En diciembre de 2006, un joven de 20 años murió tras recibir una golpiza por parte de personal de seguridad del boliche "La Casona", en Lanús, y lo mismo le ocurrió en noviembre del año pasado otro de 21 años, al ser sacado a golpes y patadas del local "El Coyote", en San Miguel.
Scioli apeló a la "responsabilidad social empresaria" de los dueños de este tipo de negocios nocturnos, para implementar las medidas derivadas de la norma ahora reglamentada.
Tras destacar que la ley establece "reglas claras", el mandatario provincial anticipó que "hay que prepararse para adecuar las normas vigentes a esta nueva realidad, que vemos, muchas veces, empieza con la venta indiscriminada de alcohol y luego la droga", reconoció.
La ley provincial 13.964 prevé una serie de exigencias para el personal de control de admisión y permanencia de público.
Entre otras, obliga a los propietarios de locales nocturnos a exhibir un cartel, visible al público, con la cantidad de controladores, y a tener un controlador cada 80 personas. En el caso de 200 personas serán dos y si hay más de 400, cinco controladores, con un "técnico" en admisión y permanencia.
La norma exige además a quienes se desempeñen en estos puestos someterse a un estudio psicofísico y realizar un curso organizado por el gremio, por autoridades de la cartera educativa y ONGs de "padres de víctimas de patovicas".
El Ministerio de Seguridad provincial extenderá un carnet profesional y la credencial identificatoria al personal habilitado a prestar este actividad, mientras la cartera laboral será encargada de asegurar el cumplimiento de estas condiciones.
De ahora en más, se explicó, la contratación de los "patovicas" no podrá ser "una decisión discrecional de los dueños de los boliches", quienes tampoco podrán decidir la cantidad, ya que se establecerá "una relación entre la cantidad de público y el número de empleados".
La ley exige estudios secundarios completos, dos años de residencia efectiva en el país, ser mayor de 18 años, un certificado de antecedentes penales, certificado de aptitud psicológica otorgado por autoridad pública o establecimiento privado reconocido por el Ministerio de Salud.
Además, haber aprobado un curso de formación Técnico Profesional en instituciones educativas públicas y privadas, cuya capacitación estará orientada en técnicas no violentas de resolución de conflictos.
Los "patovicas" deberán ser empleados bajo relación de dependencia laboral directa del propietario del comercio o de una empresa prestadora de dicho servicio.
Según se desprende de la norma, estos empleados tendrán prohibido "obstaculizar el legítimo ejercicio de los derechos políticos, sociales y gremiales de los concurrentes y prestar el servicio con utilización de armas de cualquier tipo que fuere".
Asimismo, no podrán desarrollar esta actividad personas condenadas por "delitos de lesa humanidad, ni personas que estén enrolados en fuerzas de seguridad pública u organismos de inteligencia y quienes hayan sido exonerados de alguna de ellas".
Tampoco estarán habilitadas las personas condenadas por delitos cometidos en el desempeño de esta actividad.
