"La metodología abiertamente ilegal adoptada por un grupo de operarios desconociendo la intervención de la autoridad pública y judicial, configuran una directa violación de derechos constitucionales, afectan la seguridad jurídica y el clima necesario para la inversión y creación de empleos formales, pilares de una economía de crecimiento y desarrollo", añadió la UIA.
Por último, los industriales advirtieron sobre "el perjuicio que causa la extensión de estas metodologías violentas e intimidatorias", al tiempo que instaron "a las autoridades competentes a que aseguren el pleno ejercicio de la libertad de trabajo, el derecho constitucional a ejercer toda industria lícita y la libertad de tránsito de la sociedad toda".
