El próximo lunes, en la Legislatura de Mendoza se realizará el primer debate público de carácter "federal" para discutir la ley de medios. Así lo decidieron los jefes partidarios de la Cámara de Diputados provincial, con el aval del presidente de la Cámara, el justicialista Jorge Tanús.
"Queremos que participen los empresarios de los medios, las ONG, las universidades, los ciudadanos y los legisladores nacionales que deben votar el proyecto del oficialismo", dijo el autor del proyecto, Daniel Cassia, del PJ disidente. Legisladores nacionales de la Comisión de Libertad de expresión, que conduce la radical Silvana Giudici y rechazan el proyecto oficial ya dijeron que asistirán.
Tanús fue quien sugirió cambiar la palabra "audiencia" por "debate", para sortear las presiones del kirchnerismo. Fue después de enviar una carta al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner, desmintiendo el anticipo de la reunión del lunes con diputados nacionales de la oposición, tal como publicó ayer Clarín.
Giudici había declarado que la comisión que preside aceptó el ofrecimiento de la cámara mendocina de realizar una audiencia federal, tras hablar con varios de sus integrantes. Y que se haría el lunes. Esto provocó malestar en el PJ mendocino y llevó a las contradicciones de Tanús. Para llamar a una audiencia, la Cámara provincial debía hacerlo con 20 días de anticipación y, según los diputados "sería tarde porque la ley ya estaría en el Senado".
Para formalizar la participación de Libertad de Expresión, Giúdici pidió a Fellner que la autorice a llevar el debate a fuera del Congreso. La nota está firmada también por los jefes de los bloques de la UCR, Oscar Aguad; de la Coalición Cívica, Adrián Pérez; de PRO, Federico Pinedo; de Unión Peronista, Jorge Sarghini; del adolfismo, Luis Lusquiños y del cobismo, Daniel Katz. Si Fellner -como se supone- no da el visto bueno, la oposición mandaría una delegación informal al debate.
LEY DE MEDIOS: LA PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA FUE CASI UN MONÓLOGO DEL OFICIALISMO
El primer día de audiencias públicas sobre la nueva ley de medios estuvo dominada por las posiciones favorables al proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo. Hubo mayoría de diputados kirchneristas en el estrado y entre los oyentes, y una mínima presencia de opositores en una intención de quitarle legitimidad al cronograma oficialista.
Durante más de nueve horas, con 10 minutos para cada expositor, las ponencias se sucedieron en el Auditorio del Congreso con diputados, asesores, taquígrafos y periodistas en las butacas. Hubo aplausos en el final de la mayoría de las exposiciones. Para el resto del público, las autoridades hicieron colocar parlantes sobre la avenida Rivadavia y hubo transmisión en directo por el sitio oficial.
El primer orador fue Néstor Busso, de la "Coalición por una radiodifusión democrática", que dio su apoyo al proyecto y criticó a la oposición: "Lamento que digan que hace falta más debate". La mayoría se expresó a favor de "terminar con una ley de la dictadura".
Manuel Baladrón, titular de la comisión de Comunicaciones -que funciona como cabecera en la discusión del proyecto-, se mostró "maravillado" con la audiencia.
"Escuchamos voces de que queremos discutir esta ley en una semana, pero muchos de los que expusieron la quieren desde hace años. Se terminaron las discusiones sobre si este Parlamento es legítimo o no", sostuvo Baladrón.
Gustavo Marconato, presidente de la comisión de Presupuesto, lo secundó en el estrado. También pasaron por allí Patricia Fadel, Diana Conti y Graciela De la Rosa, entre otros oficialistas, y la aliada Silvia Vázquez, de la Concertación. En las butacas estuvieron Carlos Kunkel, Julio Piumato, Carlos Moreno y Ariel Basteiro, aliado K.
Casi no hubo diputados opositores. Silvina Giudici, la titular de la Comisión de Libertad y Expresión, se acercó un momento al Auditorio para mostrar su rechazo a la metodología "vertiginosa" de las audiencias. "Hay gente hablando y todavía se están anotando. Argentina está pidiendo una ley en serio", cuestionó.
Entre otros opositores, se vio un rato al radical Gustavo Cusinato, a los cívicos Juan Carlos Morán y Elsa Quiroz, al macrista Federico Pinedo y a la independiente Norma Morandini. Además de denunciar que en tres días no podrán exponer todos los que lo solicitaron, la oposición insiste con llevar las audiencias a distintos puntos del país.
Walter Burzaco, presidente de la Asociación de Televisión por Cable, envió una carta en la que argumentó que el plazo "perentorio" no permitió preparar un documento, pidió una nueva convocatoria y aseguró que "queremos discutir uno por uno todos los absurdos que contiene el proyecto". Lauro Laiño, de ADEPA, postergó su ponencia para hoy porque le habían avisado a última hora del lunes.
Entre los expositores algunos pidieron "enriquecer" el proyecto y unos pocos se opusieron. Luis María Castro, presidente de la Cámara Argentina de Anunciantes, llamó a la ley "discriminatoria": aseguró que "afecta nuestros derechos de contratación" y pidió la regulación de la publicidad oficial y una ley de acceso a la información pública. Héctor Huarte, de la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, expresó que el proyecto "no se puede aprobar sin debate" y sin audiencias en el interior: "Pónganse los pantalones", les pidió a los diputados.
Eleonora Rabinovich, de la Asociación por los Derechos Civiles, cuestionó la autoridad de aplicación: "No debe depender de la Secretaría de Medios, una oficina eminentemente política, que maneja la pauta publicitaria y funciona como vocera del Gobierno".
LA CGT AVALÓ EL PROYECTO DE LEY DE MEDIOS SIN EL APOYO DE LOS GRANDES GREMIOS
Sin el aval de los sectores enfrentados con su conducción, y en una jugada que tiene la impronta de su estilo "personalista", el secretario General de la CGT, Hugo Moyano, encolumnó ayer a los más de sus 30 gremios aliados a respaldar el proyecto de Ley de Radiodifusión que el Gobierno envió al Congreso.
En una reunión acotada de Consejo Directivo por la ausencia de "gordos" e "independientes", y sin previamente haberlo establecido en el temario de la convocatoria, la CGT a través del líder de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmidt indicó en conferencia de prensa: "El Consejo Directivo en pleno le dio su respaldo a la iniciativa del Ejecutivo para enviar al parlamento la discusión de la ley de radiodifusión y de medios audiovisuales, que ha venido precedida de un trabajo muy extenso a través de lo que se llama la Coalición Democrática para la libertad de expresión".
Del lado de los enemigos de Moyano este respaldo en nombre de la central obrera fue un nuevo impacto que dividió las aguas. Uno de los "gordos", donde están representados los grandes gremios, indicó que no van a "hablar públicamente sobre este tema", porque su intención "no es meterse en una pulseada en la cual el Gobierno lleva todo a extremos de blancos y negros".
INVESTIGAN POR LAVADO DE DINERO A DOS APORTANTES DE LA CAMPAÑA K
La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga si dos aportantes a la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007 lavaron dinero sucio. Los dos están vinculados con el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, involucrado en el caso de la mafia de los medicamentos.
Sucede que el Banco Santander le elevó a la UIF, que depende del ministro de Justicia, Julio Alak, un reporte de operaciones sospechosas por los cheques que giraron Carlos Torres por 710 mil pesos y César Pose por 310 mil pesos, revelaron a Clarín dos fuentes judiciales.
El Banco Santander cumplió así con la ley contra el lavado de dinero que lo obliga a informar operaciones sospechosas a la UIF de clientes dudosos por más de 10 mil dólares. Sucede que Torres y Pose, quienes serían un testaferro y un conocido de Lorenzo, respectivamente, son monotributistas sin antecedentes económicos como para hacer una donación de esa magnitud. Se trata de dos cheques. Uno emitido el 18 de octubre del 2007 y otro el 22 de ese mes, es decir 6 días antes de las elecciones presidenciales.
Los remitos por esos cheques emitidos por el Frente para la Victoria (FPV), más un tercero por 310 mil pesos de Global Farmacy de Gabriel Brito, fueron encontrados en el domicilio de Lorenzo durante un allanamiento.
EL JUEZ OYARBIDE AHORA APUNTA A OTRAS OBRAS SOCIALES SINDICALES
El juez federal Norberto Oyarbide luego de allanar la obra social de la Asociación Bancaria tiene ahora en la mira a las de los sindicatos de Obras Sanitarias de la capital, de Correos y Telégrafos y de la UTEDIC, entre otras, en la causa por la mafia de los medicamentos.
La primera está intervenida desde la época de la dictadura y allí habría tenido negocios el gerenciador Rubén Romano, investigado en otra causa por la venta al PAMI de remedios para hemofílicos con supuestos sobreprecios. En cambio, la obra social de Obras Sanitarias la maneja José Luis Lingeri, un sindicalista K que estuvo al frente del ANSAL durante el menemismo.
En declaraciones a la prensa, Oyarbide destacó ayer lo que debió "bregar" la ex ministra de Salud Graciela Ocaña para intentar frenar el ingreso del empresario Néstor Lorenzo en la administración de la Obra Social Bancaria. El juez subrayó "las virtudes indeseables de San Javier", y añadió: "Se fue la doctora Ocaña (en junio) y (ahora) hay un fideicomiso" manejo por NOSAL que se supone responde a Lorenzo.
Fuentes del Banco Provincia explicaron que "Provincia Mandatos (del grupo BAPRO) firmó un fideicomiso con la OSBA (la obra social bancaria) para garantizar el pago a proveedores" de la obra social, entre ellos San Javier. Pero se encargaron de resaltar que "el que paga a los proveedores es la OSBA".
Mientras tanto, la División Investigación Técnica del Delito de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal hizo anoche allanamientos en 25 de Mayo 293 (donde funciona la cooperativa Vernet de Lorenzo), Tucumán 715, Sarmiento 776 y Corrientes 1450 de esta capital. En tribunales se sospecha que el titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, también tendría una cooperativa bajo su control.
Ocaña explicó ayer en declaraciones a la prensa que en el 2007 el ministerio de Salud recibió la solicitud de la Bancaria para "constituir un fideicomiso a favor de San Javier -de Lorenzo- e Intermedicina, propiedad de Néstor Vázquez", ex segundo del ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli.
TRIPLE CRIMEN: DECLARARÁ EL DUEÑO DE SAN JAVIER
El fiscal que investiga el triple crimen de General Rodríguez citará a declarar como testigo a Néstor Lorenzo, imputado en la causa de los denominados "medicamentos truchos", ante supuestos vínculos con otros llamados "drogueros" que aparecen mencionados en el expediente de los homicidios.
Fuentes judiciales informaron que el fiscal Juan Ignacio Bidone, quien investiga los crímenes de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, resolvió ayer por la tarde citar al empresario Lorenzo, aunque aún no fijó una fecha para tomarle la declaración testimonial.
Los voceros dijeron que el nombre de Lorenzo surgió hace meses en la causa de Bidone, ya que estaría vinculado comercialmente, a través de su droguería San Javier, con otros empresarios mencionados en el expediente a quienes en la jerga de ese ambiente se denomina "drogueros". En ese sentido, el juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga los "medicamentos truchos", dijo que la droguería San Javier había realizado ventas que fueron entregadas por Baires Med, vinculada con Forza.
Las fuentes revelaron que el fiscal Bidone tiene previsto tomar contacto con el juez Oyarbide con el fin de cruzar información que pueda aportar elementos para ambas causas. Forza, Ferrón y Bina desaparecieron el 7 de agosto de 2008, cuando, aparentemente, fueron a una reunión de negocios y luego los llevaron engañados para la zona de General Rodríguez.
Algunas horas más tarde, los vehículos de Ferrón y Forza fueron hallados abandonados en Capital Federal, en tanto que el 13 de agosto los tres cadáveres aparecieron baleados en un zanjón, cerca de la ruta 5, a la altura de General Rodríguez. Forza y Bina hicieron aportes a la campaña electoral K.
Por el triple crimen aún no hay sospechosos imputados y respecto del móvil las pistas apuntan a la actividad comercial de las víctimas que se dedicaban al rubro de los medicamentos y droguerías, así también como a la ruta de la efedrina.
ZIN: "ES MUY PROBABLE QUE EL 10% DE LOS MEDICAMENTOS SEA FALSIFICADO"
“Es muy posible que el 10 por ciento de los medicamentos que circulan en el país sean falsificados". El ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, asegura tener alguna evidencia de esas maniobras, pero tuvo que ordenar una auditoría interna en su área para establecer responsabilidades del echado subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa, en la presunta conexión con Néstor Lorenzo, imputado en una causa por robo y adulteración de remedios.
Costa está involucrado en la investigación del juez federal Norberto Oyarbide, que incluye la venta ilegal de medicamentos provistos por el estado. El ex subsecretario quedó registrado en una escucha telefónica con Lorenzo. La comunicación era por cuestiones vinculadas a negocios. "De índole personal", como aclaró Zin, a resguardo de cualquier implicación institucional.
En las últimas semanas no hubo advertencia oficial sobre las actividades de Lorenzo, a pesar de su gerenciamiento en el Centro Oncológico de Excelencia de Gonnet, en La Plata, que tenía vinculación con el estado bonaerense. Zin explicó que el laboratorio "San Javier" estaba en una situación "casi delictual" y que había advertido a todos sus colaboradores para no autorizar compras a la empresa comercial de Lorenzo.
"La falsificación de medicamentos es un delito internacional, pero acá parece que se hace con más saña que en otros lugares. Está en riesgo la vida de la gente", dijo el ministro. La detección del mercado ilegal aparecería complejo: "Las posibilidades para estafar al Estado con medicamentos son infinitas", asegura Zin. Aportó como ejemplo la fabricación de troqueles de cartón, que se abrochan a la receta para que finalmente pague el Estado, "pero contra nada, porque no se suministró ningún medicamento". "También -agregó- se venden muestras médicas gratis o se retocan las fechas de vencimiento", para comercializar en el mercado remedios que pueden resultar inócuos o dañinos.
LOS KIRCHNER GASTARON 4 MILLONES DE PESOS EN TAXIS AÉREOS
La debilidad del matrimonio Kirchner por el uso de aviones privados está documentada en el registro de vuelos utilizados por la Presidenta, su marido y algunos funcionarios de primera línea entre julio de 2008 y julio de 2009. En los papeles consta no sólo el origen, el destino y el costo, sino también el avión, el operador de la nave y a nombre de quién está la factura.
Se trata de 23 viajes que costaron cuatro millones de pesos a pesar de que la pareja gobernante tiene disponible una flota de cuatro aeronaves del Estado para los traslados. Se movieron en un Challenger 601, de Juan Navarro, un Lear Jet 60 del Banco Macro y un Beechjet que pertenece a Ernesto Gutiérrez, de Aeropuertos Argentina 2000. En los registros, esta empresa figura pagando seis de los vuelos que usaron Néstor y Cristina.
JAIME: NUEVA HIPÓTESIS EN EL CASO DEL AVIÓN
El fiscal federal de la causa en la que se investiga la propiedad de un avión que el ex funcionario Ricardo Jaime usaba como si fuera propio analiza desde ayer una nueva hipótesis: que la aeronave sea de una importante empresa naviera que aportó dinero a la campaña de Cristina Kirchner.
La información llegó a manos de Carlos Rívolo por intermedio de una nota anónima, titulada "el misterioso avión de Jaime". En las próximas horas, el fiscal remitirá el escrito al juez de la causa, Norberto Oyarbide. Otra copia del mismo documento llegó también a la oficina del fiscal Guillermo Marijuán, que ayer envió el tema a la Cámara Federal para su sorteo.
El autor del anónimo precisó que se había enterado de las irregularidades que denunciaba porque había sido compañero de golf de uno de los empresarios navieros, a los que identificó con nombre y apellido. Agregó que se los conocía como "los Pitufos, por su tamaño y su maldad".
Pese a que sus nombres no figuran en la lista de aportantes, La Nacion corroboró que ellos donaron $ 50.000 a la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
MARCHA ATRÁS OFICIALISTA CON EL POLÉMICO CAMBIO A LA LEY DE ELECTRÓNICA
Después del escándalo que se desató por el cambio al proyecto oficial que impulsó el diputado kirchnerista Gustavo Marconato, el polémico proyecto de ley destinado a gravar productos electrónicos fabricados fuera de Tierra del Fuego volverá hoy a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Allí, sería suprimida la cláusula de la discordia que trascendió el miércoles pasado cuando el oficialismo no logró quórum para tratar la ley y que fue impulsada por Marconato. Además el articulado tendría otros retoques para quedar finalmente como era el proyecto original que partió del Poder Ejecutivo.
Según admitió el titular del bloque de senadores oficialistas Miguel Angel Pichetto, la propia presidenta Cristina Kirchner le dijo que "había que rechazar esa modificación".
Por eso, se estima que el proyecto, que tenía media sanción de Diputados, volverá a ese ámbito con las modificaciones. Una de ellas, incluso, podría ser la inclusión de las notebooks y netbooks que habían sido excluidas del nuevo gravamen durante el debate en Diputados.
LÓPEZ ARIAS DEJÓ EL BLOQUE K CON FUERTES CRÍTICAS A LA LEY DE MEDIOS
Por goteo. Es la velocidad con la que avanza la poda del bloque de diputados kirchneristas tras la derrota del 28 de junio. Al puñado de deserciones que ocurrieron poco después de los comicios, se sumó ayer la del salteño Marcelo López Arias, quien pegó el portazo con fuertes críticas a la metodología y los contenidos que el oficialismo con los que el oficialismo intenta sancionar la ley de medios.
"Cada vez que leo el proyecto me genera más dudas", dijo López Arias, apenas presentó la nota al titular de la Cámara baja, Eduardo Fellner, anunciándole la conformación del monobloque Peronismo Salteño. López Arias se reincorporó a su banca en mayo, tras pasar 16 meses al frente de la nueva empresa estatal de operaciones ferroviarias, de la que se fue por "diferencias insalvables" con la política aplicada en el área por el ministro de Infraestructura, Julio de Vido.
Como integrante de la Comisión de Presupuesto, López Arias será uno de los que discutirá pasado mañana el dictamen del proyecto del Ejecutivo. "Hace falta más tiempo de debate, porque muchos artículos son de una enorme complejidad", indicó. Y opinó que "sobre todo hay que modificar la autoridad de aplicación, porque debe reflejar la pluralidad de fuerzas que conviven en nuestra sociedad, y la mejor manera de hacerlo es colocar la ley bajo la órbita del Congreso".
A la vez, cuestionó que "en el caso de las telefónicas se realice un proyecto a medida de Telecom, para que entren los amigos del poder". Y advirtió sobre "los riesgos de permitir que las empresas de servicios públicos se apoderen de los medios de comunicación, porque así se les daría un gigantesco poder de lobby".
Aunque su militancia en el PJ salteño lo acerca al senador Juan Carlos Romero, ex candidato a vice de Carlos Menem, López Arias no tuvo pruritos en declarar su adhesión al proyecto alternativo de medios que presentó Miguel Bonasso, del bloque de centroizquierda Diálogo por Buenos Aires.
La deserción del salteño, que ya anticipó su rechazo al texto que promueve el Gobierno, se suma al rechazo que anticipó Graciela Camaño, una diputada oficialista que aún permanece en el bloque K.
De ese modo, el kirchnerismo cuenta con 106 votos sobre los 108 diputados propios en condiciones de votar (el presiednte de la cámara no lo puede hacer). De tal modo, necesitará 23 aliados para llegar al quórum de 129. Siempre que no se produzcan nuevas deserciones para sancionar la polémica ley. Días atrás dejó el bloque kirchnerista el jujeño Mario Martiarena y antes lo hicieron el cordobés Arturo Heredia, junto a los entrerrianos Cristina Cremer, Gustavo Zavallo y María Petit.
EL GOBIERNO CITA A LOS RURALISTAS PARA NEGOCIAR POR NOVENA VEZ
Las llamadas fueron el domingo, a última hora. "Hay que volver a hacer una reunión", les dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a los ruralistas Mario Llambías, por un lado, y a Eduardo Buzzi, por el otro. Así lo contaron los dos ruralistas que recibieron el mensaje del jefe de Gabinete.
Sin embargo, en la Casa Rosada nadie, hasta anoche, le ponía fecha firme al encuentro, que será el noveno desde que comenzó el conflicto por las retenciones.
Aunque se especuló con que la reunión podría ser entre mañana y pasado, finalmente en el Gobierno dijeron anoche que se concretará la semana próxima.
Fuentes del Gobierno habían llegado a relativizar que el diálogo telefónico entre el ministro y los ruralistas hubiera sido una convocatoria oficial. "Fue una conversación informal para aceitar el futuro mecanismo de diálogo", mandó a contar Aníbal Fernández.
EL CONGRESO RATIFICA EL VETO A LA EMERGENCIA
La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso dio su aprobación al veto presidencial al artículo de la ley de emergencia agropecuaria que reducía o eliminaba retenciones en 37 municipios bonaerenses afectados por la sequía.
Esa ley había sido aprobada por unanimidad por ambas cámaras y luego parcialmente vetada por Cristina Kirchner, que adujo un "error" en la decisión de los legisladores. El veto presidencial despertó la última protesta del sector agropecuario, que incluyó un paro de una semana y movilizaciones en todo el país.
LLAMBÍAS: “QUE ECHEGARAY DEJE DE TOMAR”
El debate sobre las cifras de evasión impositiva en el sector agropecuario se reavivó ayer con duras declaraciones del titular de CRA, Mario Llambías, contra el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, a quien le pidió que deje “de tomar alguna sustancia que lo pone mal”.
El dirigente rural rechazó en ese tono las estimaciones oficiales que hablan de una evasión cercana al 70% en el campo, y estimó que en cambio ronda el 20%. “Si habla del 69% y hace muchos años que está este Gobierno, algo les falla a ellos”, enfatizó Llambías en relación con el titular de la AFIP.
Echegaray respondió de inmediato con el envío de una carta documento al presidente de CRA, en la que pide que ratifique o rectifique sus dichos para evitar una denuncia por calumnias e injurias difamantes.
ASAMBLEAS, CORTES Y MUCHA BRONCA EN LOS ACTOS DEL CAMPO EN EL INTERIOR
En Olavarría hubo unos 2.000 productores. La asistencia fue menor en los otros actos. Buzzi anticipó en Resistencia que los habían llamado a dialogar. Pero reinó el escepticismo y los productores ya piensan en futuras movilizaciones.
Resistencia: reclamo por la sequía
El ritmo de la protesta dependerá de lo que hagan ellos. Si se convoca al diálogo, será menor. Si no, se seguirá con los reclamos", planteó Eduardo Buzzi ayer al confirmar una invitación del Gobierno a dialogar.
Olavarría: duras críticas a Scioli
En Olavarría hubo discrepancias sobre la metodología y la eficacia de las medidas a tomar, en concordancia con la bronca creciente de los productores del interior bonaerense, pero finalmente se acordó apoyar "una marcha masiva" el 10 de diciembre a Plaza de Mayo y respaldar la labor de la Mesa de Enlace. Se oyeron críticas a las medidas tomadas por el Gobierno, pero los reproches más certeros se los llevó el gobernador Daniel Scioli, escrachado en banderas y abucheado cada vez que se mencionó su nombre.
LA CORTE ANALIZAN OBJECIONES A DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA
La Corte Suprema empezó a estudiar un tema de máxima sensibilidad para la Casa Rosada: la constitucionalidad o no de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una cuestión en la que se expedirá en el mediano plazo, según contaron fuentes del máximo tribunal. Aunque hasta ahora la presidenta Cristina Kirchner utilizó sólo cinco veces esa herramienta que le permite gobernar evitando el control del Congreso, el debate por los DNU ya fue instalado por la oposición como una alternativa sobre la podría avanzar el Gobierno a fines de año. El 10 de diciembre cambiará la conformación de las dos Cámaras y los Kirchner perderán las mayorías con las que gobernaron durante estos seis años.
Hasta ahora, la Presidenta solía jactarse de haber utilizado los DNU muy pocas veces y “sólo para defender a los trabajadores”. Su esposo Néstor Kirchner, en cambio, firmó 270 DNU durante su gestión de cuatro años y medio, más que el propio Carlos Menem. “Eso es porque soy menos paciente que Cristina”, se rió él mismo cuando le preguntaron sobre esa costumbre.
PARA LA UIA, LA ACTIVIDAD CAYÓ 9,5% EN JULIO Y LLEVA NUEVE MESES DE BAJA
Son nueve meses; como una gestación pero sin la gratificación final. La industria lleva ese tiempo (desde noviembre de 2008) cayendo sin parar. Para la Unión Industrial, en julio el nivel de actividad se desplomó un 9,5% y sumó la novena caída consecutiva en términos interanuales.
Si el nivel de actividad fabril se mide sólo desde comienzos de este año, las mediciones de la UIA tampoco se presentan alentadoras porque en los primeros 7 meses de 2009, la caída de la industria acumuló un 8,8%.
El informe que ayer discutieron los principales referentes de la industria, en una reunión con los representantes de las provincias, habla de la crisis del campo. "Mientras que en junio el sector alimentos mostró un fuerte crecimiento por la merma en la actividad de junio de 2008, en julio se observó el fenómeno inverso: retrocediendo más que el promedio del año", señaló el documento.
Los resultados coronaron una tarde de reuniones en la central fabril, que conduce Héctor Méndez, donde se definió el plan de acción de los dueños de las fábricas hasta fin de año. En los próximos días, la UIA difundirá un duro diagnóstico económico que pone el acento en la pérdida de empleos por la crisis.
LA UCA DICE QUE CAEN LAS EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
Las expectativas económicas se mantienen en los niveles más bajos históricos, luego de caer un 15% en lo que va del año. El dato surge de un relevamiento de la Universidad Católica Argentina (UCA), que señala que la inseguridad es el principal problema que preocupa a los argentinos.
El índice de Expectativas Económicas que elabora la UCA cayó en setiembre 80 puntos respecto a agosto. Acumula su segunda caída consecutiva tras la mejoría observada en las mediciones previas a las elecciones legislativas de junio.
La inseguridad (20%) continúa siendo el problema que más afecta al país, señala el trabajo. "No obstante, la proporción de entrevistados que la señala en primer lugar cayó 9 puntos desde la medición de enero, al mismo tiempo que aumentó significativamente la cantidad de personas preocupadas por la pobreza (18%).
LA CORTE INTERCEDE EN EL RECLAMO DE FONDOS DE CÓRDOBA
La Corte Suprema de Justicia convocó ayer a una audiencia pública entre el Estado Nacional y la provincia de Córdoba por un reclamo que el gobierno de Juan Schiaaretti mantiene para que le giren fondos para su caja previsional por más de 1.220 millones de pesos, sin los cuales, dice, el gobierno provincial estaría imposibilitado de pagar las jubilaciones a fin de año.
La audiencia se llevará a cabo el 15 de octubre a las 10 y contará con la presencia del propio gobernador provincial Juan Schiaretti, ya distanciado del Gobierno por el conflicto del campo.
"La demanda que hemos hecho como provincia para defender el interés de los cordobeses está prosperando" dijo ayer Schiaretti. "Si la nación reconoce lo que ya firmó diciendo lo que nos debía anteriormente, es posible llegar a un acuerdo, si no, la demanda seguirá su curso hasta que se haga justicia", sostuvo.
EL FORO DE DAVOS ADVIRTIÓ SOBRE LA FALTA DE CONFIANZA EN EL PAÍS
Sobre 133 países relevados, la Argentina ocupa el puesto 85° en el ranking de competitividad que elabora anualmente el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) de Davos. La buena noticia es que el país subió tres puestos respecto de la edición anterior. La mala, que se sigue rezagando respecto de sus vecinos y que ocupa los últimos puestos en los indicadores relativos a calidad institucional y de eficiencia del mercado.
Algunos ejemplos son especialmente llamativos. La Argentina es el país con la confianza más baja del mundo en los estándares éticos de sus políticos. Sólo supera a tres países en cuanto al favoritismo que demuestran sus gobernantes hacia empresas e individuos con buenos contactos a la hora de otorgar contratos. Y si se evalúa la malversación de fondos públicos debido a la corrupción, sólo puede exhibir resultados mejores que los de nueve países: Burundi, Uganda, República Dominicana, Costa de Marfil, Camerún, Bolivia, Paraguay, Chad y Venezuela.
"Hay una falta de confianza del sector privado argentino hacia el respeto de las reglas por parte del Gobierno. En general, predomina la idea de que no se puede confiar en el entorno de negocios del país, lo cual es un problema para inversores y para empresarios", dijo Irene Mia, economista senior del WEF y una de las autoras del informe. Añadió que otros problemas que atentan contra la competitividad argentina son la "rigidez del mercado laboral" y las dificultades para acceder al financiamiento.
BOUDOU: “NO HAY MOTIVO PARA QUE SUBAN PRECIOS”
“En este momento no hay motivos estructurales ni económicos para que haya aumento de precios”, aseguró ayer Amado Boudou dos días de la publicación del dato oficial de inflación este viernes, y que las estimaciones privadas calculan en un 1,5% para agosto.
A falta de “motivos económicos”, el ministro de Economía atribuyó los incrementos de precios al sector empresario, al que pidió “responsabilidad” y a los consumidores les aconsejó estar atentos para detectar cualquier abuso.
Asimismo, el funcionario festejó el resultado del canje de bonos finalizado el pasado lunes, gracias al cual “el Presupuesto público va a estar más aliviado”.
IDEA QUIERE REUNIR A LA INDUSTRIA Y AL CAMPO EN UNA MESA
Los empresarios de IDEA quieren lograr, en el Coloquio que realizarán en octubre, una foto difícil: juntar a la industria y al campo en una mesa de debate. "Están dadas las condiciones para tener un muy buen coloquio", dispararon casi a trío Alberto Schuster -presidente del próximo 45 Coloquio, que se realizará en Mar del Plata entre el 28 y el 30 de octubre-, Gustavo Ripoll y Diego Lozano, presidente y vice de IDEA, respectivamente.
Las razones del optimismo apuntan en varias direcciones. A casi dos meses del coloquio ya hay 800 inscriptos confirmados pero, además, el encuentro le pondría el escenario para una imagen que mostraría a todo el frente empresario unido. Por primera vez, desde que estalló el conflicto del campo, el coloquio de IDEA lograría sentar en una misma mesa a la Unión industrial y el campo. "No es un reagrupamiento empresario, nosotros ponemos el ámbito institucional para discutir el rol empresario", aclaró Schuster.
En esa mesa, donde estaría sentado el titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Luis Pagani, "no estará la Mesa de enlace sí una entidad agropecuaria", aclaró Lozano. En el futuro Coloquio habrá además espacio para debatir la amenaza de la droga a la competitividad regional. Para eso disertará el ex presidente colombiano César Gaviria Trujillo. También se difundirán los resultados de un estudio sobre infraestructura que IDEA le encargó a la consultora FIEL.
Aunque las expectativas seguramente se depositarán sobre la asistencia oficial al encuentro (la presidenta Cristina Kirchner asistió una vez como candidata pero nunca su marido), los empresarios concluirán el encuentro con un panel compuesto por legisladores de diferentes partidos.
