La decisión del Gobierno de limitar el análisis de su polémico proyecto de ley de Radiodifusión a sólo tres comisiones de la Cámara baja generó un fuerte reclamo de la oposición y también de entidades periodísticas como ADEPA que ayer pidió en una solicitada que tenga tratamiento "en todas y cada una de las comisiones correspondientes".
El viernes, el oficialismo aceptó el reclamo opositor de que fuera tratada también por la comisión de Libertad de Expresión, que había sido excluida del debate. El apuro del oficialismo por tratar el proyecto antes de que cambie el mapa político del parlamento, lo llevó en un principio, a plantear que su iniciativa fuera solo discutida en las comisiones de Comunicación y de Presupuesto.
Según especialistas y legisladores, el proyecto no puede quedar, además, afuera de la comisión de Asuntos Constitucionales. La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), entidad que nuclea a los canales privados de TV abierta ya sostuvo que de sancionarse el proyecto oficial, "se afectarían derechos constitucionales". Entre ellos, se citó el principio de seguridad jurídica, puesto que se propone una ley con alcances retroactivos.
Patricia Bullrich, diputada de la Coalición Cívica, se manifestó ayer en una posición similar: "Este es un proyecto transversal a temáticas de envergadura como es la libertad de expresión. En la Constitución hay artículos taxativos sobre qué es la libertad de prensa, por eso es clave que el proyecto pase por la comisión de Asuntos Consitucionales", explicó Bullrich.
A su vez, el diputado Gustavo Cusinato de la UCR sostuvo que el proyecto tiene que pasar "sí o sí" por Asuntos Constitucionales ya que "va a afectar de manera inevitable relaciones y contratos".
La oposición también pretende que la iniciativa se discuta en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento: el proyecto crea un organismo bicameral, lo que obliga por reglamento a intervenir a esta comisión. Tampoco, coincidieron distintos referentes de los bloques legislativos, deberían quedar ajenas a la discusión las comisiones de Cultura y de Deportes, por temas vinculados a la producción nacional de contenidos, a las cuotas de pantalla que deben tener esos contenidos y televisación de eventos.
PARA LA OPOSICIÓN LA LEY DE M EDIOS TIENE PLAZO FIJO A DICIEMBRE
La nueva ley de medios podría convertirse apenas en una efímera ilusión para el kirchnerismo. La UCR, PRO, Coalición Cívica, socialismo y hasta el PJ disidente advirtieron a la Casa Rosada que, en caso de aprobar su nuevo proyecto, el nuevo Congreso que asumirá el 10 de diciembre se encargará de modificarlo o, incluso, derogarlo por completo.
El oficialismo apurará esta semana el debate de su iniciativa en las comisiones de Comunicación, Presupuesto y Hacienda, y Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para intentar convertirla en ley en los próximos 30 días. La mayoría artificial que ostenta el kirchnerismo en el Congreso desaparecerá cuando asuman los nuevos diputados y senadores electos el pasado 28 de junio.
Así, a partir de la segunda semana de diciembre, la oposición estará en condiciones de eliminar la ley de medios que pretende aprobar el oficialismo. Sin embargo, radicales, macristas, cívicos y peronistas disidentes deberán enfrentarse una vez más al poder de veto de Cristina de Kirchner, quien podría entrar en guerra abierta con un Congreso dominado por la oposición.
Pero antes del recambio legislativo, la oposición ya evalúa distintas opciones para desactivar el nuevo proyecto de ley de radiodifusión que impulsa el Gobierno nacional, entre ellas, no dar quórum para su tratamiento, además de que los legisladores que asuman el 10 de diciembre revisen la norma, si es que se vota antes de esa fecha.
El titular de la UCR, Gerardo Morales, consideró que “no habría que dar quórum” en el Congreso para el debate de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Y el referente de Unión-PRO, Francisco de Narváez, advirtió que la nueva composición del Congreso tras el 10 de diciembre -con mayor número de legisladores opositores- “rechazará” el proyecto, en el caso de que se sancione la ley antes de ese momento.
“Estamos analizando esto en el seno partidario pero, a título personal, creo que ni siquiera habría que participar del debate en estas condiciones”, subrayó Morales, y señaló: “Hay un Gobierno con mayoría en el Congreso, que no va a garantizar la discusión democrática de este proyecto”. El senador jujeño adelantó también que “esta semana se buscará tener una sola posición respecto de esta cuestión, no sólo en el Acuerdo Cívico y Social, sino con todas las fuerzas de la oposición”.
“No tengo ninguna duda que detrás de este proyecto está la intención del Gobierno por controlar a los medios”, resaltó Morales, y dijo que tampoco tiene dudas de que “lo que quiere Néstor Kirchner es convertir a la Argentina en la Venezuela de Chávez”.
AUDITORÍA SOSPECHA DE CONTROLES A FM TRUCHAS
Mientras el Congreso arranca las negociaciones por la nueva Ley de Medios Audiovisuales, la Auditoría General de la Nación emitió un informe crítico sobre la administración de los equipos que la Comisión Nacional de Comunicaciones decomisa en las inspecciones a radios clandestinas o cuando por problemas legales deben quedar bajo su custodia.
El resultado de ese informe que abarca el manejo de equipos de comunicaciones hasta diciembre de 2008 está plagado de críticas a las CNC sobre el manejo de los depósitos donde se guardan los transmisores y hasta pone en duda el destino final que la comisión les da a éstos.
No es casual que en medio de la pelea entre el Gobierno y la oposición por el proyecto de ley de medios que ingresó la semana pasada al Congreso, la AGN haya avanzado en contra del organismo, que debe ejercer el poder de policía del espectro radioeléctrico y controlar el uso de las licencias de telecomunicaciones.
“De lo verificado se concluye que la CNC insume largos períodos en los que se inmovilizan en el depósito bienes decomisados que indefectiblemente serán destruidos por ser no homologados... Asimismo, no constata la integridad de los bienes que se ingresan al depósito ni cuenta con un procedimiento aplicable a tales fines, situación que impide certificar, al producirse su devolución, que éstos se hallen en su estado origina”, dice uno de los primeros tramos de las conclusiones del informe de la AGN.
FUERTES CRÍTICAS DE DAS NEVES Y BUSTI AL PROYECTO KIRCHNERISTA
El Gobernador de Chubut Mario Das Neves y el ex gobernador de Entre Ríos Jorge Busti criticaron con dureza el proyecto de Ley de Radiodifusión que quiere imponer el kirchnerismo. "Los argentinos tenemos temas mucho más urgentes que resolver", sostuvo Das Neves.
En tanto, Busti advirtió ayer que el Gobierno "quiere robar" la Ley de Radiodifusión "a la carga Barracas, de acá al 10 de diciembre" antes del recambio de representantes en el Congreso, que desfavorecerá al oficialismo. Das Neves reiteró que el proyecto oficial responde a un "enfrentamiento personal que tiene el gobierno con el grupo Clarín", y calificó de "peligroso" que, tal como prevé la iniciativa, un tercio de los medios queden en manos de ONG, porque "seguramente serán ONG amigas del poder".
El ex gobernador de Entre Ríos Jorge Busti advirtió ayer que el Gobierno "quiere robar" la Ley de Radiodifusión "a la carga Barracas, de acá al 10 de diciembre" antes del recambio. Busti, de esta forma, se sumó a las voces que cuestionan el proyecto de Ley de Radiodifusión del Gobierno, que sería tratado esta semana en comisión, y que la gestión Kirchner pretende aprobar antes del 10 de diciembre, ya que hasta ese momento cuenta con mayoría parlamentaria.
"EL GOBIERNO NO QUIERE UNA TV PRIVADA GRATUITA", DIJO DIRECTOR DE ATA
El director ejecutivo de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Carlos Molinero, dijo ayer creer que el Gobierno no quiere que exista una televisión gratuita privada. "Al menos todas las medidas que ha tomado y el proyecto que envió al Congreso nos dicen eso", expresó.
"Nosotros entendemos que el Gobierno, con una serie de medidas que fue tomando, está debilitando a la televisión gratuita privada desde antes del envío al Congreso del proyecto de ley de Comunicaciones Audiovisuales", dijo el titular de ATA.
PRIMER DÍA FUERTE DEL PARO DEL CAMPO: NO ENTRÓ GANADO A LINIERS
Hoy, en el primer día fuerte del paro agropecuario, y tras frenar por completo la venta de granos, la apuesta del campo es parar del todo la comercialización de hacienda en Liniers y también en Rosario y Córdoba, donde también se venden miles de cabezas por semana. Anoche, no ingresaba ningún vacuno a Liniers.
"Ya somos una sola cosa, estamos unidos en la Mesa de Enlace y en la misma lucha", respondieron ayer en la misma sintonía los Autoconvocados y los dirigentes de la Federación Agraria, de la Sociedad Rural y de Carbap. En Bragado, Mercedes, Alvear y O Brien, la respuesta es la misma. Y la actitud también, porque sin realizar cortes, los ruralistas aguardan al costado de las rutas para reclamar por el campo, pero también por la democracia y la calidad institucional.
La guardia dio resultado y ayer no circularon camiones con hacienda ni granos, mientras que por la tarde se reforzaron los controles de carga en los cruces de 9 de Julio, Saladillo, 25 de Mayo, Lobos y Cañuelas, para que o pasaran los camiones "vaqueros". Así lo señaló Carlos Lisazo, de 9 de Julio, "porque el domingo a la noche es el horario tradicional de viaje a Liniers".
En O Brien, 250 kilómetros al oeste de la Capital Federal, un cartel lo dice todo: "Democracia sí, superpoderes no". A la entrada de su pueblo, de 2.500 habitantes, María de la Paz Reynoso habla con madurez: "Yo pienso quedarme aquí donde nací. Ser ingeniera agrónoma o veterinaria, pero volver, y si el campo anda mal tendré que conseguir trabajo en otro lado". A sus 13 años coincide con Matía Florio, de 16, un chico cuyo oficio ya es el campo: "Me gustan los tractores, las máquinas, eso es lo mío. ¡y Boca, claro!", dijo señalando sus colores azul y oro. Ambos pertenecen al Centro Juvenil de la FAA, junto a otros 25 chicas y chicos de la zona.
DE ANGELI FUE LA CABEZA DE UN "TRACTORAZO" DE PROTESTA EN ENTRE RÍOS
"Voto unánime, veto unitario. ¡Vergüenza!", se leía ayer en Urdinarrain, Entre Ríos, en un cartel ubicado en la parrilla de un viejo tractor. "Así está quedando el campo", prometía otro, al frente de un cascajo que habrá tractoreado hace ya varias zafras. El campo entrerriano protestó así con un multitudinario "tractorazo" que tuvo como epicentro a la agraria ciudad de Urdinarrain, situada 54 km al NO de Gualeguaychú.
Alfredo De Angeli encabezó la movilización, que reunió a agricultores, tamberos y ganaderos de la zona, subidos a sus camionetas (4 por 4 junto a rebeldes F 100), camiones de transporte de carga agropecuaria, agrupaciones tradicionalistas a caballo con sus integrantes ataviados como gauchos y chinas, carros con adultos y niños mate en mano y, por supuesto, tractores.
NO SE EXTENDERÁ EL PARO DEL CAMPO: LO ADMITEN EN LA COMISIÓN DE ENLACE
En la Comisión de Enlace del campo crece la convicción de que, a juzgar por la escasa movilización de los productores, ocho días de paro son demasiados para un sector en crisis que ya no cree posible un cambio de política de parte del Gobierno.
Por eso, la medida de fuerza no se extendería más allá de este viernes y el núcleo duro de las dirigencia se centrará en controlar su acatamiento, que ayer siguió siendo muy alto. En las últimas 72 horas, en las 22 terminales portuarias sobre el Paraná, entre Timbres y Arroyo Seco, en el Gran Rosario, no ingresaron camiones.
PROMETIERON A ALARCÓN MÁS PODER QUE MORENO
El Gobierno liberará en los próximos 15 días la exportación de maíz y trigo, dejará de aplicar un criterio discrecional para permitir las exportaciones de carne entre los frigoríficos amigos, aumentarán los créditos y la ayuda del Banco Nación y abrirá canales de diálogo con productores pequeños y medianos.
Éstas fueron las cuatro promesas que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, le hizo el miércoles pasado en su despacho a la flamante secretaria de Relaciones Internas, la santafesina María del Carmen Alarcón y que terminaron de convencer a la ex opositora de que valía la pena el desafío de ser considerada una nueva 'Borocotó' y sobrevivir políticamente al intento.
En ese encuentro, la nueva funcionaria había sido clara con Fernández: si no podía mostrar en poco tiempo, no más de dos semanas, alguna medida concreta y palpable a los productores agropecuarios, su nombramiento caerá en el descrédito entre este sector, y la idea de llamarla a integrar el gabinete nacional terminará en un fallido.
Alarcón fue incluso más directa y le dejó claro al jefe de Gabinete que no permanecería en el cargo hasta octubre, si desde el Gobierno no tomaban decisiones concretas y palpables a favor del campo. “Eso va a ser así, te lo prometo”, dijo Fernández, antes de que la santafesina comenzara un raid mediático para explicar por qué aceptó la invitación y el cargo en universo K.
“Sé que dicen que me compraron o que soy una ingenua. Lo único que pido es que me esperen dos semanas para poder mostrar avances puntuales y concretos”, repitió Alarcón este fin de semana a todo el que la quisiera escuchar. Entre ellos, algunos dirigentes de la Mesa de Enlace, con los que todavía la ex diputada tiene relación.
EL GOBIERNO PRIORIZAN EL FÚTBOL SOBRE EL GASTO SOCIAL: DEMORA RECURSOS PARA PROGRAMAS DE SALUD Y EDUCACIÓN
El Gobierno decidió priorizar los fondos para la transmisión gratuita del fútbol, en detrimento de las partidas destinadas a políticas sanitarias, sociales y de educación. Así lo reflejan los datos oficiales del Ministerio de Economía al 23 del actual, que exhiben el nivel más bajo de ejecución presupuestaria de los últimos años.
Según esos registros, la subejecución del gasto asignado alcanza el 51% promedio, cuando ya han transcurrido casi dos tercios del período presupuestario. Mientras la Casa Rosada destinó con una rápida decisión administrativa $ 400 millones para financiar la transmisión del fútbol por televisión, el Ministerio de Salud muestra, en programas de atención directa a la gente, subejecuciones crónicas. Es decir que se gastan menos recursos que los asignados.
RECORTAN FONDOS PARA PROMOVER INVERSIONES
Bastaron dos decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete, entre mayo y junio de este año, para que la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones (Prosperar), que depende del Ministerio de Producción, se quedara sin el 81% de su presupuesto.
En medio de una campaña electoral en la que se enfatizó la necesidad de atraer inversiones para generar trabajo, el Gobierno decidió quitarle al organismo 120 de los 146 millones de pesos de su presupuesto total. Ese era el monto destinado a financiar los programas de estímulo a la inversión para la mediana empresa y de fomento al desarrollo emprendedor, los ejes de su gestión.
Según los datos que cada semana actualiza el Ministerio de Economía, no es la única repartición sin recursos. La Casa Rosada retiró más del 90% de los fondos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete. De los 284,7 millones de pesos presupuestados la repartición pasó a contar con 20,1 millones, sólo 6% de lo otorgado por el Congreso. Ya se emplearon $ 19,4 millones.
Una situación similar afectó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Su presupuesto inicial, de 283 millones de pesos, fue reducido a 208,5 millones, según figura en el sitio oficial de Economía. A pesar de la baja, lleva ejecutado sólo el 40% del presupuesto remanente.
Sin quita de fondos, existen otras áreas estratégicas con baja ejecución presupuestaria. La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que depende de Presidencia y se encarga de garantizar la seguridad de las actividades nucleares, lleva ejecutado el 33% de su presupuesto (38,6 de $ 115,8 millones).
De ese total, sólo $ 3,1 millones se destinaron a Buenos Aires, donde funcionan Atucha I y II. Córdoba, sede de la central de Embalse, recibió 44.000 pesos. Fuentes de la ARN indicaron que el avance en el gasto es normal de acuerdo con sus objetivos. Sin embargo, el año pasado la ARN ejecutó únicamente el 50% de sus fondos, de acuerdo con la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
EN SÓLO TRES AÑOS EL PRESUPUESTO DE LA ONCCA SUBIÓ 17.000%
Abroquelado para dar pelea contra el campo, el Gobierno construyó una de sus principales fortalezas en la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). En los últimos tres años, el presupuesto del organismo creció 17.171%.
Este año manejará 3.700 millones de pesos sin licitaciones ni transparencia en la asignación de subsidios a la industria alimenticia. Además, sin control legal, ya que todos sus expedientes no pasan desde hace un año por el servicio jurídico estatal, sino por una oficina paralela cuya creación nunca fue formalizada.
El Presupuesto de la ONCCA, que en 2006 (cuando se autofinanciaba con multas) era de 21,4 millones de pesos, trepó en 2009 hasta 3.696 millones. La mayor parte de esos recursos se destina a pagar compensaciones para que las empresas alimenticias no suban sus precios. Pero también crecieron fuerte otro tipo de gastos. Los pagos por alquileres, viáticos y otros gastos ejecutivos lo hicieron 308%. Otro rubro trepó el 4.951%: son las partidas asignadas a "servicios técnicos y profesionales".
LLAMADO DE ATENCIÓN DE LA AUDITORÍA
Por carecer de una estructura formal, la ONCCA no cuenta todavía con auditoría interna ni tampoco somete sus decisiones a la opinión del servicio jurídico permanente del Estado. Todas sus resoluciones invocan el visto bueno de una "Coordinación Legal y Técnica" interna, cuya creación nunca se formalizó y que está integrada por abogados contratados.
Según la Auditoría General de la Nación, es muy inusual que las decisiones estatales, en especial aquellas vinculadas al pago de subsidios millonarios, sean avaladas por abogados que no pertenezcan a su planta permanente. Lo correcto sería que la ONCCA, a falta de un servicio jurídico formal, envíe sus expedientes a la Dirección de Legales de la Secretaría de Agricultura.
Pero la última vez que lo hizo fue a fines de 2008. Luego, el único aval jurídico es el del grupo de abogados marplatenses que contrató Ricardo Echegaray, y que cobran suculentos contratos a través de la Fundación Argeninta. Entre esos "letrados" hay un caso curioso: el de Christian Turba, el "coordinador de Comercio Exterior", a cargo de regular exportaciones por U$S 30.000 millones. En varios documentos de la ONCCA, el nombre de Turba aparece detrás del título de "doctor" cuando, según varias fuentes, no contaría con título universitario.
MAGISTRATURA: APOYO A LA POLÉMICA REFORMA K
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desempolvó tres viejos planteos judiciales contra la polémica reforma kirchnerista en el Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona a los jueces y analiza sus desempeños.
El tribunal le pidió opinión al procurador general de la Nación, Esteban Righi, y éste, tal como ya lo había hecho ante otros planteos similares, se pronunció la semana pasada a favor de la nueva conformación del cuerpo hecha hace tres años por el Gobierno, según dijeron judiciales.
ALBISTUR: DEFINEN RECUSACIÓN
Este miércoles debería presentarse a declaración indagatoria el secretario de Medios, Enrique Albistur por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública por la distribución de pauta oficial entre empresas que serían de familiares o amigos.
Sin embargo, como Albistur recusó al juez, Octavio Aráoz de Lamadrid, y pidió la suspensión de la audiencia, ésta podría no realizarse. Es más, la sala I de la Cámara Federal le pidió al juez la causa y fijó audiencia con los abogados del funcionario para el jueves, es decir un día después de la indagatoria. Fuentes judiciales dijeron que en una situación así, los jueces normalmente suspenden la indagatoria, aunque Aráoz aún no lo dispuso.
LA INTERNA DEL KIRCHNERISMO GOLPEA A UN EMPRESARIO K EN SANTA CRUZ
El empresario Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones y uno de los hombres de negocios más cercanos a Néstor Kirchner, no puede terminar de pagar dos de las 12 estancias adquiridas a lo largo del año pasado.
Así lo aseguró la titular del ARI-Coalición Cívica de Santa Cruz, Mariana Zuvic, autora del informe que consignó la compra en simultáneo de los establecimientos rurales. "Hay dos estancias que Báez no puede terminar de pagar. Tiene pagarés vencidos desde marzo y ni siquiera abonó una parte de esos documentos, como le solicitaron los dueños de los dos establecimientos. En uno tiene pagado un 20% del precio acordado y, en el otro, un 40 por ciento", agregó la dirigente provincial.
CONTROVERTIDO PROYECTO DE LEY SOBRE “LIBERTAD RELIGIOSA”
Criticar a un religioso se convertirá en un delito con pena de prisión de seis meses a dos años, si prospera un proyecto de ley de libertad religiosa que impulsa la diputada evangélica, cercana al vicepresidente Julio Cobos, Cynthia Hotton.
Ese es el punto más controvertido de la iniciativa que empezó a tratarse a comienzos de agosto en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja. El proyecto responde a una antigua reivindicación de las iglesias evangélicas, que reclaman la creación de una personería jurídica especial –de objeto religioso– que les dé un status diferente al de una sociedad de fomento o un club deportivo, como ocurre en la actualidad.
Pero además le atribuye al Estado la discutible potestad de definir cuál práctica es religiosa y cuál no lo es. Al status jurídico privilegiado de la Iglesia Católica, definido en la Constitución Nacional, no lo toca. Y no incluye el derecho a no profesar religión alguna.
En realidad, el proyecto retoma un texto cuya discusión y consenso promovió en 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, el entonces secretario de Culto, Norberto Padilla, con el objeto de reemplazar la Ley 21.745 reglamentada por la última dictadura militar. La desintegración de la gestión de la Alianza sepultó aquella iniciativa. La diputada Hotton le introdujo algunas modificaciones y se lo atribuyó como propio, aunque buscó el apoyo de referentes de distintas fuerzas para que no quedara rotulado como un proyecto del PRO.
Así firmaron la iniciativa Rubén Sciutto y Antonio Morante, del Frente para la Victoria; Juan Carlos Moran y Fernando Iglesias, de la Coalición Cívica; Federico Pinedo, de PRO; Daniel Katz, de Consenso Federal; y Luciano Fabris y el fallecido José Ignacio García Hamilton, de la UCR. El proyecto responde a los intereses de los grupos religiosos. Fue presentado en diciembre de 2008 y a comienzos de agosto se incorporó al temario de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que encabeza el kirchnerista sanjuanino Eduardo Ruperto Godoy.
Hotton pretende capitalizar la sanción de esta polémica ley al interior del campo religioso, principalmente entre los grupos evangélicos, de donde paradójicamente –o no– busca acrecentar su capital político. Los grupos evangélicos se convirtieron en las últimas décadas en la primera minoría religiosa: representan el 9 por ciento de la población, según la Primera Encuesta sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina, realizada en el país en 2008 a través de un trabajo articulado entre cuatro universidades nacionales y coordinado por el Conicet.
DICEN QUE HAY UN "NUEVO" FMI, PERO SUS RECETAS SON LAS MISMAS
Uno de los argumentos del Gobierno para justificar su intento de acercarse al Fondo Monetario es que la crisis global y el recambio político en EE. UU. generaron "un nuevo FMI", que sería "menos ortodoxo" que en el pasado. Sin embargo, de los diagnósticos y recomendaciones que formulan sus auditores en distintos países surge una realidad distinta: según los casos, el Fondo sigue reclamando ortodoxia fiscal, baja de subsidios, flexibilidad laboral y extensión de la edad jubilatoria, entre otras cosas.
Para evitar someterse a semejantes recomendaciones, el Gobierno argentino quiere normalizar las relaciones con el FMI -lo que supone habilitar la auditoría como marca el Articulo IV de los estatutos- pero sin pedir un crédito que vaya unido a fuertes exigencias y condicionalidades. Aunque las conclusiones no son vinculantes, los mercados toman nota de su contenido a la hora de decidir sus inversiones.
La última auditoria realizada por el Fondo a un país latinoamericano fue a Costa Rica, un país que a su juicio "ha resistido relativamente bien el embate de la crisis económica y financiera mundial" y ha cumplido con las metas fijadas. No obstante, plantea que el país "deberá reducir el déficit fiscal" y que para lograr ese objetivo "se requerirá una reforma tributaria que permite aumentar los ingresos por lo menos un 2% del PBI". También dice que "respalda el aumento gradual de la flexibilidad del tipo de cambio" y la necesidad de una "recapitalización" del Banco Central.
FMI: MAÑANA, REUNIÓN CON BLANCHARD
El Gobierno busca “restablecer la relación” con el Fondo Monetario Internacional por orden directa de la presidente Cristina de Kirchner, señaló ayer el ministro de Economía, Amado Boudou. El funcionario dijo que a partir de esa orden, negociará las condiciones del regreso de la Argentina al FMI, pero aclaró que el organismo no realizará “auditorías” en las cuentas del país, sino que habrá “intercambio de información”.
El ministro de Economía repitió su eslogan sobre la relación con el organismo: “Se acabó la época en la que los emisarios del FMI venían a la Argentina como si fueran virreyes”. Además, Boudou aclaró que el Gobierno no le pedirá dinero para “pagar sueldos como hicieron gobiernos anteriores con los resultados por todos conocidos”.
El ministro de Economía se reunirá mañana con el analista en jefe del FMI, Oliver Blanchard, para avanzar en las conversaciones sobre el retorno de la Argentina al mercado de capitales. El encuentro se concretará pocos días después de que Boudou afirmó que ahora el país “tiene un nuevo marco y una nueva relación” con el organismo multilateral. Por su parte, el titular del Fondo, Dominque Strauss-Kahn, le adelantó por medio de una carta a la presidente Cristina de Kirchner el deseo político del organismo de colaborar y acercarse a la Argentina.
PARA PRIVADOS, LA INFLACIÓN FUE DEL 1,4%
La inflación que el INDEC deba dar a conocer se tendrá que acercar al 1,4%, el incremento que estiman consultoras privadas para agosto. Eso es si, como sostienen desde el Gobierno, quieren continuar con las medidas tendientes a devolver la credibilidad perdida desde que en enero de 2007 comenzó la intervención de Guillermo Moreno en el instituto de estadísticas oficiales.
Desde que a fines de julio, el INDEC pasó a ubicarse bajo la órbita del ministro de Economía, Amado Boudou, éste sería el segundo Índice de Precios al Consumidor que el organismo dirigido por Ana María Edwin difunda. La tarea es más difícil que en el mes pasado, cuando las estimaciones privadas situaron a la inflación en torno a un 0,9% y el INDEC, en un gesto quizá de acercamiento, la ubicó en un 0,6%. En cambio ahora, con una suba de los alimentos del 2%, el IPC debería ser el doble y llegar a, al menos, un 1,2%, un alza muy brusca.
DEUDAS: CUMBRE HOY NACIÓN-PROVINCIAS
En medio de las graves urgencias financieras de las provincias -que la Casa Rosada intenta enfriar para evitar que incurran en males mayores, como la emisión de cuasi monedas- buena parte de la atención de los gobernadores estará puesta hoy en una cumbre que mantendrá en Buenos Aires el ministro de Economía nacional, Amado Boudou, con funcionarios de Hacienda de ocho distritos, en el marco de un encuentro del comité ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
La reunión -que será la antesala de un posterior desembarco de los propios mandatarios en Balcarce 50- cobra una trascendencia clave a partir de la expectativa de los caciques provinciales de obtener allí confirmaciones en torno de la ansiada reestructuración de la deuda de las provincias -Nación es su principal acreedor- y a la prometida suspensión (por ley o por decreto) de la Ley de Responsabilidad Fiscal, en este caso para poder pelear un endeudamiento que les permita pagar gastos corrientes, como los salarios.
CLAVE: VENCEN MORATORIA Y BLANQUEO
Hoy vence el plazo para adherirse al régimen de moratoria impositiva y blanqueo de capitales dispuesto por la AFIP. Según fuentes de la entidad recaudadora, hasta el viernes fueron 136.000 los contribuyentes que decidieron acogerse, aunque se estima que durante el fin de semana continuaron los ingresos a través de internet.
De aquel total, un 60% corresponde a la moratoria impositiva y el restante 40% al blanqueo de capitales. En este último caso, fue en el sector inmobiliario donde más interés hubo, dado que debía pagar un 1% (operaciones entre marzo y agosto) frente al 6% exigido en otros casos.
UN INTENDENTE K CRITICA A SCIOLI POR LOS IMPUESTOS
El intendente de Lomas de Zamora, Jorge Rossi, advirtió sobre un posible "retorno de los patacones" en la provincia de Buenos Aires pero cuestionó el aumento de impuestos analizado por el gobernador Daniel Scioli.
"Estoy preocupado, porque si la Nación no le da el oxígeno que la Provincia requiere puede suceder el retorno de los patacones", dijo ayer Rossi en declaraciones radiales. "Si no es así -agregó Rossi- otro camino es, como se está hablando, aumentar los impuestos. Y yo creo que eso puede ocurrir cuando las cosas están bien, porque cuando van mal se complica".
