Además, aseguró que la intención de la empresa es quedarse "en el país y continuar con el plan de inversiones".
Desde hace dos semanas, unos 150 trabajadores despedidos por la empresa tomaron las instalaciones de la planta, y ayer la Cámara Penal de San Isidro evitó ordenar el desalojo forzado de la fábrica, pero advirtió que en el caso se ponen en juego "derechos constitucionales" y llamó a las partes a conciliar.
"No hay motivo que justifique esta metodología. La planta no se puede poner en marcha desde el 4 de setiembre, y ya se produjeron pérdidas millonarias", afirmó López Matheu a radio El Mundo.
Denunció que por parte de los trabajadores "hubo una escalada en su metodología de recurrir a las vías de hecho para protestar", y estimó que "pasaron un límite que la empresa no está dispuesta a aceptar".
"Hubo paros y paradas de planta intempestivas que significó tirar mercadería y materia prima a la basura. Esto generó un clima interno que no se puede permitir. Por eso recurrimos a la justicia", precisó López Matheu, quien a pesar del fallo judicial de ayer, consideró que "la vía judicial dará sus frutos".
Al respecto, aseguró que los ejecutivos de la empresa están "dispuestos siempre al diálogo" con quienes ocupan la planta, pero remarcó que estos trabajadores "no fueron despedidos por cuestiones económicas, sino por hechos de carácter penal".
"Queremos a esta gente afuera de la compañía y a la planta produciendo de nuevo. Nuestra decisión es quedarnos en el país y continuar con el plan de inversiones, que este año ya lleva destinados 15 millones de dólares en Pacheco", puntualizó López Matheu.