“Con el manejo discrecional de los fondos públicos que le dan los superpoderes el Gobierno se garantiza la supervivencia del modelo autoritario de poder”. El planteo realizado por el presidente de la UCR, Gerardo Morales, fue la argumentación central que sostendrá esa fuerza ante el reclamo del oficialismo de sostener las atribuciones especiales para el jefe de Gabinete que le permiten, entre otras cosas, reasignar partidas del presupuesto votado por el Congreso.
El Gobierno anunció que limitará la posibilidad de reasignación al 5 por ciento del total del presupuesto, pero Morales señaló que “se deben derogar totalmente los superpoderes. El Poder Ejecutivo no tiene que tener posibilidades legales de pasar gastos de infraestructura a gastos corrientes”, indicó.
El legislador jujeño remarcó que es necesario “multiplicar el control” sobre el manejo de los fondos públicos y acusó al Gobierno de pretender “debilitarlos”.
EL OFICIALISMO TIENE LOS VOTOS PARA DEFENDER LAS RETENCIONES
El oficialismo, con el apoyo de sus aliados y de un sector de la oposición, se apresta a truncar en la Cámara de Diputados las expectativas de la Comisión de Enlace agropecuaria y de los principales bloques opositores de imponer antes de fin de mes una baja sustancial en las retenciones a los granos.
La orden de la Casa Rosada es no alterar el actual esquema de alícuotas de derechos de exportación, postura que suma el respaldo de casi una veintena de aliados y de los bloques Solidaridad e Igualdad (SI), Proyecto Sur, Diálogo por Buenos Aires, de Miguel Bonasso, y Encuentro Popular y Social, que encabezan Ariel Basteiro y Vilma Ibarra. Con todos estos aportes, el oficialismo espera superar pasado mañana, en el recinto de la Cámara baja, los 129 votos que necesita para imponerse sobre la oposición.
Pero el kirchnerismo no debería cantar victoria todavía. Es que el debate no se ciñe sólo al tema retenciones, sino fundamentalmente a la decisión de prorrogar, otra vez, una serie de facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para legislar por delegación del Congreso. Dicha delegación tiene fecha de vencimiento: el 24 de este mes. En este punto hay unanimidad en toda la oposición, incluso en los bloques renuentes a bajar retenciones, para rechazar la prórroga por un año de esa legislación que quiere el Gobierno.
Los principales bloques opositores -UCR, Coalición Cívica, cobismo, Pro, socialismo y PJ disidente-reclaman que el Congreso recupere esas facultades. "Eso es lo que la gente votó en las últimas elecciones", alegan. Entre esas facultades figura, nada menos, la de fijar retenciones. La oposición pretende aprovechar esta instancia para bajar las alícuotas.
En cambio, los 14 diputados enrolados en SI, Proyecto Sur y Encuentro Popular consideran que la delegación debe ser más acotada de lo que plantea el Gobierno (que no se extienda más allá de diciembre o marzo, para que una comisión defina cuáles pueden ser prorrogadas) y entienden que el Poder Ejecutivo debe mantener su facultad de fijar retenciones. "Podría crearse una comisión parlamentaria que en un plazo corto defina los parámetros de las retenciones. Pero la fijación de las alícuotas debe ser del Ejecutivo", dice Claudio Lozano (Proyecto Sur).
La mayor cercanía de estos bloques a la posición oficial ayuda a un posible entendimiento, deslizan en la cúpula kirchnerista, encabezada por Agustín Rossi (Santa Fe). "Estamos cerca, pero no queremos sufrir el amague del año pasado con la resolución 125 (retenciones móviles): cedimos posiciones y al final SI y Lozano votaron en contra", advierten.
En la oposición vernácula no ocultan su fastidio con sus colegas opositores más conciliadores. Y sostienen que aun cuando el oficialismo se imponga en su intransigencia de no bajar las retenciones, tarde o temprano deberá ceder a la realidad.
"Cuando cambie la relación de fuerzas en el Congreso, con la nueva integración, este tema se volverá a discutir", sostiene Federico Pinedo (Pro-Capital). "Otro dato: como los productores saben que el Congreso tarde o temprano bajará las retenciones, esperarán antes de vender su producción", agregó. Puertas adentro, y en estricta reserva, los más empinados legisladores oficialistas admiten que esta situación tiene patas cortas. Y creen que el Gobierno debería ceder en algunos rubros, como trigo y girasol, de impacto fiscal poco importante. "Podríamos dar ese debate durante la discusión del proyecto de ley de presupuesto 2010", conceden.
Por lo pronto, el bloque que conduce Rossi no presentaría mayores fisuras. Eso sí, en este escenario cada voto cotiza en alza. Tanto Rossi como el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, soportan una catarata de los más diversos "reclamos" que van desde recursos para sus provincias hasta cargos legislativos. Son las condiciones para contribuir a la causa.
UNA AGENDA RECARGADA EN EL CONGRESO
Después de las sesiones simultáneas que mantuvieron senadores y diputados el miércoles pasado, más los potentes debates en diversas comisiones, esta semana se someterán a unos cuantos tiroteos de fuste. Desde esta tarde comenzarán a definirse posturas para el crucial debate sobre retenciones que tendrá lugar pasado mañana en la Cámara baja, previo paso por la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la kirchnerista crítica Graciela Camaño.
La mañana del miércoles será exclusiva competencia de la Comisión de Energía, donde los opositores que piden la derogación del tarifazo del gas criticarán a los funcionarios que irán a explicar los motivos de los aumentos.
Además, la oposición tratará de forzar un debate en el recinto el mismo día, pero el oficialismo no le facilitará los dos tercios que se necesitan si no hay dictamen, como ya lo hizo en el Senado. Al día siguiente, la Cámara alta reabrirá la discusión sobre los superpoderes en la Comisión de Asuntos Constitucionales".
TRAS EL VETO, SE REABRE EL DEBATE POR LOS GLACIARES
La polémica desatada por el veto del Ejecutivo a la Ley de Protección de los Glaciares vuelve a instalarse en ambas cámaras legislativas, que con distintas iniciativas insistirán en la postura de prohibir la actividad hidrocarburífera y minera en los hielos.
El 22 de octubre de 2008, el Senado sancionó la ley 26.418 sobre Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Pero luego fue vetada por la presidenta Cristina Kirchner, medida que provocó un fuerte debate aún no acallado.
El Senado insistirá con "un proyecto que mejora el anterior", según dice en los fundamentos el texto al que tuvo acceso Clarín y que esta semana cobrará estado parlamentario. Se trata de una iniciativa conjunta motorizada por el kirchnerista Daniel Filmus, el radical Alfredo Martínez, María Rosa Díaz (ARI de Tierra del Fuego) y a la que adhireron desde otros bloques: el neuquino Horacio Lores, María Estenssoro (Coalición Cívica), el juecista Carlos Rossi y la ex bussista Delia Pinchetti.
Por otra parte, el diputado Miguel Bonasso insistirá mañana, en la Comisión de Recursos Naturales que preside, con el proyecto que fue vetado y que impulsó con vehemencia, al punto que la decisión presidencial apresuró su alejamiento del kirchnerismo.
Suele ocurrir, aunque a veces estén de acuerdo --como puede suceder ahora-- que las cámaras compitan entre sí por ganar la delantera.
TARIFAS DE LUZ: DE VIDO ADVIRTIÓ QUE PODRÍAN ANULARSE LAS CONCESIONES
El Gobierno volvió a sembrar serias dudas ayer sobre la última facturación realizada por las empresas distribuidoras de electricidad en el área metropolitana y prometió auditar cada una de las boletas para asegurarse de que los aumentos aplicados en los cobros de luz sean los que corresponden. El ministro de Planificación, Julio De Vido, advirtió incluso que podrían anularse los contratos de concesión en caso de detectar "errores intencionales".
Esa sospecha fue abonada por el diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel, quien sugirió que los excesivos incrementos denunciados por los usuarios (de hasta 300%) perseguirían el fin de "producir descontento y malestar social".
El viernes, el ente regulador del mercado eléctrico (ENRE) ordenó a las distribuidoras minoristas que detengan el envío a sus clientes de las facturas correspondientes al último bimestre. En este impasse, el organismo realizará una auditoría sobre esa facturación, en busca de los errores que denuncian las asociaciones de consumidores.
Según admitió De Vido, en el ENRE se incrementaron esta semana un 30% las quejas de los consumidores. De todos modos, el ministro minimizó las quejas, al señalar que el aumento decidido a mediados de 2008 "sólo llega al 8% de los hogares, al 4% de los comercios y al 2% de las industrias".
"En el transcurso de la próxima semana vamos a tener con claridad una certeza de lo que pueda haber ocurrido y vamos a ver si en todas las distribuidoras se da la misma situación", prometió el ministro.
Kunkel, un diputado incondicional al matrimonio Kirchner que tiene línea directa con la residencia de Olivos, abonó ayer la teoría de que los defectos en la facturación podrían ser intencionales. "Tengo el convencimiento, a partir de datos aportados por organizaciones sociales, de que se han producido irregularidades que sólo se pueden explicar a partir de la intencionalidad de producir descontento y malestar social. Es notorio de que algunas empresas han emitido facturas con irregularidades", sostuvo.
EL PJ APUESTA A QUE LA JUSTICIA DEROGUE EL AUMENTO DEL GAS
Ante la intransigencia de la Casa Rosada para modificar el aumento de la tarifa del gas, el kirchnerismo en ambas cámaras parlamentarias apostará a dilatar el tema hasta que la Justicia, que ya ha dictado fallos cautelares en contra en varios puntos del país, declare ilegal el cargo fijo que elevó hasta en un 400% las boletas de consumo de miles hogares.
La estrategia es consecuencia de una realidad política que el matrimonio Kirchner se resiste a aceptar y que muchos legisladores oficialistas no se cansan de repetir en charlas informales: los bloques de diputados y senadores oficialistas no están en condiciones de soportar otro debate crispado, mucho menos en defensa de un medida que en reserva consideran "impopular".
Pero la realidad es acuciante para el kirchnerismo legislativo. A la embestida que la oposición impulsó en el Senado la semana pasada para derogar el aumento, detenida no sin cierta tensión interna en el oficialismo, se le sumará pasado mañana otra en la Cámara baja. Ese día se reunirá la Comisión de Energía para escuchar las explicaciones del secretario de Energía, Daniel Cameron, sobre la imposición de un cargo fijo para financiar la importación de gas de Bolivia y Ecuador.
El escenario no es sencillo, ya que, a diferencia de lo que ocurre en la Cámara alta, el kirchnerismo tiene en esa comisión una ajustada mayoría que podría desaparecer si el descontento social contra el "tarifazo", como define la oposición la medida del Gobierno, siguiera creciendo.
Precisamente la presión social podría dar por tierra con la estrategia de los legisladores kirchneristas de dilatar el debate del tema a la espera de un fallo judicial que derogue el aumento de la tarifa del gas.
Por lo pronto, la defensa de esa medida ya dejó heridos en el oficialismo. "La reunión del martes fue durísima", confesó un miembro de la conducción del bloque kirchnerista del Senado con su típico tono campechano, pero muy preocupado. Se refirió así a la tenida de casi cuatro horas que Cameron y el interventor del Enargas, Antonio Pronsato, mantuvieron con 30 senadores oficialistas la semana pasada. Nunca antes en los seis años de hegemonía kirchnerista un enviado de la Casa Rosada debió pasar tanto tiempo dando explicaciones ante los legisladores, lo cual es todo un signo de los tiempos que corren.
SEGURIDAD: A PEDIDO DE STOLBIZER, SCIOLI LLAMA A ACORDAR MEDIDAS
El gobernador Daniel Scioli convocará hoy por primera vez al Consejo Provincial de Seguridad, creado en 2003. Lo hará a partir de un pedido hecho días atrás por la diputada Margarita Stolbizer, de la Coalición Cívica, en el marco de la ronda de diálogo político bonaerense.
El decreto con la convocatoria será promulgado hoy y la primera reunión del Consejo tendría lugar en los próximos días. Fuentes bonaerenses indicaron que la idea es activar "de inmediato" el Consejo, pero esto dependerá de que las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia designen rápidamente a sus representantes.
El órgano tendrá la función de crear "planes, proyectos y propuestas e implementación de las políticas de seguridad pública", siempre con carácter consultivo. Estará presidido por el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, e integrado por los ministros de Gobierno, Eduardo Camaño; de Justicia, Ricardo Casal; y el secretario general de la Gobernación, José Scioli. También se sumarán otros funcionarios del área seguridad, y dos diputados y dos senadores provinciales, en partes iguales por el oficialismo y la oposición. Como observadores, participarán además los foros vecinales.
Stolbizer celebró ayer la convocatoria de Scioli al Consejo, al calificarla como "positiva", y aseguró que "vamos a cooperar". De este modo, la diputada volvió a diferenciarse de sus aliados de la Coalición Cívica (CC) y de la propia Elisa Carrió que rechazaron todo tipo de diálogo tanto con el gobierno nacional como provincial y ratificaron que el Parlamento "debe ser" el lugar del debate de las políticas de Estado.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: QUIEREN CAMBIAR LA SELECCIÓN DE JUECES
Los miembros kirchneristas y radicales del Consejo de la Magistratura llegaron a un acuerdo: es necesario revertir la imagen del cuerpo que integran y, para eso, transparentar y acelerar los demoradísimos concursos para elegir jueces sería una buena señal. Con esta lógica, acaban de presentar un proyecto común de reforma del Reglamento de Selección de Magistrados.
La iniciativa propone acortar los plazos, prohibir prórrogas y cambiar la forma de valorar los antecedentes de los candidatos. Además, prevé que los exámenes escritos dejen de ser anónimos y que los concursantes deban pasar una prueba oral ante el jurado evaluador que quede filmada.
Este proyecto común no implica que oficialistas y opositores coincidan en su visión del Consejo. Para nada. Mientras los radicales quieren volver a modificar la ley que lo rige, los kirchneristas se niegan: defienden a ultranza la reforma que impulsó Cristina Kirchner, que les dio un enorme poder. Hoy, ningún juez puede ser elegido ni removido sin el voto de al menos uno de los consejeros oficialistas.
La iniciativa es una reacción interna del Consejo a las críticas, cada vez más duras, a su funcionamiento. Sobre todo, a las de la Corte, que cayeron muy mal a los representantes políticos en el organismo. Hoy, los concursos ya tienen plazo: 90 días hábiles desde el examen. Sin embargo, suelen tardar mucho más. Entre las demoras del Poder Ejecutivo y las del Consejo, en la actualidad hay 187 juzgados vacantes, más del 20% de los tribunales nacionales.
Un ejemplo de violación de los plazos es el proceso para cubrir cuatro juzgados federales porteños, donde están las principales causas de corrupción. Hoy, dos de esos juzgados están en manos de subrogantes, jueces que la Corte declaró inconstitucionales.
El nuevo proyecto de selección no cuenta con el apoyo de los jueces. El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, dijo que tiene "deficiencias graves", sobre todo porque termina con el anonimato, una "garantía de imparcialidad", según Recondo, y porque sigue dando a los consejeros potestad para cambiar el dictamen de los jurados. "Pueden seguir poniendo primero a quien salió noveno", advirtió.
Sus autores, en cambio, sostienen que con oralidad y publicidad se minimiza el riesgo de corrupción en los concursos. Para Luis Cabral, representante de los jueces en el Consejo, el proyecto tiene aciertos y desaciertos. "Hay que estudiarlo. Está bien acelerar los concursos, pero también es importante que la gente confíe en que no hay manipulación", advirtió.
Los lineamientos generales del proyecto fueron acordados en una reunión extraoficial realizada en el Congreso hace diez días. Estaban los dos consejeros radicales, el senador Ernesto Sanz y el diputado Oscar Aguad, y cuatro de los cinco oficialistas, la diputada Diana Conti, los senadores Nicolás Fernández y Marcelo Fuentes, y Marcela Losardo, que hasta la semana pasada representaba al Poder Ejecutivo en el Consejo. Sólo faltó Carlos Kunkel.
Según Sanz, hoy los concursos "no son del todo confiables" y, por eso, hay que hacerlos más parecidos a los exámenes de doctorado de la facultad. "Hay que minimizar los riesgos de desviación con publicidad, oralidad y transparencia", dijo.
Conti coincidió: "Es evidente que hoy hay intercambio entre jurados y concursantes. No se puede probar, pero existe. Los concursantes ponen determinadas frases y se lo dicen a los jurados para que los reconozcan. El anonimato no garantiza nada". Recondo discrepa. "Es una excusa. Hay que terminar con la corrupción, no con el anonimato", sostiene.
El proyecto se presentó el jueves último, en el plenario del Consejo. El clima entre radicales y oficialistas ya no era tan bueno, y la reunión se realizó en un ambiente de extrema tensión. Los kirchneristas acusaron a sus pares -opositores, abogados y jueces- de no defender al Consejo. "Afuera existe una crítica despiadada, montada en una infamia, y ustedes lo saben. Ni la Corte ni nadie puede decir que elegimos a los jueces que se nos antoja", dijo Fernández.
Durante una hora, el plenario se convirtió en un espacio para la catarsis del kirchnerismo. Volvió la calma cuando Conti presentó el proyecto de reglamento para que se analizara "lo más rápido posible" y Sanz anunció que el radicalismo lo apoyaba. Todos saben que no se aprobará de inmediato, pero confían en que funcione como una buena señal política.
MAGISTRATURA: LA OPOSICIÓN PIDE REFORMAS DE FONDO
La propuesta acordada entre los representantes kirchneristas y sus pares radicales en el Consejo de la Magistratura para modificar el sistema de selección de los jueces no despierta pasiones en la oposición que no está representada en ese organismo.
Tres legisladores se mostraron moderadamente a favor de la iniciativa, pero consideraron que para que el Consejo recupere la credibilidad deberían hacerle cambios "de fondo". Todos coincidieron en que es fundamental que se anule la reforma impuesta por el kirchnerismo en 2006, que le dio al oficialismo poder de veto.
Después de esa modificación, cinco de los 13 integrantes del cuerpo responden al oficialismo. Y como para designar o enjuiciar a un juez hace falta el voto de los dos tercios del cuerpo, en la actualidad no se puede tomar ninguna de esas decisiones sin al menos el voto de un kirchnerista.
"Me parece bien el proyecto para cambiar los concursos. Uno de los mayores problemas del Consejo es la demora en el proceso de nombramiento de los magistrados", dijo Federico Pinedo, jefe del bloque de diputados de Pro. "La cuestión de reemplazar los exámenes escritos por otros orales puede ser discutible. Pero si esas audiencias son filmadas, se disipan las sospechas. Parece razonable y creo que podría acelerar los tiempos", evaluó Pinedo.
El jefe de la banca macrista advirtió que, de todos modos, al Consejo le hace falta que el oficialismo pierda el poder de veto. Con ese poder, la presión que se ejerce sobre los jueces es fenomenal", opinó.
La senadora de Santa Fe Federal, Roxana Latorre, dijo que, en principio, el proyecto le parecía bien. "Cualquier sistema que favorezca a la transparencia, bienvenido sea", agregó. Pero aclaró que tanto ella como el senador Carlos Reutemann están pensando en proponer un regreso al sistema anterior a la reforma.
En tanto, el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán sostuvo que si el oficialismo sigue teniendo poder de veto, el cuerpo siempre estará condicionado. "Lo importante es recuperar el equilibrio y que ningún sector tenga tanto poder", dijo.
"EL CAMPO COMBATE LA POBREZA", DIJO LLAMBÍAS
El titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, aseguró ayer que el campo es parte de la solución para combatir la pobreza y consideró que las últimas medidas oficiales anunciadas para el agro "van en la dirección correcta, pero todavía son insuficientes".
El dirigente agrario afirmó que CRA está dispuesta a volver a reunirse con el Gobierno, aunque no desechó recurrir a la vía judicial, para insistir en sus reclamos, entre los que figura la rebaja de las retenciones a las exportaciones de granos, como el maíz, el trigo, el girasol y la soja.
"Desde CRA vamos a seguir trabajando con el Ejecutivo y con la Legislatura, y tampoco descartamos recurrir al Poder Judicial para luchar y defender el cumplimiento de la ley y lograr reglas claras y, sobre todo, justas", dijo el dirigente. Respecto de los recientes anuncios para el campo, remarcó que en el sector "vemos que van en la dirección correcta, pero todavía son insuficientes, por eso esperamos nuevas medidas".
RETOMAN LA CONVOCATORIA PARA EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Esta semana, el Gobierno retomará la convocatoria a empresarios y sindicalistas para avanzar en la puesta en marcha del Consejo Económico y Social. Según trascendió, el próximo martes serían citados los equipos técnicos de las entidades para definir el texto constitutivo del organismo.
El Consejo había sido convocado por la presidenta Cristina Kirchner el 9 de julio, en la convocatoria al diálogo que realizó desde Tucumán. Desde entonces, tras varias idas y vueltas, solamente se hizo una reunión técnica en la que se analizó el borrador del decreto que dará vida a esta entidad consultiva.
Una de las razones por las que no se avanzó con el Consejo fue la negativa del campo a sumarse. Tras el recrudecimiento de la pelea con el Gobierno, los integrantes de la Mesa de Enlace avisaron que no irán a ocupar sus asientos en este comité.
Esta decisión dejó al resto de las entidades empresarias a la deriva. Hasta ahora han sido convocadas la CGT, la Unión Industrial, ADEBA -que reúne a los bancos nacionales de capital privado- y las Cámaras de Comercio y de la Construcción. La semana pasada, la Presidenta extendió la invitación también a la Confederación Argentina de Medianas Empresas (CAME).
Pero para estas cámaras, si el campo no participa, el consejo pierde peso. Por eso cruzan llamados con sus pares del campo para intentar convencerlos de que se sumen.
"Lo que la Mesa de Enlace tiene que entender es que integrar el Consejo no implica dejar de lado los reclamos sectoriales. Todos tenemos temas sin resolver con el Gobierno, pero no por eso vamos a dejar de dialogar sobre el proyecto de país que queremos", dijo un representante de una de estas entidades.
La idea del Gobierno es que el Consejo tenga 46 integrantes. Seis serán representantes del Gobierno, 20 de los trabajadores y 20 del sector privado. En este último lote, las entidades que ya están adentro quieren reservar cuatro puestos para el campo. "Si vamos al aporte del cada sector al producto bruto nacional, les corresponden menos de cuatro lugares", se sinceró uno de los participantes. "Pero nosotros queremos que tengan una representación bien visible, porque sin ellos carece de sentido seguir con esto".
"Estamos aguardando una nueva convocatoria para ponernos de acuerdo en el reglamento de funcionamiento", dijo Carlos de la Vega, titular de la Cámara de Comercio. Aunque las invitaciones aún no han sido cursadas, fuentes oficiales confirmaron que la cita será el próximo martes, en el ministerio de Trabajo.
SKANSKA: DECLARA ACUSADO DE VENDER FACTURAS TRUCHAS
El juez Norberto Oyarbide citó a declarar para este miércoles a Adrián López, apoderado de la firma INFINITI e imputado en la causa que investiga los supuestos sobornos pagados por la empresa sueca Skanska, durante las obras en Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), a funcionarios públicos.
López es señalado como quien habría entregado facturas falsas por más de $ 800 mil a la empresa sueca, para abonar supuestos sobresueldos a funcionarios públicos. Según se informó en un programa radial, el apoderado deberá presentarse nuevamente ante Oyarbide, a raíz de un reportaje publicado hace dos semanas por un sitio de internet.
En esa entrevista, López aseguró que la operación surgió a partir de una propuesta de un representante del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, con quien había mantenido una reunión en la que se habló “de cifras, de montos, de las empresas que ellos estaban necesitando para hacer todo este enjuague”. Agregó que, según le habían informado, quien estaba detrás de la maniobra habría sido Néstor 'Rudy' Ulloa, ex chofer de Néstor Kirchner devenido en empresario y entonces titular del Fideicomiso Banco Nación. Todo esto es lo que deberá confirmar ante la Justicia, para que sea considerado como prueba.
CASO ANTONINI: JUEZ ANALIZA LOS MAILS DE UNA TESTIGO CLAVE
La Justicia recibió la semana pasada la casilla de mail de Victoria Bereziuk, secretaria privada del ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, y pasajera del chárter en el que Guido Antonini Wilson llegó a la Argentina con la valija de u$s 800 mil que intentó entrar al país sin declarar en agosto de 2007. El dinero habría pertenecido a las arcas de la estatal venezolana PDVSA y podría haber estado destinado a la campaña electoral de Cristina de Kirchner.
Luego de meses de tramitación, un representante de Google entregó el miércoles pasado al juez a cargo del caso, Daniel Petrone, y a la fiscal María Luz Rivas Diez todo el contenido del correo electrónico de Bereziuk. En el juzgado esperan encontrar mails vinculados a la investigación, si bien todavía no revisaron el material.
Según se había publicado en diferentes medios periodísticos, la ex secretaria de Uberti habría cruzado una serie de correos electrónicos con Daniel Uzcátegui, hijo del ex presidente de PDVSA, Diego Uzcátegui, y también pasajero del chárter contratado por la estatal argentina ENARSA para trasladar esa noche a funcionarios argentinos y venezolanos.
Además de un supuesto enamoramiento del hijo del ex titular de PDVSA por Bereziuk, en la correspondencia también habría referencias al caso, como un reclamo de la ex secretaria a su admirador, al señalar sobre el valijero: “Te lo dije, había que ayudar, lo dejamos solo. Y mirá qué pasó, ustedes son los culpables”.
GOBERNADORES CON OBISPOS, TRAS QUEJA PAPAL POR POBREZA
En medio de la polémica estallada tras la advertencia lanzada por el papa Benedicto XVI -exhortó en las últimas horas a la Argentina a 'reducir el escándalo de la pobreza'-, los gobernadores dispararon una serie de encuentros con los obispos locales, en el marco de la ronda de diálogos provinciales.
La postal contrasta con la fría y complicada relación que Cristina y Néstor Kirchner mantienen con la Iglesia Católica, que todavía no logró ser convocada a la Casa Rosada pese a los pedidos de audiencia. Si bien las reuniones en el interior fueron concertadas de manera previa, el pedido expreso del Papa se convertirá ineludiblemente en tema central de las conversaciones.
El lote de caciques provinciales que se sentarán con los hombres de la Iglesia -o ya lo hicieron- incluye al justicialista Daniel Scioli (Buenos Aires), al radical K Miguel Saiz (Río Negro) y a Jorge Sapag (Movimiento Popular Neuquino).
Un caso más que especial y sintomático es el del peronista sanjuanino José Luis Gioja, quien compartirá hoy a las 8.45 un desayuno con dos figuras signadas por el distanciamiento entre el Gobierno nacional y la Iglesia: el titular de la Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner.
Tanto Casaretto como la funcionaria participarán a las 10.30 de una actividad de la Cátedra de Políticas Sociales hacia el Bicentenario de la Universidad de Cuyo. Ese evento estaba programado para mayo, pero las elecciones lo postergaron a agosto. Sin embargo, allegados a Gioja le confirmaron anoche a este diario que el desayuno tripartito -con agenda inevitablemente ligada a las advertencias sobre la pobreza- fue acordado después de las declaraciones de Benedicto XVI, y que Alicia Kirchner se comprometió a asistir. De concretarse la postal, con la obvia venia de la pareja presidencial, será el primer encuentro entre ambas partes tras la polémica y tendrá como telón de fondo los cortocircuitos recurrentes que Balcarce 50 mantiene con la Iglesia Católica.
OTRA RONDA DE DIÁLOGO CON GOBERNADORES CON RECLAMO DE FONDOS
A su retorno de Ecuador, Cristina de Kirchner desplegará esta semana una nueva ronda de diálogo con gobernadores, quienes volverán a imponer como agenda central el reclamo de fondos -vía mayor coparticipación, recursos extra o pago de deudas- para sus distritos.
Ya casi sobre el final de la cadena de encuentros bilaterales, la Presidente recibirá el miércoles al justicialista mendocino Celso Jaque y al peronista díscolo Juan Schiaretti, mientras que el jueves será el turno de otros dos hombres del PJ: el riojano Luis Beder Herrera y el formoseño Gildo Insfrán.
Aunque con matices, los principales planteos girarán en torno a las urgencias financieras que atraviesan las provincias, en el marco de la desaceleración de la coparticipación y de las recaudaciones locales, producto del conflicto con el campo, la crisis financiera internacional y la gripe A.
LA DISCUSIÓN POR LA DESIGNACIÓN DE KIRCHNER EN UNASUR DEBERÁ ESPERAR
Un mes atrás Rafael Correa le dio a entender a su amiga Cristina Kirchner que hoy mismo, al asumir su país la presidencia pro témpore de la Unión de Naciones Sudamericanas, buscaría con ahínco que la candidatura de Néstor Kirchner a secretario general del organismo salga lo antes posible, ya.
Pero el debate tendrá ahora que seguir congelado otros meses, al menos hasta el próximo encuentro. Cristina llegó anoche a Quito con otro mensaje que su equipo diplomático recibió el viernes: Correa pidió a los argentinos que la "fiesta" de hoy sea suya y se eviten los temas conflictivos durante el plenario de jefes de Estado de UNASUR que se reunirá durante menos de una hora esta mañana.
La reunión ni siquiera contará, en principio, con las presencias del colombiano Álvaro Uribe y el uruguayo Tabaré Vázquez, quien se opone a Kirchner en dicho cargo. Después, los mismos mandatarios estarán acompañando al ecuatoriano en las ceremonias de toma de mando por su reelección, de abril pasado. El viernes, la señal también llegó a otros gobiernos. Correa pidió que hoy tampoco se hable de la dura controversia sobre las bases estadounidenses en Colombia, que levantó una peligrosa tensión en la región andina, donde sigue latente, además, la escalada entre Bogotá, Quito y Caracas.
Brasilia, sin embargo, mandó señales y pidió que UNASUR --por cierto, creado por iniciativa de Lula-- trate los acuerdos militares de Colombia y EE.UU, aunque seguramente será en la esfera del Consejo de Defensa Sudamericano y no en la cumbre de presidentes. La región permanece también dividida sobre este asunto.
CHÁVEZ QUIERE REEMPLAZAR A COLOMBIA POR LA ARGENTINA
“Las relaciones con Colombia siguen congeladas", aclaró Hugo Chávez en una entrevista que trasmitió el sábado por la noche la cadena colombiana RCN. El presidente venozalano criticó al gobierno del colombiano Álvaro Uribe por la instalación de más bases de EE.UU, y aseguró que parte del comercio de alimentos importados desde Colombia por Venezuela sería reemplazado con productos argentinos.
La periodista Vicky Dávila le aclaró que no es lo mismo exportar productos de Colombia, con quien comparten una gran frontera, que desde Argentina. "Lo que estamos haciendo con Argentina es tratar de implementar un modelo de empresas mixtas. Habrá transferencia de tecnología agraria", explicó Chávez y anunció que más de 3.000 productores agrícolas irán a capacitarse a la Argentina.
Como parte de esta estrategia comercial ayer se instaló en Caracas una misión con representantes de unas 80 empresas argentinas, informaron desde la embajada argentina en Venezuela. La comitiva es parte de la visita de la presidenta Cristina Fernández, quien llega hoy a la noche a esta ciudad. La embajadora Alicia Castro explicó que "el objetivo de este encuentro es profundizar la cooperación tecnológica industrial para el desarrollo productivo y la generación de empleo, identificar nuevas áreas de cooperación y complementación e incrementar significativamente las relaciones económicas bilaterales".
SE ANUNCIA INFLACIÓN DE JULIO
El Gobierno dará a conocer el miércoles el índice de inflación de julio que, según las estimaciones de los analistas privados, se ubica en un rango de entre 0,9 y 1,2 por ciento. Éste será el primer índice inflacionario que llevará la marca del ministro de Economía, Amado Boudou, quien prometió que esta semana se pondrá en marcha el Consejo Académico que integrarán las universidades nacionales de Buenos Aires, Tres de Febrero, Rosario, Tucumán y Mar del Plata, y que revisará las cifras del INDEC de los últimos diez años, para luego elevar un informe al Congreso.
Según las consultoras, la inflación en julio estuvo impulsada por subas en los precios del sector turístico por las vacaciones de invierno y en el valor de los alimentos estacionales.
Según la medición que realiza el centro de investigación Buenos Aires City de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), bajo la coordinación de la ex directora de Precios del INDEC, Graciela Bevacqua, la inflación de julio alcanzó a 1,2 por ciento.
El relevamiento indicó que las principales subas se detectaron en el rubro Esparcimiento con un 6%, impulsado por los precios del turismo debido a las vacaciones de invierno, y en Alimentos y Bebidas (1,2 %) por el alza en verduras, aceites, lácteos, harinas y frutas.
Le siguieron los sectores de Vivienda (1,1%) por incrementos en el valor de las garrafas y gas por red; Atención Médica (1,1%); Transporte y Comunicaciones (1,1%); y Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (0,8 por ciento) por subas en grandes electrodomésticos y algunos artículos de limpieza.
También se verificaron incrementos en las áreas de Educación (0,6%), y Otros Bienes y Servicios (0,5%). En cambio, el rubro Indumentaria verificó un descenso de 2,6 % por las liquidaciones de la ropa de la temporada invernal.
“Para la segunda mitad del año las perspectivas inflacionarias se conforman en base a dos fuerzas contrapuestas. Por un lado la severidad de la recesión impulsa un proceso de desaceleración inflacionaria. Por otro, un conjunto de factores impulsaría la tasa al alza”, evaluó.
Las planillas con el detalle de la inflación serán difundidas por el INDEC el miércoles a las 16.
Previamente –como ya es costumbre-, los empleados del organismo harán, a las 13, un abrazo solidario en la puerta del INDEC, en contra de la intervención del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El costo de vida de junio fue de 0,4 por ciento y acumula en el primer semestre del año 2,7 por ciento. La canasta básica alimentaria se ubicó en 445,46 pesos
EL GOBIERNO AJUSTA EL BLANQUEO PARA TRATAR DE SUMAR INGRESOS
Cuando faltan sólo tres semanas para que venza el plazo para sumarse al blanqueo de capitales, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) modificó una norma clave del régimen: ahora el dinero que se declare y no sea invertido antes del 31 de agosto, deberá ser depositado en una cuenta bancaria especial.
La medida apunta a cerrar el cerco fiscal frente a posibles intentos de blanquear fondos generados con posterioridad al 31 de diciembre de 2007. Y también a asegurarse que quien ingresó los fondos pagando 1% porque declaró que los destinaría a inversión, cumpla ese requisito o pague el 6% que se aplica cuando no se exterioriza con un destino específico.
El cambio se concretó a través de la Resolución 2650 de la AFIP. Con esta y otras modificaciones -como el menú de inversiones en bonos del Estado- el organismo busca asegurarse los mayores ingresos posibles en un contexto de deterioro del superávit fiscal.
SE ACABAN LOS FONDOS PARA OBRA PÚBLICA
Se acabó la plata. Lo que antes de las elecciones era una especulación pasó a ser una certeza después de los comicios. El Gobierno no tiene presupuesto para destinar a la obra pública. Y no sólo se trata de problemas para financiar nuevas obras, sino que ya no hay dinero disponible para pagar lo que ya está devengado. Entonces llegó la orden: buscar fondos de donde se pueda para poder rescatar uno de los bastiones del discurso kirchnerista.
Por estos días, y en el más estricto secreto, varios funcionarios del Ministerio de Planificación Federal apuran un censo mediante el que pretenden conocer a ciencia cierta cuál es la deuda que el Estado tiene con los contratistas de obra pública y cuánto más se devengará hasta fin de año. Vialidad Nacional, Agua y Saneamientos (AySA) y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) son algunos de los entes que han tenido que enviarles datos y cifras a los hombres de De Vido que están tras el censo.
Con el listado y los números en la mano -se cree que podrían llegar a algo más de $ 8000 millones-, empezará a construirse un orden de prioridad para pagar algunas obras con dinero de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y dar de baja otras que ya no se retomarán.
EL CENTRAL NO QUIERE EL DINERO DEL FMI
La Argentina recibirá el 28 de este mes US$ 2500 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según lo estipulado por la normativa vigente, el dinero debería incorporarse a una cuenta del Banco Central (BCRA) y sumarse a las reservas internacionales. Sin embargo, desde la entidad que preside Martín Redrado estarían trabajando contra reloj para buscar la forma de que los fondos vayan directamente a la cuenta del Tesoro en el Banco Nación.
"Es pan para hoy y hambre para mañana", repiten en el Banco Central. En un momento en que la recaudación se achica, en la autoridad monetaria descuentan que lo más probable es que el Tesoro utilice ese dinero para pagar deuda (en particular, para el vencimiento del cupón del PBI en diciembre). Con ello, el dinero que serviría hoy para engrosar las reservas se esfumaría tan pronto como Economía cumpliera con sus obligaciones.
AEROLÍNEAS PERDIÓ EN JULIO CASI 10 MILLONES DE PESOS POR DÍA
Quienes frecuentan la quinta de Olivos dicen haber visto, hace diez días, a Néstor Kirchner al borde de la explosión temperamental. Fue cuando Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas puesto hace un mes y medio en el cargo como gesto gubernamental para el camionero Hugo Moyano, admitió públicamente que la empresa había perdido 1100 millones de pesos en el primer semestre del año.
El diputado electo mandó callar a Recalde. Pero, probablemente, tenga nuevos motivos para la rabieta: según números preliminares internos, Aerolíneas perdió 78 millones de dólares en julio pasado (299,52 millones de pesos). Es decir, $ 9,66 millones por día.
Las cosas no están bien en el cielo nacional. La nieve y el hielo complicaron las operaciones en algunos aeropuertos turísticos, como el de Ushuaia, y se sumaron, el mes pasado, a los efectos devastadores de la gripe A. Resultado: la empresa tuvo, según los memoriosos del sector, la pérdida más importante de su historia, una comparación que en realidad es difícil de hacer en números constantes por las variaciones del dólar, pero supera ampliamente a otros dueños durante las peores épocas. El gobierno español llegó a perder casi 500 millones de dólares por año (unos 41 millones por mes) antes de 2001; American Airlines, más de 300 millones en 1999, e Iberia, alrededor de 200 millones anuales a mediados de los 90.
