En el inicio de las audiencias públicas organizadas por el oficialismo sobre el proyecto para una nueva ley de medios, los primeros 44 expositores tendrán diez minutos para dar su opinión en una jornada que durará más de diez horas. Será en el Auditorio del Anexo de la Cámara baja, con capacidad para 250 personas y con ingreso limitado sólo diputados, asesores, taquígrafos y periodistas. Es decir, sin público.
Ante el reclamo porque el público no tendrá acceso, desde la Comisión de Comunicaciones -presidida por el kirchnerista Manuel Baladrón y encargada de la logística- aseguraron anoche que se permitirá el ingreso "si hay lugar". Pero con los expositores más los acompañantes, cuyo acceso también se estaba analizando, no quedaría capacidad para el público. A los 250 asientos se llegó porque le quitaron 17 asientos para las cámaras de televisión. Hay 30 asignados para la prensa gráfica. Ayer apuraban los trabajos para dejar listo el Auditorium.
Fuentes de la Cámara salieron a anunciar que se habilitarán otras salas con pantallas para seguir las audiencias, que funcionarán parlantes sobre la avenida Rivadavia y que habrá transmisión en directo por el sitio web de Diputados.
El cronograma impulsado por el oficialismo forma parte de su estrategia para apurar el debate y limitar en tres días las audiencias sobre el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual enviado por el Ejecutivo, con el fin de emitir dictamen este viernes. Algunos, incluso, no descartaron llevar el proyecto al recinto el miércoles de la semana próxima con una sesión especial como atajo para evitar que transcurra una semana desde el dictamen en comisión.
Sin embargo, desde el Frente para la Victoria anoche dudaban en poder terminar con las ponencias el jueves: según los números que difundió la comisión presidida por Baladrón, los anotados para exponer ya sumaban 148 y la inscripción se mantendrá hasta última hora de mañana, por lo que consideraban complicado que dieran los tiempos. Con todo, mantenían como posibilidad extender las últimas dos jornadas hasta la noche y así imponer la estrategia de terminar con las ponencias esta semana.
Distintos sectores de la oposición, a favor de organizar audiencias públicas en siete puntos del país, cuestionaron el formato impulsado por el oficialismo y la porción de oradores que quedarán afuera. La semana pasada, la pulseada por la elaboración del cronograma se había llevado buena parte del plenario. Ayer se repitieron los tironeos en ese sentido y, según la oposición, la cantidad de pedidos para exponer superaría los 300, de acuerdo con su propio cálculo de los que se presentaron en la Comisión de Comunicaciones -que funciona como cabecera en la discusión del proyecto- sumados a los que llegaron a la de Libertad de Expresión, presidida por la radical Silvana Giudici. El oficialismo difundió ayer la lista de los 44 expositores para hoy. Según el oficialismo, se les dio prioridad a los que se anotaron primero.
Anoche, la Cámara baja dio a conocer la lista de expositores de esta jornada. La componen desde Fortunato Mallimaci, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, hasta un miembro de la revista Aluvión Popular. También figuran entidades de medios que no irían porque se les avisó recién anoche.
"EN LUGAR DE CONSULTAS, HARÁN UNA PARODIA", DIJO SILVANA GIUDICI
La diputada radical, Silvana Giudici, titular de la Comisión de Libertad de Expresión, cuestionó el procedimiento que adoptó el oficialismo para llevar adelante las audiencias públicas.
"En lugar de consultas, harán una parodia", dijo ayer Giudici, quien argumentó que "no habrá posibilidad de que el público participe y discuta el tema, ni que puedan exponer todos los sectores interesados, ya que por los tiempos que dio el kirchnerismo más de la mitad de los inscriptos ya está quedando afuera", sostuvo.
Libertad de Expresión es la única de las tres comisiones que deben dictaminar sobre el proyecto que preside la oposición. Para la legisladora porteña, la iniciativa es "un eslabón más de la estrategia de acumulación de poder de Néstor Kirchner". Sostuvo que "es gravísimo que se quiera colocar a la ley de medios debajo de la Secretaría de Medios del Gobierno". Y afirmó que "queremos cambiar la ley de la dictadura para tener una verdadera herramienta que sea una política de estado".
LA OPOSICIÓN IMPUGNA Y LLEVA EL DEBATE A MENDOZA
Los principales bloques opositores impugnarán el cronograma de audiencias públicas impulsado por el bloque kirchnerista que se inicia hoy, a la vez que insistirán con realizar "una audiencia pública federal", que podría realizarse el lunes próximo en Mendoza.
Ayer, la diputada radical Silvana Giudici, titular de la Comisión de Libertad de Expresión, mantuvo consultas con sus pares de la Coalición Cívica, Patricia Bullrich y Francisco Ferro, y con los macristas Federico Pinedo -quien además oficia como vocero de un sector del PJ disidente- y Paula Bertol. Como conclusión de las conversaciones, decidieron tejer junto a otros referentes de esas bancadas y otras del arco opositor una serie de medidas para resistir lo que consideran un intento del oficialismo de darle a la ley de medios "un tratamiento expres".
De estas consultas cruzadas entre los opositores se acordó respaldar la decisión votada en la Comisión de Libertad de Expresión (que preside Giudici), de realizar audiencias públicas fuera de la Capital Federal. Al respecto, se aceptó el ofrecimiento de la Cámara de Diputados de Mendoza -presidida por el peronista Jorge Tanus-, para celebrar en ese ámbito "una audiencia pública federal". Este ha sido un reclamo hecho por las entidades que agrupan radios y canales del interior, por entender que la convocatoria del oficialismo "desconoce las realidades del interior".
De manera simultánea, la oposición presentó ayer una impugnación al cronograma oficial de audiencias públicas a través del diputado radical por Jujuy Miguel Ángel Giubergia. En su calidad de vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Giubergia presentó una impugnación de la sesión plenaria de comisiones realizada el jueves pasado (donde se dio el puntapié inicial al tratamiento del proyecto kirchnerista) ante la inexistencia de actas del plenario de comisiones realizado el jueves, en las que figure la convocatoria a las audiencias públicas.
Giubergia también cuestionó la falta de quórum en Presupuesto al momento de votarse el cronograma en el plenario compartido con las comisiones de Comunicaciones y de Libertad de Expresión.
Según los cálculos de la oposición, al momento de la votación no había la cantidad suficiente de diputados para aprobar las audiencias. La oposición también ha puesto la lupa en los plazos fijados para convocarlas. Para ello se echó mano a un decreto firmado por Néstor Kirchner cuando era presidente en 2003, que establece un plazo previo de 20 días para convocar una audiencia pública. También trascendió ayer, que en el PRO, un grupo de diputados (entre ellos Pinedo y Bertol) están ultimando los detalles de un proyecto propio de radiodifusión: "Seguramente cuando el plenario de la comisiones retome su funcionamiento este viernes, pondremos a consideración nuestro proyecto", confió una fuente parlamentaria del PRO. Y la Coalición Cívica evalúa hacer una convocatoria a "gente de los medios, a líderes de opinión con llegada a la gente" para tener voz propia en las audiencias.
ADVIERTEN QUE SE PONE EN RIESGO A LAS RADIOS DEL INTERIOR
"Ayer nos inscribimos y dejamos la ponencia que queremos presentar; pero, informalmente, el asesor de un diputado oficialista ya nos advirtió: 'el que se hayan inscripto, no significa que esté asegurado que vayan a exponer'".
Esto comentó Héctor Huarte, quien llegó ayer a la Capital Federal desde Neuquén, para representar en las audiencias públicas que debatirán el proyecto ley de medios del oficialismo a la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia (FARBAP).
"La Federación aglutina a más de mil radios del interior, todas de baja potencia; casi todas son FM, pero también hay algunas AM y pequeños canales de cable; podríamos definirnos como Pymes de la radiodifusión.
De estas radios dependen 150 mil familias", se presentó Huarte. El directivo de la FARBAP manifestó su disconformidad por la "precipitada y desprolija" convocatoria a las audiencias públicas.
CRÍTICA EUROPEA AL CONTROL ESTATAL DE LOS MEDIOS
Fabio Colasanti es el director general de Sociedad de Información y Medios de Comunicación de la Comisión Europea. Su visita de ayer a Buenos Aires coincide con la tensión entre el Gobierno y los medios privados por el proyecto oficialista sobre la nueva ley de medios.
Ese debate formó parte de sus diálogos con los empresarios y funcionarios con los que se ha entrevistado.
Colasanti evitó juzgar el contenido de la ley que se debate. Entre tanto, uno de sus colaboradores aprovechó para informar que el funcionario había manifestado la "decepción" europea porque Cristina Kirchner finamente se decidiera por la tevé digital japonesa y no europea.
SIGUE LA PRESIÓN DEL GOBIERNO SOBRE CABLEVISIÓN
En un nuevo gesto de presión del Gobierno sobre Cablevisión, ayer la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que en 2007 avaló por unanimidad la adquisición de Multicanal, designó a un grupo de abogados y economistas como "auditores" para que controlen que la compañía de televisión por cable "no remueva o reemplace activos físicos ni jurídicos".
La medida de la CNDC se suma a otra del Comité Federal de Radiodifusión de hace unos días, que Cablevisión apelará por considerar "ilegal y confiscatoria". Respecto de la auditoría, Cablevisión sostuvo que "viene informando en forma regular y transparente, cada tres meses, la evolución del cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa en diciembre de 2007. Estos informes a la CNDC nunca han recibido objeciones ni pedido de aclaraciones".
La compañía, cuyo 60% pertenece al Grupo Clarín, consideró además que "la CNDC excede su competencia al recabar información sobre aspectos comprendidos en una resolución del COMFER. Evidentemente se trata de otra arbitrariedad jurídica basada en una clara motivación política, dentro del contexto de persecución que afecta a la compañía y al grupo del que forma parte", sostuvo.
Según el vicepresidente de la CNDC, Humberto Guardia Mendonca, "es una resolución que tiene por objeto auditar distintos aspectos relacionados con estas empresas y, como en toda auditoría, se busca que el objeto auditado se mantenga". Para Cablevisión, "otra prueba del exceso es que la resolución ordena a las empresas, sin justificación alguna, la inmovilización de sus activos físicos y jurídicos. De este modo no sólo afecta los derechos de propiedad de la compañía, sino que la deja sujeta a los tiempos y a la discrecionalidad de la CNDC". La empresa anticipó que "apelará esta nueva manifestación de abuso administrativo".
EL PAÍS DE ESPAÑA HABLA DE LA "LEY MORDAZA" DE LOS KIRCHNER
El diario El País de España, uno de los más importantes de Europa, le dedicó en su edición de ayer la tapa y sus dos primeras páginas a la ley de medios kirchnerista y a la relación con la prensa de lo que llama el "eje bolivariano" a lo que hizo duros cuestionamientos.
Bajo el titulo de la Ley "mordaza" de los Kirchner, el diario señala directamente que "la guerra al grupo Clarín" derivó en "una batalla contra todo el sector" y que otras empresas, como PRISA de España, se verán afectadas.
Así lo afirma la corresponsal del periódico en Buenos Aires e influyente periodista, Soledad Gallego Díaz: "Lo que debería haber sido una ley que se limitara a dar un nuevo marco legal, que ampliara el número de licencias, se convirtió en una ley anti-Clarín, de carácter fuertemente estatista".
Indica además que la puja se inició con la "repentina decisión" de la AFA de suspender el contrato por los derechos de televisación del fútbol, que pasó a manos del Estado. Señala que, si bien la presidenta Cristina Kirchner prometió "fútbol gratis para todos", se trata sólo de "una metáfora, porque lo pagarán religiosamente todos los argentinos" porque la AFA "cobrará cada año 600 millones de pesos que saldrán, naturalmente, de los impuestos".
ANÍBAL FERNÁNDEZ BRINDA MAÑANA SU PRIMER INFORME COMO JEFE DE GABINETE
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, irá mañana al Senado a someterse al cuestionamiento de los bloques opositores. Los temas acordados en Labor Parlamentaria son "política oficial y situación en materia de dengue y gripe A. Y el estado de la deuda externa".
No obstante también formarán parte del interrogatorio, seguramente, otros temas de candente actualidad, como el contrato por 10 años que firmó la AFA con el Gobierno y que deposita en manos del jefe de Gabinete el manejo del contrato para la televisación del fútbol, a un costo de 600 millones de peso al año.
Será el informe N° 75 desde que la reforma de la Constitución de 1994 creó el cargo y le impuso al jefe de Gabinete la obligación mensual de ir al Congreso. Algo que nadie cumplió del todo.Eduardo Bauzá, polifuncionario de Carlos Menem, fue el primero en acceder al puesto. Hizo la primera rendición de cuentas el 23 de agosto de 1995. Y fue 4 veces más.
Hoy los senadores recibirán las respuestas a sus demandas presentadas por escrito. La jefatura de Gabinete respondió cerca de 500 preguntas sobre todos los temas. Aníbal Fernández tendrá 40 minutos, según indica el reglamento, para decir su discurso introductorio. Y los senadores tres horas para pedir aclaraciones y repreguntar. Por los temas a tratar (dengue, gripe A, deuda externa, coyuntura económica), Fernández se hará acompañar, según trascendió, por dos ministros: el de Salud, Juan Manzur, y el de Economía, Amado Boudou. Un hecho inusual. También irán el secretario de Relaciones Parlamentarias, el socialista K Oscar González, y el nuevo subsecretario del área, Walter Abarca, entre otros. El jefe de bloque del radicalismo, Ernesto Sanz, envió un extenso cuestionario al jefe de Gabinete, en el que entre otras cosas le pregunta por la "grave situación" de CAMMESA, la empresa estatal administradora del mercado eléctrico mayorista.
Sanz y también Samuel Cabanchik -ex Coalición Cívica, ahora en el monobloque Probafe-, quieren saber que pasará "con las tarifas de los servicios públicos". Otro asunto sobre el que cargará la oposición -también el peronismo disidente- es el de las obras pública, en especial los mega emprendimientos paralizados como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y el tren bala que fueron adjudicados. Además, la oposición buscará incomodar a Fernández cuestionando la situación de Aerolíneas y el contrato que firmó con la AFA.
En la Jefatura de Gabinete hicieron saber que Fernández, al contrario de sus antecesores en el cargo, cumplirá con la norma y concurrirá una vez por mes al Congreso. En octubre irá a la Cámara de Diputados y en noviembre volverá al Senado. Y que no lo atemoriza el interrogatorio opositor.
APOYO CEGETISTA A LAS BARRAS DEL OFICIALISMO: GIUBERGIA CONTRA PIUMATO
En el debate en comisión de la ley de medios, el cegetista Julio Piumato justificó los ataques de las barras kirchneristas a Graciela Camaño.
Un radical lo cruzó, gritándole: "No tenés autoridad moral para defender a barras bravas". Otro radical, Miguel Giubergia, recordó que el dirigente judicial fue candidato y no resultó electo el 28 de junio y entró semanas más tarde para completar el mandato del secretario de Cultura, Jorge Coscia, que vence en diciembre.
MAFIA DE LOS REMEDIOS: ECHARON A UN FUNCIONARIO BONAERENSE
El ministro de Salud de la provincia, Claudio Zin, echó ayer al subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa, involucrado en una causa donde se investiga la venta de medicamentos gratuitos provistos por el estado y el robo y adulteración de remedios.
La decisión fue adoptada después de la revelación del juez federal Norberto Oyarbide sobre escuchas telefónicas, donde "Beto" Costa aparece "en diálogos muy complicados" con el empresario farmacéutico Néstor Osvaldo Lorenzo, imputado por su presunta conexión con la mafia de medicamentos.
Si bien las intervenciones telefónicas que la SIDE grabó durante casi un año están bajo secreto de sumario, una fuente judicial dijo que en la charla se aludiría a una negociación vinculada con el supuesto pago de un soborno. Costa aceptó que habló con Lorenzo pero dijo sobre "cuestiones personales".
LA JUSTICIA YA INVESTIGA VÍNCULOS DE LORENZO CON EL GOBIERNO Y GREMIOS
Néstor Osvaldo Lorenzo, aparece como la cara visible de una organización vinculada a sindicalistas y a sectores del Gobierno, en la causa por robo y adulteración de medicamentos que investiga el juez federal Norberto Oyarbide.
Sin embargo, en tres fuentes sindicales se afirmó el verdadero "cerebro" que está detrás de Lorenzo sería el ex gerente de la superintendencia del Servicio de Salud, Néstor Vázquez, de la gestión de Héctor Capaccioli al frente de ese organismo de control de las obras sociales sindicales.
Más allá de la investigación judicial, Vázquez había llevado ex empleados de San Javier a la "super", que fueron echados por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña y que ahora estarían por volver a sus cargos.
Ocaña renunció por presiones del jefe de la CGT, Hugo Moyano, por controlar la "super".
ZANOLA: "NOSOTROS NO PROVEÍMOS MEDICAMENTOS ADULTERADOS"
El titular de la Asociación Bancaria y de la obra social bancaria (OSBA) Juan José Zanola negó haber cometido irregularidades en la entrega de medicamentos a sus afiliados. “El viernes el juez Oyarbide se llevó documentación de la OSBA y del policlínico bancario...”, dijo.
Agregó: Es cierto. No tenemos ningún problema con que se investigue todo. Será el juez el que determinará las responsabilidades. Tenemos mucha tranquilidad. Es una campaña mediática”.
EL PATRIMONIO DEL SEGUNDO DE DE VIDO SIGUE BAJO SOSPECHA
A pesar de los intentos de los abogados de la defensa para impedirlo, la Justicia seguirá investigando al secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López, por presunto enriquecimiento ilícito.
La Cámara Federal porteña confirmó la decisión que había adoptado el juez Daniel Rafecas rechazando un planteo de López para que se aplique el criterio de "cosa juzgada".
El 28 de julio pasado el abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia pidiendo que se investigue por enriquecimiento ilícito a un grupo de funcionarios -entre ellos López. Incluyó al matrimonio Kirchner; el ministro de Planificación, Julio De Vido; su esposa y ex vicejefa de la SIGEN, Alessandra Minicelli; el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el secretario de Comercio, Guillermo Moreno; la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; el secretario de Medios, Enrique Albistur; el ex ministro de Economía, Carlos Fernández, y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
ESPERAN UN PEDIDO PARA INVESTIGAR LOS BIENES K
Julio Vitobello, titular de la Oficina Anticorrupción espera que le llegue un pedido formal del juez federal Norberto Oyarbide para empezar a analizar la evolución patrimonial del matrimonio Kirchner.
Según había anticipado el magistrado, ese pedido se produciría en algún momento de esta semana. Fuentes de la OA contaron que hasta ayer a la tarde no habían recibido el mandato judicial y se mostraron "sorprendidos" de que el juez hubiera anticipado su pedido a través de la prensa el fin de semana.
En agosto, ante un requerimiento del fiscal Eduardo Taiano, Oyarbide comenzó el trabajo de recolección de datos para avanzar en la investigación. Fue luego de otra denuncia del abogado Ricardo Monner Sans. En ese sentido, Oyarbide adelantó que esta semana le pediría a la OA que "realice desde su ámbito, como lo considera la propia ley, la valoración de todo el material probatorio". Oyarbide también pedirá informes a la AFIP y hasta podría llegar a citar al contador de los Kirchner.
PIDEN QUE SE INVESTIGUEN LOS AVIONES DE KIRCHNER
La flota paralela que, a pesar de contar con cuatro aviones y un helicóptero oficiales, utilizan los Kirchner para trasladar integrantes del núcleo presidencial y valijas de contenido desconocido acompañadas sólo por custodios -revelada ayer en una investigación de LA NACION- provocó enérgicas quejas de dirigentes de la oposición, que plantearon sospechas por el uso de los fondos públicos y exigieron la intervención de la Justicia.
El diputado radical Pedro Azcoiti trazó un paralelismo con el menemismo. "Si la nota [por el artículo publicado] empezara diciendo Zulemita en lugar de Florencia,sería una típica información de los 90. El desparpajo con que los Kirchner manejan los fondos públicos es el mismo que mostraba [Carlos] Menem. Confunden el patrimonio público con el particular, al mejor estilo de los sultanes", dijo, refiriéndose al párrafo que mencionaba a la hija del matrimonio presidencial como una de las habituales pasajeras de la flota, compuesta por un Challenger 600 (matrícula LV-BYG) y un Lear Jet 35 (LV-BXU), que se sumaron al Lear Jet 31 A (N786YA) que utilizaba el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y está ahora en Montevideo.
Los tres aviones fueron traídos al país por el piloto y empresario Gustavo Carmona, de muy buena relación con la Casa Rosada, y son ofrecidos habitualmente, en alquiler, por Sergio Velázquez, piloto del Tango 01. Molesto, Azcoiti dijo que era "particularmente preocupante" que los aviones sirvieran para trasladar bolsas de hasta 40 kilos, cuyo contenido "es un misterio".
Video: así es la lujosa flota aérea que usan los Kirchner.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Fernando Sánchez se centró en los supuestos propietarios de las aeronaves. "Estamos ante una nueva prueba de cómo funciona el mundo de los testaferros que bancan a Néstor Kirchner y a los funcionarios del Gobierno", planteó.
En los papeles, Carmona es el dueño del Challenger, y la firma Aires Argentinos, del Lear Jet 35. En el sector, no obstante, los atribuyen a dueños más poderosos por la sugestiva razón de que quien los muestra a los potenciales clientes en los tiempos en que no se usa es Velázquez.
Claudio Lozano, diputado de Proyecto Sur, consideró que la salida a la luz de la flota paralela no hace más que "profundizar" lo que llamó el "resquebrajamiento del consenso" que, según él, sufre la Casa Rosada. Según Lozano, la investigación dispara "un tendal de cosas poco explicables. Lo primero oscuro es por qué existe la flota. También es muy grave el tipo de cosas que se sugiere que se trasladan y que aparezca Gildo Insfrán, que es gobernador de una provincia (Formosa) fuertemente vinculada al tráfico ilegal de todo tipo de mercancías. Lo que la nota trasunta es la existencia de movimientos poco claros y hasta inconcebibles, como que un avión se use para trasladar jarrones y, peor aún, para esquivar controles con mercancías de origen por lo menos sospechoso".
D´ELÍA DECLARÓ QUE ESTÁ "ORGULLOSO" DE HABER TOMADO UNA COMISARÍA
El dirigente piquetero Luis D'Elía admitió ayer haber participado de una protesta hace cinco años dentro de una comisaría aunque negó haber cometido delitos o tomado la seccional, la que, según sus dichos, fue "abandonada" por las autoridades policiales. También dijo que está "orgulloso" de su accionar.
D'Elía se presentó ayer ante el juez federal Sergio Torres, quien antes de resolver la situación procesal del piquetero indagará a otros acusados, con lo cual recién dentro de un mes se sabría si es procesado o no por este añejo problema. "Estoy orgulloso de mi conducta. No soy un dirigente que mira para otro lado. Si el sicario hubiera sido detenido en su momento, no hubiera pasado lo que pasó", dijo D'Elía a la salida de los Tribunales federales de Comodoro Py. El piquetero se refirió así a Juan Carlos Duarte, cuya detención reclamaba junto con otras personas la madrugada del 26 de junio de 2004 en la comisaría 24 de La Boca por el homicidio de un miembro de su agrupación, Martín "Oso" Cisneros. Duarte terminó condenado por ese homicidio.
EL NUEVO MINISTRO PARA EL AGRO NO QUIERE A EXTRANJEROS EN SU PUEBLO
"Prohibido la entrada a gente ajena a Chivilcoy. Cuidemos el comercio de Chivilcoy". A pocas horas de asumir como ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Ariel Franetovich, ratificó el apoyo a una ordenanza que impide la radicación de supermercados de procedencia extranjera y especialmente chinos impuesta por las cámaras minoristas locales y que utilizan este eslogan poco hospitalario.
El mensaje fue instalado a la salida de una reunión del intendente Franetovich con los comerciantes minoristas de Chivilcoy. Según el representante del sector, Hernán Vairo, existe preocupación por la posible radicación de dos supermercados chinos. "Nosotros vamos a estar detrás para que la ordenanza se cumpla", explicó el comerciante.
El decreto municipal establece una prórroga de 180 días para la habilitación de comercios del rubro alimenticio cuyos propietarios no tengan residencia mínima de 5 años en el partido de Chivilcoy. La norma resultaría insostenible según algunos constitucionalistas, pero Franetovich decidió que el municipio resulta habilitado para establecer principios sobre "libre comercio" u otras variantes vinculadas con la actividad.
Franetovich admite que imponer este objetivo resulta complejo: "Si bien el municipio, dentro de la autonomía tiene algunas facultades, a veces estamos al límite de la legalidad", dijo.
MOVILIZACIÓN DEL CAMPO EN CASI TODO EL PAÍS
Como recuerdo a la instalación de la primera colonia agrícola en el país, en 1856 en la santafesina Esperanza, hoy se celebra el "Día del Productor Agropecuario". Las entidades del sector, lejos de festejar, reanudarán sus protestas contra el Gobierno con una serie de actos en el interior.
Una de las concentraciones más importantes será en Resistencia (Chaco), a partir de las 11. De ese tractorazo participarán el presidente y el vice de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi y Pablo Orsolini. En la frontera entre Santa Fe y Buenos Aires, sobre la autopista a Rosario, habrá otra concentración liderada por Carlos Garetto (Coninagro) y Ulises Forte (FAA). El Obispo de San Nicolás, Héctor Cardelli, ofrecerá una misa. También en Santa Fe, habrá un camionetazo en Rafaela.
En territorio bonaerense, Olavarría será el punto de reunión desde las 11, con la presencia de Mario Llambías (CRA). Lincoln albergará otro acto y Bahía Blanca un tractorazo. En Entre Ríos, habrá dos grandes actos. Una concentración frente al histórico Palacio San José, con la presencia de Hugo Luis Biolcati (SRA, y luego un acto en Viale.
LOS RURALISTAS NO QUIEREN LIBERAR LA VACUNACIÓN DE AFTOSA
Las entidades del agro se pusieron en alerta por otra medida que impulsa el Gobierno: la probable habilitación para que veterinarios privados vendan y apliquen al ganado las vacunas contra la fiebre aftosa. La desregulación en un servicio que moviliza unos 300 millones de pesos al año, y que hoy prestan organizaciones de productores, será el eje exclusivo de una reunión que la Mesa de Enlace realizará este jueves.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) habilitó una consulta pública de 30 días para recoger opiniones del sector privado sobre esta eventual reforma. Ya recibió 150 aportes que se dividen entre los que están en contra y los que están a favor. La Mesa de Enlace quiere decir lo suyo y fijará su propia posición en el proceso, que concluye el sábado próximo.
Hugo Luis Biolcati, el titular de la Sociedad Rural, adelantó que el sector ve con malos ojos la participación de los veterinarios privados en un servicio que desde los años noventa prestan las Fundaciones de Lucha contra la Aftosa, asociaciones generalmente ligadas con las sociedades rurales de cada localidad. Esa red de productores fue la que permitió controlar en dos ocasiones la temible enfermedad ganadera. Pero el Senasa recibió dos fallos judiciales adversos, en causas iniciadas por veterinarios privados que quieren participar también del millonario negocio.
ALARCÓN YA ACTÚA COMO CUÑA DEL GOBIERNO EN LA MESA DE ENLACE
Desde que la nombraron, hace una semana, su pase hizo tanto ruido como el de Borocotó. María del Carmen Alarcón, que se subió a todas las tribunas ruralistas, aceptó el ofrecimiento de Aníbal Fernández como la "última carta negociadora del Gobierno con el campo", según justificó ella misma ante sus íntimos.
A cargo de una secretaría con nombre pretencioso, Secretaría de Integración Nacional, hoy tiene un despacho modesto en la ex Somisa, un sueldo que rondaría $17.000 mensuales, además de casi todos sus gastos pagos y no pierde un segundo. Ayer, sus asesores se reunieron de manera reservada con los técnicos de las entidades del campo para presentarles un plan que, desde el punto de vista de la funcionaria, permitirá recomponer las relaciones.
Pero algo salió mal, ya que por la tarde se la vio visitando el despacho del Jefe de Gabinete con la misma propuesta que aún no logra consenso. La fórmula, que en apariencia es simple, es criticada por los ruralistas. Ellos dicen que favorece a los exportadores. Alarcón les habló de reducir de las retenciones de trigo y maíz al 10% (hoy están en 23 y 20% respectivamente) y permitir que los exportadores compren 6,5 millones de toneladas de trigo y 8 millones de maíz.
ART: MÁS TIRONEOS EN LA NEGOCIACIÓN
Hoy se reúne el Consejo Consultivo Permanente (Estado, CGT, UIA) de riesgos del trabajo para avanzar en dos temas cruciales: indemnizaciones y formación de Mutuales sin fines de lucro.
En torno a las indemnizaciones, hay un borrador de decreto que propone actualizar el tope fijado 9 años atrás, de $ 180.000 por el grado de incapacidad a $ 540.000. Aún así para un segmento de trabajadores, ese valor es más bajo que el que surgiría de aplicar directamente la fórmula que, entre otras variables, depende del salario del trabajador accidentado.
Por eso, asesores del Consejo plantean eliminar el tope y argumentan que como el salario que se toma en cuenta para el pago de la cuota mensual y para el cálculo de las indemnizaciones ya está topeado ( desde septiembre en $ $ 9.351,30) no tiene razón de ser volver a topearlo, a un nivel más bajo, para el pago del beneficio. Esta postura es la de la CGT que reclama que haya un piso que garantiza una renta mínima.
CON UN NUEVO CANJE, LA ARGENTINA POSTERGÓ DEUDA POR $ 7.261 MILLONES
"Muy satisfechos, hemos superado claramente los objetivos", fueron las palabras rosadas que el ministro de Economía, Amado Boudou, y su secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, eligieron para referirse al resultado del canje de títulos de la deuda cuyas cotizaciones estaban atadas a indicadores que difunde el polémico INDEC.
"Estamos muy satisfechos, este canje tuvo un nivel de aceptación del 76%", disparó Boudou y admitió que "el principal objetivo es mejorar el perfil de la deuda argentina y volver a los mercados".
La satisfacción llegó al Palacio de Hacienda por una combinación de buenas nuevas. Entre ellas, con este canje de bonos, el Gobierno logró achicar la deuda argentina en casi $ 2.000 millones y, además, estiró para dentro de 3 años el pago de vencimientos por $ 7.261 millones. Es decir, que le alivió los desembolsos al tramo final del gobierno de Cristina Kirchner. "Le damos más certidumbre al perfil de la deuda en el trienio 2010/ 2012 por una reprogramación voluntaria", especificó el ministro. Y Lorenzino aclaró que "habrá una reducción nominal de la deuda de $ 1.898 millones".
AUMENTARÁ 86% PAGO MÍNIMO EN EL NUEVO MONOTRIBUTO
El proyecto que modifica el régimen de monotributo, que será girado al Congreso en los próximos días, no sería cambiado en el Ministerio de Economía. El texto impulsado por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y consensuado por entidades empresariales como los Consejos de Ciencias Económicas, la UIA y la CGT, se encuentra en el escritorio de Amado Boudou desde el mes pasado y previo paso por la Casa de Gobierno, se espera que llegue a manos de los legisladores con pequeños acondicionamientos que no cambiarían en esencia la propuesta original.
En líneas generales, el proyecto de la AFIP prevé nuevas categorías e incrementa los valores mensuales de los aportes jubilatorios (de $ 35 a $ 110) y de obras sociales (de $ 46,75 a $ 70). Las categorías dentro del régimen están definidas por los parámetros ya existentes (Ingresos Brutos, superficie afectada y energía eléctrica consumida) a los que se les modifica los límites y se les suma los alquileres devengados anualmente. Se eleva, además, el tope de facturación anual de $ 72.000 a $ 200.000 para profesionales y de $ 144.000 a $ 300.000 para los bienes. Y las cuotas mensuales llegarán hasta los $ 2.880, cuando las más altas hasta ahora no llegan a $ 590. La mínima sería de $ 213 (hoy a $ 115, lo que implica una suba del 86%).
POR LA CRISIS, EN UN AÑO SE PERDIERON CASI 50.000 EMPLEOS FORMALES
Aunque entre enero y junio las empresas habían blanqueado ya a unos 200.000 trabajadores, en un año los puestos de trabajo registrados por las empresas cayeron 0,7%, lo que equivale a casi 50.000 empleos menos.
En total, los puestos de trabajo "en blanco" en el segundo trimestre de 2009 sumaron 6.852.418, según los datos de la AFIP difundidos ayer en base a las declaraciones juradas de las empresas registradas ante la Seguridad Social. De este total, el 70% se desempeña en actividades de Servicios y el 30% en la fabricación de bienes.
Así la "regularización laboral" ayudó a compensar gran parte de la bajas que se fueron produciendo por la menor actividad económica, en especial en la construcción y la industria manufacturera. A fin de agosto, el blanqueo laboral incluyó a 330.547 empleados regularizados y continúa abierto hasta el 28 de enero de 2010.
CERRARON 60.000 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS DESDE 2002
Entre 2002 y 2008, desaparecieron casi 60.000 explotaciones agropecuarias (59.943, exactamente), de acuerdo con los datos que se desprenden del informe preliminar del Censo Nacional Agropecuario realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el año pasado, en pleno conflicto por las retenciones móviles. En 2002 existían 333.533 establecimientos; en 2008, esa cifra cayó 18% y se redujo a 273.590.
En otras palabras: en la misma superficie productiva hay menos productores y, por lo tanto, una mayor concentración del negocio del campo. Según fuentes de la Sociedad Rural Argentina, los establecimientos que faltan se explican por el abandono de las actividades agropecuarias, la venta de campos y la migración de inversiones desde la Argentina hacia otros países del Mercosur, principalmente Brasil y Uruguay. Todos estos números se desprenden de la comparación de los censos de 2002 y 2008.
