Ellos cinco, más al menos otras dos personas bajo investigación, "formaban parte de una asociación ilícita dedicada a falsificar documentación y perpetrar diferentes estafas".
Las maniobras se prepetraban mediante la actividad de una empleada del centro de atención telefónica de un banco privado de primera línea, quien conseguía ingresar a las cuentas de sus clientes y revelar los datos a sus cómplices.
Así, conseguían confeccionar documentos a nombre de clientes solventes con la fotografía de los imputados para obtener los créditos que, al no ser cancelados, eran reclamados a los clientes bancarios cuyos datos figuraban en las solicitudes aunque ellos nunca los habían pedido.
Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler ratificaron el procesamiento dictado por el juez de primera instancia Claudio Bonadío, por un delito que tiene una pena de hasta 15 años de cárcel.
