Las dos causas contra Coscia, quien hasta ahora ejercía como diputado nacional por el Frente para la Victoria porteño, se vinculan a presuntas irregularidades en la administración del presupuesto anual del Incaa y son tramitadas en el juzgado de Norberto Oyarbide, mientras que la otra está en manos del magistrado Claudio Bonadío.
La agencia DyN llamó por teléfono al diputado Coscia a su oficina del Congreso y a la vocera para conocer su versión de las denuncias, pero en ninguno de los dos llamados se pudo hablar con el flamante secretario de Cultura.
Las investigaciones se iniciaron a partir de los estudios y análisis que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) hicieron sobre la administraciones de los fondos del Incaa, además de la entrega de subsidios, en las compras y contrataciones.
Esa causa, la número 4500/07, está ahora pendiente de resolución de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que debe expedirse sobre la apelación hecha por el fiscal federal Eduardo Taiano al considerar prematuro el sobreseimiento dictado en primera instancia por Oyarbide y solicitar que se lleven a cabo pericias sobre las cuentas del Incaa. Director de la película "Luca Vive", Coscia llegó al Incaa en marzo de 2002 de la mano del entonces presidente Eduardo Duhalde y prosiguió durante la gestión de Néstor Kirchner, cuando consiguió para el instituto un aumento considerable de presupuesto y la autarquía en el manejo de esos fondos, que actualmente ascienden a casi 50 millones de dólares.
En la causa que lleva Bonadío se investiga si Coscia manejó en forma discrecional la millonaria caja de créditos y subsidios del Incaa para la industria cinematográfica, un mecanismo indispensable para los cineastas que pretenden llevar sus ideas al celuloide y que en la jerga del ambiente es conocido como "3-J", por el artículo tercero, inciso J, de la ley de cine.
Esa norma permite la entrega de subsidios directos por parte de las autoridades del INCAA a los cineastas y, justamente, en la causa están bajo la lupa del juzgado unos 300 expedientes sobre ayudas monetarias, por valores que en cada caso van desde los 500 mil pesos a 3 millones de pesos, indicaron las fuentes.
En el otro expediente, sobre la evolución del patrimonio, se investiga si Coscia, hacia el final de su gestión en el Incaa, compró una casona en el barrio porteño de Colegiales, en la esquina de las calles Ramón Freire y Teodoro García; otro inmueble en Pinamar; una camioneta cuatro por cuatro; un automóvil importado; y si fundó una productora audiovisual.
En el caso de Alak, la causa se inició cuando fue denunciado porque se habría rehusado a reincorporar a un grupo de empleados que habían sido separados de Aerolíneas en 2005, a instancias del propio sindicato, por no haberse plegado a un conflicto cuando la empresa estaba aún en manos de la española Marsans.
Un fallo de la Justicia laboral ordenaba la reincorporación de los trabajadores, pero al frente de Aerolíneas ya reestatizada Alak no cumplió con esa decisión.
La denuncia, que también recayó ante Oyarbide, apunta a la figura de desobediencia a una orden judicial, que contempla penas de prisión de entre 15 días y un año.
