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07/07/2009 - 19:20 | Zonales / San Isidro

El Defensor del Pueblo y ONGs denunciaron numerosos incumplimientos en la Villa La Cava

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Entre las agrupaciones que suscribieron la presentación se encontraban vecinos de la Comisión de Tierra Vivienda y Trabajo del barrio La Cava, integrantes de la Asociación para el Apoyo a Comunidades (APAC) y del Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos (COHRE).


La proyectada construcción de 1.026 viviendas en 2005, cuando se debían edificar 1.882, pero de las cuales a la fecha se han construido solo 306, la ausencia de consulta a los interesados directos en el proyecto; la falta de información completa, adecuada y veraz por parte de la Municipalidad de San Isidro – a cargo de la ejecución del plan de construcción - para que los vecinos conocieran el plan de urbanización que los involucraba y los numerosos defectos de construcción así como de acceso a los servicios fueron los ejes del informe que la Defensoría del Pueblo de la Nación junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y varias agrupaciones vecinales presentaron hoy con relación a los planes de vivienda destinados a los habitantes de la Villa La Cava, instalada en la localidad de Béccar.

Entre las agrupaciones que suscribieron la presentación se encontraban vecinos de la Comisión de Tierra Vivienda y Trabajo del barrio La Cava, integrantes de la Asociación para el Apoyo a Comunidades (APAC) y del Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos (COHRE).

Los incumplimientos del Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la municipalidad de San Isidro están descriptos en las 40 carillas del informe , donde se señala –por ejemplo—la falta de claridad en el proceso de adjudicación de las viviendas, combinado esto con la adopción de criterios que "resultan discriminatorios y claramente violatorios de la normativa nacional e internacional vigente". Concretamente, no se conoce el método utilizado para elaborar los puntajes con los que cada familia de La Cava recibió la orden final de adjudicación.

Basándose en el hecho de que ninguna norma puede habilitar la posibilidad de dar un trato diferenciado para adjudicar estas viviendas, las acciones señaladas en el informe "violan el principio de no discriminación contenido en diversos instrumentos sobre derechos Humanos con jerarquía constitucional".

Muchas de las viviendas fueron entregadas con diferentes irregularidades de construcción, entre las que se pueden destacar:

- En los Techos son frecuentes fisuras que causan filtraciones de agua y falta de alero mínimo que desprotege las paredes.
n En los Entrepisos, el deterioro avanzado de los cielorrasos de mampostería por filtraciones
- En cuanto a las Instalaciones sanitarias, los baños no están instalados completos y en muchos casos, a pesar del poco uso la instalación ya está deteriorada. Es común que no llegue el agua y en varios faltan los artefactos o se han desmoronado los soportes.
- En cuanto a los Pisos, han sido entregados con una capa de cemento alisado sobre una base de concreto. Todos, sin excepción, se han resquebrajado.
- En cuanto a los servicios esenciales, faltan cloacas, veredas, alumbrado público y servicio de recolección de residuos. Se ha instalado la tubería para acceder al servicio de gas, pero no ha llegado aun la red distribuidora al barrio.

"Más allá de todas las cuestiones señaladas – precisa el informe – la conducta del Estado hace palmaria la violación del derecho a una vivienda de los vecinos del barrio. Sobre el particular cabe mencionar las normas que regulan el derecho a la vivienda en la Argentina, a fin de evaluar la conducta de los actores estatales involucrados en el diseño e implementación del plan de urbanización del barrio La Cava", concluye.

RECOMENDACION
El Adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, recomendó a la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, realizar una auditoría que contemple las responsabilidades jurisdiccionales, aspectos jurídicos, institucionales y técnicos en relación a la ingeniería civil y urbanísticos, con el fin de verificar el adecuado uso de recursos públicos, y el cumplimiento de las leyes nacionales y de los Acuerdos Internacionales en materia de Derechos Humanos.

Paralelamente, exhortó a la dependencia citada y al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y a la Intendencia Municipal a arbitrar todos los medios a su alcance para que en un breve lapso se concreten las obras que aún están pendientes para dar cumplimiento al Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Plan de Viviendas y Urbanizacón del Barrio La Cava.

El Adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, destaco que "se deben garantizar los derechos de todos los habitantes del barrio, pues de no hacerlo se colocaría a los afectados en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección; se deben redoblar los esfuerzos para que todos los habitantes de La Cava tengan el derecho a una vivienda digna, en condiciones de igualdad y sin discriminación".

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