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13/10/2009 - 10:00 | Información General /

Resumen de Noticias Nacionales

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Resumen con las principales noticias nacionales publicadas en los matutinos del martes 13 de octubre de 2009.


AGUAD ANTICIPÓ QUE DESPUÉS DEL 10 DE DICIEMBRE LA OPOSICIÓN BUSARÁ DEROGAR LA LEY DE MEDIOS
El jefe de la bancada radical en la Cámara baja, el cordobés Oscar Aguad, adelantó hoy que luego del 10 de diciembre, cuando cambie la composición parlamentaria, la oposición contará con los votos necesarios y buscará “con mucha urgencia” derogar la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
“Lo mismo va a pasar con los superpoderes”, anticipó. Por su parte, el diputado Fernando Iglesias (Coalición Cívica) insistió en la supuesta inconstitucionalidad de la norma y anunció que el país se dirige hacia “una democracia chavista”. En respuesta, el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, calificó las impugnaciones hechas por la oposición como “absolutamente discutibles y opinables”.
Aguad –que ordenó que su bloque se levantara del recinto cuando la ley se discutió en Diputados– aseveró que “habrá una clara mayoría a partir del 10 (de diciembre que estará por el cambio de esta ley” y se mostró “partidario de una nueva” normativa para los medios de radiodifusión. “Si somos todos los que creemos, tenemos que ser 134” los legisladores que estarían a favor de cambiar la flamante ley, se entusiasmó el cordobés, que apuntó que si bien “siempre las leyes son revisadas con un tiempo prudencial, en este caso, el Poder Ejecutivo está atropellando al país, y esta ley menoscaba la institucionalidad”.
Como primeras medidas “habría que derogar rápidamente el artículo 161, que es el que impulsa el desguace de los medios de comunicación y el artículo que impone que la autoridad de aplicación esté en manos del Poder Ejecutivo”, detalló. Además, Aguad aseguró que “lo mismo va a pasar con la ley de los superpoderes”.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Iglesias, se hizo eco de las declaraciones vertidas el fin de semana por representantes de los grandes multimedios que anunciaron acciones legales para tratar de evitar que la nueva ley entre en funcionamiento al sostener que “sin duda va a haber un altísimo grado de litigiosidad, porque la ley tiene una serie de fallas enormes y seguramente es inconstitucional en muchos sentidos”.
“Un país también se hace con grandes empresas”, sostuvo Iglesias en declaraciones radiales. También vaticinó que “vamos hacia una democracia chavista, en la que el Parlamento es simplemente una cámara de ratificación de leyes que se elaboran en otro lado”, en lugar de debatir los proyectos. “Lo único que falta –insistió el lilito– es que el Gobierno llame a sus amigos para que elaboren una ley, les dé seis meses y después el Parlamento tenga que sancionar todo a las corridas”.
El jefe del bloque de oficialistas en la Cámara baja, Agustín Rossi, aseguró que “los que se sientan afectados tendrán que recorrer el camino de la Justicia y será ella la que determine”.
De todas formas, resaltó, “las mayorías que se lograron en cada una de las Cámaras son de una contundencia legislativa que no sólo dan fortaleza legal sino también mucha legitimidad”.

MEDIOS: GUERRA POR REGLAMENTOS
Cristina de Kirchner dejó instrucciones antes de partir a la India para que el Gobierno empiece a trabajar en el reglamento de desinversión que fijará el mecanismo para que las empresas audiovisuales, que no se adapten a la nueva normativa, se desprendan de sus activos. El dato no es menor ya que en medio de la embestida judicial del sector privado contra la nueva norma, el Poder Ejecutivo podría transformarse también en parte querellante para poder readjudicar las licencias que se den de baja.
El vacío legal que genera el artículo 161, que en su letra fija un plazo de un año pero en la práctica, hasta que se constituya la autoridad de aplicación, podría estirarse a dos o más años, dejará a los medios que no se acomoden a la nueva ley con la potestad de seguir utilizando las licencias. Esa laguna regulatoria podría llevar al Estado a reclamar ante la Justicia la desinversión de esas empresas hasta que se hayan redactado las reglamentaciones y se haya constituido la autoridad de la nueva ley.
Para colmo ya estalló en el Congreso una interna para decidir quienes serán designados al frente de la autoridad de aplicación, ya que de sus siete miembros tres corresponden al Poder Legislativo por la primera, la segunda y la tercera minoría. Esas designaciones estarán a cargo de una Comisión Bicameral que aún no está constituida y que es codiciada no sólo por los actuales legisladores sino también por aquellos que asumirán después del 10 de diciembre.
Por eso, ayer, el oficialismo adelantó que buscará agilizar los pasos para componer la autoridad de aplicación y poder aplicar así la ley de radiodifusión, aunque la oposición ya aclaró que “llevará su tiempo” derogar la norma de la dictadura.

MORALES DENUNCIARÁ PENALMENTE A SENADORA SÁNCHEZ
Gerardo Morales adelantó que la UCR denunciará penalmente a la senadora por Corrientes Dora Sánchez por respaldar la sanción de la ley de radiodifusión, al considerar que existió “cohecho pasivo”.
“Ya he pedido por la Secretaría Parlamentaria que se remita al fiscal de turno la versión taquigráfica” porque “para nosotros, habría delito de cohecho pasivo por la modificación de su voto a cambio de remesas para su provincia”, afirmó Morales.

LA SIP CONDENÓ LA "POLITIZACIÓN" DEL PROYECTO Y SE DECLARÓ EN ALERTA
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) volvió a formular ayer un pronunciamiento crítico hacia la ley de medios que impulsó el Gobierno argentino y lamentó el "clima polémico y politizado" que se registró en torno a la aprobación del proyecto.
La entidad que agrupa a representantes de empresas periodísticas de todo el continente también lamentó que "no se haya legislado sobre el abuso del Estado en materia de distribución de publicidad oficial demandado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia".
Además, expresó su "solidaridad con las entidades periodísticas y medios de comunicación que criticaron varias normas de la nueva legislación, especialmente aquellas que entregan al Estado un amplio poder discrecional para controlar la actividad del periodismo mediante un órgano con la mayoría de representantes del Poder Ejecutivo, y que tendrá la potestad de revisar las licencias cada dos años".

VARIOS EMPRESARIOS K, CON LA MIRA EN CANALES DE TV ABIERTA
En estos días, se redoblaron los rumores del interés de empresarios kirchneristas por Telefé y también por Canal 9. En ese sentido, los que tienen diálogo con el matrimonio presidencial -como el ex chofer Rudy Ulloa, Electroingeniería (Gerardo Ferreyra), la familia Eskenazi y Cristóbal López- están mirando con lupa las cuestiones administrativas y formales relacionadas con la propiedad y la titularidad de las licencias de ambos canales.
Es que tanto el 11 como el 9 atraviesan instancias en los que sus papeleríos están trabado sen distintas reparticiones oficiales. Se sabe que Telefé es de la española Telefónica y el 9 del mexicano Ángel Remigio González y González. Pero ambos vienen de una larga lista de dueños anteriores.
Por el 11 pasaron Avelino Porto (ex rector de la Universidad de Belgrano) y Santiago Soldati hasta Editorial Atlántida (de la familia Vigil), que finalmente le vendió a Telefónica. Y en el 9 también estuvieron los españoles, pero precedidos por la australiana Prime, Carlos Ávila (fundador de Torneos y Competencias), el polémico banquero Raúl Moneta, nuevamente los Vigil y Daniel Hadad, que lo traspasó a los mexicanos en dos operaciones. Estos últimos usaron una sociedad estadounidense, para valerse del tratado de reciprocidad de inversiones que protege a los capitales de ese país.
Cada uno de los que fueron tomando una parte del 9 y 11 (también estuvieron el CEI de Richard Handley y al fondo Hicks) le fue notificando los traspasos al Comfer, en su carácter de regulador. Pero la titularidad de sus licencias sigue estando a nombre de los dueños anteriores."El traspaso de Telearte (de Alejandro Romay) a los mexicanos está casi aprobado por el Comfer, pero falta la reglamentación de una ley o el decreto por parte del Poder Ejecutivo", señalan los mejores conocedores de Canal 9.
Esos vacíos legales -en menor medida también afectan a Telefe, porque su dueño no es argentino y además algunos de sus canales en el interior también están "flojos de papeles"- son explorados por los empresarios cercanos al Gobierno. "Se rumorea mucho sobre Rudy Ulloa en Telefe. Pero eso fue un globo de ensayo lanzado por otros empresarios kirchneristas interesados en el canal, como Electroingeniería (de Gerardo Fereyra), Eskenazi (tienen 15% de YPF) y Cristóbal López (uno de los principales empresarios del juego)", explica un ejecutivo que estuvo tratando de negociar por Telefe.
"Los mismos que miran el 11 quieren aprovechar que ahora el Gobierno habla de transparentar la titularidad de las licencias y ofertar por el 9", dicen cerca de González y González, quien no tendría intención de vender. El 13, de Artear (grupo Clarín) es el único canal cuya licenciataria nunca cambió de titular ni de dueño.

OTRA DENUNCIA POR LA DESIGNACIÓN DE JUECES EN LA MAGISTRATURA
Los polémicos concursos del Consejo de la Magistratura para los cargos vacantes en la Justicia volvieron a quedar en la mira. Un aspirante a ocupar uno de los tres sillones de la flamante Cámara Federal de San Justo fue repentinamente bajado de la lista y decidió recurrir a la Justicia para remediar la situación.
Se trata del abogado Jorge Ferrari, sin carrera judicial pero con 26 años en el ejercicio de la abogacía. En la prueba escrita quedó tercero, pero tras la entrevista personal con los miembros del Consejo, prevista por reglamento, fue corrido de lugar sin explicaciones. Finalmente quedó fuera de la terna que el Consejo aprobó hace dos semanas enviar al Poder Ejecutivo.
Las arbitrariedades en los concursos son una de las principales críticas que se le hacen al Consejo de la Magistratura. Muchos concursos hoy están paralizados por los juicios planteados por quienes se sienten perjudicados con las puntuaciones.
La demora más emblemática es el concurso 140 para cubrir cuatro vacantes en los estratégicos juzgados federales penales porteños. Lleva cuatro años y aún está lejos de resolverse.
El Consejo de la Magistratura es cuestionado desde la oposición por el predominio kirchnerista. La semana pasada fue señalado por haber "salvado" del juicio político al juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez
En el caso de Ferrari, la subcomisión integrada por los consejeros Oscar Aguad (diputado radical) y Miguel Ángel Gálvez (juez federal de San Juan) decidió subir de lugar a otros cuatro candidatos (Alejandro Segura, Eduardo Alonso, María Isabel Fulgheri y Martina Forns) en detrimento del abogado, quien dijo haber sufrido un trato "discriminatorio" por su falta de antecedentes dentro del Poder Judicial. "Es claro que mi exclusión fue un acto discriminatorio", dijo Ferrari.
La "entrevista personal" con los candidatos es la instancia donde se denuncian la mayor cantidad de arbitrariedades en la puntuación de los candidatos. Lo peor del caso es que Ferrari aduce que no le dieron explicaciones para de golpe ser corrido de un plumazo. La Cámara para la que concursó tiene tres cargos y de haber quedado tercero seguramente hubiera ocupado uno de ellos.
La terna finalmente aprobada por el plenario de la Magistratura -en realidad seis postulantes, de los cuales la presidenta Cristina Fernández de Kirchner elegirá a tres¿ aún debe pasar por el filtro del Senado. Pero mientras tanto se sustancia una acción de amparo promovida por el damnificado en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para lograr que lo recoloquen en la terna.
Lo curioso es que el juez sorteado para intervenir en el caso, Ernesto Marinelli, se excusó porque él mismo tiene "un pleito pendiente con el Consejo de la Magistratura", según los argumentos que esgrimió para mandar el expediente a otro juez, Esteban Furnari. Es por un caso parecido en un viejo concurso para ascender a la Cámara de Apelaciones de su fuero.

EL CASO DE FAGGIONATTO
El Consejo de la Magistratura tiene previsto tratar en su reunión plenaria de miembros de este jueves el dictamen que propone "zafar" del juicio político al juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez. El dictamen fue aprobado la semana pasada en comisión merced al doble voto de la diputada kirchnerista Diana Conti, que desempató en su rol de presidenta de la comisión de Acusación y Disciplina.
Los consejeros también tratarán el dictamen de minoría elaborado por el senador radical Ernesto Sanz, que propone el juicio político y la suspensión de Faggionatto Márquez. Se trata de viejas denuncias contra el magistrado, varias por demoras en su juzgado, pero otras por "connivencia con policías y abogados" y, la más curiosa, por la supuesta comercialización de la cosecha de soja.

EL RADICAL URLICH CREE QUE SE PRODUCIRÁN AUMENTOS EN LAS TARIFAS DE LUZ Y GAS
El vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, el radical Carlos Urlich (Chaco), dijo que habrá más aumentos en los servicios públicos y acusó a la presidenta de la comisión, la oficialista Rosana Bertone, de entorpecer el debate sobre las tarifas. Lo hizo en una entrevista realizada en su despacho, horas después de fracasar la sesión convocada por los bloques opositores para derogar el decreto del "tarifazo".
-¿Es cierto que se suspenden los aumentos tarifarios en los próximos inviernos?
-Es una insensatez. Los usuarios van a tener que esperar que al Gobierno se le ocurra subsidiar por un mes o dos meses. Es necesario arreglar el tema de las tarifas de una buena vez y dejar de poner parches, con una planificación a 30 años. Hoy tenemos la oportunidad, porque estamos teniendo consumos que están muy lejos de los máximos de otros años.
-¿Está de acuerdo con transparentar las tarifas?
-Están atrasadas hace tiempo por una política populista. Pero merecen una actualización prudente y racional, no de un 380 por ciento para el gas y un 300 por ciento para la energía eléctrica. No se puede tirar por la cabeza de la gente el problema por una falta de política energética y de imprevisión del Gobierno. Hay que discutir y corregir las diferencias en un debate amplio, con usuarios, empresas y legisladores, en audiencias públicas.
-Cameron dijo que la revisión tarifaria termina el 10 de enero. ¿Cabe la posibilidad de que haya más aumentos hasta esa fecha?
-Sí, seguramente. Les están dando aumentos a las gasíferas por el gas en boca de pozo, lo que tarde o temprano se va a trasladar a los costos, y el hilo se termina cortando por lo más delgado, en los usuarios.
-¿Qué hizo para lograr ese debate amplio, como vicepresidente de la comisión?
-Se hace difícil cuando no se quieren discutir estos temas. Pasaron siete u ocho meses y esta comisión no se reunió. Por reglamento interno, tiene que hacer el llamado la Presidenta. Por eso presenté un proyecto para modificarlo, para que si la máxima autoridad de una comisión no convoca a una reunión pasado el mes, lo puedan hacer los vicepresidentes. Si no, no se discute. Yo creo que se va a tratar después del 10 de diciembre.
-Pero hay poco tiempo de acá hasta el 10 de enero para debatir sobre las tarifas?
-No le creo a Cameron, no va a llegar con el tiempo. Además tiene que convocar a los usuarios, a las empresas, a los legisladores de distintos bloques, para que sea armónico el trabajo, para que sea una política de Estado.
-¿No hay contactos a través de la presidenta de la comisión, Rosana Bertone, que es oficialista?
-No, ella representa a Julio De Vido en la Cámara de Diputados, viene y repite lo que le dicen. Cuando vino Cameron para hablar sobre el presupuesto, sacamos un dictamen para que se tratara en esa comisión y ella cambió la versión taquigráfica, violó el reglamento. Llevan las cosas en forma muy unilateral y así surgen los problemas.
-¿Cómo se debería hacer la actualización de las tarifas?
-Hay que analizar la estructura de costos desde que se genera la energía hasta que llega al usuario, invertir en exploración y controlar el cumplimiento de los planes de inversión de las empresas. Y además hay que establecer una tarifa social por ley, porque, si no, delegamos la potestad en las empresas, en los punteros o en los intendentes.
En Chaco tenemos una tarifa de la que se hace cargo el Ministerio de Desarrollo Social. Hay dos proyectos de ley (el de Gerardo Morales, en el Senado, y el de Claudio Lozano, en Diputados), que se pueden sintetizar. También hay que contar con la ayuda de los expertos del Ministerio de Desarrollo Social.
-¿De dónde saldría el dinero para financiar esa tarifa social?
-El Poder Ejecutivo lo puede hacer, lo que pasa es que hay que priorizar. Si gastamos 600 millones de pesos en el fútbol, si se gastan 1600 millones de pesos de la caja de los jubilados para pagar la deuda y para prestarle a General Motors y otro tanto para alquilar flotas de aviones, el Estado puede hacer un esfuerzo.
-¿Y en cuanto a la importación de gas de Bolivia y Trinidad y Tobago?
-No hay que dejarse obnubilar por la importación, porque sólo el 3 por ciento del gas que se consume acá es importado.
-Las empresas dicen que por el congelamiento de tarifas no tuvieron suficiente rentabilidad para invertir...
-Es que por no haber aumentado las tarifas a tiempo no se cumplieron los contratos, y ahora todo el mundo se echa la culpa. Pero el culpable y el responsable máximo es el que fija las políticas y el que tiene que controlar el cumplimiento de los contratos, que es el Estado.
-¿Qué perspectivas tiene para la audiencia convocada para la semana próxima?
-El miércoles nos faltó número, pero no es poco lo que conseguimos. Vamos a autoconvocarnos junto con los diputados de la oposición y los usuarios, para delinear las próximas acciones. La Nacion

DEBATE EN EL CONGRESO POR PRESUPUESTO
El maratón de leyes de fin de año comenzará mañana con el intento del oficialismo de llevar al recinto de la Cámara de Diputados la prórroga de impuestos y un día después el Presupuesto 2010. El titular de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, ratificó ayer que están “en condiciones de poder avanzar y tratar” el Presupuesto 2010 “esta semana”, aunque la UCR y el socialismo presentaron dictámenes de minoría.
El jefe del bloque kirchnerista también anticipó que se buscarán sancionar las prórrogas impositivas que se tratarán en la Cámara baja, entre las que se encuentra el impuesto al cheque.
Rossi confirmó que las prórrogas de impuestos se comenzarán a analizar mañana y el jueves “con el tratamiento del Presupuesto”. Respecto de los impuestos, el diputado por Santa Fe señaló que “la idea no es crear nuevos impuestos”, sino “dar un horizonte de previsibilidad para quien quiere hacer inversiones en la actividad privada”.

PRESUPUESTO 2010: DENUNCIAN UN "MAQUILLAJE" DEL DÉFICIT
Si hay déficit y problemas de caja, que no se noten. Ese parece ser el objetivo del Gobierno fijado en uno de los artículos del presupuesto de gastos e ingresos para el año próximo, que la Cámara de Diputados comenzará a tratar mañana en el recinto.
El artículo 79 del proyecto de ley de presupuesto para 2010, en efecto, modifica la norma 24.156 de administración financiera de 1992 y autoriza a la actual administración a abonar gastos del próximo presupuesto "con cargo a los recursos que se perciban en el ejercicio siguiente", o sea, con fondos por ser recaudados durante 2011. No determina montos ni plazos para el pago de esas obligaciones.
Para la oposición, las intenciones del Poder Ejecutivo son claras: esconder serios problemas de financiamiento ausentes en la estimación de ingresos del proyecto de ley, que la mayoría kirchnerista se dispone a aprobar y girar al Senado a más tardar el jueves próximo. Para lograr ese fin, critican los opositores peronistas, de Pro, la Coalición Cívica y la centroizquierda, desde el Gobierno no vacilan en comprometer ejercicios futuros de la administración, en este caso el último tramo de gestión de la presidenta Cristina Kirchner, un crucial año electoral.
"Hasta ahora, el Ejecutivo escondía el superávit para gastar a discreción. Ahora pedalea los gastos y los patea para adelante porque no tiene cómo pagarlos", dijo el peronista disidente Jorge Sarghini (Unión Peronista-Buenos Aires).
Luis Galvalisi (Pro-Capital) denunció sin éxito las intenciones del Poder Ejecutivo en ese artículo el jueves pasado, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. "Se compromete el futuro del país con gastos que se hacen hoy. Es como comprarse un departamento ahora y prometer pagarlo el año próximo, aunque no se sepa si se tendrán los recursos para hacerlo", graficó el diputado demoprogresista. Para Galvalisi, "este artículo viola toda norma presupuestaria, que es básicamente una descripción de cuánto se va a gastar y cómo lo van a pagar".
Desde la centroizquierda, el diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur-Capital) afirmó: "Con este agregado, el Gobierno está mostrando la hilacha. Proyectan superávit, pero a la vez abren la puerta para que parte de los gastos pasen a 2011". Según el economista de la CTA, "el uso de reservas y fondos de la Anses, el acuerdo con el FMI y artículos como éste demuestran las dificultades que tienen para cerrar el ejercicio. Es un presupuesto de ajuste", interpretó.
"Es un disparate", definió el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez (Buenos Aires). Para el legislador, el polémico artículo se suma a otra modificación de la ley de administración financiera, en este caso la que permite computar los gastos de obras de infraestructura plurianuales al año de finalización de esos trabajos. "Las dos medidas, en su conjunto, permiten dibujar el presupuesto para obtener un superávit que no es tal", agregó Pérez.
La estrategia global del Gobierno es concentrar en sus manos más del 70 por ciento de los recursos tributarios y sólo beneficiar con recursos extras (u obras públicas) a las provincias que compartan su proyecto político. Esta estrategia está por repetirse ante la pasividad de los gobernadores oficialistas, que, en lugar de aprovechar el debate del presupuesto para intentar definir un reparto más equitativo de los recursos, prefieren no enfrentarse con el Gobierno.

DIPUTADOS APROBARIA MAÑANA LA PRORROGA DE IMPUESTOS
El Gobierno no tiene previsto actualizar el mínimo no imponible de Ganancias el año próximo, según figura en el proyecto de Presupuesto 2010. Además, el impuesto quedaría prorrogado por 10 años, junto con otros como Ganancia Mínima Presunta, Bienes Personales y el llamado "impuesto al cheque". Estos tributos, salvo el impuesto al cheque -que seguirá vigente hasta el 2011-, regirán hasta 2019 si la Cámara de Diputados da el primer paso y aprueba con media sanción el paquete impositivo tal cual lo envió al Gobierno.
En el 2010, la continuidad de estos tributos le permitirá al Gobierno recaudar $ 88.070 millones, un 9,64% más de lo que recaudará este año, a pesar de que las alícuotas se mantendrán sin cambios.
"El año que viene estos impuestos seguirán vigentes, pero no hemos agregado ningún impuesto nuevo ni se han cambiado las alícuotas", dijo ayer a este diario el diputado Agustín Rossi, jefe del bloque de diputados del oficialista Frente para la Victoria.
Para el año que viene el Gobierno espera recaudar $ 59.030,2 millones gracias al impuesto a las Ganancias, que este año les permitió obtener ingresos por $ 54.484,9 millones. Este aumento del 8,3% se daría debido a que muchos individuos pasarán a pagar este impuesto por los aumentos salariales otorgados en 2009 y en 2010, ya que no está previsto ajustar el mínimo no imponible.
Igual, muchas empresas pagarán menos porque el 2009 no fue un buen año en términos de facturación debido al efecto que se sintió en la economía local de la crisis internacional.
Si se cumplen los números estimados por el Gobierno en el Presupuesto 2010, el impuesto a las Ganancias representará el año próximo el 4,72% del PBI. De todos los impuestos incluidos en el paquete que la Cámara de Diputados tratará de prorrogar mañana, es el que mayor porcentaje aporta al total de la recaudación.
Le sigue en importancia el impuesto al cheque, que representa el 1,88% del Producto Bruto Interno. Para el año próximo el Gobierno prevé sumar $ 23.546,7 millones gracias a la recaudación de este impuesto, lo que implicará un aumento del 12,7% respecto de lo que se habrá recaudado al final de este año.

CANJE: ULTIMAN PROYECTO PARA CAMBIAR “LEY CERROJO”
El Ministerio de Economía comenzará a elaborar el texto de un proyecto de ley que buscará modificar la denominada 'ley cerrojo', que impide la reapertura del canje de deuda. El objetivo, obviamente, es que este cambio legal permita al Gobierno ofrecer en breve una nueva propuesta para aquellos bonistas que no entraron en la operación de 2005.
Tanto el ministro de Economía, Amado Boudou, como el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, le aseguraron a los tres bancos que trabajan en la futura oferta (Deutsche, Citi y Barclays) la decisión de solicitar la aprobación legislativa antes de formalizar la propuesta. “Pasa como por un tubo”, les dijo confiado Boudou cuando se encontró con los negociadores en Estambul, en el marco de la reunión anual del FMI.
En el Gobierno dudaban sobre la necesidad de apelar a la aprobación legislativa para llevar adelante un nuevo canje. Es que una parte de la biblioteca sostenía que ésta será una nueva operación y, por lo tanto, no implica reapertura alguna del canje anterior. En esa hipótesis, no sería necesario el visto bueno legislativo.
Sin embargo, en Economía prefieren no cargar con una nueva mochila de causas judiciales si el Congreso no da su aprobación explícita. Por lo tanto, la postura que se impuso fue finalmente la de pedir que se modifique la norma que impedía una reapertura.

ONCCA: MÁS IRREGULARIDADES EN LOS PAGOS DE SUBSIDIOS
Uno de los más estrechos colaboradores de Ricardo Echegaray en la ONCCA, el "coordinador general" Marcelo Utje, estuvo al tanto de una irregularidad detectada por personal del organismo: en 2008, el feed lot pampeano La Gitana SA cobró unos 78.000 pesos en subsidios a pesar de haber falseado su número de RENSPA, algo así como el DNI de los ganaderos.
El dato se conoció en mayo pasado. Sin embargo tres meses después, el 10 de agosto, ese mismo feed lot volvió a recibir 194.270 pesos. Todo parecía andar bien en el caso de La Gitana SA. Como corresponde, el establecimiento estaba habilitado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentarias (SENASA). Tenía 11 corrales para el engorde de bovinos en un campo de 21.300 hectáreas de Utracán, La Pampa, y mostraba un asiduo movimiento de animales. Por eso el año pasado cobró compensaciones: por Resolución 3816 le asignaron 2.822 pesos por abril de ese año; y por Resolución 4.072 le sumaron otros 75.530 pesos por el bimestre mayo/junio.
El problema surgió cuando la empresa inició el trámite para cobrar los subsidios de meses posteriores. Y es que La Gitana SA elevó a la ONCCA las correspondientes planillas con un número de RENSPA (Registro Sanitario) diferente al de sus dos presentaciones iniciales. Esto generó sospechas en los empleados del organismo, que pidieron informes al SENASA. El resultado de esa gestión fue todavía más sorprendente: ninguno de los RENSPA previos coincidía con el real. Para que quede claro: la firma cobró con el número habilitante 10.02.0.00061/00; luego pretendió cobrar con el 10.022.0.00013/01; y más tarde se confirmó que su número ante SENASA era el 10.022.00342/00.

ALBISTUR SOBRESEÍDO EN UNA CAUSA
El secretario de Medios, Enrique Albistur, fue sobreseído por el juez federal Norberto Oyarbide en una causa en la que se lo investigaba por presuntas irregularidades en la distribución de la pauta publicitaria oficial.
La medida fue tomada en mayo pasado pero recién ayer se conoció. De acuerdo con Oyarbide, Albistur "no tiene intervención alguna en la determinación del medio de comunicación a través del cual se difundirá la pauta, sino que por el contrario, sólo actúa como enlace, quedando en definitiva dicha decisión en manos de Telam", en referencia a la agencia estatal de noticias.
Albistur había sido denunciado por la presunta entrega de cuantiosa publicidad oficial a una empresa vinculada a una ex novia suya, Nara Ferragut. Igualmente, el funcionario es investigado en otra causa por el juez Julián Ercolini por la presunta contratación de empresas vinculadas a él o a sus familiares.

LA CGT RECLAMÓ EN LA ROSADA, PERO DA POR PERDIDA LA BATALLA
A pesar de que las relaciones entre la Casa Rosada y la Confederación General del Trabajo (CGT) transitan por carriles más que amistosos, la dirigencia sindical liderada por el camionero Hugo Moyano no ha podido arrancarle al matrimonio Kirchner su consentimiento para tres reclamos muy puntuales: la actualización del mínimo no imponible de Ganancias, un aumento de las asignaciones familiares y un incremento del seguro de desempleo.
El último reclamo formal en ese sentido fue realizado por los sindicalistas en junio pasado, durante una reunión con Cristina Kirchner en la Casa Rosada. Como única respuesta oficial, obtuvieron silencio de radio.
Ahora, según revelaron integrantes del consejo directivo de la CGT, harán un nuevo intento: piensan pedir una reunión urgente con la Presidenta apenas regrese de su viaje por la India, donde se encuentra actualmente. De todos modos, las mismas fuentes admitieron muy reservadamente que "hay expectativas cero o casi nulas" respecto de que el planteo encuentre algún eco.

KRAFT: SIGUE EL CONFLICTO Y HOY RETOMAN LAS PROTESTAS
Los cortes de tránsito y marchas de los trabajadores de Kraft, para lograr la reincorporación de todos los despedidos, se retomarán hoy en San Isidro y se agudizarán en varios puntos del área metropolitana mañana, en que está prevista una nueva reunión de conciliación.
El delegado Ramón Bogado confirmó que hoy desde las 9 realizarán una movilización desde la planta de la compañía en General Pacheco a los tribunales del Trabajo, frente a la plaza central de San Isidro.
En esa marcha exigirán a los jueces que intervienen en la causa judicial iniciada por la ex Terrabusi la reincoporación del delegado Javier Hermosilla, "el único que la empresa se niega a reincorporar y la Justicia no toma una decisión", señaló Bogado.
La protesta será el inicio de un plan de lucha más amplio, que incluye cortes de tránsito generalizados mañana, en paralelo con la nueva reunión entre los representantes de la multinacional estadounidense, el sindicato, los delegados de la comisión interna y los ministros de Trabajo de la Nación y la provincia de Buenos Aires.
Bogado anticipó que mañana se realizarán cortes durante todo el día en varios puntos de la General Paz, el Puente Pueyrredón y esquinas clave de la Ciudad, y no descartó una nuevo corte en la Panamericana.
"Exigimos que Hermosilla y que todos los despedidos sean reincorporados", afirmó el sindicalista, quien volvió a exigir una acción más firme del Gobierno nacional, del bonaerense y del sindicato de la alimentación. Mañana también habrá a las 17.30 una marcha desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, con organizaciones estudiantiles, sindicales, políticas, piqueteras y sociales.

CAMBIOS EN EL INTA Y MÁS CRUCES CON EL CAMPO
El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, cumplió con lo que había adelantado a los dirigentes de la Mesa de Enlace y el viernes, a través de un fax, convocó a los representantes formales de las entidades rurales ante el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a una reunión que se realizaría hoy con el objetivo proclamado de encontrar soluciones a los problemas "técnicos" del campo.
Frente a esa novedad, voceros de la Mesa de Enlace aclararon ayer que, aunque sus delegados en el INTA asistirán al encuentro, el bloque agropecuario no considera "válido" ese ámbito de discusión. "Los problemas del campo son políticos y deben tratarse cara a cara con el ministro", señalaron las fuentes.
La decisión de Domínguez de jerarquizar al INTA como espacio para la negociación con las entidades del campo se comprobó en otros movimientos. Según trascendió en los últimos días, el ministro ya decidió poner al frente de ese organismo a Carlos Casamiquela, actual vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), un hombre de perfil ejecutivo y de buena llegada a los ruralistas.
En realidad habrá enroque de funcionarios, ya que el actual titular del INTA, Carlos Paz, asumiría el puesto que dejará vacante Casamiquela. Al frente del SENASA seguirá Jorge Amaya, su presidente desde 2003, en tanto que como nuevo vicepresidente del INTA sonaba el nombre del actual ministro de la Producción de Formosa, Luis Basterra.

REFORMA ELECTORAL: EL GOBIERNO PIENSA EN UN ENTE AUTÁRQUICO PARA ORGANIZAR LOS COMICIOS
El Gobierno tiene decidido llevar al Congreso, antes de fin de año, los proyectos de reforma política, un paquete para modificar el Código Electoral Nacional y las normas que regulan a los partidos políticos y su financiamiento, que podría recalar en el Palacio Legislativo, en diciembre, con una convocatoria a sesiones extraordinarias.
El núcleo de la propuesta apuesta a controlar la presentación de candidatos a presidente y vice con la obligación de que pasen primero por elecciones primarias y a impedir el financiamiento privado de los espacios publicitarios en radio y televisión, y está en estudio otro proyecto polémico: la creación de un ente autárquico para controlar los comicios, que desplace el rol que cumple el Ministerio del Interior.
El organismo que se analiza en tres despachos simultáneos –Jefatura de Gabinete, Interior y Dirección Nacional Electoral– tiene como nombre provisorio el de “Instituto Independiente Electoral”, y en el oficialismo piensan en una estructura cuyos integrantes deban contar con ratificación legislativa para darle visos de transparencia.

POR LA MUERTE EN CORRIENTES, DEBERÁ DECLARAR EL GOBERNADOR
El gobernador de Corrientes, Arturo Colombi, tendrá que declarar en calidad de testigo en la causa por la muerte del empresario periodístico Hernán González Moreno, un hombre con quien tenía una estrecha relación y cuyo extraño deceso --fue encontrado con un balazo en la cabeza dos días antes del balotaje del 4 octubre-- puso bajo sospecha al poder provincial.
El caso todavía está en una nebulosa: los fiscales no han podido precisar si González Moreno se mató o lo mataron, en medio de una investigación que avanza a tientas y mientras el Gobierno y la Fiscalía General de Poder Judicial se acusan mutuamente de manipular políticamente la causa.
El llamado de los fiscales al gobernador tiene por objetivo reconstruir las últimas horas del empresario que, según la primera versión oficial, antes de morir llamó a varias personas advirtiéndoles que planeaba quitarse la vida porque estaba siendo amenazado por sus investigaciones contra Ricardo Colombi, primo del gobernador y rival de éste en el balotaje. Entre los que recibió ese supuesto llamado estaría Arturo Colombi.

GANANCIAS: ESTE AÑO, VUELVEN A PAGAR OTROS 100 MIL EMPLEADOS
Apremiado por la profunda caída de los ingresos impositivos, el Gobierno no actualizó este año -y todo indica que ya no piensa hacerlo- el tope a partir del cual se paga el Impuesto a las Ganancias (técnicamente llamado Mínimo no Imponible), ni tampoco ajustó los montos de los rubros que se pueden deducir.
En consecuencia, frente a los aumentos salariales que se acordaron a lo largo del año, actualmente hay unos 700.000 empleados en relación de dependencia alcanzados por el impuesto. Hace un año eran unos 600.000.
Así, cada mes más trabajadores van siendo alcanzados por Ganancias porque sus ingresos nominales superan el tope vigente. Y además, los que ya están alcanzados por el tributo se ven obligados a pagar más.
De esta forma, el Fisco se queda en algunos casos con una porción elevada de los incrementos nominales de salarios, y los trabajadores pagan más impuesto en términos reales: esto es así porque el poder de compra no cambia, ya que los reajustes salariales apenas compensan el efecto inflacionario.

GRACIAS A LA LLUVIA, LA COSECHA CRECERÍA MÁS DEL 30 POR CIENTO
Una cosecha de entre 80 y 83 millones de toneladas obtendría la Argentina en la campaña 2009/10, que está en sus tramos iniciales. Para ponerlo en su justo término, no será ni tan buena ni tan mala. Ahora que empezó a llover, la producción de granos se ubicaría equidistante entre el récord de casi 100 millones de toneladas de dos años atrás y la paupérrima campaña 2008/09, que debido a la sequía se redujo violentamente a poco más de 60 millones de toneladas.
Hay dos estimaciones más o menos coincidentes. La de la Bolsa de Comercio de Rosario habla de una cosecha de 80 millones de toneladas. Y la de Gustavo López, analista de Agritrend, de 82,80 millones. Las diferencias son mínimas porque la siembra de cereales ya está jugada: tanto el trigo como el maíz han perdido mucho terreno. Así, sólo resta saber a cuanto llegará la siembra de soja, que representaría más de 70% de la producción y mucho más de los ingresos probables de divisas.

EL CAMPO INVERTIRÁ US$ 2300 MILLONES MENOS EN LA CAMPAÑA
Por primera vez en lo que va del nuevo siglo, la inversión del campo en la campaña agrícola sufrirá un fuerte retroceso. Según un informe del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), para el ciclo 2009/2010, que está en marcha, el gasto directo global en los cuatro principales cultivos -soja, maíz, trigo, girasol- será de 4878,5 millones de dólares, una baja del 32,6% respecto de los US$ 7244,8 millones de la campaña 2008/2009.
En otras palabras, los productores gastarán este año más de US$ 2300 millones menos para producir. La Rural llegó a esta proyección sobre la base de un indicador de inversión por hectárea que considera labores, semillas, agroquímicos y fertilizantes, por ejemplo. No incluye el gasto en alquileres.
La disminución en la inversión global en la campaña responde a un conjunto de factores, entre los que se incluyen una menor área sembrada, la reducción en el precio de varios insumos luego de un año de fuertes alzas y la incertidumbre ante las "políticas adversas" por parte del Gobierno, que no impulsan a los productores a incrementar el gasto por hectárea.

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