Según información a la que tuvo acceso DyN, la Sala Sexta de la Cámara, en fallo dividido, dictó la prescripción de la causa por el traspaso del tiempo, pese a lo cual un fiscal ya apeló la medida ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
La documentación a la que accedió esta agencia indica que estaba bajo investigación una supuesta "afirmación falsa en el balance de Aerolíneas Argentinas 2001, consistente en la capitalización de 1238 millones de pesos, supuestamente aportados en 2001 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales del Gobierno de España (S.E.P.I.) que, en realidad, se trataba de meros asientos contables entre dicha sociedad y la firma Air Comet, responsable del gerenciamiento de Aerolíneas".
"Con su aprobación, el Estado Nacional, al no poder responder a tal capitalización, tendría menos del 2 por ciento del capital accionario exigido por ley para pedir información y efectuar denuncias ante la Sindicatura, transformándose así en un simple accionista pasivo a merced de los accionistas españoles", explica el texto.
Según la acusación, "la aprobación del balance se concretó el 18 de octubre de 2002 despojándose así al Estado Nacional de su participación activa en la aerolínea de bandera".
En el expediente también se investigaba "la entrega de dinero por la suma de U$S 758 millones que habría realizado la S.E.P.I. a Air Comet -empresa controlante de "Interinvest S.A." que resulta a su vez ser controlante de Aerolíneas Argentinas S.A.- que debían destinarse para cubrir pasivos, cosa que no ocurrió".
"Antonio Mata Ramayo, como presidente de Air Comet, con el dinero adelantado por la S.E.P.I. habría abonado U$S 195 millones en España a distintos bancos acreedores de Aerolíneas y se subrogó en el crédito. Así, en el concurso, Air Comet verificó el capital de los préstamos como propio, no respetando el trato igualitario entre los acreedores", añade el documento.
En marzo de 2008, el juez de instrucción Alberto Baños llamó a prestar indagatoria a Mata Ramayo; los defensores del empresario español pidieron la prescripción de la causa y el juez rechazó el planteo.
Mata Ramayo recurrió a la Cámara del Crimen y allí, con los votos de los jueces Mario Filozof y María Laura Garrigós de Rébori, más la disidencia de Gustavo Bruzzone, resolvió "revocar la decisión de primera instancia, declarando entonces extinguida la acción penal por prescripción".
El fiscal de Cámara Fabián Céliz resistió la medida mediante un recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal, ante la que subrayó que "ninguno de los imputados se encuentra privado de libertad" y descartó que la tramitación de la causa hubiera tenido un tiempo exageradamente largo.
"Se ha fijado como momento consumativo de la maniobra estafatoria la del 18 de octubre de 2002 -oportunidad en la que se aprobara el balance reputado de falso-, la causa tuvo su inicio ese mismo año y, dada la complejidad de las maniobras realizadas y la cantidad de personas involucradas fácil es concluir que si se advierten causas que justifican la prolongación del proceso", sostuvo Céliz.
"Estamos ante una única maniobra de defraudación por administración fraudulenta, durante la cual se cometieron diversas maniobras", destacó el fiscal, quien consideró además que debe contarse "el cómputo del plazo de la prescripción cuando los imputados dejaron de cumplir funciones en la empresa, oportunidad en la que cesan los actos de administración", lo que habría ocurrido en la mayoría de los casos entre los años 2006 y 2008.
La Cámara de Casación deberá resolver ahora si acepta o rechaza el pedido de nulidad de la prescripción, es decir si la causa continuará adelante o quedará definitivamente cerrada.
