Los principales bloques de la oposición se unieron para resistir el intento del kirchnerismo de apurar el debate de la ley de medios, que comenzará a tratarse hoy en un plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados.
Representantes de seis bloques dieron a conocer ayer su postura en una conferencia de prensa conjunta, en la que rechazaron la idea del oficialismo de limitar la discusión del proyecto del Gobierno -que reúne 157 artículos- a tres audiencias públicas que se realizarán durante la semana próxima. Y también objetaron puntos centrales de su contenido. Entre ellos, el poder que se le concede al Poder Ejecutivo como autoridad de aplicación, la revisión de las licencias cada dos años y el ingreso de las empresas telefónicas.
"Es inaceptable que el Gobierno haya puesto el proyecto en debate fuera del Congreso durante seis meses y ahora venga a decirnos que los legisladores solo tenemos una semana para discutirla", sostuvo la radical Silvana Giudici, quien llevó la voz cantante por ser la única opositora en presidir una de las tres comisiones donde se debatirá el proyecto, la de Libertad de Expresión.
Las otras son las de Comunicaciones -que funciona como cabecera- y Presupuesto, que son presididas por los kirchneristas Manuel Baladrón y Gustavo Marconato.
Giudici se hizo eco del reclamo opositor para que el proyecto sea girado a más comisiones y recordó que los dos primeros proyectos de medios que presentó la oposición durante el kirchnerismo "fueron el de Margarita Stolbizer (entonces de la UCR), que se envió a seis comisiones, y el de Lucrecia Monteagudo (PI), que fue a siete".
En el encuentro participaron 24 legisladores en representación de la UCR, la Coalición Cívica, Unión-PRO, Consenso Federal (cubismo), Unión Peronista (PJ disidente, ligado a Felipe Solá) y Memoria y Democracia, el monobloque de la periodista cordobesa Norma Morandini.
Como primera acción de su estrategia de resistencia, se dio aval a la decisión de Giudici de convocar en forma autónoma a la comisión que preside para hoy a las 9, para fijar un cronograma alternativo que sus miembros llevarán al plenario, que comenzará una hora más tarde.
Allí, la oposición está en minoría -9 miembros sobre 23-, pero trascendió que igual propondrá que se amplíe el tiempo de consultas y se extiendan las audiencias a todo el país.
De hecho, el objetivo de máxima es que el tema no llegue al recinto, para ser votado, hasta después de la renovación del Congreso, en diciembre, cuando asuman los legisladores electos el 28 de junio y el oficialismo pierda la mayoría.
"No se trata de corregir comas o giros idiomáticos", ironizó a su turno Oscar Aguad, jefe de la bancada radical, en alusión a la insinuación del oficialismo de que aceptará cambios para atraer aliados. Y argumentó: "Se trata de frenar el peligro que significaría que este Gobierno maneje los medios de comunicación de la Argentina para alimentar su proyecto de poder político y económico".
En el mismo sentido se expresó Federico Pinedo, jefe del bloque PRO. "No se trata de votar una ley a la medida de los políticos, sino de garantizar la libertad de expresión de la gente para que pueda criticar a los políticos a quienes votó" Y acusó al kirchnerismo de querer "apropiarse de la libertad de expresión".
Por la Coalición Cívica, Elsa Quiroz dijo que "al Parlamento le asiste el derecho de tener un debate en tiempos razonables". El peronista disidente Jorge Sarghini sostuvo que "vamos a hacer los esfuerzos para reunir al resto de la oposición". El cobista Daniel Katz opinó que "si se buscaba la desconcentración, esta ley apunta a todo lo contrario". Mientras que Morandini dijo que "el Estado debe regular, pero no controlar a los medios".
SANCIÓN DE LA LEY DE MEDIOS: COMPLICACIONES EN DIPUTADOS PARA EL OFICIALISMO
El Poder Ejecutivo no aceptará modificaciones sustanciales en el proyecto de ley de radiodifusión que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, sino tan sólo retoques a algunos de los aspectos más polémicos. Ese fue la instrucción tácita del interventor en el Comité Nacional de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, al bloque oficialista de diputados, con el que estuvo reunido ayer más de tres horas en el despacho de Agustín Rossi (Santa Fe), jefe de la bancada.
Esta definición del oficialismo abre serias dudas y un signo de interrogación sobre si finalmente el kirchnerismo logrará sumar los apoyos necesarios para reunir el quórum y aprobar la iniciativa, ya que los bloques de la centroizquierda -fundamentales para que el oficialismo alcance la mayoría- plantearon ayer la necesidad de modificaciones de fondo en aspectos centrales.
Sin estos votos, el oficialismo estaría en serios problemas, máxime si a esto se suma que los cinco diputados oficialistas por Chubut también condicionan el apoyo, al tiempo que la diputada Graciela Camaño (Buenos Aires) anticipó su voto negativo.
MEDIOS: ADVERTENCIA DE SENADORES DEL PERONISMO
La intención del Gobierno de imponer a ritmo veloz una nueva ley de radiodifusión parece cada día una meta más difícil de alcanzar. Ayer, el presidente de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, el peronista jujeño Guillermo Jenefes, dejó bien en claro que no aceptará ningún tipo de apremio de parte de la Casa Rosada para discutir el proyecto cuando llegue a la Cámara alta.
"Yo no fui consultado sobre este proyecto, así que le garantizo a la oposición que aquí habrá un debate amplio y plural. No me preocupa si el proyecto lo aprueba este Congreso o el que viene", afirmó Jenefes.
El senador dejó sentada esta posición en la mañana de ayer, durante la reunión de la comisión que preside y a la que de manera obligada deberá ser girado el proyecto una vez que la Cámara de Diputados lo apruebe.
LEY DE MEDIOS: LOS SOCIALISTAS SE CORTAN SOLOS
El bloque de diputados socialistas se negó a participar de la estrategia conjunta de la oposición, contrariamente a lo que hizo frente a otros debates clave que se dieron en el Congreso durante el kirchnerismo.
Esta vez, hizo su propia rueda de prensa, en la que dio a conocer sus objeciones al proyecto de medios -sobre todo rechazar el acceso de las telefónicas-, aunque no se opuso a que el debate se agote antes del 10 de diciembre. La postura había sido anticipada por el gobernador santafesino y líder de esa fuerza, Hermes Binner.
PARA PINO SOLANAS, EL PROYECTO "ES INTRINCADO Y FARRAGOSO"
Fernando Pino Solanas y el diputado Claudio Lozano, referentes de Proyecto Sur, destacaron ayer sus diferencias con el proyecto oficial de radiodifusión. Se pronunciaron en contra de la habilitación a las compañías telefónicas para que se conviertan en operadoras de radio y TV y de la decisión del oficialismo de subordinar la autoridad de aplicación al "poder de Ejecutivo como sucede con la iniciativa oficial".
Solanas, diputado electo que asumirá el 10 de diciembre, y Lozano presentaron ayer en el Congreso un proyecto propio de reforma de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En la conferencia de prensa defendieron los postulados de la Coalición por la Radiodifusión Democrática, un conglomerado de organizaciones sociales que llevaron al Gobierno un diseño de ley de radiodifusión propio. Para Solanas y Lozano el "Gobierno busca imponer con esta ley un segundo COMFER es una vergüenza".
CASARETTO PIDIÓ QUE LEY DE MEDIOS SE TRATE DESPUÉS DE DICIEMBRE
El apurón del Gobierno para que el Congreso trate antes del 10 de diciembre el proyecto de ley de radiodifusión siguió cosechando opiniones contrarias.El titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, adhirió a la postura que estima necesario tratar la nueva Ley de Medios Audiovisuales después del recambio legislativo.
"Sería lógico tratarla en diciembre", expresó Casaretto en Rosario, ciudad a la que viajó para impulsar el diálogo ciudadano. El pasado viernes, al igual que lo había hecho buena parte de la oposición, la Iglesia salió a decir que "es mejor" que la iniciativa sea tratada por la composición de la cámara surgida en las elecciones del 28 de junio. Hasta deslizó sus temores sobre los efectos que podría tener sobre la libertad de expresión una ley que no sea suficientemente debatida y consensuada.
CRISTINA SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE MEDIOS: "SE ESCUCHARÁ LA OPINIÓN DE TODOS"
En medio de los cuestionamientos que recibe de la oposición y de las entidades periodísticas nacionales e internacionales la ley de radiodifusión K, y cuando el oficialismo busca acelerar los tiempos parlamentarios, en Mar del Plata la presidenta Cristina Fernández llamó "a escuchar la opinión de todos" y admitió que el proyecto enviado al Congreso "seguramente" tenga modificaciones.
Lo sostuvo la presidente apenas llegó a la ciudad, en un breve diálogo con los periodistas: "Aspiramos a dejar atrás un instrumento de la dictadura y también a una democratización que se tiene que dar en la política de medios", indicó. Antes de entrar a la Catedral de Mar del Plata, confió Cristina que "seguramente habrá modificaciones" al proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual del Gobierno durante el debate en las dos cámaras del Congreso.
No habló de plazos, pero pidió que en el debate parlamentario "se escuche la opinión de todos los que quieran opinar" porque -dijo- "todos debemos aprender que hay puntos de vista diferentes y esta es la democracia y la aceptación de la diversidad". "La idea era no presentar un proyecto del Poder Ejecutivo, sino un proyecto que fuera debatido a lo largo y ancho del país con un criterio de integración federal y social", indicó. Enseguida, destacó que "hubo foros y conferencias y se incorporaron más de ciento y pico de modificaciones a aquel anteproyecto que se había presentado el 18 de marzo y que ahora va para el debate de todas las fuerzas políticas".
MARIOTTO DIO INSTRUCCIONES AL BLOQUE K Y CONVOCÓ A "RESISTIR"
“Se pueden modificar algunas cosas, ajustar ciertos límites, pero ninguna cuestión de fondo", fue la aclaración que recibieron unos 65 diputados oficialistas en una reunión en el despacho de Agustín Rossi, el jefe de bloque kirchnerista, con Gabriel Mariotto -titular del Comfer- y Eduardo Fellner, presidente de la Cámara, con instrucciones para resistir los reclamos de la oposición. "Hubo algunos planteos internos por cuestiones que se pueden revisar", contó uno de los legisladores clave del Frente para la Victoria.
Aunque no todos son miembros de las comisiones en las que se tratará el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, los cinco diputados chubutenses que responden a Mario Das Neves participaron de la reunión.
A pesar de la distancia del kirchnerismo en sus últimas declaraciones públicas y las críticas del gobernador a la iniciativa, ese grupo no planteó serias objeciones sino modificaciones dentro de lo que el oficialismo estaría dispuesto a otorgar. El texto que ingresó a la Cámara baja fue redactado con posturas de máxima para negociar y entre las concesiones podría incluirse una composición diferente en cuanto a la autoridad de aplicación, un período más amplio que dos años como plazo para revisar las licencias y mayores límites para el ingreso de las telefónicas al mercado de medios.
Los diputados oficialistas insistieron en el "buen ánimo" y la "unidad" del bloque. Sin embargo, Graciela Camaño no participó de la reunión y, según admitieron algunos kirchneristas, ya habría comunicado su decisión de votar en contra. De cualquier modo, un encumbrado legislador se entusiasmaba con sumar más votos que los 136 de la noche en la que se aprobaron las facultades delegadas.
"No se puede patear el debate para adelante", aseguró Mariotto a la salida de la reunión. Por momentos eufórico, dijo que hoy será un "día de fiesta". Y arremetió: "Si después del 10 de diciembre la oposición quiere volver a la ley de la dictadura, que lo ponga en palabras y se verá si tiene los votos".
VILA: "ESTO ES COMPARABLE CON EL GOLPE DEL 76"
El empresario periodístico Daniel Vila, presidente de Uno Medios, tuvo también duras declaraciones contra el proyecto del Gobierno ayer, durante la inauguración de un laboratorio multimedia en Mendoza.
El envío de la Ley de Medios Audiovisuales al Congreso "tiene una gravedad institucional solamente comparable con el Golpe de Estado de marzo del 76. Esta ley, su pretexto de cambiar una ley del proceso militar, esconde uno de los despojos más grandes a los que puede llegar a asistir la Argentina: el despojo que le va a hacer la ley a la sociedad en su conjunto, despojo a la pluralidad informativa", sostuvo.
Para Vila, se pretende con el proyecto oficial que "sea solamente la voz de aquellos que el Estado decida que se escuche la que se escuche, es el despojo a la información real que va a hacer el Estado para cambiarla por aquella información que decida que se conozca."
POR PEDIDO DE KIRCHNER, SCIOLI ECHÓ AL MINISTRO DE AGRICULTURA
En pleno conflicto del Gobierno nacional con el campo, Daniel Scioli le pidió la renuncia a su ministro de Asuntos Agrarios, Emilio Monzó, quien mantenía buen diálogo con los ruralistas. Según se insistió ayer en La Plata, el recambio en el gabinete bonaerense fue "un reclamo de Néstor Kirchner".
"Me dijeron que Scioli decidió profundizar en la provincia el modelo de Kirchner y que yo no compatibilizaba con ese momento", dijo ayer Monzó. Y aseguró que la orden de echarlo venía del ex Presidente.
Monzó había ingresado al gabinete provincial el 27 de octubre de 2008, con la división del ministerio de la Producción. En todo este tiempo, intentó acercamientos con la representación gremial del campo. Hace un mes, después de los comicios legislativos reunió a la Mesa Agropecuaria Provincial con Scioli. No obstante, los preacuerdos del encuentro terminaron congelados luego del apoyo del gobernador al veto presidencial sobre el quite de retenciones en 37 distritos bonaerenses declarados en emergencia.
En ese contexto, algunas fuentes señalan que Scioli se desencantó de la política de acercamiento al campo que encabezaba Monzó con la amenaza de los ruralistas de marchar a La Plata y por las declaraciones de Eduardo Buzzi, quien llamó al gobernador "felpudo de Kirchner". Otras fuentes agregan que la gobernación seguía con asombro gestiones de Monzó en la legislatura para acotar aumentos impositivos impulsados por Scioli que afectarían al campo,
"NO FUE LA PRIMERA VEZ QUE KIRCHNER PIDIÓ MI CABEZA, SINO LA CUARTA"
Lo aseguró el ahora ex titular de Asuntos Agrarios. Dijo que su alejamiento es una "cuestión política".
Emilio Monzó se enteró que dejaría de ser el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense ayer a las 10 de la mañana, en el despacho del jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez. No le sorprendió el pedido de renuncia ni de quién venía: el mismísimo Néstor Kirchner.
Monzó asegura que el ex presidente ya había pedido su cabeza al menos en tres ocasiones.
POR TEMOR A ESCRACHES, SCIOLI SUSPENDE ACTOS
La percepción sobre posibles escraches u otras manifestaciones rurales, determinaron la suspensión de los actos programados por Daniel Scioli en el Interior bonaerense. Ayer, el gobernador debía viajar a Las Flores y mañana a los distritos de Tandil y Benito Juárez, tres regiones donde la protesta agropecuaria se desarrolla con intensidad.
En la Gobernación aclararon que Scioli estaba dispuesto a concurrir, pero el desarrollo del conflicto con el campo "podía generar momentos de tensión". "No hay que habilitar espacios de provocación en la Provincia", agregaron.
EL CAMPO TERMINA MAÑANA EL PARO, PERO CONTINÚA CON LA PROTESTA
La discusión tomó más tiempo de lo pensado, largas cuatro horas. Y fue bastante dura, porque los dirigentes de la Mesa de Enlace se sacaron chispas. La decisión final fue salomónica: el campo termina con el paro, pero continúa con la protesta.
Tras el cónclave de las entidades rurales, el mensaje a los productores fue el siguiente: pese a las últimas "provocaciones" del kirchnerismo, el sector cumplirá la palabra empeñada y el paro agropecuario terminará mañana a la medianoche, como estaba previsto. Pero el descanso será breve, ya que el próximo martes, cuando se celebra el "Día del Agricultor", habrá movilizaciones de chacareros en diferentes provincias.
NO HUBO QUÓRUM EN EL SENADO Y SIGUE TRABADA LA LEY DE ELECTRÓNICOS
Por segunda vez en quince días, la sesión del Senado convocada para tratar el impuesto a los productos electrónicos -destinado a favorecer la producción en Tierra del Fuego- fue levantada ayer por falta del quórum.
Debido a la ausencia de siete legisladores oficialistas, los bloques de la UCR, de la Coalición Cívica y del PJ disidente decidieron no bajar al recinto hasta que el oficialismo no tuviera el mínimo de legisladores necesarios para abrir la discusión.
“NO HABRÁ LEY ART, PERO SUBIRÁN INDEMNIZACIÓN”
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, señaló que hasta el año próximo el Gobierno no enviará al Congreso proyecto alguno de ley de accidentes de trabajo. El funcionario admitió que -desde que el fallo de la Corte Suprema declaró inconstitucionales las indemnizaciones fijadas por la ley de ART vigente- existe un “vacío legal” en esa área que había generado un rebrote de la industria del juicio, pero sostuvo que la idea es “incrementar dramáticamente el monto de esas indemnizaciones, que quedaron desactualizados”.
El titular de la cartera laboral agregó que habían mantenido reuniones con las ART, y que “me sorprendió, porque no son ellas el problema. No tienen ningún inconveniente en subir los montos indemnizatorios, siempre y cuando las cuotas que pagan las empresas se incrementen de manera proporcional”.
MAGISTRATURA: DEBATEN CAMBIOS
Legisladores del oficialismo y la oposición y destacados constitucionalistas debatieron sobre la necesidad de reformar el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de nombrar y remover jueces. Fue el martes durante un debate organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y las fundación La Nación y Noble en el auditorio de OSDE.
La discusión la abrió el presidente del colegio Enrique del Carril quien propuso que un juez de la Corte vuelva a presidir la Magistratura para tratar de superar el problema de la "bicefalía" de conducción de la administración de la Justicia. Estuvo dividida en dos paneles: uno con legisladores y otro con juristas. El primero fue coordinado por el periodista Daniel Santoro de Clarín y el segundo por su colega Paz Rodríguez Niel de La Nación.
Luego tomó la palabra la diputada del Frente para la Victoria, María Laura Leguizamón, quien defendió la actual composición del organismo: 13 miembros de los cuales 5 son del oficialismo y preguntó en forma retórica: "¿cómo pueden decir que 5 son más que 8?". Antes de la reforma del 2007, tenía 20. Leguizamón pidió también una autocrítica a los jueces y contó las dificultades que existen para disponer un horario de atención al público en tribunales de ocho horas. Más tarde le contestó, el ex camarista federal y diputado electo por el Acuerdo Cívico Ricardo Gil Lavedra con una frase político-matemática: "Cinco valen más que ocho porque hacen falta nueve", es decir el oficialismo conserva el poder de veto.
LORENZETTI SE PRONUNCIÓ A FAVOR DE CREAR UNA CORTE SUPREMA DEL MERCOSUR
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, se pronunció ayer a favor de la creación de una Corte del MERCOSUR, pero propuso que su implementación sea gradual y no inmediata.
"La integración es un proceso ineludible y los conflictos van a surgir. Entonces, debemos tener un tribunal que los resuelva", dijo ayer Lorenzetti a los presidentes y jueces de los máximos tribunales de los países del MERCOSUR.
El presidente de la Corte argentina ofició de anfitrión del VII Encuentro de Cortes Supremas del MERCOSUR realizado ayer en un hotel de Puerto Madero. El encuentro se ampliará hoy a jueces y presidentes de las Cortes de otros países americanos y pasará a llamarse Conferencias de las Cortes Supremas de las Américas.
NUEVE SENADORES REPUDIAN A ZAFFARONI: ACUSAN AL JUEZ DE APOLOGÍA DEL DELITO
El Interbloque Federal de senadores, que reúne a peronistas disidentes y provinciales, acusó ayer de haber incurrido en apología del delito al juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni al haber asegurado que cualquier consumidor podría tener una "plantita" de marihuana en su domicilio sin violar la ley.
"Eso es un delito de acción pública, porque la Corte Suprema no ha declarado inconstitucional" penar el sembrado de plantas, afirmó la senadora Liliana Negre de Alonso (PJ disidente-San Luis). Más directo aún fue el salteño Agustín Pérez Alsina (Partido Renovador). "Aquí hay incitación al consumo y a la producción de drogas", sentenció el legislador durante una conferencia de prensa realizada en la Cámara alta, con el único objetivo de repudiar las declaraciones de Zaffaroni.
Las palabras del magistrado que provocaron la reacción de los legisladores se produjeron pocas horas después de que el máximo tribunal de justicia declarara inconstitucional el delito de tenencia de droga para consumo personal. "Un consumidor puede tener en su casa un porro o una plantita sin que eso suponga un delito", había afirmado Zaffaroni.
Estas declaraciones le valieron ayer el rechazo de nueve senadores. Además de Negre de Alonso y Pérez Alsina, de la conferencia participaron los tucumanos de Fuerza Republicana Delia Pinchetti y Carlos Zalazar, y los peronistas disidentes Carlos Menem (La Rioja), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Juan Carlos Romero (Salta), Roberto Basualdo (San Juan) y Roxana Latorre (Santa Fe).
AEROLÍNEAS: PILOTOS EN PIE DE GUERRA
En una tumultuosa asamblea convocada de urgencia y a puertas cerradas, APLA -el gremio de los pilotos de Aerolíneas Argentinas- decidió un “quite de colaboración” y la “guerra total contra la empresa”, medida ésta que se concretaría si el Gobierno cumple con su promesa de sancionar al copiloto y al comandante del polémico vuelo 1134 a Madrid que partió el lunes con 24 horas de retraso.
Los únicos oradores de esta reunión, que convocó a unos 200 pilotos, fueron el presidente del gremio y piloto presidencial Jorge Pérez Tamayo y su mano derecha, Pablo Biró. Ambos dirigentes enfatizaron que en este conflicto ellos eran las verdaderas “víctimas” de una campaña en la que todos estaban embarcados en su contra, y volvieron a culpar al personal técnico por la no partida a horario del Boeing 747-400 (debía salir el domingo a las 21:00 y decoló exactamente un día después de lo previsto).
CONTRATO ENTRE EL GOBIERNO Y LA AFA: EL ESTADO TENDRÁ 10 AÑOS DE MANEJO DEL FÚTBOL POR TV
La oferta que era imposible de rechazar ya es un acuerdo que durará 10 años y comprometerá a los próximos dos gobiernos a garantizarle un piso de 600 millones anuales a la AFA por la cesión exclusiva de los derechos de televisación. El contrato fue distribuido en la noche del lunes a los dirigentes en la reunión de Comité Ejecutivo, publicado ayer en el Boletín Oficial y a disposición de los ciudadanos.
El documento ocupa 12 carillas, consta de 8 artículos, 15 considerandos y una resolución final de 16 cláusulas y un anexo dividido en 5 partes. La AFA tiene garantizado el ingreso anual con piso 600 millones de pesos durante una década, ajustables según un sistema similar al que se seguía con el vínculo con TSC, la empresa compartida por Torneos y Competencias y el grupo Clarín, interrumpido de manera unilateral por Julio Grondona.
El gobierno de Cristina Fernández aportará los fondos, según los explica el artículo 4°: "Modificase la distribución del presupuesto de la administración nacional - Recursos Humanos, en la parte correspondiente a la Jurisdicción 25- Jefatura de Gabiente de Ministros para el ejercicio 2009, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo, la que forma parte integrante del mismo".
Cuando asuma el gobierno que sucederá al de Cristina Fernández deberá hacer frente a este compromiso. Y cuando asuma el que suceda al que asuma en 2011, también.
El documento da amplias facultades al Gobierno para comercializar el fútbol por cable, telefonía fija, celular o satelital, video stream, Internet -tanto para señales televisivas como audio- y las plataformas que se puedan crear. También puede vender los derechos al exterior. Incluye los torneos de ascenso "cuando venzan o se den por finalizados los contratos vigentes", se explica.
LOS PRECIOS LE GANAN A LA RECAUDACIÓN
La recaudación fiscal registró el mes pasado una suba nominal del 4,2% respecto de agosto de 2008, según informó ayer la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Ese leve incremento de los recursos fiscales se ubica bastante por debajo de la inflación estimada por consultoras privadas para el período -de alrededor del 14%- e incluso es inferior al alza de precios que informa el cuestionado Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esto implica que, en términos reales, la recaudación cayó.
EL BLANQUEO DE LA AFIP ATRAJO $ 18.113 MILLONES
La anunciada "repatriación de capitales" terminó siendo prácticamente un blanqueo de fondos que ya estaban en el país. Apenas el 4,3% de los 18.113 millones de pesos que fueron declarados por los argentinos en el marco del acuerdo fiscal lanzado por el Gobierno corresponden a dinero y bienes que se encontraban en el exterior.
Las cifras de los fondos exteriorizados por el blanqueo de capitales contemplado en la ley 26.476 fueron confirmadas ayer por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.
El funcionario brindó también detalles acerca del otro capítulo del acuerdo fiscal que venció anteayer, la moratoria impositiva: 169.311 contribuyentes se acogieron a las nuevas condiciones, por las cuales deberán cancelar -en un plazo de hasta diez años- deudas que ascienden en total a 14.719 millones de pesos.
EL CANJE PERMITIRÍA POSTERGAR PAGOS POR $ 4.000 MILLONES
Si el lunes próximo se descubre que el canje de bonos que ajustan por CER por otros que se rigen por tasa Badlar resultó un éxito, el Gobierno podrá festejar por partida doble: se habrá sacado de encima una buena cantidad de títulos atados a la inflación (lo que alivia la polémica por el INDEC), y habrá postergado pagos por más de $ 4.000 millones para los próximos tres años.
Esa era la cifra que estimaban ayer en el Palacio de Hacienda, donde esperan que la aceptación de las dos etapas del canje de títulos ajustados por inflación sean un éxito, en especial por la alta participación de inversores institucionales -entre los que está la ANSeS-, que se descuenta aceptarán la oferta del Gobierno.
"Podemos hablar de una postergación de pagos, para los próximos tres años, que superará los 4.000 millones de pesos", dijeron en Economía. Y señalaron que, en principio, todavía no hay fecha para la realización de una tercera etapa del canje, ya que estiman que con una buena aceptación de estos dos tramos del canje aliviarán los pagos que el Gobierno tendrá que hacer en 2010, 2011 y 2012.
DURA CRÍTICA EMPRESARIA A LA POLÍTICA DEL GOBIERNO
Decididamente, el almuerzo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) ayer se salió de la norma. No sólo recurrió a la vieja y sencilla pregunta leninista, en su intento de encontrar una salida a la "difícil coyuntura que atraviesa nuestro país".
Así, el qué hacer, estuvo en boca de todos y especialmente del invitado estrella Héctor Daer, hombre clave en la CGT de Hugo Moyano. A poco de comenzar, Adolfo Ablático, presidente de ACDE, pintó un escenario agobiante.
"Nos impactan en mayor medida las turbulencias e inestabilidades que afectan el panorama político actual. Hay un contexto carente de atractivo para el inversor, que desalienta el emprendimiento de nuevos proyectos", dijo Ablático para enumerar otros problemas.
"Existe injerencia del Estado en actividades que pueden ser desarrolladas por los privados con mayor eficiencia y eficacia. Y hay actos de gobierno que no responden a la voluntad de amplios sectores del electorado según se manifestó en las recientes elecciones. ¿Cómo es posible que envidiemos la estabilidad de reglas de juego y la calidad institucional de nuestros países vecinos?", remarcó el presidente de ACDE. Y pidió compromiso a la dirigencia, especialmente la empresaria.
EN EL FMI NO USAN LAS CIFRAS DEL INDEC
Un informe reservado del Fondo Monetario Internacional (FMI), que circula por sus altas esferas en Washington, revela una noticia mala y otra buena para el Gobierno.
La mala es que no cree en lo más mínimo en sus estadísticas y que considera que la Argentina atravesó una recesión entre noviembre y abril pasados. La buena es que, contrariamente a lo que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la economía ha comenzado a recuperarse en abril, e incluso se ha convertido en julio en una de las que más crece en el mundo.
Se supone que el FMI debe tomar en cuenta los números oficiales que le aportan los países que lo integran. Y así lo hace en sus periódicos reportes públicos. Sin embargo, en el caso de la Argentina, se agrega la mención de que el sector privado maneja cifras distintas de las del INDEC. Al parecer, el organismo que dirige el francés Dominique Strauss-Kahn también.
En un informe reservado en el que se observa una recuperación de la economía mundial, se da cuenta de que entre noviembre de 2008 y abril de este año la Argentina sufrió una contracción "moderada". El INDEC, en cambio, consideró que la actividad económica creció 3,9% en noviembre, 3,7% en diciembre, 1,7% en enero, 2% en febrero, 2,4% en marzo y 1,4% en abril. Sucede que en el FMI ven que el Gobierno subestima la inflación y, por tanto, sobreestima la expansión.
UN ENVIADO DEL FMI PIDIÓ MÁS DETALLES SOBRE EL INDEC
El director de Investigaciones Económicas del Fondo Monetario, Olivier Blanchard, se quedó un ratito más de lo previsto en Buenos Aires. No fue sólo para almorzar, distendido y fuera de protocolo, un bife nacional y popular. Quiso detalles de la normalización que anunció el Gobierno en el INDEC, la inflación y las secuelas en la economía del conflicto con el campo.
Blanchard tenía previsto subirse al avión el martes, cuando finalizaron las jornadas monetarias que organizó el Banco Central; pero se fue recién esta madrugada. Antes de volver a Washington se armó una verdadera agenda paralela de reuniones con algunos de los economistas más consultados en el país. Estuvo, a solas y de a uno a la vez, con Miguel Kiguel, Daniel Marx, Carlos Melconián, Federico Sturzenegger (quienes viajaron anoche a Brasil), Mario Blejer y Miguel Bein. El economista del FMI se había reunido con el ministro de Economía, Amado Boudou, y con el titular del BCRA, Martín Redrado, pero, según parece, quiso escuchar otras voces.
"En el Fondo aún no hay una visión muy clara de qué hará la Argentina respecto del artículo cuarto", admitió Kiguel ante la consulta de Clarín sobre el saldo del encuentro con el economista del Fondo. Algunas de las fuentes consultadas por este diario, coincidieron en que Blanchard sorprendió con el grado de detalle que habría manejado las consultas sobre las polémicas cifras del INDEC.
"Vino a buscar el manual de instrucciones para entender la economía argentina", disparó otro de los "asesores" que eligió el experto del Fondo para cargar su valija con información doméstica.
