La oposición debatió ayer en el recinto de la Cámara de Diputados la derogación de las polémicas subas de tarifas de luz y gas. Pero no pudo anular los aumentos porque no consiguió el quórum necesario. Apenas 63 diputados marcó el tablero cuando, pasados 30 minutos de la convocatoria, tal como marca el reglamento,, la vicepresidenta primera de Cámara de Diputados, Patricia Vaca Narvaja declaró "fracasada" la sesión porque no se presentaron los 129 diputados necesarios para tratar los dictámenes de la comisión de Energía que anulan los aumentos que rigen desde el 1° de octubre.
"Esta sesión no ha sido un fracaso, ha sido la voluntad de 33 bloques de unirse para parar la capacidad de daño de Néstor Kirchner", dijo el diputado de la Coalición Cívica, Juan Carlos Morán, convencido de que había que mirar la mitad llena del vaso. Y prometió que "estos bloques seguirán trabajando para frenar este tarifazo ilegal y escandaloso".
Más allá de las palabras, lo cierto es que la oposición había contado con más adhesiones a la hora de bajar al recito para intentar derogar los aumentos de las tarifas. En rigor, una vez que se apagó el tablero llegaron más diputados al recinto, pero, a pesar de que esperaban al menos 110, nunca sumaron más de 90 legisladores sentados en sus bancas.
Ahora los bloques opositores que pugnan por la derogación del tarifazo buscarán que la propuesta sea tratada sobre tablas la semana próxima, cuando se realice una sesión ordinaria para tratar el proyecto de ley del Presupuesto 2010.
"Reactivamos la convocatoria a tratar este tema ahora, porque la semana pasada se venció el plazo de la suspensión de los aumentos que había dispuesto el Gobierno", dijo la diputada radical Silvia Lemos. Pero recordó que "tuvimos la intención de tratarlo cuando vinieron el secretario Cameron y el ministro De Vido, pero el oficialismo no lo permitió".
Se refería a un problema que hubo con unos dictámenes de la comisión de Energía que se perdieron, junto con las versiones taquigráficas de ese día.
"Ese día, la presidenta de la comisión de Energía dispuso un cuarto intermedio y se fue, pero el resto de la comisión quedó trabajando y sacamos dos dictámenes derogando los decretos de los aumentos. Luego, la presidenta de la comisión dio marcha atrás", precisó el radical, Carlos Ulrich.
EL PAQUETE IMPOSITIVO SERÍA APROBADO SIN CAMBIOS
El Gobierno está cada vez más cerca de poder seguir cobrando el impuesto al cheque por dos años más, y los impuestos de Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, y Bienes Personales por diez años más.
Así lo resolvió anoche la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que emitió un dictamen que aprueba tal cual vino del Ejecutivo el paquete impositivo. Con un agregado: anoche incluyeron también la continuidad del régimen del Monotributo hasta el 2013, pese a que el nuevo esquema de alícuotas de ese impuesto simplificado aún no llegó al Congreso.
Los partidos de la oposición (Coalición Cívica, UCR, Pro, Unión Peronista y Frejuli) votaron en disidencia y propusieron que los impuestos sean renovados sólo por un año. Pero sus votos no alcanzaron a modificar el resultado y apenas si fueron suficientes para emitir un dictamen en disidencia de la minoría.
Hoy, los diputados del Frente para la Victoria tratarán de que la comisión de Presupuesto y Hacienda emita también un dictamen favorable para que el proyecto de ley del Presupuesto 2010 sea tratado la semana próxima en el recinto de la Cámara baja. "La idea es que el miércoles se trate el paquete impositivo y la ley de responsabilidad fiscal, y el jueves se tratará el Presupuesto", aseguró un diputado.
PRESUPUESTO: BOUDOU CREE QUE SALDRÁ ESTE MES
El Ministerio de Economía confía en que este mes se le dará media sanción al presupuesto nacional 2010. Además, luego de que se conozca la oferta para los bonistas que siguen en default, se enviará al Congreso el proyecto para cambiar la ley cerrojo, según indicaron altas fuentes oficiales.
"La presentación que hice de la macroeconomía y las presentaciones de cada secretario despejaron todas las dudas que existían entre los legisladores", dijo Boudou, en relación con el proyecto de ley de presupuesto. Aunque se sabe que seguramente la oposición presentará objeciones a las proyecciones fiscales.
Por otra parte, se confirmó que, al mismo tiempo que se anuncie el canje para salir del default, se enviará al Parlamento un proyecto para desbloquear la ley cerrojo, que le impedía al Poder Ejecutivo realizar otra oferta a los bonistas. Así se espera que quede en claro la legalidad de este segundo round entre la Argentina y los tenedores de bonos en default.
LEY DE MEDIOS: SUGESTIVO CAMBIO DE VOTO DE UNA SENADORA CORRENTINA
La Ley de Medios tendrá un voto más: el derrotado gobernador de Corrientes, Arturo Colombi, instruyó a su senadora nacional Dora "Anahí" Sánchez para que se sume al kirchnerismo y la apruebe "en general y en particular". Ella anunció que le obedecerá.
El martes pasado, el gobernador Colombi había llegado a Buenos Aires en un avión de la gobernación. Viajaban solo él y el piloto. De aeroparque fue a la Casa Rosada. Habría recorrido varios despachos, entre ellos el del ministro del Interior Florencio Randazzo. También se habla de una reunión con Néstor Kirchner.
Colombi es el gobernador que este domingo perdió el balotaje contra su primo Ricardo, en elecciones marcadas por el misterio de la muerte del empresario Hernán González Moreno cercano al gobierno 48 horas antes. Las investigaciones apuntan a la hipótesis de un crimen político: hoy declaran el jefe de la custodia personal de Arturo y el director de Información Pública, quienes estuvieron entre los primeros en encontrar al muerto a las 4 de la mañana y hablaron de "suicidio".
El pedido del gobernador sobre la ley es la única certeza sobre el repentino cambio de actitud de la senadora. Sobre las razones del acuerdo con el Gobierno hay dos hipótesis: una, que Arturo viajó a Buenos Aires en busca de auxilio financiero, porque después de las elecciones se quedó sin fondos y no le alcanza para pagar los sueldos. Habría conseguido 100 millones de pesos.
La segunda hipótesis es más inquietante. Se relaciona con los problemas judiciales que el gobernador deberá enfrentar. Habría pedido "protección" oficial a cambio del voto de su senadora, dicen los opositores. El problema económico fue, al menos, lo que reconoció frente a Julio Cobos la senadora Sánchez, cuyo nombre es Dora pero todos la conocen por su apodo (Anahí), cuando le anunció su repentino cambio de postura.
LA UCR PRESENTA UN DICTAMEN CON CAMBIOS A LA LEY OFICIAL DE MEDIOS
Nadie de la oposición lo va admitir en voz alta, pero la estrategia para el debate crucial de mañana en el Senado consistirá en acordar con los kirchneristas que votarán en contra algunos artículos de la ley de radiodifusión.
A este arreglo preliminar arribaron los bloques del radicalismo, el interbloque federal (PJ disidente y provinciales), la Coalición Cívica, socialistas y otros bloques. Por este motivo la bancada radical postergó hasta hoy la presentación de su dictamen de minoría, que tiene unas 40 observaciones a este voluminoso proyecto de 166 artículos.
En la oposición se sospecha que el kirchnerismo tendría los votos para aprobar la ley en general. Y por este motivo la pretensión es juntar a todos los senadores que tengan reparos (opositores y oficialistas) en los artículos más polémicos e intentar modificar alguno de ellos para que el proyecto vuelva a Diputados para su sanción definitiva.
Los artículos sobre los que existen más cuestionamientos de parte del arco opositor, de algunos kirchneristas críticos y de aliados K son el 14, referido a la autoridad de aplicación: el 32 que faculta al Ejecutivo a adjudicar las licencias en las ciudades de más de 500 mil habitantes; el 45, que establece incompatibilidades; el 47, que fija un control bianual de las licencias y el 161, que contiene la llamada cláusula de desinversión, que estipula un año de plazo para que los medios se adecuen a la norma. También hay objeciones al esquema sancionatorio e impositivo.
Ayer, el jujeño y oficialista Guillermo Jenefes, que preside la comisión de Sistemas, Comunicación y Libertad de Expesión, reiteró su postura contraria a numerosos artículos, aunque votará la ley en general: "Lo vengo diciendo, soy un crítico de la ley, que no es tan mala para ser rechazada ni tan buena para que no sea revisada".
También ayer el senador tucumano de Fuerza Republicana, Carlos Salazar, reveló que aprobará en general la ley y votará en contra de algunos artículos. En tanto que la kirchnerista mendocina Mónica Troadello, que había firmado el dictamen de mayoría, desechó las dudas que había deslizado en trono al artículo de desinversión y adelantó que votará la ley sin cambios.
También generó una ola de sospechas el voto a favor de la ley que anticipó la correntina María Dora Sánchez.
En sintonía con lo que hicieron los diputados socialistas en el debate en la Cámara baja, el senador santafesino Rubén Giustiniani seguirá el mismo temperamento: votará en general esta norma y se opondrá en varios artículos.
Representantes de todo el arco opositor se reunieron el martes por la noche y coincidieron en empujar juntos contra los artículos más controvertidos y al mismo tiempo sumarse a los oficialistas que como Jenefes, Silvia Giusti y Marcelo Guinle anticiparon disidencias parciales.
Mientras la UCR presente su dictamen, se reunirán este mediodía los jefes de bancada para organizar la sesión y luego la bancada oficialista se reunirá para alistar a su tropa.
DOS NUEVAS DEFINICIONES EN LA VOTACIÓN DE LA LEY DE MEDIOS
Un viraje y una confirmación. Los senadores Carlos Salazar, tucumano de Fuerza Republicana, y Mónica Troadello, kirchnerista de Mendoza, hicieron saber ayer que en la sesión de mañana votarán en general a favor de la ley.
La actitud de Salazar fue toda una sorpresa, ya que había firmado un documento junto al PJ disidente de duro cuestionamiento al proyecto oficial. Con todo, le confió a Clarín que a la hora de la votación en particular se sumará a la oposición en el rechazo a varios artículos.
Troadello dudaba hasta ayer en apoyar alguna modificación. Y reveló que tras consultar a abogados administrativistas decidió aprobar el texto completo.
MARCHAS ENFRENTADAS POR LA SESIÓN EN EL SENADO
Una movilización de agrupaciones sociales kirchneristas en favor de la ley de medios coincidirá mañana frente al Congreso con un acto contra ese proyecto encabezado por el ruralista Alfredo de Angeli, el rabino Sergio Bergman, y el piquetero opositor Raúl Castells.
Ayer la Coalición por una Radiodifusión Democrática convocó a una movilización al Congreso para el viernes a las 17, en apoyo al tratamiento en el Senado del proyecto de servicios de comunicación audiovisual. A la misma hora, Bergman, Castells y De Angeli, con el apoyo de periodistas autoconvocados y la ONG Sin Mordazas montará una vigilia frente al Senado en una tensa espera con bandos enfrentados que recuerda los picos de tensión callejera durante el debate de la Resolución 125.
La convocatoria en favor de la ley fue realizada por el titular de la coalición, Néstor Busso, quien participó en la redacción de los 21 puntos que inspiraron la iniciativa oficial, por la titular de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por el secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, y por el diputado del Frente para la Victoria (FpV) y secretario de DD.HH. de la CGT, Julio Piumato.
También tomaron parte de la conferencia el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) Luis DElía; el diputado Edgardo Depetri, el dirigente de los maestros porteños y legislador electo, Tito Nenna; el dirigente de la Fatpren, José Insaurralde; Omar Turconi, presidente de ARUNA, red de radios de las universidades, y representantes de organizaciones de los pueblos originarios, del movimiento cooperativo y de la Federación Universitaria Argentina (FUA), entre otros.
La conferencia de prensa se realizó en el Centro Nueva Tierra, donde se reunió por primera vez la coalición para empezar a discutir la posibilidad de impulsar una nueva norma que reemplazara la ley de radiodifusión instrumentada por la dictadura, y que terminó con la redacción de los 21 puntos.
El martes pasado, De Angeli y Bergman, acompañados por la diputada Silvana Giudici (UCR), y por Patricia Bullrich (Coalición Cívica) ya habían encabezado un acto para quejarse por un eventual recorte a la libertad de expresión.
“El proyecto que se discute en el Senado es nuestro proyecto. El de las organizaciones sociales, de las radios comunitarias y de las pequeñas radios y televisoras del interior del país”, contraatacó ayer Busso en defensa del proyecto.
MORENO REVELÓ UN PLAN OFICIAL PARA EXPROPIAR PAPEL PRENSA
El Grupo Clarín denunció penalmente al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por abuso de autoridad e intimidación. La denuncia se basa en las afirmaciones y amenazas proferidas por el funcionario durante una reunión con representantes del Estado en la empresa Papel Prensa, donde el Grupo Clarín es el principal accionista. Moreno anticipó allí la intención del Gobierno de intervenir Papel Prensa y hasta expropiarla. Y dijo actuar por "expresas instrucciones de la Señora Presidente", o sea Cristina Fernández de Kirchner.
"Afuera tengo a mis muchachos, expertos en partirle la columna y hacerle saltar los ojos al que hable", advirtió Moreno a sus interlocutores al cabo de la reunión realizada en sus oficinas el 14 de setiembre. El episodio fue narrado ante un escribano público por Carlos Collasso, representante del Estado en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa. El Consejo de Vigilancia lo comunicó al directorio y el Grupo Clarín decidió formular la correspondiente denuncia penal.
A través de sus abogados, el Grupo Clarín denunció que es "objeto de injerencias ilegítimas por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que, además de constituir delito, vienen a poner en grave riesgo la garantía constitucional de la libertad de prensa". Por ello, la denuncia fue hecha en la misma causa en la que se investiga el operativo realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en las oficinas de Clarín el pasado 10 de setiembre.
De acuerdo con el relato realizado por Collasso, Moreno recibió a sus interlocutores con un organigrama empresarial del Grupo Clarín. Además de Collasso había una decena de personas, entre ellas la ex "interventora" del área de precios del INDEC Beatriz Paglieri, quien fue propuesta por el Estado para integrar el directorio de Papel Prensa, pero que hasta ahora no asumió formalmente su cargo.
Moreno ordenó a los representantes del Estado expresar su "disconformidad" con la gestión del directorio de la empresa en los últimos diez años. Y luego "manifestó que a partir de ese momento Paglieri era la nueva responsable y la autoridad en Papel Prensa a quien todos debían obedecer", según denunció el Grupo Clarín ante la Justicia en base al relato de Collasso.
"Con ley o sin ley, la que manda es Paglieri por expresas instrucciones de la Señora Presidente", respondió Moreno cuando el síndico de Papel Prensa por el Estado, Carlos Vidal, le advirtió que "todos debían atenerse a la ley aunque fueran funcionarios estatales", ya que Paglieri "no ocupa cargo alguno en la empresa", según recordó el Grupo Clarín en su denuncia.
De acuerdo con Collasso, Moreno acusó a Papel Prensa de ejercer "un monopolio" que abastece de papel primero a Clarín y al diario La Nación (también integrante de Papel Prensa) en perjuicio de los diarios chicos, que debían importarlo a precio más alto, según Moreno.
Fue allí cuando habló de "intervenir" Papel Prensa "mediante un decreto de necesidad y urgencia" y hasta de "expropiarla".
Moreno también mencionó la posibilidad de bajar el valor de la acción de Papel Prensa y hasta de utilizar como elemento de presión a los sindicatos del sector, según el relato de Collasso, que ratificó sus dichos ante el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid.
En su denuncia judicial, el Grupo Clarín dijo que desde el Gobierno se pretende "perjudicar a una empresa más del Grupo Clarín con el claro objetivo de intervenir.
INVESTIGAN EL PATRIMONIO DE OTRO SECRETARIO DE CRISTINA
La Oficina Anticorrupción investiga las declaraciones patrimoniales del secretario de Cristina Kirchner, Isidro Bounine. Mientras, el fiscal federal Guillermo Marijuán abrió ayer una investigación formal contra el secretario de la presidenta Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez por supuesto enriquecimiento ilícito.
La OA, que dirige el ex legislador kirchnerista Julio Vitabello, detectó que los bienes de Bounine pasaron de sumar 15.000 pesos a 734.261 pesos en los últimos cuatro años. Y ayer se supo que le pidieron una explicación sobre estos cambios patrimoniales abruptos.
En su última declaración, informó el miércoles el diario La Nación, Bounine, de 29 años, afirmó tener un departamento de 69 metros cuadrados en Belgrano. Como ingresos, declaró un sueldo de 14.282 pesos al mes, más viáticos por los viajes al exterior acompañando a Cristina por 65.000 pesos y otros $ 36.000 provenientes de un alquiler.
Mientras tanto, en una resolución, Marijuán solicitó al juez federal Claudio Bonadío una serie de medidas para iniciar la investigación contra Gutiérrez quien incrementó su patrimonio en un 765 por ciento en seis años, según reveló Clarín el lunes. A diferencia de Gutiérrez, Boudine no se está construyendo una casa en El Calafate.
LA JUSTICIA ORDENÓ LA REINCORPORACIÓN DE UNO DE LOS DELEGADOS DE KRAFT
Cuando van a cumplirse 50 días del conflicto entre un grupo de trabajadores de Kraft y la compañía, ayer la justicia ocupó el centro de la escena. Es que un fallo del Tribunal de Trabajo Número 1 de San Isidro hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el líder de la comisión interna, Ramón Bogado, y le ordenó a la empresa que lo reincorpore en su puesto de trabajo.
La decisión de la justicia, sin embargo, no alcanza al resto de los cuatro delegados suspendidos y pese al alivio que expresaron ayer los trabajadores por la decisión judicial, ya hay planeada una gran movilización para mañana.
Hoy toda la atención estará puesta entre las 5 y las 6 de la mañana cuando Bogado llegue a la planta alimenticia en la localidad de Pacheco para volver a su trabajo en su turno habitual. Es posible que este acompañado por un centenar de dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Polo Obrero (PO).
Los jueces Julián Lescano Cameriere, Gonzalo Nieto Freire y Osvaldo Adolfo Maddaloni obligaron a la empresa a que le permita a Bogado "la entrada inmediata al establecimiento para desarrollar sus tareas laborales habituales y sus funciones como delegado gremial" bajo apercibimiento de aplicarle una multa de 2.000 pesos diarios hasta el día de su cumplimiento.
SCIOLI MANDÓ RETIRAR LA POLICÍA DE LA PLANTA DE KRAFT
El gobernador Daniel Scioli instruyó ayer al ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, para que se disponga la reducción de la presencia policial en la planta de la compañía Kraft en General Pacheco, "con el fin de que se pueda ir normalizando la producción".
El mandatario provincial, que sigue junto al Gobierno Nacional cada detalle de este prolongado conflicto, determinó la disminución de efectivos en la planta, tras una reunión que encabezó en la Casa de Gobierno bonaerense.
Con relación a este tema, ayer hubo una inspección conjunta del Ministerio de Trabajo de la Nación que preside Carlos Tomada y la Provincia cuyo titular es Oscar Cuartango, para corroborar que las fuerzas policiales ya habían abandonado la línea de producción.
La inspección fue encabezada por Alejandro Chavarría, inspector del Ministerio de Trabajo bonaerense, quien señaló: "Se pudo constatar que no hay policías en la línea de producción y la fábrica trabaja en forma normal". El funcionario añadió que es "visible" que hay policías dentro de la empresa pero no en las líneas de producción.
La comisión interna denunció que los últimos días vieron entre "150 y 200 policías", pero indicaron que ayer la empresa decidió sacarlos porque estaban al tanto del operativo oficial. "Está situación no termina acá. Fue una inspección más de otras que seguiremos realizando siempre que haya denuncias de los trabajadores", agregó Chavarría que encabezó una inspección que duró más de dos horas.
GESTO DE DISTENSIÓN CON EL GOBIERNO DE EE.UU.
Fueron apenas cinco minutos por reloj a solas, una foto y un beso de despedida en la mejilla, pero como suele suceder en la diplomacia de los gestos, el breve intercambio alcanzó como símbolo de tregua y predisposición al diálogo luego de las turbulencias de la semana última.
Tras el desencuentro entre la embajadora Vilma Socorro Martínez y la Casa Rosada, y en medio de la disputa laboral abierta entre la empresa estadounidense Kraft Foods y los trabajadores, la presidenta Cristina Kirchner se reunió ayer con la secretaria de Trabajo de Barack Obama, Hilda Solís.
El encuentro fue en la Cancillería. Solís estaba de visita en la Argentina para participar de un seminario sobre los desafíos para el empleo en medio de la crisis global convocado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La funcionaria había llegado anteayer y parte hoy de regreso a Washington.
El tiempo le resultó suficiente a Solís para llevarse una postal de sintonía con la Casa Rosada tras el debut de la embajadora Martínez, que con menos de un mes en Buenos Aires hizo saber al Gobierno la inquietud de la administración norteamericana por alcanzar una solución "adecuada" al conflicto en Kraft.
ONCCA: DENUNCIAN A UN PRODUCTOR FALSO, PERO LUEGO LE PAGAN SUBSIDIOS
A mediados de 2008, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, conocía bien el caso de Ceferino Alejandro Ferreyra, un modesto bicicletero de Oncativo (Córdoba) a cuyo nombre se emitieron facturas apócrifas y otra documentación utilizada para vender decenas de toneladas de granos en negro.
Tanto conocía el caso, que el 4 de junio presentó una denuncia penal en la que citó expresamente esas maniobras. A los pocos días de ese trámite, sin embargo, el ex titular de la ONCCA adjudicó a Ferreyra subsidios truchos por más de 70.000 pesos.
La historia es demostrativa del descontrol que se apoderó de la ONCCA a partir del desembarco allí de Echegaray, en abril del año pasado, en pleno conflicto con el campo. En ese momento, el funcionario encaró una pelea frontal para quitarle a la Federación Agraria su mayor fuente de ingresos, la venta de Cartas de Porte, el documento obligatorio para transportar granos. Y utilizó el caso de Ferreyra, un clásico "prestanombres", como ejemplo de supuestas irregularidades que imputaba a la entidad.
Echegaray presentó una denuncia penal en el juzgado federal de Daniel Rafecas. La causa fue caratulada como "Federación Agraria y otros sobre Defraudación contra la Administración Pública". Allí, entre diversas maniobras que la ONCCA atribuía a la entidad y a la Federación de Acopiadores (la otra boca de expendio de esas Cartas), Echegaray citó el caso concreto "del Sr. Ceferino Alejandro Ferreyra (CUIT 20261125987)".
Lo mencionó como uno de los monotributistas que "con menos de un año de antigüedad adquieren Cartas de Porte en cantidades muy superiores de la real superficie explotada, con el aparente fin de posibilitar el transporte de mercadería que correspondería a otras firmas".
En declaraciones públicas, Echegaray informó incluso que Ferreyra había adquirido 21.000 Cartas de Porte, es decir una cantidad suficiente para movilizar miles de toneladas. Fuentes cercanas al caso, no obstante, relataron que poco tenía que ver este hombre con la producción agrícola, ya que sobrevivía como bicicletero. Y aclararon que si alguien compró a su nombre semejante cantidad de Cartas fue con aval previo de la AFIP.
El ex jefe de la ONCCA realizó su denuncia el 4 de junio, aunque luego no aportó pruebas y la causa no tuvo avances. Como sea, a fin de 2008 logró su objetivo y estatizó el sistema de Cartas de Portes.
Lo insólito es que a muy pocos días de ser denunciado, Ferreyra (o alguien a su nombre) recibía de la ONCCA suculentas compensaciones como productor de trigo. Los pagos fueron publicados en el Boletín Oficial del 17 de junio (la Resolución 728 le asignó $ 14.383), del 25 de junio (por Resolución 1072 recibió $ 16.035) y del 11 de julio (la Resolución 1754 sumó $ 40.078). Todas llevan la firma de quien lo denunció: Echegaray. En febrero de 2008, la CUIT de Ferreyra ya había aparecido en otras dos resoluciones. En total, este insolvente cobró casi $ 99.000.
Cada vez que paga compensaciones, la ONCCA está obligada a cruzar datos con AFIP. En este caso puntual, no sucedió. Y es que el 16 de junio, Ferreyra fue incluido por ese organismo en un extenso listado de firmas que emitieron "facturas apócrifas".
El caso es un antecedente de lo que sucedió un año después con el changarín marplatense, Luis Tapia, al que la ONCCA le depósito 1 millón de pesos en subsidios truchos que luego -al conocerse el hecho- una mano anónima devolvió. Pero existe una diferencia: aunque Echegaray sabía bien quién era Ferreyra, la ONCCA nunca reclamó la devolución de esos pagos.
SCIOLI DIO MARCHA ATRÁS Y ESTIRÓ DOCE AÑOS LA POLÉMICA LICENCIA A UN BINGO
El gobierno de Daniel Scioli sacó cuentas, priorizó la necesidad impostergable de plata fresca y destrabó a favor del grupo español Codere el expediente que mantenía frenada la renovación de la explotación del Bingo de La Plata. A un costado quedaron las fuertes críticas que, a fines del año pasado, había expresado la cúpula eclesiástica por la propagación de salas de juego, sobre todo en territorio bonaerense.
Con esa decisión, el Fisco bonaerense podrá embolsar 55 millones de pesos en los próximos días. Con la decisión favorable a Codere, Scioli clausuró además, al menos por ahora, el pretendido ingreso al negocio de los juegos de azar en territorio bonaerense del kirchnerista Cristóbal López.
Ayer, fuentes de la Provincia señalaron que "la decisión obedece estrictamente a que Codere cumplió con lo que le exigía el pliego original".
REVISAN EL PLAN TRABAJAR
El Gobierno ya comienza a prepararse para 2011 e impulsa una reestructuración de los programas sociales. El Ministerio de Trabajo fue el encargado de dar el paso inicial, y por primera vez en seis años actualizará los datos de todos los beneficiarios de los Plan Jefas y Jefes de Hogar, aunque no planean aumentar la retribución que continúa siendo de 150 pesos mensuales.
El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial la resolución 1063/2009. Todos los receptores del Plan Jefes tendrán 90 días para dirigirse a las oficinas de los municipios y actualizar sus datos personales, entre ellos, la actividad que realizan.
“La idea es poder identificar y analizar la situación de cada uno y ver si pueden acceder a otros programas”, aseguró el secretario de Empleo de la Nación, Enrique Deibe. El funcionario evitó entrar en polémicas porque los beneficiarios continúan recibiendo $ 150 y aseguró que lo más importante es poder ofrecer otro tipo de alternativas.
Las dos opciones que tienen los beneficiarios son el Seguro de Capacitación y Empleo, que es ejecutado por el Ministerio de Trabajo, que representan $ 225 mensuales durante dos años. La otra alternativa es el Programa Familias, que ofrece entre $ 155 y $ 300.
CRIMEN EN CORRIENTES: LA JUSTICIA INVESTIGA A DOS HOMBRES MUY CERCANOS AL GOBERNADOR COLOMBI
Dos hombres cercanos al gobernador correntino Arturo Colombi quedaron bajo la mirada de la Justicia sospechados de ser responsables de una posible alteración de la escena del crimen donde fue hallado el cuerpo de Hernán Gonzáles Moreno muerto de un balazo en la cabeza.
Se trata del jefe de su custodia, comisario inspector Juan Giraldi y del director de información pública de la provincia José Luis Zampa. Ambos, junto a otro efectivo policial fueron de los primeros en llegar hasta el palmar de la Estancia El Rincón, en el departamento de Goya, donde estaba el cuerpo del joven empresario estrechamente ligado a Arturo Colombi.
Ayer, al comenzar en Goya la rueda de declaración de testigos, estaba previsto el relato de los hechos de Giraldi, pero debió esperar mientras a dos cuadras de la Unidad Regional II de esta ciudad pasaba la procesión de la Virgen de Rosario, patrona de la ciudad. El funcionario aguardó en una oficina la finalización de los otros testimonios, algo que se extendió más allá de las 22, por lo que su declaración quedó para hoy a las 8.
Giraldo fue quien llegó hasta el lugar en compañía de Zampa, funcionario quien pese a identificarse como "amigo" del muerto, se sentó a escribir una nota periodística y sacó fotos para luego distribuir a los medios instalando la teoría del suicidio y hasta afirmando los motivos cuando el fiscal y los peritos aún no habían llegado al lugar.
Hoy también es el turno de Zampa, quien ayer se despidió del personal del organismo a cuyo frente estuvo los dos últimos años. La rueda de declaraciones se inició el lunes con el testimonio de Diego Mantilla, primo de Hernán González Moreno quien junto al gobernador Colombi, Zampa y otros funcionarios era investigado por el manejo discrecional de la publicidad del Gobierno.
DE LA RÚA ACUSÓ A DUHALDE DE GOLPISTA
Para Fernando de la Rúa los responsables de las muertes del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron los “golpistas Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf”. En una nueva declaración ante la Justicia, el ex presidente desmintió la existencia de una reunión en la Quinta de Olivos para coordinar la represión, afirmó que el “desalojo” de la Plaza de Mayo fue una orden judicial y consideró “un error” irse en helicóptero desde la terraza de la Casa Rosada luego de su renuncia.
Si bien en esta causa De la Rúa había sido sobreseído, dos semanas atrás la Cámara Federal porteña revocó esa decisión y ordenó continuar con la investigación para determinar su responsabilidad en los hechos.
BOUDOU CAMBIÓ EL DISCURSO Y LE PONE PAÑOS FRÍOS A LA VISITA DEL FMI
Lo primero que hizo el ministro de Economía, Amado Boudou, cuando aterrizó ayer por la mañana en suelo argentino fue ir a Olivos para reunirse con la presidenta, Cristina Kirchner. Venía de participar de la asamblea del FMI, que se hizo en Turquía, y le contó los detalles de su reunión con el titular del organismo, Dominique Strauss-Kahn.
Pero antes de pasar por Olivos, en el aeropuerto de Ezeiza, Boudou habló sobre el FMI ante las cámaras de televisión. Y dejó un mensaje que llamó la atención: "No está decidido si va a haber o no (revisión), y tampoco está decidido como sería", sostuvo. Y aclaró: "No hubo ningún resultado formal", durante sus reuniones con Strauss-Kahn y Nicolás Eyzaguirre en Estambul.
Este intento de poner paños fríos a la cuestión contrastó con los mensajes que el propio ministro había lanzado en público desde Turquía. Entre otras cosas, declaró que Strauss-Kahn había manifestado que "estaba muy contento de que la Argentina hubiera iniciado el camino para tener una relación más cercana con el Fondo". Y que también había enfatizado que "empezamos a hablar del artículo 4 y de lo que sería y coincidimos en que tenía que ser muy técnico, y una cuestión de perfil muy bajo".
Sin embargo, ayer por la tarde circularon algunas versiones que aseguraban que la Presidenta habría encontrado motivos para reprocharle a Boudou la excesiva exposición que le dio en Turquía a las negociaciones con el organismo internacional de crédito. Sobre todo a la noticia sobre la próxima llegada de una misión técnica para evaluar la economía. Por su parte, voceros del Palacio de Hacienda negaron que haya habido algún roce en ese encuentro.
La puntada final para la llegada de la misión del FMI a Buenos Aires la dará Boudou cuando se reúna con Strauss-Kahn el 7 de noviembre, en el próximo encuentro del G-20 en Escocia. En la reunión matutina de Olivos, las preguntas de la Presidenta a su ministro no habrían girado sólo en torno al FMI. También habría pedido detalles sobre los encuentros que mantuvo Boudou con las calificadoras de riesgo, inversores, algunos bonistas, miembros del Club de París y ministros de Economía de otros países.
Según fuentes cercanas a la reunión, entre tantos detalles financieros habría habido un dato en especial que funcionó como un bálsamo para tranquilizar a Cristina Kirchner: Boudou le contó que en uno de sus encuentros en Estambul con su par brasileño, Guido Mantega, el funcionario de Lula da Silva le habría ratificado que de acuerdo con los datos que él maneja, Brasil ya salió de la crisis.
Eso alentó los pronósticos presidenciales sobre la mejora que derramaría en los próximos meses sobre la economía nacional, en especial en los sectores de la producción argentina que están muy vinculados al consumo del mercado brasileño.
LA UBA FIJA CONDICIONES PARA ASESORAR AL INDEC
La Universidad de Buenos Aires (UBA) seguirá participando del Consejo Académico del INDEC, pero bajo ciertas condiciones y con tareas diferentes a las que fijó el decreto presidencial que creó ese organismo.
Así lo resolvió, tras la fuerte polémica que se abrió en el claustro docente, el rector de la UBA, Ricardo Hallú, con los decanos de Ciencias Económicas, Exactas y Sociales y los 9 profesores que asesoran en este punto a la Universidad. Y se redactó un documento que se difundió anoche.
En el texto se dice que la recuperación de la credibilidad del INDEC "no se resuelve solamente con cambios metodológicos, sino con medidas que reviertan el contexto institucional generado a partir del año 2007". Y más precisamente plantea que "es altamente conveniente que los protagonistas de la tan deseada recuperación del INDEC sean personas que no hayan tenido participación activa en las acciones que condujeron a la actual crisis".
Este párrafo va dirigido, entre otros, a la figura de Norberto Itzcovich, designado Director Técnico del INDEC, a cargo de la relación con el Consejo Académico. Más adelante, y mientras el decreto fija como prioridad analizar la evolución del Índice de Precios, el documento dice que "como condición previa" es "indispensable la resolución de una serie de aspectos centrales referidos a la captación y procesamiento de los datos básicos y el funcionamiento institucional del INDEC". Propone que los organismos auditores y de contralor (SIGEN, Auditoria General de la Nación) verifiquen las cifras, como precios, producción, que carga el INDEC en su sistema y que vuelva a hacer públicos los datos que habitualmente difundía (precios promedio de artículos que integran la canasta básica, entre otros).
También "ante el alejamiento involuntario y el desplazamiento de profesionales y técnicos", la UBA dice "que debe generarse un marco institucional donde los trabajadores del organismo tengan estabilidad en el empleo y condiciones de trabajo favorables". Y que "los equipos técnicos directivos sean rápidamente designados mediante concursos públicos con jurados de reconocida idoneidad e imparcialidad, evitando seguir cubriendo cargos con funciones directivas sin respetar estos mecanismos".
PARA FIEL LA CANASTA BÁSICA ASCIENDE A $ 1.590,9
Una familia tipo necesitó en septiembre un ingreso mensual de $1.590,9 para no caer en la pobreza, de acuerdo con el costo de la Canasta Básica Total (CBT) calculado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
El mes pasado, la CBT registró subas de 1% con respecto a agosto, y de 12,1 % desde enero. Mientras que en los últimos doce meses se incrementó 15,2%. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para un grupo familiar compuesto por un matrimonio y dos hijos -que se utiliza para medir el nivel de indigencia- alcanzó un valor de $778,9, lo que significa un alza de 1,3% comparado con agosto. Así, la CBA se encareció en los primeros nueve meses del año un 13,6%.
