La presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Jessica Malegarie, tomó la medida a través de la resolución 468, a la que tuvo acceso Télam.
La funcionaria reseñó las anomalías e irregularidades que se detectaron en el hogar San José Obrero, que no fueron subsanadas por "Felices los Niños".
Entre ellas, Malegarie señaló "la falta de orientación en la formación de los residentes en temas de salud sexual, reproductiva y adicciones", y "la falta de supervisión externa en el aspecto psicológico", sumadas a "la omisión de talleres sobre adicciones, a pesar de trabajar con población en riesgo".
La funcionaria subrayó la insuficiencia del personal, "falto de profesionalismo y formación específica en la temática de situaciones de abuso" que los chicos padecieron "antes del ingreso en el hogar".
La Fundación "ha incumplido con los compromisos asumidos en orden a la incapacidad de los operadores designados por los responsables del hogar en dar contención y establecer pautas de convivencia adecuadas a las niñas, niños y adolescentes alojados", agregó.
Malegarie resaltó que "tampoco avanzaron en las reformas edilicias previamente acordadas, habiéndose realizado sólo arreglos menores".
Pese a las características y antecedentes familiares de muchos de los menores alojados en el hogar San José, la institución no contaba con un solo psicólogo, pese a que la Fundación se había comprometido a contratar uno.
La directora del hogar propuesta por la Fundación, Nancy Silva, es una profesora de educación física que "carece de capacidad técnica y operativa para trabajar con las niñas, niños y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad en un dispositivo de alojamiento institucional transitorio".
"Se observa insuficiencia del personal capacitado y especializado en la contención de la población alojada", concluyó Malegarie, sin que "se obtuvieran los antecedentes y currículum vitae de los mismos".
La causa se inició cuando un niño de ocho años, alojado en el hogar San José y que asiste a la escuela contigua, quiso suicidarse presuntamente agobiado por los episodios de abuso sexual entre menores que se produjeron allí.
La jueza civil Miriam Rustan de Estrada resolvió reubicar a los chicos para evitar que continuaran en riesgo, lo que fue impedido violentamente en un primer momento por los seguidores de Grassi.
De los más de treinta niños que vivían en ese hogar, hoy sólo quedan doce. (Télam)
