nuevo presidente de la ONCCA, el santacruceño Juan Manuel Campillo, ordenó ayer quitar de la página institucional del organismo el listado de coordinadores designados por Ricardo Echegaray en 2008.
Algunos de esos funcionarios están sospechados de haber facilitado presuntas irregularidades en la entrega de subsidios a feed lots y otros sectores alimenticios. El gesto de Campillo, aunque simbólico, preanuncia lo que ayer era un fuerte rumor en los pasillos de Agricultura: habrá más cambios en la estructura de la cuestionada Oficina.
La decisión de quitar de la vista del público a los principales colaboradores de Echegaray fue un reflejo inmediato a la nota publicada ayer por Clarín, que dio cuenta de la entrega en agosto pasado de un subsidio de casi 200.000 pesos al feed lot La Gitana SA, luego de que se demostrara que ese establecimiento había declarado (en dos ocasiones previas) un número diferente de RENSPA, algo así como el DNI de los ganaderos, al que le había adjudicado el SENASA.
AVANZAN CON PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS
Las comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados avanzaron ayer en el dictamen de tres proyectos del Poder Ejecutivo: el que propone eliminar del Código Penal de la figura de calumnias e injurias de la prensa, la creación del un banco nacional de datos genéticos y el que faculta a la Justicia a realizar estudios de ADN para permitir la identificación de personas, sobre todo víctimas de la última dictadura.
Los diputados avanzaron en la firma del proyecto para la creación de un nuevo banco nacional de datos genéticos, que pasará a depender del Poder Ejecutivo y permitirá incorporar nuevas tecnologías.
También se logró avanzar en el proyecto que busca reglar los procedimientos para realizar estudios de ADN y contempla la posibilidad de hacer otras medidas "menos lesivas" para asegurar el goce los derechos de las personas como "la extracción de muestras mínimas de sangre, saliva, piel y cabello". La intención del oficialismo es llevar estas iniciativas cuanto antes al recinto.
La oposición reclamó más tiempo para debatir la creación del banco de datos genéticos y el referido a los estudios de ADN por tratarse de asuntos "muy delicados".
LOS MILITARES PODRÁN REPELER DELITOS CONTRA LOS CUARTELES
Luego de constatarse 90 hechos delictivos contra unidades militares en los cinco últimos años, la ministra de Defensa, Nilda Garré publicó ayer la resolución 1020 por la cual el personal de las Fuerzas Armadas podrá hacer "uso de la fuerza necesaria, proporcionada y razonable para rechazar la comisión de todo delito violento flagrante contra la jurisdicción".
A partir de la publicación de la norma, las Fuerzas deberán comunicar, ante un hecho delictivo, en forma inmediata a la autoridad judicial competente y requerir presencia de las fuerzas de seguridad o policiales.
En la resolución dispuesta por Garré ¿quien asumió como ministra de Defensa el 1 de diciembre de 2005, además de citar la Ley de Ministerios, por la cual éste puede fijar políticas para el área de su competencia, se consignó el alcance de la Ley de Defensa Nacional y su diferenciación con la Ley de Seguridad de Interior.
PESE A LA SUBA DE TARIFAS, PAGARON $ 2.679 MILLONES MÁS EN SUBSIDIOS
A pesar del ajuste de tarifas, la caída de la actividad económica y la baja de los precios internacionales de la energía, en los primeros nueve meses del año los subsidios del Sector Público Nacional aumentaron un 12%, totalizando $ 25.212 millones, $ 2.679 millones más que en igual período del año anterior.
El gasto en subsidios de todo el año podría llegar a los 37.000 millones de pesos, según la estimación de la consultora Ecolatina.
Uno de los factores que explica este aumento, según la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera) "fue el replanteo de la política tarifaria en los servicios de energía eléctrica y gas, a partir de la suspensión de los aumentos anunciados y el consecuente incremento en la demanda de subsidios por parte de estos servicios".
Sin embargo, a partir de octubre, el Gobierno volvió a replantear la suba de las tarifas, pero eso no modifica la carga total de este año que equivaldría al 3,4 por ciento del PBI, levemente superior al 3,3% gastado en 2008. Por estos cambios de partidas, a diferencia de 2008, se alteró la composición del gasto en subsidios: cayeron las transferencias eléctricas y los subsidios agropecuarios que paga la ONCCA mientras crecieron las compensaciones al transporte de pasajeros, y a Aerolíneas Argentinas, por el fuerte déficit de la compañía.
Así, los gastos asociados al sector energético absorben actualmente 40% de las partidas cuando antes representaban la mitad de las erogaciones.
Por otra parte, el gasto en subsidios en favor de Aerolíneas Argentina tuvo una brusca aceleración: en 2008 la compañía recibió 1.064 millones de pesos. En los primeros 9 meses del 2009 recibió $ 1.670 millones y es probable que en todo el año se alcancen los $ 2.000 millones. Para 2010 el Presupuesto le reserva a Aerolíneas $ 1.845 millones, pero se estima que se superará esa cifra.
El Presupuesto 2010 incluye un recorte de $ 4.000 millones, focalizado en el sector energético y en las compensaciones de la ONCCA. "Sin embargo, de continuar profundizándose la distorsión entre las tarifas y el resto de los precios de la economía, es probable que el gasto en subsidios siga creciendo", estima Ecolatina. En cambio, se prevén mayores partidas para el transporte de pasajeros.
De todas maneras, los especialistas reconocen que desarticular el esquema de subsidios es una tarea difícil porque implica trasladar la carga a los consumidores y usuarios, con su impacto sobre la inflación y el consumo directo, y su traslado sobre los costos de comercios e industrias.
También por la resistencia que provoca entre los usuarios y los consumidores, como volvió a manifestarse días pasados cuando el Gobierno retomó el tarifazo suspendido.
Por eso, el Estudio Bein dice que no es esperable una caída de los subsidios o un congelamiento de los niveles actuales. "La política económica decidió avanzar hacia un esquema de subsidios cruzados (los sectores de altos consumos a los de bajos consumos), pero en forma indirecta a través del cobro de cargos fiduciarios que, de no ser derogados por el Congreso, entrarían como ingresos pero no como menores gastos".
A modo de ejemplo, el mismo estudio menciona que "en el caso del transporte, con el 28% de los subsidios, difícilmente se convalide el aumento necesario para eliminarlos y en cambio se avance con aumentos similares a la inflación promedio para evitar una espiralización de los mismos".
Al mismo tiempo, el mantenimiento de tarifas bajas, distorsiona los precios relativos, alentando el consumo no solo de los sectores de escasos ingresos sino también de los sectores pudientes que podrían pagar tarifas más altas. Aunque reciben subsidios, las empresas se quejan también porque desalientan la inversión y los márgenes de ganancias.
Como forma de bajar el gasto público y recomponer las utilidades de las empresas, los organismos internacionales vienen reclamando la suba de las tarifas. Ya la última misión del FMI que auditó las cuentas argentinas en 2006, hizo este reclamo. Y se descuenta que volverá a reiterarlo si el Gobierno habilita la llegada de una misión, para recomponer las relaciones con el Fondo.
SCIOLI FRENA POR UN AÑO EL IMPUESTO A LOS PUERTOS
El Gobierno bonaerense envió a la Legislatura un proyecto de ley que frena por un año el impuesto a la carga y descarga de mercadería en los 14 puertos de la provincia, tributo creado por la reforma fiscal que no fue promulgada, precisamente, por el rechazo del sector portuario.
Así lo confirmaron fuentes oficiales en La Plata. El diputado Franco Laporta señaló que la iniciativa fue girada por el Ejecutivo y contempla "la suspensión del articulo 26 de la ley impositiva que se voto hace quince días hasta el 31 de diciembre de 2010" y que establecía un gravamen de 18 pesos por tonelada de descarga y 6 pesos para la carga de mercaderías.
El nuevo proyecto de ley incluye, sin embargo, un alza del 3,5 al 4,5 por ciento en el impuesto a los ingresos brutos a los puertos privados que facturen más de $ 30 millones al año. Y en el caso de los Consorcios de Gestión, puertos como Bahía Blanca o Mar del Plata, comenzarán a pagar ese gravamen
BOUDOU Y SCHIARETTI DEBATEN EN LA CORTE POR LA COPARTICIPACIÓN
Mañana, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, y el ministro de Economía, Amado Boudou, discutirán ante la Corte Suprema de Justicia sobre uno de los temas centrales de la política argentina: la coparticipación federal.
La provincia le reclama a la Nación una deuda de 1200 millones de pesos, devengada a partir del Pacto Federal de 1999, por el cual el Estado nacional se comprometió a financiar las cajas previsionales provinciales, a cambio de que éstas realizaran un ajuste. De esa ley surgió otro compromiso, que tampoco se cumplió: en 2000 se debió haber discutido una nueva ley de coparticipación federal.
Durante los últimos meses, San Luis, Córdoba, Catamarca, La Pampa y Santa Fe presentaron trece demandas contra el Estado nacional y, según supo, la Corte no descarta adoptar una medida cautelar antes de fin de año.
ESTE AÑO, EL ESTADO YA DESEMBOLSÓ $ 1.670 MILLONES PARA AEROLÍNEAS
Los subsidios del Tesoro destinados a cubrir el déficit operativo de Aerolíneas Argentinas y Austral habrían sumado 1.670 millones de pesos en los primeros nueve meses de este año y totalizarían $ 2.000 millones hacia fines de diciembre. Así lo asegura un estudio de la consultora privada Ecolatina, basada en datos del Ministerio de Planificación.
"En los primeros nueve meses de 2009 ya se gastaron $ 1.670 millones y es probable que para todo el año se alcancen los $ 2.000 millones", señala Ecolatina en su informe, basado en datos de la ejecución presupuestaria del Programa de Políticas de Transporte de Transporte Aerocomercial, dependiente de la cartera que encabeza Julio De Vido.
La cifra devengada ($ 1.670 millones, entre el 1 de enero y el 27 de septiembre) arroja un déficit promedio de 50 millones de dólares mensuales por parte de la línea de bandera, poco más de US$ 1,6 millón por día.
EN UN AÑO LOS AUMENTOS DE LOS COMBUSTIBLES YA SON DE 23% EN PROMEDIO
En el último año, acompañando la suba en el tipo de cambio, según las petroleras, los precios de los combustibles tuvieron un aumento promedio del 23% en la ciudad de Buenos Aires.
El dato corresponde al monitoreo que realiza periódicamente la Asociación de Empresarios (ADE), en el período comprendido entre setiembre del 2008 y el mismo mes de este año. Dentro de ese promedio, el combustible que más se apreció fue el gasoil: un 33%. Le siguió el GNC (gas natural comprimido) con un aumento del 21% y por último, las naftas súper con un alza del 14% promedio.
Entre los últimos incrementos que se instalaron en los surtidores está el que aplicó YPF, que tiene el 57,3% del mercado de naftas y gasoil, cuando subió 2,1% su nafta Fangio y 1% el Eurodiesel.
Esos incrementos se aplicaron básicamente en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Con lo cual, la nafta de mayor octanaje de la petrolera manejada por Repsol y la familia Eskenazi, pasó a costar $ 3,399 el litro en Capital Federal y hasta $ 3,549 en los surtidores más alejados del Gran Buenos Aires. En tanto el diesel más calificado cuesta ahora, $ 3,249.
