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29/07/2009 - 11:00 | Información General /

Resumen de noticias Nacionales

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Resumen con las principales noticias nacionales publicadas en los matutinos del miércoles 29 de julio de 2009.


FACULTADES DELEGADAS: SE AVECINA UNA FUERTE PELEA
La colisión será inevitable y se producirá hoy, en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Allí, el kirchnerismo planteará la prórroga, por un año, de las facultades delegadas por el Congreso en el Poder Ejecutivo, incluida la potestad de fijar las retenciones. Indignada, la oposición ya advirtió en las últimas horas que batallará por recuperar todas las facultades que cedió, lo que significaría un duro golpe para el gobierno de Cristina Kirchner.
El debate que tendrá lugar en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja trasciende el marco jurídico. El conflicto es a todas luces político, pues en el medio subyace el problema irresuelto entre el Gobierno y la dirigencia del campo sobre las retenciones a las exportaciones de granos. En efecto, el 24 del mes próximo vencerá una serie de facultades que el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo, entre ellas la de fijar los derechos de exportación e importación (retenciones), contenida en el artículo 755 del Código Aduanero.
El oficialismo presentó ayer su postura a la oposición en el Congreso: en un proyecto de ley propone que se prorroguen todas las facultades por un año, incluida la de fijar retenciones. Asimismo, el kirchnerismo sugerirá la creación de una comisión legislativa que estudie, en ese plazo de un año, cada una de las facultades que el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo desde 1853 hasta 1999. Esas delegaciones están incluidas en 1901 normas que rigen en la actualidad.
La oposición no aceptará esta prórroga lisa y llana que propone el kirchnerismo y amenaza con recuperar para el Congreso todas las atribuciones que cedió, incluida la de fijar retenciones. "Si el kirchnerismo se mantiene intransigente en su postura, pues entonces no avalaremos la prórroga de ninguna de las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo. Dejaremos que venza el plazo del 24 de agosto", advierten desde el radicalismo y el bloque Pro.
La oposición sostiene que no es cierto, como afirma el kirchnerismo, que si la legislación delegada no se prorroga antes del 24 del mes próximo, ésta perderá vigencia, lo que significaría una fuerte debacle jurídica.
"Las normas que se dictaron a partir de la delegación ya han sido ratificadas por ley del Congreso en 1999. No corren riesgo -explicó ayer el diputado Julián Obiglio (Capital), vocero de la bancada Pro-. Lo que sí cambiará a partir del 24 de agosto, si no hay prórroga, es que el Poder Ejecutivo ya no gozará de facultades que le cederá el Congreso. Es decir que todas las decisiones volverán al Parlamento."
En el mismo sentido que el vocero de la bancada Pro se pronunció en las últimas horas el jefe del bloque de diputados radicales, Oscar Aguad (Córdoba). "Insistiremos en que la cuestión del Código Aduanero sea debatida aparte del resto de las facultades delegadas. No aceptamos una prórroga generalizada", manifestó.
En el oficialismo admiten que su posición es de máxima y que, finalmente, terminarán cediendo posiciones, aunque no en la medida en que plantea la oposición. No hay mucho tiempo para negociaciones, empero: la sesión para debatir el tema será la semana próxima, para que el Senado pueda llegar a tiempo antes del 24 del mes próximo.

DIPUTADOS ANALIZA PROYECTO Y PREPARA GUERRA POR SOJA
La Cámara de Diputados no se movió un milímetro de la agenda que tenía preparada ayer para la primera reunión en meses de la Comisión de Agricultura. Kirchnerismo y oposición analizaron el proyecto de ley de emergencia agropecuaria (en realidad, una larga lista de proyectos que aún no se terminan de consensuar) y medidas para paliar la crisis casi terminal que vive la lechería. No hubo lugar para iniciar la agenda de pedidos de la Mesa de Enlace agropecuaria, tampoco está contemplado, y ni siquiera se terminó de acordar una redacción común para la declaración de emergencia.
Mañana, una comisión de asesores seguirá deliberando para unificar posiciones, y el martes habría firma del dictamen de ese proyecto para liberar fondos para asistencia para que el miércoles llegue al recinto. Será el mismo día en el que el Gobierno intentará aprobar la prórroga de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo que vencen el 24 de agosto. En esa sesión, entonces, la pelea por las retenciones entrará por una puerta distinta, pero copará las discusiones.
Dentro del debate de la prórroga se encuentra la facultad de fijar la alícuota a las exportaciones, que comprende a las retenciones. Es el mayor punto de diferencia entre lo que pretende aprobar el kirchnerismo y la oposición. De ahí que las alícuotas sobre exportaciones se votarían con modificaciones, de acuerdo con el número que el oficialismo tenga al momento de la sesión.
El proyecto que ya envió el Gobierno al Congreso establece la prórroga por un año de las facultades delegadas, pero nada dice sobre cambios en los poderes para fijar alícuotas. La idea de la oposición es fijar un tope hasta el cual el Ejecutivo podría fijar a las alícuotas y, en caso de ser excedido, sea el Congreso el que decida sobre el tema.
Después de nueve meses sin debatir sobre la crisis del campo, el momento de mayor tensión en la Comisión de Agricultura se vivió ayer cuando dirigentes del agro, encabezados por Alfredo de Angeli, entró en la comisión. Fue una nota casi de color: después de una suspensión que les sirvió para plantear sus pedidos, la comisión presidida por Alfredo Cantero volvió a las discusiones.
El proyecto original del kirchnerismo establecía un cupo de $ 150 millones para constituir el Fondo Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias Agropecuarias. Con ese fondo se financiará la ejecución del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias Agropecuarias.
La oposición reclamó subirlo mediante una cláusula que establezca que el sobrante quede como reserva para futuras emergencias. La UCR argumentó que debía elevarse a $ 1.000 millones, mientras el oficialismo sólo aceptó, hasta ahora, un máximo de $ 450 millones.
“Hay que sacar una ley lo más rápido posible para que solucionen parte de los problemas del campo, y para eso hay que ir al consenso y no a la disputa”, dijo ayer el radical Pedro Morini.
Mientras se negocia, la comisión podría firmar el dictamen sin fijar monto para que éste sea definido en el recinto durante el plenario. Pero el radicalismo podría terminar aceptando que el monto inicial sea de $ 500 millones, con una suma igual prevista y resguardada bajo una cláusula que habilite su uso sólo ante una situación de emergencia que desborde el primer monto, basta con que el Gobierno acepte debatir la emergencia agropecuaria que tiene frenada desde hace seis meses.
Después de analizar la emergencia, los diputados comenzaron con los proyectos sobre mejoras para el sector lácteo. Tampoco en este punto hubo avances definitivos: sólo acordaron continuar trabajando a nivel de asesores y volver a discutir el tema en las próximas semanas en el marco de un plenario integrado por las comisiones de Presupuesto, Comercio y Agricultura, donde fueron girados los cinco proyectos sobre el tema.

RADICALES APOYAN RECLAMOS DEL AGRO, PERO NO LA REDUCCIÓN INMEDIATA DE LAS RETENCIONES A LA SOJA
La relación entre el radicalismo y la dirigencia agropecuaria, lejos de pasar por su mejor momento, entró ayer en otra etapa de deterioro. Ningún dirigente de la UCR está dispuesto a seguir estrictamente la agenda de mejoras para el campo que planteó la Mesa de Enlace. Sólo resta esperar ahora que Elisa Carrió vuelva de sus vacaciones y fije posición en cuanto a la reforma a las retenciones, pero los radicales están confiados en que no presionará para que la oposición apure en el Congreso una reducción de 10 puntos en las retenciones a la soja, lo que consideran un imposible habida cuenta de la débil situación fiscal que atraviesa el Gobierno.
Ayer, el vocero de esa posición fue Ricardo Alfonsín, quien, como Felipe Solá hace 48 horas, les puso un freno a las pretensiones inmediatas de Hugo Biolcati y Eduardo Buzzi, más después de la conferencia de prensa de los hombres del campo, donde toda la oposición prendió las luces de alarma. “Es increíble que quienes antes de las elecciones reclamaban diálogo ahora parezcan no estar dispuestos”, dijo, sin mencionar nombres, sobre la dirigencia del campo.
Alfonsín le puso un freno también a la expectativa de avanzar sin ningún límite con la agenda de proyectos que apura el agro. Así dejó claro que antes de la soja se debe trabajar sobre la situación del sector lechero, la carne y la eliminación de retenciones a trigo y maíz para luego ir a un esquema de retenciones segmentadas a las exportaciones de soja, pero nunca una baja directa de 10 puntos, que las llevaría al 25%, como presenta ahora la Mesa de Enlace.
La posición del radicalismo tuvo eco ayer en el socialismo y algunos dirigentes de Unión-PRO y el peronismo disidente siguieron avanzando en el mismo camino. Pero aún es una incógnita cómo reaccionará Carrió después de haber sido la primera aliada del campo en la pelea contra el Gobierno, aunque no la preferida de la Mesa de Enlace.

EL OFICIALISMO SUFRE OTRA BAJA EN EL SENADO Y SE LE COMPLICA LA MAYORÍA
La senadora María José Bongiorno oficializó ayer su renuncia al bloque kirchneristas. Mediante una nota enviada al vicepresidente Julio Cobos y a su ex compañero de lista y jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, anunció la conformación de un bloque unipersonal: "Encuentro de Rionegrinos".
Bongiorno tiene mandato hasta el 2013. Integra el Frente Grande (antes fue radical) y se referencia en el diputado y ex intendente de Cipoletti, Julio Arriaga, quien se alineó con Felipe Solá.
Con esta baja, el bloque kirchnerista quedará con 39 senadores, apenas dos más que el quórum. A fin de año se producirá el momento más preocupante ya que con el recambio del tercio en el Senado se producirá una nueva sangría y el oficialismo quedará en minoría, con 35 integrantes contra 37 opositores, producto de la derrota en las elecciones del 28 de junio. También perderá la mayoría en Diputados.
No obstante, la conducción del bloque oficialista asegura contar con tres senadores aliados que podrían evitarle sobresaltos a la hora de votar proyectos de alto interés para el Poder Ejecutivo: cuentan allí a Horacio Lores, del Movimiento Popular Neuquino, y los ex ARI de Tierra del Fuego, José Martínez y María Rosa Díaz. Pero los tres pertenecen a bloques autónomos y sus lealtades estarán siempre supeditados a las respectivas realidades provinciales.
La noticia se conoció un día después de que cuatro diputados anunciaran su renuncia a la bancada oficialista: tres entrerrianos que responden a Jorge Busti y un cordobés ligado al gobernados Juan Schiaretti.
En el Senado las bajas en el kirchnerismo comenzaron durante el verano con la resonante salida del santafesino Carlos Reutemann, acompañado de su comprovinciana Roxana Latorre, coletazo directo del conflicto con el campo. Los siguieron en fila los salteños Juan Carlos Romero y Sonia Escudero.
Ante esta nueva deserción producida ayer, Pichetto dijo: "Lamento el alejamiento del bloque de la senadora Bongiorno. Nos sorprende porque en varias oportunidades ratificó su pertenencia". De todos modos, el jefe del bloque del Frente para la Victoria -que desmintió varias veces los amagues de renuncia de su comprovinciana- se mostró "esperanzado en mantener un buen vínculo. Siempre hemos hecho el esfuerzo para contener a los senadores".
Por su parte, la senadora rionegrina justificó su renuncia señalando, en el texto enviado a las autoridades de la Cámara alta, que "creo que hay nuevos desafíos para la clase política, y considero que es indispensable tener la mayor independencia de criterio posible para enfrentarlos".
Enseguida, Bongiorno aclaró que "en las últimas elecciones legislativas el mensaje que dejaron las urnas fue muy claro; es necesario un cambio de rumbo en la forma de hacer política, y sería una necedad no tomar las medidas apropiadas en ese sentido".
En otro tramo, la senadora ilustra otros motivos de la ruptura: "Seguir perteneciendo al bloque oficialista implica acompañar todas las decisiones del mismo". De su relación con sus compañeros de militancia, Arriaga y la otra diputada que se fue con Solá, Lorena Rossi, sostiene que "dieron todo su apoyo y respaldo". Sin embargo, la senadora no definió si se acercará al PJ disidente como esos diputados. Otro que la quiere de su lado es el radical Pablo Verani, ex gobernador de Río Negro, con quien mantiene fluida relación.

CRISTINA CONVOCA LOS JEFES DE LOS BLOQUES K
La Presidenta citó para esta tarde a los integrantes de los bloques oficialistas de senadores y diputados en la Casa Rosada.
La llamada fue inesperada y se especula que tiene doble finalidad: pasar lista a los que se mantienen leales y bajar línea sobre la agenda legislativa hasta diciembre.

UN GESTO HACIA LA OPOSICIÓN
El jefe del bloque de senadores kirchneristas, Miguel Pichetto, recibió ayer al de la UCR, Ernesto Sanz, y le ofreció avanzar en una agenda consensuada hasta fin de año. Un gesto infrecuente, que es espejo del que protagonizó días atrás su par de Diputados, Agustín Rossi, al acordar con todo el arco opositor la confección de un temario conjunto.
En este caso, Pichetto se limitó a recibir a la segunda fuerza de la Cámara alta. Dijo que consultará con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el pliego radical, que incluye cambios en el INDEC, el Consejo de la Magistratura, los superpoderes y en las tarifas de luz y gas.

AUTONOMÍA PORTEÑA: IMPULSAN CREACIÓN DE COMISIÓN BICAMERAL
El titular del bloque de PRO en Diputados, Federico Pinedo, presentará un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que avance sobre cuestiones de la autonomía porteña, tal como lo conversaron el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y el senador kirchnerista Daniel Filmus en la apertura del diálogo porteño.
El diputado socialista Roy Cortina le acercó su propio proyecto a Pinedo con el mismo objetivo. El jefe del bloque de PRO también se comunicó ayer con el diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano, a quien le dijo que el líder de PRO está dispuesto a recibir a Proyecto Sur, cuyo candidato Pino Solanas salió segundo en la última elección y a una distancia mucho menor de Gabriela Michetti de la que esperaban en PRO.
En el breve diálogo telefónico que tuvieron, Lozano le cuestionó que Macri haya recibido como primer dirigente opositor a Daniel Filmus, cuyo candidato, el cooperativista Carlos Heller, salió cuarto en la elección porteña. “A la primera fuerza que tendrían que haber convocado es a la nuestra”, le planteó el economista de la CTA. “No hay ninguna convocatoria al diálogo porteño, Filmus le mandó una carta a Mauricio y él lo recibió. Pero estamos abiertos a dialogar, si quieren conversar con Macri”, le ofreció Pinedo.
Lozano quedó en conversarlo con su fuerza. Pinedo le comentó que pensaba en la radical Silvana Giudici para conducir la comisión bicameral, una idea que tampoco tuvo mucha aceptación en el dirigente de Proyecto Sur: le dijo que le parecía un disparate, al igual que el encuentro con Filmus.
En tanto, el diputado socialista Cortina le presentó a Pinedo un proyecto de ley para crear una comisión bicameral entre diputados y senadores nacionales porteños que trabajen sobre todos los temas de la autonomía.
A los legisladores, Cortina propone que se sumen integrantes del Poder Judicial nacional y porteño y también Aníbal Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, los jefes de Gabinete del gobierno nacional y de la comuna, respectivamente. Estos dos funcionarios son los que quedaron encargados por Macri y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para avanzar en estas cuestiones.
En tres semanas quedaron en volver a reunirse para ver el grado de avance en la agenda común.

GIUSTINIANI Y MORALES, EN SINTONÍA
En medio de la disputa entre Julio Cobos, Elisa Carrió y Hermes Binner por el liderazgo del Acuerdo Cívico y Social de cara a las presidenciales de 2011, los titulares de la UCR, Gerardo Morales, y del socialismo, Rubén Giustiniani, intentaron fijar una agenda que aplace la discusión sobre las candidaturas y contenga los “individualismos”.
“Recién en el 2010 vamos a hablar de candidaturas y de los mecanismos que vamos a implementar para la elección del candidato presidencial del Acuerdo”, señaló ayer Giustiniani al tiempo que agregó que “ahora la prioridad es seguir trabajando en la consolidación del espacio”.
Tanto los radicales como los socialistas coinciden en la necesidad de crear una “mesa de conducción” que se convierta en el ámbito de debate de las decisiones colectivas, pero hasta tanto Carrió no regrese de sus vacaciones, no habrá una definición sobre la forma en que se institucionalizará el espacio. Por ese motivo ayer hubo un avance pero no se concretó el proyecto.
En cambio, se plantearon tres etapas para llegar al 2011. La primera será la consolidación del trabajo programático para unificar criterios en el Parlamento y en el terreno político.
“La institucionalización se va a ir dando de manera natural”, dijo Giustiniani, quien adelantó que se profundizarán los encuentros entre los partidos con el objetivo de armar la mesa de conducción hacia fin de año.
La segunda etapa será en 2010 y consistirá en la definición de la metodología que utilizarán en el Acuerdo Cívico y Social para elegir el candidato a presidente. Por ahora la opción más fuerte es la realización de una interna abierta entre todos los partidos. Y la tercera y última será la elección del candidato presidencial, recién prevista para 2011.

STOLBIZER ELOGIÓ A BINNER, PERO NO HABLARON DE 2011
La diputada electa Margarita Stolbizer aseguró que su presencia en la provincia de Santa Fe, donde ayer se reunió con el gobernador Hermes Binner, no se vincula a sus diferencias con Elisa Carrió y negó que su visita tenga una connotación con la definición de las candidaturas presidenciales para 2011.
“No hay que vincularlo con las diferencias que tenemos dentro de la Coalición y que yo las minimizo”, afirmó Stolbizer y advirtió que “todos” sus esfuerzos “están destinados a garantizar la unidad” del Acuerdo Cívico y Social.
Luego de pasar por Rosario, donde se reunió con el intendente Miguel Lifschitz, la dirigente radical se dirigió a Rafaela y a Sunchales, y luego, hacia la Casa de Gobierno provincial, donde mantuvo un encuentro con el gobernador Binner, a quien profirió una ristra de elogios.
“Estamos desarrollando nuestro propio partido a nivel nacional y aquí hay una interna primaria la semana que viene. Mi presencia no tiene ninguna connotación con las candidaturas hacia 2011”, explicó.

COBOS FUE A LA RURAL E INSISTIÓ CON UNA BAJA EN LAS RETENCIONES
El vicepresidente Julio Cobos planteó ayer que las retenciones a las exportaciones agropecuarias "deberían bajar", aunque, aclaró, "sin desfinanciar al Estado", en clara sintonía con el reclamo que ya efectuó la Mesa de Enlace agropecuaria. En una visita que concretó anoche a la muestra rural de Palermo, Cobos criticó la política del Gobierno que él mismo integra, al señalar que "hay que liberar las exportaciones" de los productos del campo y que los organismos del Estado deberían controlar la actividad, "pero de manera racional".
De hecho, toda su actividad de ayer pareció destinada a marcar cada vez más distancia con la presidenta Cristina Fernández y su marido, el ex-presidente Néstor Kirchner. Poco antes de visitar La Rural, Cobos se ha había prestado a una conversación telefónica por radio con Francisco De Narváez, a quien propuso públicamente: "Tenemos que trabajar en conjunto sobre políticas de Estado. Francisco y yo estamos en la misma sintonía".
Voceros de De Narváez aseguraron que ese tipo de charlas con Cobos ya se venían dando en privado. A un año y 11 días de su voto "no positivo" en el Senado, que sepultó la iniciativa del Gobierno de imponer por ley la Resolución 125, Cobos comprobó una vez más su súbita popularidad entre la gente del campo. Además, concretó la visita en compañía del senador santiagueño Emilio Rached (Frente Cívico) que votó en contra de las retenciones y empató en 36 los votos del Senado en aquella madrugada del 17 de julio de 2008.

LA PRESIDENTA RECLAMÓ "RACIONALIDAD"
Dos días antes de que el campo lleve sus reclamos a la Casa Rosada después de las duras críticas con las que aceptó ir al diálogo convocado por el Gobierno, la presidenta Cristina Kirchner pidió deponer los intereses sectoriales para permitir llegar a acuerdos.
Aunque no nombró al sector agropecuario, sus palabras fueron una tibia respuesta a las fuertes declaraciones con las que los dirigentes rurales mostraron, anteayer, su desconfianza respecto de la reunión que mantendrán pasado mañana con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
"Sólo a través del diálogo y resignando las posiciones y las pretensiones de máxima se puede llegar a acuerdos", sostuvo la Presidenta. Fue durante un acto en la Casa Rosada, en el que anunció un convenio con las provincias productoras de hidrocarburos, que puso como ejemplo de las negociaciones futuras que emprenderá la Casa Rosada.
Cristina Kirchner pidió, además, "racionalidad" y "serenidad", en lo que pareció una respuesta elíptica a las duras advertencias que habían hecho los presidentes de las entidades rurales que conforman la Comisión de Enlace. Anteayer, en una asamblea de productores en la muestra de la Rural, los dirigentes del campo habían dicho que irían a "exigir" al Gobierno medidas para el sector.
"Es preciso perder la costumbre de plantear agendas de máxima para abordar las negociaciones", reclamó la jefa del Estado, después de que el agro hizo público su pedido de retenciones cero para el trigo, el maíz y el girasol, y una rebaja de 10 puntos para la soja.

LA OPOSICIÓN CUESTIONÓ EL MENSAJE DE LOS RURALISTAS
Por primera vez desde que comenzó el cruento enfrentamiento entre el campo y el Gobierno, ayer dirigentes opositores de distintos sectores expresaron sus reservas y hasta cuestionaron los últimos movimientos de la Comisión de Enlace.
El primero en levantar la voz fue el diputado de Unión Pro Felipe Solá, que consideró que los dirigentes del agro "estuvieron demasiado agresivos" y "se pasaron de rosca" en sus exigencias al Gobierno. Solá se refirió a la multitudinaria conferencia de prensa en la que las entidades que representan al campo aceptaron la invitación del Gobierno a dialogar, pero con exigencias y duras críticas al oficialismo.
"Ayer estuvieron demasiado agresivas, porque hicieron una conferencia de prensa frente a mil personas. Era un discurso más que una conferencia de prensa. Se pasaron de rosca", dijo Solá sobre las organizaciones ruralistas.
En ese acto, el campo había puesto como condición para aceptar la convocatoria de la Casa Rosada que en esa misma reunión, que se concretará pasado mañana, surjan las respuestas a pedidos concretos que hizo el sector. "Iremos y exigiremos", lo graficó el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati.
Solá, que el año último dejó el bloque kirchnerista por su rechazo a las políticas oficiales para el agro, planteó ayer sus diferencias con la ofensiva del campo. "No estuvieron así cuando estuvieron reunidos con todos nosotros, con los diputados, ahí estuvieron mucho más reflexivos", los cuestionó. Pero el diputado del peronismo disidente no fue el único que intentó ponerle límites a la estrategia ruralista.
El jefe de la bancada de la UCR en el Senado, Ernesto Sanz, opinó que la Comisión de Enlace está en todo su derecho de reclamar, como lo viene haciendo, por las cuestiones del campo, pero consideró que "el único límite que hay que cuidar es que en el fragor de las propuestas amplíen sus expectativas hasta querer armar una agenda política; porque para eso está el Congreso", separó los tantos Sanz.

SCIOLI ADMITIÓ QUE LA PROVINCIA TIENE UN DÉFICIT DE $ 5.500 MILLONES
Que se distribuya un mayor porcentaje de la recaudación del impuesto al cheque o la creación de un Fondo Especial para el Gran Buenos Aires. Esas fueron las propuestas de la representación legislativa de Unión-PRO en la reunión con Daniel Scioli, en la que el déficit de la provincia fue el tema central. El dato central del encuentro fue que el déficit provincial sumará este año $ 5.500 millones.
Francisco De Narváez y Felipe Solá expusieron sus propuestas al salir del encuentro con el Gobernador, en el marco del diálogo con la oposición provincial que arrancó ayer. En la reunión con Unión-PRO, el ministro de Economía, Alejandro Arlía expuso un power point con las difíciles cuentas fiscales. Fuentes de la Gobernación detallaron que en el primer semestre el déficit fue $ 2.708 millones y el proyectado para todo el año sería $ 5.523 millones.
La economía en pausa recorta los ingresos propios de la Provincia. Pero la reducción al 6% de la coparticipación que la Nación gira a Buenos Aires (hace trece años era 11%) también determina -según De Narváez-Solá- este crecimiento del rojo fiscal.
El gobierno de Scioli coincide en el diagnóstico con la oposición, pero sus funcionarios explican que "las variantes las conversamos directamente con el Gobierno nacional". "Resultaría más fácil reformar la Constitución que modificar algo en la ley de Coparticipación Federal", reconoció Solá.
Ante esa dificultad de modificar la coparticipación es que Unión- PRO avanzó con la propuesta de pedir por el impuesto al cheque o un nuevo Fondo del Conurbano, similar al creado en 1992 con el 10% de la recaudación por Impuesto a las Ganancias.
Nunca, desde 1985, cuando el gobernador Alejandro Armendáriz cedió los puntos de coparticipación a la Nación, hubo un reclamo concreto y uniforme de los legisladores bonaerenses con representación en el Congreso.
Solá no pudo alterar el esquema cuando precedió a Scioli, hasta 2007, y ahora realiza un intento desde la oposición. Ayer, llegó a la Gobernación media hora antes de la reunión. Estuvo en la residencia con el gobernador. "¿Hablaron de la cuestión interna en el PJ?", preguntó este diario. "Estuvieron solos y fuera del alcance de nuestra curiosidad", se excusaron los voceros.
En el encuentro en el Salón de Acuerdos se trataron, además, temas de salud, acción social, seguridad y conflictividad con el campo. "Fue un encuentro correcto y positivo", explicaron los integrantes de la comitiva Unión-PRO al retirarse.
En un mes, exactamente el 28 de agosto, volverán a verse las caras. "En el segundo encuentro hablaremos de un plan único de asistencia", anticipó De Narváez.
Este mediodía, el diálogo político continúa con Margarita Stolbizer (GEN) y mañana está convocado Daniel Salvador, presidente del Comité Provincia de la UCR.

EL GOBIERNO CONVOCA A GOBERNADORES DEL PJ DISIDENTE
En la continuidad de la mesa del diálogo con los gobernadores, Cristina de Kirchner recibirá hoy al mandatario de Misiones, Maurice Closs, y al de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, quienes plantearán la difícil situación financiera de sus provincias. En tanto, los mandatarios alineados al peronismo opositor, como Mario Das Neves (Chubut), Juan Schiaretti (Córdoba) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis), también serán convocados “como todos” los gobernadores, según indicaron desde Balcarce 50, en medio de la incertidumbre planteada por éstos respecto de su presencia en Buenos Aires para participar del diálogo. Incluso, el puntano le envió el lunes una carta a la Presidente solicitándole una audiencia.

OTRO TURNO DE DIÁLOGO OPOSITOR EN LA CASA ROSADA
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, volverá a activar hoy la agenda del diálogo con la oposición. A las 17 tiene acordada una reunión con el espacio Nuevo Encuentro que en las últimas elecciones se conformó entre el ex intendente de Morón, Martín Sabbatella, y Solidaridad e Igualdad (SI). Hasta la Casa Rosada llegarán los diputados Carlos Raimundi y Martín Sabbatella.
Al los encuentros en la Casa de Gobierno también está invitado el ex intendente de Córdoba y líder del Partido Nuevo, Luis Juez, quien consiguió un buen resultado electoral en su provincia en los últimos comicios, al imponerse en la lista de senadores y ocupar un segundo lugar en Diputados.
A Randazzo le toca explicar cuáles son los puntos concretos que plantea el gobierno nacional respecto de la reforma política que aún no tiene definiciones.

EMPRESARIOS Y GREMIOS ACORDARON LLEVAR EL SALARIO MÍNIMO A $1.500
El nuevo salario mínimo será de $1500. Ese fue el resultado de intensas negociaciones que arrancaron ayer a las 10 de la mañana y que terminaron, luego de acaloradas discusiones pasadas las 11 de la noche. La encargada de hacer el anuncio fue la presidenta, Cristina Kirchner, ante un grupo numeroso de sindicalistas de la CGT y la CTA y de los representes de las diferentes cámaras empresarias. El incremento será en forma escalonada: $1400 pesos en agosto, $1440 en octubre hasta llegar a los $1500 a partir del 1° de enero del año próximo.
Este aumento abarcará a 300 mil trabajadores, y desde el Gobierno destacaron el entendimiento entre empresarios y sindicalistas cuando el Consejo Económico y Social sigue su puesta en marcha.
"Más allá de cómo se voto es importante que de la reunión participaron todos los sectores, incluso el campo, y que todos fijaron su posición y hubo un claro entendimiento", agregaron voceros del titular de la cartera de Trabajo.
"En tiempos como estos es cuando se pone a prueba la responsabilidad de todos, de los sectores patronales y sindicales", dijo al hacer el anuncio la jefa de Estado en la sede de la cartera laboral, luego de que se formalizó el acuerdo. Y puntualizó: "Cuando las instituciones funcionan en época de bonanza es normal, que funcionen en tiempos de crisis internacional es lo que revela la verdadera fortaleza de las instituciones".
A su turno, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que la Presidenta "reconoció el esfuerzo y el nivel de discusión y debate" al que llegaron las partes. "Tenemos discusión de paritarias porque tenemos trabajo", agregó el funcionario.
La Presidenta tuvo un particular interés en el desarrollo de las negociaciones, porque este acuerdo sin la necesidad de pasar a un cuarto intermedio para el jueves próximo se produjo en momentos en que se ultiman detalles para el lanzamiento del Consejo Económico y Social.
Durante toda la jornada estuvo en contacto permanente con el ministro Tomada que le dieron detalles de las discusiones. Recién, pasadas las 9 de la noche, le sugirieron que prepare su visita a la cartera laboral porque se vislumbraba un entendimiento.
De todas formas, ayer una buena parte de los empresarios del campo y de la CTA votaron en disidencia a este acuerdo, aunque la CGT -moyanistas y sus rivales- y los representantes de la UIA dieron su visto bueno. Ayer estuvieron del lado empresario y entre los consejeros titulares Daniel Funes de Rioja, Juan José Etala, Ricardo Guell y Horacio Martínez de la UIA; Adolfo Burgos por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Carlos Wagner de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC); Adelmo Gabbi de la Bolsa de Comercio; Francisco dos Reis, de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) y Jorge Álvarez de la Unión Argentina de Entidades de Servicios (UDES).
Por el lado gremial participaron, entre otros, el secretario General de la CGTY, Hugo Moyano; Juan Belén de la UOM; Gerardo Martínez de la UOCRA; Andrés Rodríguez de UPCN; José Pedraza de Ferroviarios; Héctor Daer de Sanidad; Oscar Lescano de Luz y Fuerza; Juan José Zanola de La Bancaria; Armando Cavallieri de Comercio y Mario Manrique del Smata.

MAGISTRATURA: ALAK NO ACEPTA CAMBIOS
El ministro de Justicia, Julio Alak, advirtió ayer que "no es una solución" modificar la ley que definió hace dos años la actual composición del Consejo de la Magistratura, aunque dijo que impulsará mecanismos que garanticen mayor celeridad y transparencia en ese organismo.
Mientras, Alak tomaba esa posición, una alta fuente de la Corte Suprema de Justicia volvió a reclamar "mejoras en el funcionamiento" del Consejo que controla el kirchnerismo. La fuente se quejó porque "nos prometieron 170 nuevos cargos para la Justicia pero la ley está demorada desde el año pasado". Dijo que por esas y otras falencias del Consejo, la "Justicia está colapsada".
Respecto a los reclamos de la oposición y la Justicia, Alak explicó que le parece "importante" encontrar un funcionamiento interno que garantice mayor celeridad, así como "mayor transparencia" en todos los procesos de selección y remoción de jueces.

MAGISTRATURA: CONTI ADMITE ERRORES EN DESIGNACIONES
La diputada kirchnerista y vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Diana Conti, reconoció ayer que el organismo “tiene dificultades en cuanto al proceso de selección de los jueces” y advirtió que “hay que hacer modificaciones”, si bien advirtió que no era “una prioridad” en la agenda parlamentaria a tratar, antes del 10 de diciembre.
La autocrítica de una de las principales defensoras de la reforma del organismo de 2006, impulsada por la entonces senadora Cristina de Kirchner, llegó un día después de las duras declaraciones del ministro de la Corte Suprema, Carlos Fayt, quien había señalado que los resultados de los cambios introducidos en el Consejo “son negativos”, así como asegurado que el organismo debía modificarse.
“Todo va a ser discutido en el ámbito natural, que es el Congreso. El Consejo tiene dificultades en cuanto al proceso de selección de los jueces y, a mi gusto, no es claro”, enfatizó Conti, quien ya había mostrado una postura crítica respecto de los concursos de jueces la semana pasada, durante un debate televisivo con el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, y ha presentado varias propuestas en el Consejo para modificar este sistema, que no avanzaron por el momento.

DESCARTAN EN LA CORTE UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
“La Corte no legisla. No vamos a opinar sobre la reforma del Consejo de la Magistratura. Hacer una declaración sería invadir otros poderes del Estado. No sería serio meternos en un debate parlamentario.” De esta forma resumió uno de los ministros la postura sobre el tema del máximo tribunal, que fue abordada ayer en el primer acuerdo después de la feria judicial.
Hay en la Corte cuatro expedientes en los que se cuestiona la constitucionalidad de los cambios introducidos en el organismo en 2006, pero no son prioridad en la agenda de los supremos. Al margen de la composición del cuerpo, hay consenso en responsabilizar al Consejo del mal funcionamiento del Poder Judicial en general: “Ya hemos hecho nuestros reclamos y los seguiremos haciendo. Así como está, la Justicia va a entrar en colapso”, aseguran.
Los jueces de la Corte buscan transmitir que no se meterán en un debate que corresponde dar en el Congreso. Y que no les parece esencial si hay un consejero más que represente a los abogados, a los políticos o a los académicos porque eso no resuelve los muchos problemas que afronta la administración de justicia en todo el país.
La prioridad actual del máximo tribunal es, dicen, solucionar casos concretos, como los miles de juicios acumulados por los reclamos de los jubilados (ver aparte). Pero ayer, en el primer encuentro luego de la feria judicial extendida por la gripe A H1N1, los cinco magistrados presentes (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi) analizaron un informe preparado para la ocasión sobre las cuatro causas en las que el tribunal podría expedirse sobre la constitucionalidad de la reforma del Consejo impulsada por el kirchnerismo en 2006.

POR LAS DENUNCIAS JUDICIALES, SCIOLI ECHÓ AL TITULAR DE LOTERÍA
En medio del proceso de renovación de la licencia de 46 bingos bonaerenses y acorralado por denuncias judiciales, el interventor de la provincia de Buenos Aires, Luis Peluso, dejó ayer su cargo según confirmaron fuentes de la gobernación. Su salida se daba por descontada por el entorno de Daniel Scioli aunque el gobernador habría trabajado en un proceso más integral para la renovación de la Lotería.
Los detalles se conocerán hoy al mediodía en un comunicado que ayer, la propia gente que trabaja en la entidad, estuvo diagramando hasta última hora de la noche. Según trascendió, Scioli firmaría un decreto para ir a un proceso de normalización en la Lotería, con lo que Peluso no sería reemplazado por un nuevo interventor sino por una nueva conducción completa.
La salida de Peluso -un hombre de confianza de Scioli- es clave teniendo en cuenta que el funcionaria manejaba millonarios recursos de un área sensible como los juegos de azar.
Hace 3 semanas fue denunciado ante la justicia porque -según la Comisión de Juego de Nevada- su mujer, Carmen Adelardi, es representante de apostadores argentinos en cuatro casinos de Las Vegas y esa actividad familiar involucraría al funcionario en un delito de acción pública como es la incompatibilidad de funciones.

MONTOYA HABLA CON EL GOBERNADOR, PERO NO VOLVERÍA AL PUESTO DE RECAUDADOR
Daniel Scioli está en conversaciones con Santiago Montoya, el emblemático ex recaudador de la provincia. Ayer, por caso, hablaron por teléfono. Pero el Gobernador aún no define si le integrará o no a su gabinete. "Pero no volverá al ente recaudador ni irá a la Secretaría General", dicen en la casa de gobierno de La Plata.
El martes de la semana pasada, a las 17, en el edificio del Banco Provincia estuvieron reunidos. "Fue un encuentro muy agradable, Daniel es siempre un caballero, me dio un abrazo que me emocionó", destacó Montoya. Ayer hubo un contacto telefónico, en el que conversaron sobre las versiones que corren sobre el regreso del ex recaudador a la gestión pública. En ese contexto es que en La Plata creyeron necesario aclarar a qué cargos no iría Montoya. En cambio, no quisieron precisar a cuál sí podría ir.
El ex titular de ARBA fue expulsado del gobierno provincial cuando hizo público, en plena campaña electoral, que se había negado a ser candidato testimonial. La orden de echarlo habría llegado desde Olivos. Por eso, mencionarlo como potencial funcionario es una manera más de Scioli de tomar distancia de Néstor Kirchner.

INVESTIGAN SI UN ASESOR DE JAIME LE PAGÓ AL PILOTO DEL LEAR JET
El piloto que trajo al país desde los Estados Unidos el misterioso avión que el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime habría usado desde febrero hasta mayo de este año dijo ayer que por esa tarea le pagaron 3 mil dólares e identificó ante la Justicia a quien le hizo ese pago.
De acuerdo con fuentes de la investigación, el piloto, llamado Enrique García Moreno, mencionó como pagador de su trabajo a un tal "Julián Vázquez". Los investigadores sospechan que podría tratarse de un hijo o familiar de un ex asesor de Jaime llamado Manuel Vázquez. Este ex asesor, supuesto abogado, figura en algunos de los viajes realizados por Jaime en los taxis aéreos que usaba el ex funcionario antes de la presunta adquisición de la aeronave que trajo al país García Moreno.

ACEVEDO: "EL INCREMENTO DE LOS BIENES DE LOS KIRCHNER ES INAUDITO"
El ex gobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo expresó ayer su disposición a declarar en la causa que investiga una presunta asociación ilícita del matrimonio Kirchner y un grupo de funcionarios y empresarios, al insistir en que le parece "sospechoso" el aumento patrimonial de la pareja presidencial del año pasado "cuando en el país no le ha ido tan bien a nadie". El incremento "es impactante e inaudito", agregó el ex hombre de confianza de Néstor Kirchner.
"En su momento me convocaron a causa judicial, di mi testimonio y declaré lo que correspondía, no soy ni el fiscal ni el juez", señaló el ex gobernador, quien mantenía un estrecho vínculo con Néstor y Cristina Kirchner, ya que fue jefe de la SIDE (entre mayo y diciembre de 2003) y gobernador de Santa Cruz (entre diciembre de 2003 y marzo de 2006). Ese año, renunció a la gobernación por peleas con Kirchner y ahora es un opositor.
Ayer, el fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez Julián Ercolini que convoque a declarar como testigo a Acevedo en la causa abierta en noviembre último contra el matrimonio presidencial, el ministro Julio De Vido, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y los empresarios Cristóbal López, Lázaro Báez y Rudy Ulloa Igor, a partir de la denuncia de Elisa Carrió y otros miembros del ARI.

LOS FONDOS DE SANTA CRUZ
Según la última rendición de los fondos de Santa Cruz en el exterior, en el 2007 se habían gastado 200 de los 537 millones de dólares. En sus críticas, Acevedo, quien fue gobernador de esa provincia entre el 2003 y el 2006, afirmó en declaraciones radiales que la rendición de 2009 "no se conoce".
Acevedo asumió 10 de diciembre de 2003 en reemplazo de Néstor Kirchner y meses más tarde había 537 millones depositados en la Unión de Bancos Suizos y el Credit Suisse.

LAS MEJORAS POR JUICIOS PODRÍAN ALCANZAR A TODOS LOS JUBILADOS
La Corte Suprema de Justicia analiza extender a todos los jubilados -hayan iniciado o no juicio- las mejoras por movilidad que surgen de sus fallos. Así lo informaron ayer fuentes judiciales, quienes indicaron que el Alto Tribunal comenzó a discutir la forma de extender el denominado "Fallo Halabi" a todos los jubilados.
Esto significa considerar como un "derecho de incidencia colectiva" o "acción de clase" a las cuestiones previsionales, de modo tal que una sentencia favorable de la Corte pueda beneficiar simultáneamente a todos los jubilados con iguales reclamos, sin necesidad que cada uno inicie una demanda. De todas maneras, aclararon, recién podría darse un pronunciamientos dentro de 3 ó 4 meses.
Otra variante que se analiza es que la Corte plantee que en un "plazo perentorio" el Congreso apruebe una ley ordenando el reajuste de las jubilaciones rezagadas, incluidas las retroactividades. Al mismo tiempo, la Corte firmará el miércoles 5 un convenio con ANSeS para acelerar los trámites de los juicios y establecer un mecanismo de cálculo de actualizaciones salariales que reduzca los tiempos de los juicios, que pueden llegar hasta 7 años.

CONDENAN AL INDEC A INDEMNIZAR Y REPONER EN SU CARGO A UNA EMPLEADA
La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó al INDEC a reinstalar en su puesto de trabajo en el área del Indice de Precios a una empleada que había sido desplazada por haber denunciado y participado en las acciones gremiales contra las manipulaciones estadísticas en ese organismo. Y además condenó al Instituto oficial a pagarle a esa trabajadora una indemnización de $ 40.000 por "agravio moral", más los intereses.
Todo comenzó el 26 de junio de 2008 cuando Vanina Micello -que se desempeñaba en la Oficina de Operativos Especiales de la Dirección de Precios- fue desplazada al área de Biblioteca del INDEC con el argumento de haber cometido "irregularidades", como "consignar datos irreales en formularios de relevamiento correspondientes al rubro "Servicio Doméstico".
Llamativamente, según la Justicia, el desplazamiento de Micello se dio en circunstancias muy precisas. Por citación judicial, Micello había declarado en la causa penal " Moreno, Guillermo y otros sobre violación de secretos". También los camaritas destacan que Micello "cumplía tareas en una de las áreas sensibles" del INDEC y como afiliada a ATE, había participado de "manifestaciones" y "abrazos al edificio".
La Justicia también comprobó que Micello, quien se incorporó al INDEC, en 1992, acumulaba más de 15 años de antigüedad en el INDEC, "sin antecedentes de mal comportamiento ni un desempeño que hubiese recibido jamás objeciones". Y que sorpresivamente, de acuerdo a los jueces, el traslado a la Biblioteca se hizo de un día para otro, sin cumplir con los recaudos de las normas laborales vigentes, con el agravante de haberle disminuido sus ingresos normales y habituales "por la quita de horas censales". Además, en los meses previos, el INDEC fue renuente a darle tareas acordes a su "capacitación laboral".
A partir de estos hechos, los jueces entendieron que el traslado de Micello no tuvo una "justificación objetiva y razonable" y se trató de una medida de segregación, discriminación y "represalia por el ejercicio de actividades gremiales". Con esos fundamentos, los jueces Gabriela Vázquez y Luis Catardo revocaron la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de Micello. Y ordenaron hacer lugar a la acción de amparo y "condenar al INDEC a que reponga a Vanina Micello en las funciones que cumplía en la Dirección del IPC, así como en su nivel de ingresos normales y habituales", a pagar la suma de $ 40.000 en concepto de daño patrimonial e inmaterial, más los intereses, e imponer las costas de primera y segunda instancia a la demandada.

EL ESTADO OPERARA UN SISTEMA DE TV SATELITAL PARA COMPETIR CON EL CABLE
El Gobierno decidió concentrar en la Secretaría de Medios y la agencia oficial Télam toda la publicidad oficial.Según un relevamiento de la Asociación por los Derechos Civiles, el Poder Ejecutivo gastó el año pasado casi 400 millones de pesos en publicidad oficial.
El decreto 984 firmado por la Presidenta y publicado ayer en el boletín oficial terminó con la posibilidad que tenían algunos organismos autónomos de negociar por su cuenta las pautas de publicidad que contrataban con diferentes medios. El ex jefe de Gabinete, Sergio Massa, había impulsado esa posibilidad en su propia cartera y la ANSeS. A ese mecanismo se habían sumado el Banco Nación y otras dependencias.
Desde ayer, según reza el decreto, "los organismos o entidades deberán encomendar la realización de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación a la Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que las efectivizará por intermedio de Télam".
Otro decreto, el 943, también publicado ayer, autoriza al Sistema Nacional de Medios Públicos a operar un sistema de televisión satelital a nivel nacional con un paquete de señales educativas, culturales e informativas.
Así, el Estado intentaría proveer de un paquete se señales de televisión subsidiado para competir con los actuales sistemas de televisión por cable y satelital. Estas modificaciones se producen mientras avanza una profunda reestructuración en el área de medios, un área en el que el Gobierno reconoce falencias. En las últimas semanas el subsecretario de Medios, Alfredo Scoccimarro, ganó atribuciones, oficiando de vocero y reuniendo a ministros y voceros de las diferentes carteras para unificar criterios de comunicación.
En la Casa Rosada crecieron los rumores sobre el posible alejamiento del secretario de Medios, Enrique Albistur, al que algunos responsabilizan por problemas en la comunicación. La última aparición de Albistur fue el 28 de junio en el Hotel Intercontinental, cuando apenas terminado el comicio anunció a los periodistas que sus boca de urna le daban una ventaja de seis puntos al kirchnerismo.
Pero en el Gobierno insistían que el decreto devuelve más poder a la Secretaría y a Albistur, al menos mientras permanezca allí.

EL EMPRESARIADO RECLAMÓ AL GOBIERNO MEDIDAS ANTE LA CRISIS
Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Luis Pagani, su par de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), no quisieron dejar lugar a dudas: mostraron que no hay peleas entre las dos entidades. Por el contrario, conjugaron los mismos tiempos de verbos frente a la realidad del país y el Gobierno.
Ambos se mostraron juntos durante el II Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba y, para reforzar la imagen, ofrecieron una conferencia de prensa. Pagani hizo una lectura de lo que percibió en el encuentro. Reparó, por ejemplo, en que "en los distintos panelistas se advirtió un poco de pesimismo" respecto de los meses venideros, por lo cual interpretó que "sería bueno que el Gobierno tome nota de este malestar o preocupación del empresariado, sobre todo del interior".
El jefe de AEA agregó que los asistentes reflejaron que "se nota una parálisis, no tanto en la actividad (productiva)", porque es variable según los sectores, sean de bienes durables o de consumo masivo, sino que "lo que sí está parada es la inversión (porque los empresarios) no ven claro para dónde va el país". "Si hay algo que el país está esperando son señales para poder empezar a invertir", opinó Pagani. Y algo más aún: "Que todos estos planteos que estamos haciendo algunos sean tomados en cuenta y se empiecen a resolver antes del cambio (de legisladores) de diciembre en el Congreso, porque en muchas cosas, como la cuestión del campo, medio que es una cuestión de ayer (sic), creo que se tienen que empezar a tomar medidas", sentenció.
Pagani no dio muchas vueltas y dijo que la reunión tenía el propósito de "despejar algunas posibles dudas que algunos medios traslucen" respecto de las relaciones entre la UIA y AEA. La especulación echada a correr se refería a presuntas desavenencias que provocó la difusión del documento de AEA, que agrupa a más de 50 dueños y principales ejecutivos de grandes empresas de diversos rubros. Hace una semana y media la declaración plasmó 12 puntos o materias de las que el país, sus sectores, dirigentes y el Gobierno deberían ocuparse con premura.
Méndez atribuyó esas informaciones a "las famosas bajas pasiones" de la prensa. "La fuente no es atendible", subrayó el presidente de la UIA, pese a que en privado algunos de sus dirigentes admitieron días atrás diferencias con el giro crítico de AEA.
"El documento de AEA tiene principios fundamentales que son casi indiscutibles, es como no creer en el Preámbulo de la Constitución, uno podrá discutir si dice más o dice menos, pero dentro de la casa [la UIA] no se discutió en ningún momento", puntualizó el jefe de la central industrial. Méndez rechazó que la UIA hubiera debido ser informada con anticipación del contenido del pronunciamiento.
Señaló que AEA tiene "potestad" para obrar como lo hizo. El documento abogó por un marco institucional sólido y previsible, una baja de retenciones a la exportación del agro, el ataque a la inflación, la normalización de las estadísticas, el respeto de la propiedad privada y la libertad de prensa.

PROPONEN CAMBIOS AL INDEC
El ministro de Economía, Amado Boudou, recibió ayer dos propuestas complementarias para mejorar la credibilidad de las cuestionadas estadísticas del Indec y evitar así mayores complicaciones para la economía en los próximos meses.
Por un lado, recibió al economista del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), Roberto Frenkel, quien le planteó cinco medidas que podían implementarse de inmediato, sin que se necesitara discutir la composición del índice de precios. Según explicó Frenkel, las medidas "para darle transparencia" al Instituto Nacional de Estadística y Censos -que fueron recibidas en forma positiva por Boudou, según voceros del ministro- son:
Instruir a los encuestadores del Indec a que sólo midan los precios en los comercios. "Si se hace así, el IPC debería dar igual que las mediciones de los privados", dijo el economista. Volver a publicar desde septiembre los precios promedio de los productos de la canasta que se miden, como se hacía hasta 2007; Transparentar la sustitución de productos que se realice en el IPC por cuestiones estacionales; Estimar en forma adecuada los índices de pobreza e indigencia; Corregir las estimaciones preliminares de inflación, crecimiento, industria y desempleo. "Eso significa asumir que el PBI ya cayó y supone un costo, pero peor es no admitirlo y pensar que la economía cae lo que dicen las consultoras", explicó Frenkel, durante las dos horas en las que se reunió con Boudou.
"Con ese programa de acción, puede haber resultados inmediatos. Luego, si se ordena el frente fiscal, se puede pedir la revisión del artículo IV del Fondo Monetario Internacional y financiamiento flexible", expresó el economista.
Si no se sigue ese camino, le advirtió en voz baja, posiblemente se acelere la fuga de capitales.
Más tarde, Boudou recibió al rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallú, junto con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el director del Indec, Norberto Itzcovich. Allí Fernández reiteró que la auditoría de las universidades (hoy irá su par de Tres de Febrero) se girará al Congreso y se hará pública, para tranquilidad de Hallú, que nombrará a un delegado, pero que dejó entrever que la UBA colaborará, mientras que no se trate de "un maquillaje".

EN 15 DÍAS PONDRÍAN EN MARCHA EL CONSEJO DEL INDEC
En quince días comenzará a funcionar el consejo académico que revisará la metodología del INDEC. Así lo informó ayer el ministro de Economía, Amado Boudou, tras una reunión que tuvo con el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el director técnico del INDEC, Norberto Itzcovich y el rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallú.
"Tuvimos una reunión para conformar el equipo técnico que, en no más de 15 días, va a trabajar en el fortalecimiento del INDEC" dijo Boudou ayer. Hizo estas declaraciones en un acto en el que puso en funciones al secretario de Política Económica, Roberto Feletti, y al secretario Legal y Administrativo, Benigno Vélez. Hoy, el ministro se reunirá con directivos de las universidades de Mar del Plata y de Tres de Febrero, que también integrarán ese consejo.
Según ratificó ayer Economía, la función de este consejo será "evaluar la elaboración, aplicación y pertinencia de la metodología que se utiliza para la confección de los índices que utiliza el INDEC".

EL NACIÓN SÓLO LE “DEVUELVE” FONDOS AL ESTADO, DICE MARCÓ DEL PONT
Mercedes Marcó del Pont, titular del Banco Nación, salió ayer a defender el financiamiento que la entidad otorgó al Tesoro nacional. La funcionaria afirmó que, en la operación por $ 1.000 millones informada este lunes, el Nación sólo está transfiriendo fondos que pertenecen al Estado y descartó que este desembolso limitara sus posibilidades de dar créditos al sector privado.
“Estamos devolviendo al Estado fondos que son del Estado”, señaló, en respuesta a las dudas que siguieron al anuncio de este nuevo crédito al Gobierno. Las críticas no se hicieron esperar ya que en lo que va del año, el Tesoro no ha podido más que recurrir a los fondos de las distintas dependencias estatales. La semana próxima deberá hacer frente a un pesado vencimiento de Boden 2012 por u$s 2.251 millones, el mayor vencimiento de deuda del año, por lo que se comprende que esté buscando consolidar su posición de caja. Restringido en el acceso al crédito externo y por la virtual desaparición del superávit, por una recaudación estancada y gastos que siguen creciendo, el Gobierno sólo puede echar mano a sus ahorros, y eso es lo que queda en evidencia con esta devolución de fondos depositados en el banco público.
La titular del Nación precisó que el Estado tiene depositados $ 34.000 millones en el banco y aseguró que se está cumpliendo con el límite del 30% que puede ser destinado para infraestructura o pago de deuda. En este sentido, la economista cuestionó “la visión ortodoxa sobre asistir financieramente al sector público” y recordó que el Banco Nación es agente financiero del Estado.

CRISTINA Y LAS PROVINCIAS FIRMAN UNA SUBA DEL GAS PARA PETROLERAS
El Gobierno nacional firmó ayer un acuerdo con las ocho provincias gasíferas argentinas para aumentar el precio de gas en boca de pozo, lo que les reportará un incremento en los ingresos por regalías de 436 millones de pesos.
Según el Gobierno, este acuerdo -muy celebrado por las provincias- implicará inversiones por 650 millones de dólares en todas las cuencas, lo que permitirá incrementar la producción en 4,8 millones de metros cúbicos diarios para 2010. Sin embargo, en una petrolera dijeron que las empresas todavía deben entregar sus planes de inversión.
El acuerdo fue presentado además como un instrumento para "promover la paz social" ya que las nuevas inversiones garantizarían las fuentes de trabajo y se evitarían despidos que ya generaron conflictos.
El acuerdo fue rubricado en un acto que encabezó en la Casa Rosada la presidenta Cristina Kirchner, al que asistieron los gobernadores Jorge Sapag (Neuquén), Juan Manuel Urtubey (Salta) -estas son las dos principales productoras de gas-; Oscar Jorge (La Pampa); Miguel Saiz (Río Negro); Mario Das Neves (Chubut); Daniel Peralta (Santa Cruz); Fabiana Ríos (Tierra del Fuego) y el vicegobernador Cristian Racconto (Mendoza).
El Gobierno destinará a las petroleras la mitad del polémico aumento del gas que financia la importación de ese combustible. Así, se aseguró que no se afectará nuevamente el esquema tarifario. Sin embargo, en varias ciudades esta suba está parada por medidas cautelares, lo que genera ciertas dudas sobre el monto que finalmente se reunirá.
Las petroleras que percibían US$ 1,60 por millón de BTU (la unidad de medida del gas) recibirán US$ 1,90 por el gas vendido a las generadoras eléctricas y que paga Cammesa, un ente público. Y de aquí a doce meses ese precio irá subiendo a US$ 2,60, precisó a Clarín Sapag, cuya provincia produce 51% del gas del país. "No va más un gas que estuvo congelado 8 años a precios nominales, el gas es un commodity caro", dijo.
Cristina precisó que se reconocerá a las empresas por el valor en boca de pozo más de $ 836 millones. Indicó que hasta ahora los precios subsidiados "han permitido darle competitividad" a la economía pero aseguró que las tarifas estaban "absolutamente desacopladas" de las que rigen en los países centrales y también entre los vecinos del Mercosur. La Presidenta reconoció, además, que las provincias dejaron de percibir $ 20.255 millones en los últimos 6 años en materia de gas, y $ 9.896 en petróleo. La mejora del precio del petróleo es la discusión que se viene.

LA GRIPE A YA CAUSÓ 230 MUERTES
Pese a que los contagios parecen haber ingresado en una curva descendente, la gripe A aumenta su número de víctimas mortales en la Argentina por la confirmación de casos por parte de los ministerios de Salud provinciales. Ayer se notificaron 20 nuevos decesos en siete distritos, por lo que la cifra asciende a 230 personas fallecidas.
Las demoras en las confirmaciones de los casos fatales elevan la cifra en momentos en que se producen menos contagios, según explican las autoridades sanitarias distritales.
El Ministerio de Salud de la Nación, por su parte, mantiene su nómina oficial de muertes en 137 casos, dato emitido por última vez el 14 del actual.
Ese día se conoció el fuerte enojo de la presidenta Cristina Kirchner por la difusión de la cantidad de decesos que, en aquella ocasión, llevó a la Argentina a ser el segundo país del mundo respecto del número de muertes por gripe A.
La Presidenta recriminó la publicación de esa cifra y, desde entonces, no se conocieron nuevas notificaciones desde el gobierno nacional.
La Capital informó ayer sobre otro deceso, por lo que suman 20 víctimas fatales en este distrito. La provincia de Buenos Aires informó dos nuevos decesos, por lo que la suma total allí es de 79 personas fallecidas.

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