La votación arrojó 45 voluntades a favor y 2 en contra, entre los que se cuenta al ex ministro de Asuntos Agrarios, Emilio Monzó, que a pesar de rechazar la iniciativa facilitó el quórum, que sin su presencia no se habría alcanzado.
El primero de los nuevos tributos propone una carga impositiva "sobre la explotación de las (14) terminales portuarias, ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, a través de la generación de un importe mensual a abonarse adicionalmente al impuesto del período".
El impuesto contempla una suerte de retención variable para beneficiar la exportación en detrimento de la importación de bienes. Para ello se abonará 6 pesos por tonelada par la exportación y 18 pesos por tonelada para la importación.
Otro de los nuevos impuestos afectará "a las personas físicas y jurídicas que resulten beneficiarias de una transmisión gratuita de bienes".
El tributo a las herencias, donaciones y legados "no alcanzará a cualquier transmisión gratuita, encontrándose exenta de pago toda transferencia de estas características, cuando el valor de los bienes no supere la suma de pesos tres millones".
Se cobrará sobre el bien de capital heredado radicado en la Provincia por lo que no importa si el potencial heredero está radicado en cualquier otro distrito del país y la recaudación se distribuirá 80 por ciento para el Fondo Provincial de Educación; 10 por ciento al Fondo para el Fortalecimiento de Recursos Municipales y el restante 10 por ciento al Fondo Municipal de Inclusión Social.
Por otro lado habrá un cambio en la percepción del impuesto a la compra y venta de autos usados. El proyecto establece que ya no se recaudará la carga impositiva vía Ingresos Brutos sino a través de un impuesto de Sellos, con el objetivo de reducir la elevada tasa de evasión que en la actualidad tiene ese tributo.
La iniciativa habilita al Ejecutivo a retener o secuestrar automóviles que registren un "incumplimiento de determinada magnitud, y en tanto se trate de vehículos de alto valor económico". La novedad representa una legalización de la resolución administrativa aplicada por el ex director de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Santiago Montoya, que provocó varios procesos judiciales.
En cuanto al impuesto Inmobiliario Rural, se informó que de aprobarse la iniciativa la suba promedio será del 30 por ciento.
Para ello se aplicará el revalúo inmobiliario realizado en 2005 y mediante un nuevo coeficiente se determinará la base imponible. Además se van a dejar de usar los coeficientes de productividad por zona geográfica, vigentes desde 2006.
La modificación, con la que se busca recaudar 120 millones de pesos, contempla exenciones para 12 municipios del sudoeste bonaerense, afectados por la sequía: Adolfo Alsina, Saavedra, Puán, Torquinst, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Guaminí, Coronel Suárez y Coronel Pringles.
