Destacan además que en la Provincia, ante cualquier determinación del fisco, esté o no de acuerdo a derecho, se impone una inhibición general de bienes al contribuyente y a los directores. Esto provoca una justa reacción de ellos, porque los paraliza en sus acciones personales, aun cuando la empresa siga operando y sea solvente. Además, afecta su derecho de defensa, porque presiona a los directores para que acepten el casi siempre arbitrario criterio del fisco.
Otros remarcan que siempre estuvo en la ley la posibilidad de ir en contra del patrimonio del director, pero el problema acá es la actitud intimidatoria. Y esto es apenas una porción de la presión que están recibiendo las empresas porque además de la carta a través de la cual la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) busca reconfirmar su padrón de directores, el fisco estaría empezando a llegar a los domicilios particulares de los directores.
En las empresas reconocen que la presión del fisco produjo cambios en la cultura corporativa. Por lo pronto, se nota una reducción y menor profesionalidad de los directores. En general, coinciden varios tributaristas, es ésta una de las razones por las cuales también los principales accionistas de las compañías argentinas no integran formalmente los órganos de dirección, sobre todo en PyME.
Ante ello, las empresas tratan de tener la mínima conexión territorial con la provincia de Buenos Aires, instalándose fuera de ella y tratando de eliminar el sustento territorial para reducir el porcentaje de atribución en el Convenio Multilateral que se utiliza para distribuir Ingresos Brutos entre las provincias, según informa el diario La Nación.
Por su parte, en ARBA defienden la iniciativa porque como a la Provincia no le sobran recursos, la intención es mantener la tarea de Montoya y profundizarla, con algunas correcciones, como sucedió no hace mucho con las retenciones sobre las acreditaciones bancarias.
