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Con Carrascosa tras las rejas, la defensa estudia el mejor camino para sacarlo de prisión

La defensa de Carlos Carrascosa, detenido desde el viernes pasado por el homicidio de su esposa, decidió postergar un apurado pedido de habeas corpus en favor de su cliente y analiza ahora cuál será el mejor camino para conseguir la efectiva libertad del viudo.
Carrascosa, mientras tanto, espera en una celda de la DDI de San Isidro ser llevado en las próximas horas al penal bonaerense de Campana, donde ya pasó 35 días en 2006, apenas fue sentenciado por encubrimiento.

El abogado Diego Hernán Ferrari, defensor de Carrascosa, señaló a DyN que "ya no valía la pena apurar los tiempos porque queremos hacer un planteo con citas de jurisprudencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos" para fundamentar el reclamo de excarcelación.

Incluso, Carrascosa podría recurrir a un fallo que favoreció a un ex represor y marcó jurisprudencia a la hora de sostener que, más allá de la gravedad de los delitos, los procesados con prisión preventiva pueden acceder a la libertad.

El crimen ocurrió el domingo 27 de octubre de 2002, María Marta García Belsunce, socióloga y vicepresidenta de Missing Children, apareció asesinada en su casa del country El Carmel de Pilar. Tenía cinco tiros en la cabeza, pero el viudo y los familiares sostuvieron la hipótesis de un accidente en la bañera que finalmente se desenmascaró 50 días después, cuando el fiscal Diego Molina Pico ordenó una autopsia.

Desde entonces, el comportamiento familiar de los García Belsunce quedó en el centro de la tormenta. Primero acusaron al viudo, hermanos y vecinos de encubrimiento, pero más tarde el propio Carrascosa fue acusado del homicidio luego de que desdijeran la cortada sobre sus movimientos aquella tarde.

Carrascosa fue a juicio oral, pero el fiscal Molina Pico hizo una doble acusación por homicidio y por encubrimiento, y el Tribunal Oral Criminal 6 de San Isidro lo condenó a cinco años y medio de cárcel por ocultar aquel crimen. Sin embargo, la semana pasada el Tribunal de Casación bonaerense resolvió anular aquella sentencia y dio por acreditado que el viudo había matado a su esposa, a raíz de lo cual -a pedido del fiscal- Carrascosa quedó detenido el viernes pasado.

Ahora la defensa estudia cuatro caminos posibles: dos que se tramitan ante el TOC que hizo el juicio oral y otros dos que dependerán del criterio de la Cámara Penal de San Isidro.

Estas son las posibilidades: un pedido de excarcelación o de libertad morigerada, a considerar por el TOC; el anunciado pedido de habeas corpus por considerarla una detención arbitraria, o la apelación directa a la orden de detención impulsada tras el fallo de Casación bonaerense, explicaron a DyN las fuentes judiciales.

Frente a esa disparidad de opciones, la presentación de los abogados Ferrari y Alberto Cafetzoglus podría concretarse incluso recién la semana próxima en los tribunales de San Isidro, a la espera de determinar cuál daría "el resultado más rápido y también más efectivo legalmente", se indicó.

Mientras tanto, la apelación ante la Corte bonaerense por el fallo de Casación que anuló la sentencia de encubrimiento y resolvió condenar por el homicidio recién se concretará en los primeros días de julio, explicó a DyN el abogado de Carrascosa.

La defensa está empeñada en demostrar que Carrascosa debe permanecer en libertad porque no se fugará ni pondrá en riesgo la investigación por el crimen de su esposa, y desmintió que el viudo esté tras las rejas cumpliendo la condena a reclusión perpetua.

"No está cumpliendo condena. Lo de Carrascosa, hoy, es una prisión preventiva, porque los jueces dicen que la sentencia es grave y por eso corresponde que se lo prive de libertad hasta que quede firme ante el peligro de fuga", dijo Ferrari a esta agencia.

Sin embargo, la defensa apelará al llamado fallo "Díaz Bessone", que marcó jurisprudencia el año pasado, cuando -en un plenario- la Cámara de Casación Penal de la Nación puso limites a las prisiones preventivas.

Aunque se resolvió sobre un caso puntual de un militar detenido en una causa por derechos humanos, esa cámara marcó como criterio general que todos los procesados con prisión preventiva poseen el derecho de gozar de libertad durante el proceso -siempre y cuando no entorpezcan la investigación y no haya peligro de fuga- y que tal derecho debe concederse incluso en aquellos casos de delitos graves.

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