El oficialismo en la Cámara de Diputados se lanzó a la búsqueda desesperada de quórum para debatir mañana la prórroga de la legislación delegada, retenciones al agro incluidas. Para ello intenta negociar con el sector opositor menos crítico, el que lideran Solidaridad e Igualdad (SI) y Proyecto Sur, que ayer impuso algunas condiciones para acordar.
En conferencia de prensa, los 16 diputados que integran los bloques SI, Proyecto Sur, Diálogo por Buenos Aires y Encuentro Popular y Social reclamaron modificaciones al proyecto oficial, que consiste en prorrogar, por un año, todas las facultades para legislar que el Congreso le delegó en su oportunidad al Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Eduardo Macaluse (SI), Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social) enfatizaron su rechazo a una "prórroga masiva" de facultades, como pretende el Gobierno y formularon la siguiente contraoferta:
Plazo más corto: en lugar de un año, sugieren conceder seis meses de delegación de facultades al Gobierno. En ese lapso, una comisión de técnicos y juristas debería estudiar cada una de las delegaciones.
Control legislativo: reclaman que sólo sea la Presidenta la que emita decretos delegados, no sus ministros ni funcionarios de segundo rango, como sucede ahora. Proponen que cada decreto sea remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso en un plazo de 10 días, como establece la actual ley sobre decretos y facultades delegadas.
Aquí surge un problema, advierten los opositores: según esa ley, para que un decreto sea rechazado por el Congreso, es necesario el voto de ambas cámaras. De lo contrario, sigue vigente. En suma, hasta que no se modifique la ley, los decretos presidenciales no corren peligro.
No a la ratificación para atrás: reclaman revisar, una por una, las resoluciones y decretos que emitió el Gobierno desde 2006 hasta ahora. El oficialismo pretende ratificarlas.
Retenciones: coinciden con el oficialismo: la fijación de retenciones es del Poder Ejecutivo, y las alícuotas actuales no deberían bajar.
En el oficialismo impera cierta confianza en que finalmente arribarían a un acuerdo con este sector de la oposición; de lo contrario, advierten, será muy difícil alcanzar el quórum de 129 diputados para comenzar la sesión.
Las posturas se plantearán mañana en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que emitirá el dictamen para discutirlo, horas después, en el recinto.
TARIFAS: EL CONGRESO BUSCA PONER UN LÍMITE AL AUMENTO
Un amplio espectro de diputados opositores incluirá reclamos por los aumentos en las tarifas de luz a la embestida que ya venían preparando por los incrementos en las boletas de gas. Hoy al mediodía habrá una reunión para consensuar una posición y llegar con un dictamen firmado a la reunión de la Comisión de Energía, mañana.
Mientras tanto, esta tarde los legisladores oficialistas quedarán expuestos a un momento incómodo: integrantes del Movimiento Nacional de Usuarios visitarán a los kirchneristas de esa Comisión para "informarlos" sobre la suba y la necesidad de anularla.
"Los aumentos son un despropósito, un exceso en un escenario social muy complicado", aseguró Adrián Pérez, jefe de bloque de la Coalición Cívica.
"El Estado y las empresas se culpan entre sí y en el medio queda el consumidor, que no puede pagar. La medida de 1000 kwh es relativa, porque hay familias que no tienen gas para calefaccionar o viven hacinadas", dijo el radical Carlos Urlich.
Los diputados opositores, -"desde el PRO hasta Claudio Lozano", comentó un radical para graficar el consenso- de la Comisión de Energía (en el Senado también está convocada para mañana) definirán el grado del reclamo antes de firmar el dictamen. Hace poco, en un intento de sumar la adhesión de diputados oficialistas, moderaron las exigencias y limitaron la iniciativa a dos puntos: derogar el decreto 2067 -que crea un cargo fijo para importar gas- y que los pagos realizados se tomen como bonificaciones de futuros aumentos.
Ayer, dos de los que llevaban adelante las negociaciones reconocieron que no habían convencido a kirchneristas y que algunos apoyan la idea de volver al proyecto original -elaborado por la Red Nacional de Usuarios contra el Tarifazo e impulsado por la socialista Silvia Augsburger-, más duro y que también contempla el incremento en las boletas de luz. En ese caso, la oposición exigirá que lo pagado se le devuelva a los usuarios, la restitución del servicio a los morosos y la suspensión de los cortes. Y también arremetería contra el PURE, el sistema de premios y castigos según el consumo comparativo de cada vivienda.
El grupo de 16 diputados de centroizquierda ya se manifestó a favor de suspender los aumentos, por lo que el kirchnerismo intentará aplazar el dictamen y el tratamiento. Mañana, funcionarios del área encabezados por Daniel Cámeron -secretario de Energía- llevarán sus explicaciones a la Cámara baja y escucharán los reclamos.
EL GOBIERNO YA DECIDIÓ QUE NO HABRÁ REBAJA EN LAS RETENCIONES
Metida de lleno en la pelea que ya lleva un año y medio con el campo, Cristina Kirchner cree que sólo el Poder Ejecutivo puede fijar las retenciones. Ya dio la orden de que el oficialismo en el Congreso apruebe tal como está el proyecto de prórroga de las facultades delegadas que se trataría mañana en la Cámara de Diputados y provocó con ello una dura batalla, ante la embestida opositora para aprovechar el momento y forzar una rebaja en las retenciones.
No sólo no hay posibilidad alguna en el corto plazo de que el matrimonio Kirchner acepte conceder una alícuota más baja para los granos, tal como anunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, después de la reunión con la Comisión de Enlace.
La Presidenta envió desde Quito mensajes hacia Buenos Aires: necesita el plazo de un año para que se revisen las facultades que hoy están en manos de su gobierno y que vencen el 24 de este mes, entre las que figura la potestad de aplicar el Código Aduanero, que legisla sobre los derechos de exportación.
Mientras el oficialismo en la Cámara de Diputados hace malabares para conseguir que las facultades delegadas no caigan estrepitosamente, la Presidenta resiste.
En la visión del Gobierno, si se abre la puerta a los reclamos del grupo de legisladores que estarían dispuesto a apoyar que sea el Poder Ejecutivo el que fije las retenciones siempre y cuando en un plazo no superior a los seis meses se revise el paquete de leyes delegadas, tampoco convence en los más altos funcionarios oficiales.
Es un tiempo que la Casa Rosada, según se escuchó en la comitiva en esta ciudad, no está dispuesta a aceptar. Por eso la posición que asuman los 15 diputados enrolados en el bloque Solidaridad e Igualdad (SI); Proyecto Sur, de Claudio Lozano, y Encuentro Popular, de los diputados Ariel Basteiro y Vilma Ibarra, será indispensable para que el Gobierno consiga la media sanción del proyecto. No será tarea sencilla, porque desde este sector progresista ponen condiciones.
La Casa Rosada mantiene intacta su decisión, ya expresada por el jefe de Gabinete en Buenos Aires, de no tocar las alícuotas para evitar un desbarajuste fiscal. Cuando en lo más alto del poder se habla del campo, otra de las frases habituales es el impacto que tendría en el mercado interno una baja sustancial de las retenciones al trigo y al maíz. La Presidenta, de hecho, congeló antes de la reunión con los representantes de las entidades rurales un proyecto que le llevó el director de la AFIP, Ricardo Echegaray, para dejar la alícuota para ambos granos en 10 puntos.
"Los productores de soja tienen mucha rentabilidad", concluyen las fuentes oficiales, y establecen como contrapartida la situación del sector lechero, que sufre, en la visión de la Casa Rosada, un proceso inverso al de los productores sojeros por la recomposición del precio internacional y la baja de insumos.
Por eso, la Presidenta aceptó acordar un convenio con los tamberos para que se les paguen 20 centavos más por litro de leche a través de subsidios. Sólo hasta ahí acepta el Gobierno hacer concesiones. Para la Presidenta, que el Congreso intervenga en la aplicación del Código Aduanero es impensable. Desde aquí mantuvo contactos telefónicos permanentes con Buenos Aires para seguir a la distancia el recuento de votos que cosechará el Gobierno en la sesión de mañana. El ajustado margen que tiene la Casa Rosada para con legisladores propios y aliados circunstanciales provoca incertidumbre en los funcionarios más importantes.
En una suerte de sentimiento de discriminación, Cristina Kirchner repite en la intimidad, según escucharon ministros que hablan con ella, que su proyecto para que en un plazo de un año se revisen las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo es el menos pretencioso de los presentados por los últimos gobiernos argentinos.
"A (Carlos) Menem le dieron cinco años; a [Fernando) De la Rúa, tres; a (Néstor) Kirchner, dos. Yo pido uno y no lo aceptan", se quejó la Presidenta en las últimas horas, según contaron fuentes de la comitiva oficial. Dejó claro, además, que había dado la orden a su jefe de bloque en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi (FPV-Santa Fe), para que cualquier negociación con los sectores más cercanos al Gobierno se haga dentro de esos parámetros. Los márgenes de acción para el jefe del bloque son limitados.
Varios diputados del oficialismo recuerdan en estos días el enojo del matrimonio Kirchner con Rossi, cuando negoció y aceptó cambios en la 125 y terminó finalmente perdiendo los votos de los sectores que pedían algunas reformas, como Claudio Lozano. "Nosotros cedemos y tampoco lo votan", repiten habitualmente en la quinta de Olivos.
Cristina Kirchner carga las culpas en el propio Congreso. "Le dimos ya alrededor de 10 millones de pesos para que elaboraran el digesto y nunca se hizo. Eso lo tenían que hacer los legisladores y ahora lo quieren sacar", se quejó un integrante de la comitiva en esta ciudad.
LA CADENA DEL MAÍZ RECLAMA ESTÍMULOS PARA LA PRODUCCIÓN
La normalización de las exportaciones, la eliminación de las retenciones y otros estímulos a la producción reclamaron ayer los integrantes de la cadena productiva del maíz durante el congreso realizado por la Asociación Maíz Argentino (Maizar).
"Tenemos tres millones de hectáreas cultivadas, pero deberíamos estar en diez millones para aprovechar la oportunidad que ofrece el mercado mundial, cada vez más demandante de alimentos, y sin descuidar el consumo interno, además de realizar una agricultura sustentable", dijo el presidente de la entidad, Pablo Ogallar. "Es prioritario que las retenciones tengan un plan de reducción hasta que desaparezcan", destacó.
Para el directivo, en el país hubo un gran crecimiento de la soja, pero sin el acompañamiento del maíz, cuando en realidad "tendría que haber una combinación de cultivos: la soja, el maíz y el trigo no pueden estar solos".
Previamente, el vicepresidente segundo de Maizar, Santiago del Solar, defendió la cadena del cultivo, "que genera valor agregado por 5500 millones de dólares y equivale al 2,3 por ciento del PBI argentino".
Además de las charlas técnicas, comerciales y productivas, a las que este tipo de reuniones tiene acostumbrada a la audiencia, en esta oportunidad el escenario dio cabida al espacio político. Es un aspecto insoslayable ante las actuales circunstancias derivadas del conflicto que el Gobierno y el campo arrastran desde el año pasado.
En ese sentido, el presidente de Maizar advirtió que empiezan a mostrarse algunas señales interesantes en el ámbito político.
Al concluir la jornada, Ogallar invitó a que los acompañaran en el cierre la senadora Silvia Giusti (PJ-Chubut), Pedro Morini (UCR-Santa Fe) y Raúl Rivara, diputado electo de la provincia de Buenos Aires por Unión Pro, todos sentados en la primera fila. Giusti llegó a la banca por el Frente para la Victoria, pero está alineada al gobernador de su provincia, Mario Das Neves, cada vez más despegado de la conducción kirchnerista. "Desde la Comisión [de Agricultura] que presido apoyamos una serie de medidas que permitan reactivar el aparato productivo del país", señaló la legisladora patagónica.
"Seguimos con mucha atención el diálogo iniciado entre el Gobierno y la Comisión de Enlace. Sería importante contar con medidas que promuevan la producción de carne, leche, granos y un fuerte incentivo a las economías regionales", agregó Giusti.
Dijo la legisladora que se ha presentado una serie de propuestas en el Senado, que apuestan a este compromiso. Una de ellas es la ley de fertilizantes, que pretende aumentar la producción agrícola en el país. Ese proyecto ya tiene dos años.
Morini dijo que "este miércoles y el próximo se juega en Diputados un nuevo sistema productivo en el país". Explicó que la oposición avanzó para derogar la facultades delegadas, entre ellas las de fijar los derechos de exportación.
"Plantearemos que el maíz, el trigo, el sorgo y el girasol, igual que la carne, la leche y las economías regionales, deben tener retenciones cero. Con la soja, veremos cuál será el nivel, que posiblemente tenga rebaja con alguna segmentación", agregó el legislador santafecino. "Estamos de acuerdo en que no hay que delegar más ninguna facultad al Poder Ejecutivo, porque ya hemos visto los resultados", concluyó Morini.
Por último, Rivara hizo propias las palabras de Morini en cuanto a las retenciones. Enfatizó además que el país necesita una ley agrícola marco para fomentar el desarrollo productivo de este sector. "Con normas claras y previsibilidad, el sector agropecuario tendrá rentabilidad como para crecer, sin necesidad de subsidios", concluyó.
EL GOBIERNO ORDENÓ A LAS EMPRESAS SUSPENDER LA FACTURACIÓN DE LA LUZ
El Gobierno ordenó a las distribuidoras eléctricas que suspendan la emisión de facturas para los clientes que consumen más de 1000 kw hora por bimestre y que vieron saltar el monto a pagar en el bimestre hasta un 300%. Así, intentan frenar el descontento por el aumento de las tarifas.
El anuncio lo hizo ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido, que instruyó al Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) para frenar el envío de facturas. A través de una resolución, el ENRE ordenó a Edenor, Edesur y Edelap "abstenerse de la distribución de facturas con consumos superiores a 1000 kw" durante el período que lleve la "revisión y análisis" de los aumentos aplicados. El límite de 1.000 kw se debe a que los consumos inferiores a ese nivel no fueron alcanzados por los aumentos.
Se llegó a esta medida después que 43.279 usuarios presentaran reclamos ante el ente regulador por la suba desmedida de sus facturas. En algunos casos, el nivel de consumo se mantuvo, pero el salto tarifario hizo que aún así el monto a pagar se triplicara. En otros, los usuarios veían cuadruplicar su consumo sin que sus hábitos hubieran cambiado en ese lapso.
Tanto desde el Gobierno como desde las distribuidoras aseguran que no está claro cuánto tiempo durará esta suspensión de las facturas. Del lado de las empresas se esperanzan con que la restricción se extienda solo "por dos o tres días", el tiempo que le lleve al ENRE hacer un muestreo de las facturas y verificar si los aumentos estuvieron bien aplicados o no. "No hablo de mala fe, pero sí de errores en parte de la facturación". De Vido sostuvo que no descarta que "pueda haber penalidades" si se comprobara mala fe ya que "están contempladas en el contrato de concesión".
Fuentes de las distribuidoras contaron que los empleados tuvieron que separar a mano las facturas con consumo de más de 1.000 kw de las que tenían menos, para saber cuáles debían ir al correo y cuáles no.
Desde el ministerio de Planificación aseguraron que los consumidores que ya recibieron sus facturas con montos excesivos "no deben pagarlas por este bimestre". En cambio, las distribuidoras insisten en que sí tienen que abonarlas. "En caso de que no estén de acuerdo con el monto pueden optar por pagar a cuenta, bajo protesta, con los valores del cuadro tarifario vigente antes del aumento", señalaron. Caso contrario les pueden cortar el servicio.
Además, De Vido informó que en los casos en los que haya un aumento "significativo" del volumen del consumo, las distribuidoras deberán enviar un inspector a domicilio a verificar el medidor. Y el usuario deberá dar su conformidad respecto de la nueva medición registrada.
De Vido insistió con que "estamos ante un problema de medición". Pero las empresas señalan, en voz baja, que saben medir y que los ajustes corresponden al aumento ordenado por el Gobierno. El ministro detalló que entre Edenor, Edesur y Edelap, que abarcan el área metropolitana de Buenos Aires y La Plata, hay 4.483.590 usuarios residenciales, de los cuales 529.612 están alcanzados por los aumentos, como consecuencia de la quita parcial o total del subsidio a la tarifa. Para los privados el alcance es mayor y llega a 800.000 usuarios. De ese universo, el 8% presentó reclamos.
GAS: KIRCHNERISMO ACEPTA NEGOCIAR CON OPOSICIÓN, PERO SIN DEROGAR DECRETO
En un intento por calmar el rechazo interno en el kirchnerismo al decreto de Cristina de Kirchner que dispuso la aplicación del cargo especial en las facturas de gas para financiar la importación de fluido, el oficialismo comenzó a reconocer en el Congreso que no está dispuesto a aceptar una derogación de ese decreto, pero sí que se analicen todos los casos en que el aumento implique una carga insostenible para el usuario.
Esa función, en realidad, se realiza en las distribuidoras, por un lado, y en la Justicia, por otro. Pero para los diputados, las aclaraciones por parte del Gobierno sobre el procedimiento de excepciones al pago de los aumentos aún no alcanzan. Mucho más para la oposición, que se prepara para forzar mañana dictámenes en contra del decreto en las reuniones de las comisiones de Energía de Diputados y el Senado.
Ayer, el jefe del bloque del Frente para la Victoria de Diputados, Agustín Rossi, reconoció que debe “eliminarse todo lo que signifique situaciones injustas para los usuarios de gas de menores ingresos, pero no derogar el cargo”.
“Nadie que gane 2.500 o 3.000 pesos tiene que pagar el cargo de gas”, dijo Rossi. Sostuvo así la misma posición que la Casa Rosada. De hecho, Cristina de Kirchner se lo ordenó a él y al rionegrino Miguel Pichetto en dos ocasiones, pero intentando ponerle paños fríos a un conflicto que no controla ni dentro de su propia bancada.
Rossi llegó a pedir disculpas a los usuarios de bajos ingresos que recibieron los aumentos: “Nosotros vamos a acompañar todo lo que signifique eliminar situaciones injustas, y que han afectado a usuarios que no están en condiciones de pagar ese cargo”, explicó. Llegó, inclusive, a hacer una propuesta a la oposición: si se plantea ampliar las excepciones a quienes no puedan pagar los aumentos, el oficialismo acompañará esta propuesta, pero dejó claro que “la intención no es derogar el cargo. Lo lógico y racional sería ver cuáles son las situaciones de injusticia, cuáles aquéllas a las que ni siquiera tendrían que haberle llegado la boleta y, luego, resolver esas situaciones”.
AUDITAN A DISTRIBUIDORAS Y LAS EMPRESAS YA PIENSAN EN LA JUSTICIA
Ayer mismo empezó la revisión por parte del Enre a las tres distribuidoras eléctricas de Capital Federal, el Gran Buenos Aires, La Plata y alrededores. Es decir, Edenor, Edesur y Edelap. Lo que buscan los técnicos del ente regulador de electricidad es auditar si las compañías facturaron correctamente, es decir si entendieron bien el nuevo cuadro tarifario y la aplicación del mismo a los consumos de sus clientes.
Ayer las tres distribuidoras coincidieron en que acataron la orden del Gobierno de suspender el envío de las boletas a los clientes alcanzados por la suba. Para el ministro de Planificación, Julio de Vido, son 529.000 usuarios, según dijo ayer. En Edenor confirmaron que ayer mismo comenzó la revisión.
SE EXTIENDEN POR TODO EL PAÍS LOS FALLOS CONTRA LA SUBA DEL GAS
Las presentaciones judiciales para frenar el impacto del tarifazo en las facturas de gas se siguen multiplicando. Y ya se extienden por casi todo el país, ya que además de las entidades de usuarios, también los intendentes y gobernadores impulsaron el mismo planteo ante la Justicia.
En Chubut la ofensiva en favor de los usuarios ya está un paso adelante del resto: ayer empezaron a llegar las nuevas facturas de gas a los usuarios sin el aumento establecido por el decreto 2067. La empresa Camuzzi Gas del Sur anunció que va a refacturar los montos del bimestre pasado y le anticipó al juez federal de Rawson que no le cortará el suministro a los usuarios que no lo pagaron.
Cuando llegaron las facturas con el aumento impuesto por decreto, la provincia -por pedido del gobernador Mario Das Neves- realizó la presentación de una medida cautelar a la que el juez federal Hugo Sastre hizo lugar. Sastre declaró "ilegal" el aumento argumentando que el "fondo fiduciario es un impuesto al consumo y por lo tanto no se puede crear por decreto".
En Río Negro, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca rechazó ayer un recurso de apelación presentado por Camuzzi Gas de Sur contra una resolución que había hecho lugar a una medida cautelar, por la que le ordenaba aceptar el pago de las facturas de gas sin los nuevos cargos, así como también abstenerse de cortar el servicio por falta de pago.
La cautelar había sido solicitada por el Defensor del Pueblo de la provincia de Río Negro, en el marco de una acción de amparo por la que reclamó se declare la inconstitucionalidad de las normas que fijaron los aumentos.
En Rosario, la Justicia Federal ordenó a través de una medida cautelar que no se apliquen los aumentos en la factura de gas de un usuario domiciliario que sufrió un incremento cercano al 400 por ciento. Esta fue la primera resolución de este tipo en Santa Fe, que fue notificada ayer por el juez a la empresa Litoral Gas, que deberá suspender la aplicación del decreto que habilitó un cargo tarifario extra en las boletas.
Mientras se sustancia la cuestión de fondo -es decir si se autorizan los aumentos-, la medida judicial ordena a Litoral Gas abstenerse de cortar el suministro y obliga a enviar las próximas facturas sin aplicar los aumentos.
A partir de una acción de amparo presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores, a la que adhirieron 50 intendencias y comunas del sur de Santa Fe, los reclamos ante la Justicia Federal de Rosario se multiplicaron en los últimos días.
En los últimos días fueron dictadas medidas similares en Salta, Jujuy, Tucumán, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza, a instancias de las administraciones provinciales y organizaciones privadas. En el conurbano y la provincia de Buenos Aires hubo amparos que favorecieron a los usuarios de Avellaneda (Metrogas), Escobar y Pilar (Gas Natural Ban) y en los distritos como Villa Gesell, Pinamar, Mar del Plata, Olavarria, Tandil y Benito Juárez.
En Córdoba capital también hubo presentaciones judiciales derivadas de las quejas presentadas por usuarios afectados por los fuertes aumentos en las tarifas del gas. El defensor del Pueblo de Río Cuarto, Eduardo Mugnaini, presentó el recurso de amparo la última semana, tras juntar cerca de 1.170 reclamos de los vecinos de esa ciudad y la región.
SEGÚN DE VIDO, EL AUMENTO EN LAS FACTURAS ES "EQUITATIVO"
El ministro de Planificación, Julio De Vido, defendió el fuerte aumento en las tarifas de gas para los consumos residenciales medios y altos: lo consideró "equitativo". Según el ministro, "tenemos 7 millones de usuarios de gas en todo el país, pertenecientes a ocho distribuidoras, y allí tenemos 1.300 quejas; esto no llega al uno por ciento. Creemos que el ajuste es equitativo", dijo.
Añadió que "la quita del subsidio (que el Estado pagaba a las distribuidoras de gas) ayuda a que haya millones de argentinos que pagan una garrafa a 17 pesos. Si no fuera por eso estaría cerca de 30 pesos". Consignó que con un precio como el actual, de 17 pesos, "la garrafa sale el doble de lo que gasta un usuario de gas natural".
"En materia de gas, hemos tenido 1.300 reclamos en todo el país, sobre un universo de usuarios, no llega a un punto porcentual", añadió.
En tanto, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo que "los que tienen que pagar, lo tienen que pagar. Me he traído las fotos de las casas de muchos de los que se han presentado a hacer el reclamo: dan vergüenza ajena. Gente con mansiones espectaculares que han presentado un reclamo porque les subió el gas. No les subió porque se lo aumentaron, sino porque le sacaron el subsidio", precisó.
En ese sentido, el jefe de Gabinete consideró que "no corresponde que tengan el subsidio ellos; corresponde que lo tengan aquellos que tienen ingresos limitados y viven en lugares periféricos".
LA PRESIDENTA REFUTÓ A KIRCHNER POR LA POBREZA
El mensaje del Papa sobre "la escandalosa" pobreza en la Argentina al parecer generó una pelea interna en el matrimonio presidencial. Según trascendió ayer en esta ciudad, Cristina Kirchner refutó a su marido, que había dicho momentos después de conocida la frase del Papa que la pobreza en el país rondaba el 22 o el 23 por ciento, en contradicción con el propio INDEC.
"(Néstor) Kirchner no sabe. Ya no está más en el día a día de las cifras", se comentó en la comitiva que fue una de las expresiones que utilizó la Presidenta para mencionar la poco fortuita cifra que había emitido su esposo.
Sucede que el mismo día que cobró notoriedad el comunicado del Papa, el ex presidente defendió la política social para paliar la pobreza, que, según mencionó, no llegaba más allá del 22 o el 23 por ciento. Pero el último dato del INDEC de pobreza menciona un 15%.
En tanto, el fin de semana, en un ejercicio de búsqueda de archivo que suele hacer con frecuencia, la Presidenta consiguió el dato que le faltaba para cerrar la hipótesis de que detrás de la divulgación del documento del Papa Benedicto XVI en el que habló de la "escandalosa pobreza" en el país había una intencionalidad política de la Iglesia argentina.
Ya había llamado la atención en la Casa Rosada el momento en el que se había dado a conocer el escrito papal, justo un día antes de la homilía que ofreció el cardenal primado, Jorge Bergoglio, hacia quien el Gobierno guarda fuertes recelos y una distancia ya histórica que no parece superada.
Cargada de papeles fotocopiados llegó la Presidenta a esta ciudad, según contaron fuentes oficiales. Sobresalía la copia de una revista de Caritas de mayo pasado. Ya estaba publicado, en la primera página, el corto telegrama del Papa en el que pedía colaborar con la colecta anual Más por Menos para luchar contra "la escandalosa pobreza y la inequidad social".
"Y eso que yo esta revista no la leo", se confesó la Presidenta ante sus íntimos el fin de semana en la quinta de Olivos, para cuestionar que el momento en el que se divulgó, casi tres meses después de que efectivamente fuera redactado por el Vaticano, tenía una intención más allá. Sobre todo, por la polémica que instaló la Iglesia sobre las cifras de la pobreza, que según el obispo y presidente de la Pastoral Social, Jorge Casaretto, llega al 40 por ciento, mientras que para el cuestionado Indec es apenas del 15 por ciento. A pesar de las conclusiones que se sacan en la intimidad de la quinta de Olivos sobre el papel político de Bergoglio, Cristina Kirchner ordenó a sus ministros evitar la confrontación.
Fue notable la conferencia que dio el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el jueves pasado, apenas una hora después de haber conocido el informe del Papa, de alinearse con el mensaje y generar un nuevo foco de conflicto en una relación que ya nació complicada. La Presidenta, de todas maneras, intentó mostrarse un poco más conciliadora en los últimos meses con Bergoglio.
INTENTÓ DE TREGUA CON PASTORAL SOCIAL
La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; el titular de la Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto; y el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, coincidieron en que el mensaje del Papa no tuvo “intencionalidad política”.
Tras la denuncia del papa Benedicto XVI sobre “pobreza escandalosa” en la Argentina, la Iglesia Católica argentina y el Gobierno nacional volvieron a mostrarse juntos. En San Juan, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, aseguró que “éste es un Estado presente”», sin mencionar al Santo Padre, pero acompañada por el titular de la Comisión de Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto.
RETENCIONES, TARIFAS Y POBREZA: LOS TEMAS QUE SE LLEVÓ CRISTINA A QUITO
El viaje de la Presidenta y su comitiva a la III Reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas que se hizo ayer en Quito tuvo también un espacio para las preocupaciones centrales del Gobierno: retenciones, la polémica por el tarifazo y las palabras del Papa, la semana pasada, sobre el "escándalo de la pobreza" en la Argentina sobrevolaron la visita de Cristina.
Un hombre muy cercano a la Presidenta se quejaba ayer ante los periodistas de que nunca antes como a la gestión de Cristina se la hubiera presionado tanto y puso como ejemplo el Código Aduanero -que encierra el sensible tema de las retenciones al campo- donde el Ejecutivo quiere prorrogar la facultad de decidir cómo lo interpreta sin pasar por el legislativo. Un periodista preguntó de qué manera se ligaba esto a lo que había ocurrido con la imposición presidencial de la Resolución 125 sobre las retenciones móviles. Y en el ambiente quedó flotando que el Gobierno quiere dejar este tema quedará más bien inmóvil.
Otro de las cuestiones que trajeron los hombres de la Presidenta encargados de evacuar dudas a la prensa fue la cuestión de las tarifas de los servicios. Uno de ellos se acercó con fotocopias de dos facturas de Edenor de un vecino del secretario privado de Cristina, Isidro, para mostrar que la suba descomunal que se registraba se debía más bien a un "error de medición". Una de las facturas sumaba 215 pesos por un consumo de mil kilowats el mes pasado. Y la última por 2000 pesos por 5000 kilowats. Así, de alguna manera, el oficialismo busca mostrar que el problema de las facturaciones no son en el rubro gas sino en la electricidad y, sin decirlo, que la mayoría de los reclamos "están teniendo lugar con facturas de Edenor".
Otro funcionario de Cristina apareció con una fotocopia de la revista Más por Menos que publica Caritas, en las que el Papa tildó de "escandalosos" los niveles de pobreza. Estaba fechada en mayo, y no la semana pasada, cuando se difundió. "Eso se llama manipulacion", se escuchó.
ALBERTO FERNÁNDEZ DENUNCIÓ QUE LO "ESPÍAN" DESDE EL GOBIERNO
Dolorido, resignado y molesto, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández se terminó de convencer que desde el Gobierno le "pinchan" sus correos electrónicos y sus teléfonos, además de algún que otro seguimiento personal.
A pesar de haber trabajado durante 12 años con el ex presidente Néstor Kirchner, confirmó que sólo a través de un espionaje político el Gobierno se enteró que el jueves iba a tener una reunión secreta con el vicepresidente Julio Cobos. Por esto, "el día anterior, como represalia, echaron a Marcela Losardo como vicejefa del Ministerio de Justicia. No hay otra explicación".
Fernández adelantó que no hará una denuncia ante la Justicia porque "no puedo probar nada. Sólo hice deducciones y silogismos por la sucesión de los hechos".
En LA NACIÓN dice: Silvana Giudici: “En el 2005, denunciamos que varios diputados tenían intervenido el teléfono y la investigación en el Congreso no se pudo profundizar; es el Estado el que tiene que dar explicaciones”
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: DEFINIERON A LOS CANDIDATOS PARA JUZGADOS CLAVE
El Consejo de la Magistratura estableció el ranking provisorio de candidatos para cubrir las cuatro vacantes en la justicia federal porteña, el fuero que investiga las principales causas por corrupción.
Es la primera definición después de mucho tiempo que tiene este concurso, el más viejo y polémico del Consejo. Su trámite ignoró todos los plazos y ya cumplió cuatro años. Luego de los primeros exámenes, el proceso fue anulado a instancias del kirchnerismo. Se reabrió la inscripción y se volvió a tomar la prueba escrita. Con sus resultados y los antecedentes de los postulantes, se elaboró ayer el orden de mérito
Primero quedó Marcelo Martínez de Giorgi, secretario de la Sala II de la Cámara Federal porteña, con 89 puntos en la prueba escrita y 74,25 en sus antecedentes. El está al frente, como subrogante, de uno de los juzgados que se concursan: el que ocupaba Jorge Urso, que renunció acusado de mal desempeño. Antes de irse, había cerrado dos causas contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, que la Cámara ordenó luego reabrir. Esos expedientes los heredó Martínez de Giorgi, que los investiga con un bajísimo perfil. En el concurso anulado, él se había presentado y había quedado tercero.
El juzgado que fue de Juan José Galeano también está en manos de un subrogante: Octavio Aráoz de Lamadrid. En el primer examen que rindió para convertirse en titular del tribunal se sacó un 10 sobre 100 y quedó 23°. No obstante, su desempeño fue elogiado por el kirchnerismo y se mantiene desde hace tres años como subrogante.
DIÁLOGO: COBOS-DUHALDE
Nunca se planeó como un encuentro secreto; sin embargo, ayer, Julio Cobos salió a desmentir una reunión con Eduardo Duhalde que estaba prevista para mañana en su despacho del Senado. El malestar en el entorno del vicepresidente surgió porque sospechan que alguien, en el duhaldismo, reveló las conversaciones secretas e informales que Cobos mantenía con Hilda Chiche Duhalde para concretar la audiencia entre el radical mendocino y el ex presidente peronista.
“Ante la información aparecida en algunos medios de comunicación respecto a un posible encuentro entre el vicepresidente Cobos y el ex presidente Eduardo Duhalde, cumplimos en informar que la Secretaría Privada del Senado de la Nación no tiene agendada dicha reunión y tampoco existe un pedido de audiencia al respecto”, fue el escueto comunicado disparado desde la Dirección de Prensa del Senado.
En rigor, el parte de prensa no faltó a la verdad: el pedido de audiencia nunca se concretó por escrito, pero operadores cobistas y duhaldistas habían llegado a un acuerdo para celebrar la cumbre mañana en el despacho del vicepresidente en el Senado.
Duhalde venía reclamando hace semanas un encuentro con Cobos y volvió a la carga tras su viaje al exterior. El vicepresidente venía dilatando ese encuentro para no entorpecer el llamado al diálogo del Gobierno con los principales referentes de la oposición. El cobismo no quería ser presa fácil de la verborragia kirchnerista que denunciaba intentos desestabilizadores contra el Gobierno de Cristina de Kirchner y dilató la audiencia con Duhalde hasta que quedó en evidencia el fracaso de la denominada ronda de diálogo que no fue más que un ardid del oficialismo para ganar tiempo tras la derrota electoral.
DE NARVÁEZ LE HIZO UN GUIÑO A FELIPE Y EMPARCHÓ EL ACUERDO
Uno de los testigos contó que discutieron como si hubieran estado solos. O como si hubieran pasado un buen tiempo sin verse. "A estos tipos no les podemos dar margen. Si les das margen, te matan", se enfureció Francisco de Narváez. Hablaba, acaso suene redundante decirlo, de Cristina y Néstor Kirchner. Felipe Solá no le dejó terminar la frase: "Te pido que no seamos la nueva derecha. Entiendo que vos y Macri compartan el escenario con la Mesa de Enlace, pero no le podemos hacer el juego a la Sociedad Rural. Ellos nunca combatieron la pobreza. Y nosotros somos peronistas".
La discusión fue el miércoles pasado, en la sala de la planta baja del búnker de De Narváez en Las Cañitas, delante de unos cuarenta dirigentes. Con mejor tino, el viernes prefirieron verse con menos operadores de por medio. Charlaron hasta las dos de la mañana en un restorán de Pilar. El diálogo terminó roto.
Solá amenazó con no ir al acto de anoche en La Plata. Sentía, como pasó durante el proceso del cierre de listas, que nuevamente perdía terreno en la pelea interna. No sólo él, también su gente.
"Felipe se siente presidenciable y necesita un gesto fuerte de tu parte. Si no, no va al acto. Ni él ni todo su armado", le susurraron a De Narváez. Nada que no supiera. Ese gesto emergió el sábado, en la tercera y última reunión entre ellos, cuando firmaron la paz. La paz y un compromiso.
"Tenemos dos candidatos a presidente: Felipe Solá y Mauricio Macri" dijo anoche De Narváez, en el Club Atenas platense. Esa fue la condición para la tregua. "No podemos enterrarnos en peleas personales porque traicionaríamos a nuestros votantes", dijo Sola minutos antes.
AEROLÍNEAS ANUNCIÓ UN PLAN DE AJUSTE
El malestar que provocó ayer en la quinta de Olivos la difusión de las pérdidas de Aerolíneas Argentinas, las más altas (mensuales) en la historia de la compañía, no sólo hizo que varios funcionarios defendieran y justificaran públicamente ese déficit, sino, paralelamente, la confección de un plan gubernamental de reducción de costos.
LA NACION publicó ayer que Aerolíneas Argentinas y Austral habían perdido $ 300 millones el mes pasado. En torno a las explicaciones de esa cifra -que nadie del Gobierno negó en público- se abroquelaron el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el ministro de Planificación, Julio De Vido, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas, empresa que emitió un extenso comunicado.
Por la noche, desde la compañía afirmaron que, en realidad, las pérdidas habían sido de 200 millones y que se aplicaría el referido plan de ajuste.
En ese programa, que incluye 40 puntos, trabajan funcionarios de Planificación, Transporte y la línea aérea. "Hemos decidido un programa de transición, consistente en mejorar la calidad del producto en la puntualidad y la regularidad. Vamos a adoptar un plan severo de ahorro de costos", dijo Recalde. Recalde anticipó una reducción de las horas extras, principalmente al personal de mantenimiento, y un plan "transparente" de compras de material aeronáutico. "Vamos a deshacernos de una flota de 15 aviones que no vuelan desde hace varios años y a vender nueve propios fuera de servicio, que generan costos de seguros, de estacionamiento y seguridad". Sobre los 15 aviones alquilados, expresó que costaban US$ 1,18 millones por mes, más de 35.800 euros de reserva de mantenimiento. "Hemos iniciado la renegociación con las empresas de leasing para deshacernos de las naves que no vuelan desde hace dos años, algunas, y otras, desde hace cuatro", destacó.
Más allá del plan, el gabinete se unió en la defensa de las pérdidas.
Por ejemplo, De Vido, que le puso un plazo a un eventual éxito de la gestión en la empresa. "Para salir de la situación, hay que volar más. La compañía es absolutamente viable y, cuando tengamos la nueva flota, que va a comenzar a tener resultados concretos hacia el fin de este año, va a ser viable en términos de confiabilidad del cliente y viable en la reducción del déficit –afirmó- Cuando tomamos la compañía por default del grupo Marsans, porque hubo una cesación de pagos, porque veníamos de pagar los sueldos desde enero y junio, y en julio dijeron (los empresarios españoles) 'No tenemos para pagar', y entonces allí hubo toda una situación de default y tuvo que hacerse cargo el Estado".
En un comunicado, Schiavi se centró en el contexto global: "Sólo un necio puede no ver que en el mundo se produjeron picos de déficit en las aerolíneas en julio debido a diversas razones, entre las que figura la mezcla simultánea de la crisis internacional con la gripe A. Cualquier extrapolación de estadísticas sin tener en cuenta el contexto puede tener distintos motivos cercanos a la mala fe". Aerolíneas difundió otro comunicado en que consignó las pérdidas que tuvieron en el segundo trimestre del año Continental Airlines (US$ 213 millones) o Delta (270 millones), empresas cuya facturación supera en diez veces la de Aerolíneas.
TOMA DE LA COMISARÍA: DESPUÉS DE CINCO AÑOS CITARON A D´ELÍA
Cinco años después del supuesto delito, el líder piquetero Luis D'Elía fue citado a declarar ante la Justicia por la toma de la comisaría 24 de La Boca. La medida fue dispuesta por el juez federal Sergio Torres, quien indagará a D'Elía el 7 de setiembre.
Además del piquetero fueron citados a indagatoria -el paso previo a un eventual procesamiento- el ex secretario de Seguridad Norberto Quantin; el ex subsecretario de Protección Ciudadana, el fiscal José Campagnoli, y otras dos de las 42 personas que el 26 de junio de 2004 tomaron la comisaría.
La indagatoria de D'Elía había sido pedida hace casi tres años por el fiscal Luis Comparatore, luego de que la requirieran sin éxito otros colegas. Pese a que Comparatore le imputó los delitos de privación ilegal de la libertad, daños, hurto, lesiones y amenazas, el juez Torres lo convocó sólo por esta última figura, dijeron fuentes judiciales.
"Amenazas coactivas para conseguir una concesión de un funcionario público", aclaró una de las fuentes. Esa es la acusación contra el líder de la Federación Tierra y Vivienda (FTV). Este delito tiene prevista una pena de hasta diez años de cárcel, pero el piquetero ya tiene concedida una eximición de prisión. D'Elía evitó ayer comentar la decisión judicial y derivó las consultas a su abogado, Adrián Albor.
"Estamos analizando la viabilidad de esta citación. No descartamos la posibilidad de impugnar esta decisión", dijo el defensor del piquetero. El argumento que usaría Albor sería que el juez no tomó todas las medidas de prueba que había pedido D'Elía en la causa.
JAIME: DECLARACIÓN ANTE LA JUSTICIA
Una despachante de Aduana declaró ayer ante el juez federal Norberto Oyarbide en la causa en que se investiga al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito.
Se trata de María Ester Tarulla. El juez quiere saber si la exportación de un yate Altamar 64, valuado en 1,4 millones de dólares a Brasil, en la que intervino, le fue encargada por el ex funcionario investigado. Se vendieron 7 de estos barcos y sólo uno de ellos fue enviado a Brasil.
LEY DE BLANQUEO: PEDIDO DE UN EX GERENTE DE SKANSKA
Javier Azcárate, un ex gerente de la empresa multinacional Skanska, investigada por el presunto pago de sobornos para acceder a millonarios contratos para la construcción de gasoductos, pidió su sobreseimiento amparado en la "ley de blanqueo". La norma permite esto en los casos de evasión si la empresa paga lo adeudado. Esta parte de la causa está en manos del juez Javier López Biscayart. Aún se investiga en otra causa si la empresa falsificó facturas para encubrir el pago de presuntas coimas.
SANTA CRUZ: SE FUE OTRO HOMBRE DE KIRCHNER Y NO PUEDEN FRENAR LA CRISIS
Juan Manuel Campillo, contador de confianza de Néstor Kirchner y funcionario clave en el manejo de las finanzas de Santa Cruz desde los años 90, renunció ayer como ministro de Economía de la provincia, como parte de los reacomodamientos posteriores a la dura derrota del kirchnerista Frente para la Victoria en las elecciones del 28 de junio.
Campillo fue secretario de Hacienda desde los tiempos de Kirchner gobernador y "ministro en las sombras" de los gobernadores que lo sucedieron hasta que, a instancias del ex presidente, asumió finalmente en Economía en 2007. Tenía línea directa con Kirchner y se dice que es el hombre que todo lo sabe sobre el derrotero de los polémicos y millonarios fondos por regalías petroleras depositados por Kirchner en el exterior en los noventa, y "repatriados" en 2005.
Según fuentes provinciales -que hasta anoche no habían confirmado si el gobernador ya había aceptado formalmente la renuncia de Campillo-, la movida es parte de un acuerdo entre el gobernador Daniel Peralta y Kirchner para barajar y dar de nuevo tras la derrota electoral. Santa Cruz es una de las provincias más endeudadas y la de mayor déficit por habitante.
PETROLEROS: 4 DÍAS DE HUELGA
A la crisis política y financiera que atraviesa la provincia de Santa Cruz se le suma por estos días un nuevo conflicto en el frente petrolero: los trabajadores del sector cumplieron ayer su cuarto día de huelga y mantienen paralizada la producción en demanda de incrementos salariales mayores a los ofrecidos por las empresas.
El paro es motorizado por el Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gas del Sur, que lidera Héctor Segovia. La entidad reclama un aumento del 25 %, mientras que la cámara patronal ya había anunciado un 20 % por ciento a pagar en forma escalonada hasta enero del año próximo. El temor de los funcionario provinciales es que el paro termine afectando la recaudación por una baja en las regalías petrolíferas.
SCIOLI-ANÍBAL FERNÁNDEZ POR FONDOS EXTRA PARA PROVINCIA
A 15 días del accidentado encuentro entre Cristina de Kirchner y Daniel Scioli, contaminado por versiones cruzadas sobre el tema del campo, el gobernador volvió ayer a la Casa Rosada para reunirse durante una hora con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
La cita fue la continuidad de aquel mano a mano -en el que la Presidente se enfureció por el anuncio de Scioli de que expondría los reclamos del campo- pero tuvo un clima menos ácido y una exploración puntillosa de los problemas de Buenos Aires. El eje fue, una vez más, el frente fiscal. La provincia necesita, como mínimo, 2.500 millones de pesos para cerrar sus cuentas en 2009. Sin crédito externo disponible, ni margen para reducir los gastos, el único recurso es un auxilio nacional.
La Casa Rosada, entre la preservación propia y la necesidad de contención, anticipó que aportará esos fondos pero pretende que la asistencia no se traduzca como una reivindicación sino como un salvataje. Parece un aspecto semántico pero es un planteo político.
CONVOCAN AL CONSEJO DE SEGURIDAD
El gobernador Daniel Scioli convocó al Consejo Provincial de Seguridad Pública para acordar con la oposición y con organizaciones de la sociedad civil políticas destinadas a combatir el delito.
La citación se formalizó ayer mediante una resolución firmada por el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, que envió oficios a la Legislatura para constituir el cuerpo consultivo. Se trata de la primera medida que adopta el gobernador, como resultado de la ronda de diálogo político con la oposición, tras perder los últimos comicios.
La constitución del Consejo fue pedida por la diputada electa del Acuerdo Cívico y Social (ACyS), Margarita Stolbizer y por el diputado electo por el partido Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, según se precisó desde el gobierno. Unión-Pro no había requerido la integración, pero también estaría representado. El Consejo Provincial de Seguridad Pública fue creado por la ley 12.987 a fines de 2002, pero nunca se constituyó ni fue convocado.
MAÑANA SE CONOCERÁ EL INDICE DE INFLACIÓN
Con expectativa, por tratarse del primer IPC desde que Amado Boudou tomó a su cargo el INDEC, se espera mañana la cifra oficial de inflación de julio.
Para las consultoras privadas, como Ecolatina, Estudio Bein, Artemio López, Fiel o Buenos Aires City el mes pasado los precios minoristas pegaron un salto y se ubicaron entre un 0,9 y 1,3%.
Se descuenta que la medición del INDEC será menor pero superior al 0,4% de junio por los aumentos de los precios de algunos alimentos. Así, nuevamente, estará sobre el tapete la credibilidad del INDEC.
LOS PROFESORES DE ECONÓMICAS DE LA UBA RECHAZAN APOYAR A ESTE INDEC
Por la falta de confianza y credibilidad en los datos recolectados por el INDEC, los profesores de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) consideran que no tiene sentido que la UBA participe del Consejo Académico que debe revisar la metodología del INDEC. Y plantean que antes de tomar cualquier decisión, el Instituto Oficial debe hacer públicos los datos básicos a partir de los cuales el INDEC elaboró las estadísticas cuestionadas y los organismos de contralor y auditoría del Estado responsabilizarse de la veracidad de los mismos.
Así lo plantearon en una reunión especial convocada para analizar el ofrecimiento del Gobierno para integrar, junto a otras Universidades, un Consejo Académico que evalúe las estadísticas oficiales. Las otras Universidades Nacionales invitadas son la de Tres de Febrero, Rosario, Mar del Plata y Tucumán.
En la reunión, que congregó a una veintena de profesores titulares, eméritos y consultos, en relación al Indice de Precios, el debate central fue cómo saber si los precios registrados por el INDEC a lo largo de estos dos años y medio son los reales o no. Varios profesores sostuvieron que no querían asumir la responsabilidad de avalar esos precios ni tampoco cuestionarlos, más aun por las implicancias políticas, económicas y hasta legales de una u otra postura.
