En su artículo 34 la ley referida exime del pago del derecho de importación y de las tasas de estadística y comprobación a la importación de equipamiento destinado a obras de infraestructura tales como la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica, y la prospección, exploración, producción y explotación de gas y petróleo.
También para la constitución de nuevas refinerías de petróleo y ampliación de las existentes, y para el transporte, almacenaje y/o distribución de hidrocarburos.
Planificación señaló que el régimen aprobado "permitirá la concreción de obras estratégicas, aumentar la tasa de crecimiento, fortalecer el capital humano y dar un marco de seguridad social a los trabajadores del sector". Se trata de obras cuya construcción o montaje ya estan en marcha y otras en estado de proyecto aprobado.
Las obras que serán alcanzadas por esta iniciativa permitirán la incorporación de 5.700 megavatios de generación de energía eléctrica, 23 millones de metros cúbicos de capacidad de transporte de gas natural, incluído el cruce al Estrecho de Magallanes, y el tendido de más de 4.000 kilómetros de red de alta tensión.
También, el dragado de 220 kilómetros de ríos y la provisión de servicios de cloacas para más de 4 millones de personas.
Entre las obras mas importantes que serán beneficiadas con el régimen de eximición de derechos de importación se cuentan el montaje de la central termoeléctrica de Río Turbio, la terminación de la central nuclear Atucha II, el cierre del ciclo combiando Pilar (Córdoba), y también el cierre del ciclo combinado de la central Loma La Lata (Neuquén).
Además, el tendido de la línea en alta tensión NOA-NEA, el dragado del Río Salado, y la construcción de plantas de tratamientos de líquidos cloacales a cargo de Aysa en Tigre, Berazategui y en Capital Federal.
La firma del decreto reglamentario de este régimen por parte de Cristina Fernández de Kirchner, se concretó con la entrega a la presidenta de la resolución conjunta de los ministerios de Planificación Federal, de Producción y de Economía, que instruye la puesta en marcha del Régimen de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura.
Este régimen, comprendido bajo la ley 26.360, implica la devolución anticipada del IVA a los bienes u obras de infraestructura y/o amortización acelerada en el impuesto a las ganancias para proyectos de inversión.
