Ello, según consigna el decreto 1.359, posibilitará "la incautación de bienes producto de la delincuencia compleja, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el lavado de dinero".
La nueva repartición estará a cargo de la fiscal de instrucción Mónica Cuñarro, como secretaria ejecutiva, secundada por Alberto Calíbrese, como coordinador técnico.
La Comisión fue creada en virtud de los tratados internacionales a los que adhirió con rango constitucional la Argentina, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención de la ONU contra la Corrupción.
El decreto explica que la oficina buscará "fortalecer la intervención pública en la materia, su coordinación y la cooperación entre todas las áreas de la Administración Pública Nacional, como así también convocar a representantes de los Gobiernos Provinciales y a expertos nacionales e internacionales a integrarse".
Además de las cuestiones estrictamente vinculadas con las drogas, los funcionarios tendrán la misión de "profundizar la lucha contra la corrupción y mejorar el control del lavado producto de la delincuencia organizada transnacional", a partir de "una perspectiva interdisciplinaria, tendiente a coordinar una política criminal común a nivel nacional y en la región".
