Gaddi se dedicaba a la compra-venta de automóviles cuando en 1999 recibió como parte de pago de un vehículo un Fiat 128 Super Europa, que pocos días después fue secuestrado por personal policial que argumentaba que el rodado “sería ilegal”.
Sin embargo, una investigación judicial que se extendió por más de dos años y que incluyó un informe del propio fabricante del Fiat demostró que el automóvil era perfectamente legal.
Gaddi, asesorado por el abogado José Vera, obtuvo una orden judicial para que le devolvieran el automóvil el 21 de junio de 2001, pero cuando fue a buscarlo se encontró con que estaba sin la mayoría de sus piezas y notablemente deteriorado, sepultado debajo de otros rodados en iguales o peores condiciones.
La provincia de Buenos Aires intentó desligarse de su responsabilidad, primero aduciendo que el hecho estaba “prescripto” y luego argumentando que “la cuestión debe dirimirse en el marco de los riesgos propios que supone la convivencia en un medio social con un alto grado de exposición al accionar delictivo, que lleva al personal policial a extremar los cuidados a fin de prevenir la comisión de delitos”.
Pero el juez Vázquez, tras dar por probado que “durante el tiempo en que el automotor estuvo secuestrado y en depósito se deterioró”, decidió que el estado provincial “deberá cargar con las consecuencias de su omisión, es decir la conservación en buen estado del automotor secuestrado”.
Así, resolvió indemnizar al propietario del rodado con 24.360 pesos más intereses acumulados a lo largo de diez años, lo que eleva la cifra a unos 100 mil pesos, que deberá pagar la provincia de Buenos Aires.
