Abajo del escenario se destacaba la figura, menuda y encorvada, de la ex senadora Florentina Gómez Miranda. Había referentes provinciales como el ex-gobernador de Chubut, Carlos Maestro, y el ex-apoderado de Raúl Alfonsín, Ariel Dulevich Uzal. El ex-senador Leopoldo Moreau compartió el panel.
Durante dos horas hubo constantes apelaciones a la política de derechos humanos y al espíritu de diálogo de Raúl Alfonsín.
Alfonsín hijo llegaba de un acto partidario en Chascomús y aseguraba no estar en absoluto al tanto de los tironeos de último momento para integrar al cobismo dentro de la alianza entre la UCR y la Coalición Cívica. Pero reiteró que van a ganar en la provincia. "Hoy las encuestas nos dan un tercio a cada fuerza", dijo, "pero a la hora de votar en la Provincia la gente va a inclinarse por nosotros. Estoy recorriendo cada pueblo y eso es lo que se ve".
Invitado como orador de fondo para presentar la reedición del libro "Raúl Alfonsín. La Democracia a pesar de todo"(publicado originalmente en 1999), el hijo del ex presidente sorprendió al único co-autor presente, Claudio Katiz, al confesar que no había leído el libro hasta esa tarde, mientras viajaba en auto hacia la Feria del Libro.
KIRCHNER AUN NO ANUNCIO SU CANDIDATURA
Néstor Kirchner estiró el juego del misterio y decidió postergar el anuncio hasta el final. En su primer reportaje televisivo de campaña, el ex presidente afirmó que su eventual candidatura a diputado se conocerá con el resto de la boleta del oficialismo en la Provincia recién mañana sábado, sobre el cierre de la inscripción de las listas.
Fue el primer mano a mano del ex presidente con un periodista ante las cámaras después de años, como parte de la nueva estrategia de campaña para moderar el tono beligerante de su discurso y acercarse a la gente. Esta semana comenzó con las caminatas por el conurbano, y ahora sumó las entrevistas con los medios.
"Terminaremos de resolver cuál será la lista prácticamente el día sábado, ese es el acuerdo en que hemos quedado", dijo una vez. "No me puedo dar por confirmado, porque estaría haciendo una autopostulación que no corresponde", esquivó la segunda. "Si yo le dijera eso, estaría dándole certeza a algo que no tiene certeza", sembró la duda ante la insistencia, durante la entrevista que se grabó ayer por la mañana en una oficina de la Quinta de Olivos y se emitió por la noche en Telefé Noticias. "Usted me quiere hacer candidato, me va a terminar convenciendo", concedió al final entre risas.
Por las dudas, aclaró que, de ser candidato, se sentará en su banca porque "en la vida nunca dejé de asumir ninguna responsabilidad". Y recordó su experiencia legislativa en la Constituyente de 1994.
Tampoco confirmó el resto de los lugares de la lista del Frente Justicialista para la Victoria, pero se encargó de elogiar a quienes suenan para el segundo, tercer y cuarto puesto en la grilla de candidatos a diputados: Daniel Scioli ("un dirigente vital, importante, muy buen gobernador"), Nacha Guevara ("siempre estuvo comprometida con la transformación y el cambio en la Argentina") y Sergio Massa ("es un muy buen candidato"). Y defendió las candidaturas testimoniales: "Es ponerle rostro al proyecto, son las caras que defienden el modelo".
Kirchner comenzó el reportaje tenso y se fue distendiendo con el paso de los minutos. Supervisaba desde atrás de cámaras su vocero y subsecretario de Comunicación, Alfredo Scoccimarro.
En línea con sus discursos de los últimos meses, advirtió que la próxima elección "va a definir el modelo de país". Y reclamó un voto contundente para Cristina porque "es muy importante tener las armas de la gobernabilidad".
También disparó contra la "Alianza residual" y recordó que la oposición "no me votaba ninguna ley y con Cristina se transformó en una máquina de impedir".
"Con la crisis internacional, si no se obtiene un apoyo legislativo fuerte, la Argentina vivirá una situación muy difícil", insistió. Y dijo que era de "una irresponsabilidad absoluta", que Francisco De Narváez acuse al Gobierno de una campaña en su contra.
Kirchner consideró que, hasta que el FMI no cambie, "sería suicida" volver a pedirle dinero. Volvió a criticar a "las entidades patronales del campo" porque "tienen un proyecto político diferente" y aseguró que la Presidenta "jamás" pensó en renunciar después del voto "no positivo" de Julio Cobos.
SE REABRIERON LAS NEGOCIACIONES CON COBOS
Después de la tormenta que hizo temblar la unidad del flamante Acuerdo Cívico y Social, Julio Cobos, Elisa Carrió y la UCR intentaron ayer correr los nubarrones y recomponer la paz.
"No estoy molesto con Carrió y nunca hablé mal de ella. Siempre dije que es una persona de convicción y transparente", sorprendió Cobos en Mendoza, donde asistió al lanzamiento de la campaña local, una de las pocas donde la UCR, los cobistas y ARI (más los peronistas disidentes) acordaron listas de unidad.
Cobos acompañó sus inesperados elogios con un gesto: en medio del clima enrarecido que amenazaba con convertirse en escándalo, aceptó bajar de la lista de diputados nacionales al intendente de Pergamino, Héctor Gutiérrez, duramente cuestionado por Carrió y su gente por una causa judicial que se investiga en su distrito.
"El tercer lugar estaba asegurado para el sector de Cobos; el problema era Gutiérrez", dijeron muy cerca de Carrió, y eran optimistas sobre que ese gesto destrabaría las duras negociaciones por las candidaturas.
Sin embargo, eso sólo resolvería una parte del problema. La otra son las exigencias del vicepresidente, que insiste en su reclamo inicial de quedarse con el primer y el tercer lugar en la lista de legisladores provinciales en la segunda sección electoral y encabezar la nómina en la cuarta sección, los distritos donde tiene socios de peso.
Por eso, anoche la solución del entuerto se había trasladado al seno de la UCR bonaerense, cuyo presidente, Daniel Salvador, se reunió para decidir con los representantes de los distritos en cuestión si bajaban a sus propios hombres para dejarles lugar a los del vicepresidente o no.
Pasadas las 22, la oferta final de la UCR, que rubricó la Coalición Cívica, era darle al cobismo el primer y el quinto puesto en la segunda sección (que incluye los municipios cobistas de Pergamino, San Pedro y Ramallo) y el tercer lugar en la cuarta, para la representante del operador cobista e intendente de Junín Mario Meoni.
Pero los hombres del vicepresidente se negaban a moverse un ápice de sus pretensiones y esperaban una mejor oferta para hoy. Si no la consiguen, ya le avisaron a Margarita Stolbizer que apoyarán su candidatura a diputada nacional, pero con listas colectoras propias en esos distritos.
Mientras en Buenos Aires los suyos se peleaban por un lugar más arriba o más abajo en las listas provinciales, Cobos y el presidente de la UCR, Gerardo Morales (desde Mendoza y Jujuy, respectivamente) ponían paños fríos y se mostraban optimistas. "Se están dando las condiciones para avanzar conforme a lo que se había arreglado. Queremos contribuir a la consolidación de este proyecto y voy a dialogar con quien sea si esto tiende a facilitar las cosas para ensamblar mejor este Acuerdo Cívico y Social". dijo Cobos en Mendoza.
"No es que uno esté molesto con Carrió porque no sé si ella es responsable de la falta de lugares" [para su sector en las listas], dijo el vicepresidente, anoticiado de que la pelea real era con los propios radicales.
"No nos llaman ni nos consultan... No había un mantenimiento de lo que se acordaba, se daban dos pasos hacia adelante y tres hacia atrás", se quejó, para explicar su intención de anteayer (que todavía no descarta) de presentar listas distritales propias.
Por teléfono desde Jujuy, Morales estuvo todo el día comunicado con Carrió, Salvador y los cobistas para destrabar el acuerdo. "Yo hablé con la gente de Cobos y todos tenemos voluntad de acercarnos", confió anoche.
Morales se fastidió por la lectura que los medios habían hecho de la pelea por las listas y aclaró que "el acuerdo sigue en pie", aunque Cobos vaya con listas provinciales propias y defendió a Carrió. "Es injusto pegarle a Carrió, porque si alguien vino haciendo esfuerzo para que se logre esta acuerdo fue ella", dijo, cansado de hacer equilibrio para conformar a todos sus socios.
EL GOBIERNO NO QUIERE QUE SE ROMPA EL ACUERDO RADICAL
Si hay una sensación que falta por estas horas en el Gobierno es tranquilidad. Desde que anteayer surgieron diferencias notables entre el vicepresidente Julio Cobos y Elisa Carrió, el escenario electoral bonaerense se volvió como un terreno de arenas movedizas para la Casa Rosada.
Las últimas encuestas que llegaban a manos del ex presidente Néstor Kirchner le daban a su lista de candidatos una diferencia de entre cuatro y siete puntos sobre Francisco de Narváez y Felipe Solá. Se vivió como un baldazo de agua fría la pelea Cobos-Carrió: el oficialismo pretende que la oposición divida votos en mitades para así ganar las elecciones con mayor comodidad. Hoy la coalición de Carrió, según los datos del Gobierno, se ubica entre los 16 y 19 puntos en la provincia.
En la Casa Rosada se lamentaban y rogaban que al final se concretara la reconciliación que asomaba anoche. Suena paradójico, pero, en realidad, los oficialistas necesitaban al vicepresidente, con alta imagen en el electorado sin ser candidato, caminando por el conurbano para sumarle votos a Margarita Stolbizer.
Según las evaluaciones que se hacían anoche en el Gobierno, la clave estaba en los indecisos: si se ahondara la imagen de fragilidad en el frente de la Coalición Cívica, el radicalismo y el socialismo, alrededor de tres puntos podrían irse directamente a De Narváez. En unas elecciones reñidas, ese porcentaje resulta ahora fundamental.
Sucede que el peronismo disidente y la lista de Stolbizer acaparan el voto antikirchnerista, perdido de antemano para el oficialismo. Ese votante, en los cálculos del Gobierno, es imposible de conquistar y se da sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, la zona donde más repercutió el conflicto con el campo.
Lo que analiza el Gobierno es que Kirchner llegó a su techo. Las encuestas que van llegando no traducen en una mayor cantidad de votos la incorporación del gobernador Daniel Scioli detrás de la candidatura del ex presidente. Tampoco movió al electorado la postulación de la actriz Nacha Guevara, la última jugada oficialista en busca de votos.
Sin grandes sorpresas por venir en la lista de Kirchner, el ex presidente necesitaba que Stolbizer le reste puntos a De Narváez. Ante un definitivo quiebre con Cobos, presagian, ya eso no sucedería.
Entre los análisis que circulaban ayer a última hora entre los principales funcionarios había cierta desconfianza con Carrió. Muchos hablaban de que la jefa de la Coalición Cívica querría boicotear el acuerdo con Cobos por la competencia entre ambos como futuros presidenciables para 2011.
Además, ven llamativo que la líder de la CC no critique a De Narváez por la causa judicial por la efedrina, en la que fue citado como testigo, en la que, además, Carrió se diferenció de Stolbizer.
En las lucubraciones de todo tipo que circulan entre los funcionarios, existe una razón: que Carrió no competirá con el diputado disidente en las próximas elecciones presidenciales porque De Narváez es colombiano y sólo podrá, por lo tanto, presentarse como postulante a la gobernación bonaerense.
El voto antikirchnerista se transformó así en un desvelo en las últimas horas a partir de las tensiones en el armado provincial de Carrió. El temor kirchnerista es que opere una suerte de "voto útil" entre el electorado enfrentado al matrimonio presidencial; es decir que el votante indeciso de Stolbizer se vuelque a De Narváez ante la percepción de que la dirigente radical no puede ganarle a Kirchner.
De hecho, el PJ disidente tiene previsto apelar a la estrategia del "voto útil" en el último tramo de la campaña para despegarse del frente radical, según fuentes allegadas a De Narváez.
En la información que tienen funcionarios de la Casa Rosada, Cobos tiene una imagen positiva del 60%. "Si sale con Margarita por el conurbano, la haría subir de los 16 puntos a los 22 o 23", confían en Balcarce 50.
EL KIRCHNERISMO CORDOBES, EN VUELTO EN INCOGNITAS
Las horas previas al cierre de listas en Córdoba se transformaron en una especie de carrera por demostrar qué candidatos son menos kirchneristas. El intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, que se alejó de Luis Juez para abrazar las políticas de la Casa Rosada, declaró que “volvería al partido radical”. “Apoyo el proyecto nacional, pero nunca voy a decir que soy kirchnerista”, aclaró el intendente. Ayer, Giacomino se reunión para negociar las listas con su par de Villa María, Eduardo Accastello, que sí se reconoce como portador del gen KI. A pesar de eso, no lograron ponerse de acuerdo en la incorporación a ese espacio de la diputada Patricia Vaca Narvaja, ni de Francisco Delich.
En el radicalismo se postulará a Ramón Mestre como primer aspirante a senador nacional y Oscar Aguad irá al frente de la nómina de diputados.
MARADONA APOYO LEY DE RADIODIFUSION
En medio de la campaña electoral, y en un contexto de disputa con el Grupo Clarín, el Gobierno acaba de conseguir un apoyo crucial para su proyecto de Ley de Radiodifusión. Diego Maradona, el técnico de la Selección nacional, les escribió esta semana una carta a los Kirchner donde celebra esa iniciativa parlamentaria, remarcando uno de sus puntos clave, como es el que busca instrumentar que los partidos de fútbol más relevantes sean transmitidos de manera gratuita por la tevé abierta: “Me hace muy feliz que todos los argentinos por igual, desde cualquier rincón del país, puedan ver y disfrutar del fútbol, que tantas alegrías nos brinda”, escribió Maradona. El texto estaba disponible desde esta madrugada en la web oficial www.hablemostodos.gov.ar
La carta de Maradona está dirigida a la Secretaría de Medios, de Enrique Albistur, “y por su intermedio a las autoridades del Gobierno Nacional”.
Llegó a la Casa Rosada el martes por la noche, y de inmediato Albistur se la mostró a la presidenta Cristina, que se alegró con la noticia. No es para menos. El escrito de Maradona es absolutamente funcional a los intereses de la Casa Rosada. El ex jugador liberó su pluma para respaldar la polémica modificación de la Ley de Radiodifusión que busca, entre muchas otras cosas, terminar con los derechos de televisación del fútbol, un negocio de alrededor de 9.300 millones de pesos anuales, controlado por Clarín y Torneos y Competencias (TyC).
Escribió el conmovido Maradona: “Esta iniciativa, que permite que todos los argentinos por igual vean los grandes eventos deportivos en forma gratuita, no hace más que pluralizar el deporte, sus ejemplos y sus enseñanzas”.
Con su misiva, Maradona no sólo se juega a favor de la Casa Rosada en medio de la campaña, sino que choca con el presidente de la AFA, Julio Grondona, un hombre esencial en el entramado del negocio de la televisación del fútbol. Este diario informó ayer que la AFA había “sugerido” a Maradona que bajara su perfil en la prensa. Crítica de la Argentina intentó ayer comunicarse con el ex jugador a través de su jefe de prensa, Fernando Molina, pero éste no respondió los llamados.
Maradona y los Kirchner mantienen una relación cordial desde hace años. El técnico de la Selección cultiva el diálogo con el oficialismo a través de uno de los dirigentes del peronismo bonaerense, el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, un ex menemista, ex duhaldista, que continúa con su coherencia y ahora hace campaña a favor de los K. Maradona vive en Ezeiza y recibe un trato especial de su jefe comunal Granados, que incluso lo afilió al PJ y lo hizo socio del club Tristán Suárez, comandado por su hijo Gastón, alias “Gato”.
Este año, Maradona fue más K que nunca. Primero encabezó un acto con Cristina en Ezeiza, donde ambos inauguraron un shopping. Y después se mostró en Villa Fiorito junto a la primera dama bonaerense, Karina Rabolini. Ahora se destapó como escriba político y envió la carta de apoyo a la Ley de Radiodifusión.
Con este respaldo de indudable impacto, los Kirchner evalúan ahora una acción de riesgo, según contaron fuentes oficiales: quieren enviar el proyecto de Ley de Radiodifusión al Congreso antes de las elecciones.
La semana próxima, el Gobierno terminará el recorrido de foros por todo el país donde se discute el proyecto de ley. Según lo estipulado, una vez terminada esa etapa, se tomarán una semana más para agregar algún cambio que haya surgido de esa campaña por las provincias. En quince días, entonces, el proyecto podría entrar en Diputados. Pasadas las elecciones, evalúan en la Casa Rosada, el oficialismo podría perder las mayorías parlamentarias necesarias para lograr su aprobación.
Esta nota viene acompañada por una columna de opinión de la diputada nacional Silvana Giúdici, con el título “Un proyecto autoritario”.
LEY DE RADIODIFUSION: CRITICAS DE SCHIARETTI
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, no ahorró críticas al proyecto de Ley de Medios Audiovisuales que impulsa el Gobierno. Y aseguró ayer que "no se puede discutir en medio de un período electoral."
Schiaretti firmó ayer el Acta de Chapultepec, documento que enumera diez principios fundamentales para que una prensa libre cumpla su papel en la democracia. El acto tuvo lugar en la sede de ADEPA y allí Schiaretti sostuvo que su administración "ha sido respetuosa de la libertad de prensa. No presionamos a los medios para que digan o dejen de decir".
Respecto de la pauta publicitaria oficial, el Gobernador afirmó que "el Estado debe distribuirla con criterios de ecuanimidad y de equidad, porque los fondos son públicos y no se puede pretender conseguir, a través de premios y castigos, opiniones favorables".
Schiaretti criticó tanto los contenidos como la oportunidad del proyecto oficial de Radiodifusión. "Hay que actualizar la ley -dijo el Gobernador cordobés-, pero esto no puede ser resultado de presiones o amenazas, y menos catalogarse como 'la madre de todas las batallas'. Por eso no se puede discutir en medio de un período electoral. El debate hay que hacerlo en 2010, no con este proyecto sino con otro. Es indispensable la participación de todos los sectores para que sea una ley producto del debate y del consenso. No puede ser fruto de apresuramientos ni de enfrentamientos", dijo.
Y agregó: "Mi desacuerdo es también con la letra: plantea cosas objetables, como una cantidad de organismos de control a los que tienen que referirse los medios de comunicación y una revisión cada dos años. Esto termina dejando a la voluntad de un funcionario qué se hace con la licencia que pueda tener un medio. Son resabios de la ley actual que viene de la dictadura".
Schiaretti concluyó sosteniendo que "los medios tienen una gran responsabilidad social y deben actuar conforme a la ética y propender a la objetividad. Pero es el ciudadano quien decide qué medio está bien o está mal".
ESTADOS UNIDOS ENVIA UNA MUJER COMO EMBAJADORA
Estados Unidos pidió a la Argentina el plácet de estilo para Vilma Socorro Martínez, designada por el gobierno de Barack Obama como su futura embajadora ante este país, en reemplazo de Earl Anthony Wayne, quien termina su misión a mediados de año.
Aunque la Cancillería no lo ha confirmado, la administración de Cristina Kirchner sería favorable a la concesión del plácet. De ser así, Martínez, muy bien preciada por la secretaria de Estado Hillary Clinton, pasaría a la historia diplomática como la primera mujer en conducir la Embajada de EE.UU. en este país.
Pese a que bajo el gobierno del demócrata Jimmy Carter, Martínez participó del comité que revisaba los nombramientos de los embajadores estadounidenses en el mundo entero, no es diplomática de carrera, del Departamento de Estado, como lo es Wayne y los embajadores estadounidenses ante este país de los últimos años.
El abultado currículum de la señora, de origen mexicano, comienza con su nacimiento en San Antonio, Texas, en 1943, e indica que desde la niñez experimentó en persona la fuerte segregación racial que imperó en los Estados Unidos, previo a la conquista de los derechos civiles, a mediados de los años sesenta.
Ni la Embajada de EE.UU., ni la Cancillería aportaron ayer información sobre Martínez, que según el sitio en Internet Answers.com, era tratada como "ciudadana de segunda clase", al punto tal que en la escuela le aconsejaron enrolarse en estudios con menores desafíos que los legales. Nada de ello sirvió puesto estudió en la Universidad de Texas, en Austin, y en la Universidad de Columbia en Nueva York, para décadas después, pasar, ya como conferencista por Harvard, Yale y Notre Dame.
Martínez es una de esas figuras que suele protagonizar las tapas de las influyentes revistas para "Hispanos" el mote racial por el que en los Estados Unidos se conoce a los latinos.
Recibida de abogada, en 1967 pasó a integrar la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, la NAACP, siglas en inglés de la más antigua y prestigiosa organización de lucha por los derechos de los negros. Ella en cambio, proviene de una familia de inmigrantes asentados hace décadas en Estados Unidos.
Desde la NAACP defendió a pobres y minorías, en casos que incluso llegaron a la Corte Suprema Justicia de EE. UU. como el Griggs Vs. Duke Power, que ayudó a imponer la doctrina de la llamada "acción afirmativa", que busca eliminar la discriminación por raza, sexo, religión, etnia o nacionalidad, en las instituciones de EE. UU.
Martínez presidió en los años setenta, el Fondo para la Defensa legal y Educativa de los mexicanoestadounidenses (MALDEF, que manejaba un presupuesto nacional de US$ 5 millones), y después tuvo importantes puestos grandes corporaciones privadas como la Shell Oil.
Ahora, mientras se procesa su plácet que le permitirá ocupar el cargo en la Argentina, Wayne hace sus valijas, para partir, según trascendió, a mediados de año. Según informó recientemente el diario The Washington Post, Rodham Clinton lo destinará al cargo de supervisor de los programas de ayuda estadounidense a Afganistán.
DIPUTADOS VIAJAN A WASHINGTON
Los diputados Patricia Vaca Narvaja, Ruperto Godoy, Federico Pinedo, Pedro Azcoiti y Carlos Raimundi, viajarán la semana venidera a Washington para mantener allí diversas reuniones con funcionarios del Departamento de Estado, del Banco Mundial y de la cámara baja estadounidense.
Los legisladores también se encontrarán con sus pares del Capitolio, funcionarios del área comercial y think tanks especializados. La visita, "es parte del proceso de fortalecimiento de las relaciones bilaterales que surgen de las reuniones que tuvimos con Thomas Shannon en Buenos Aires y luego en Washington, en enero", comentó el embajador Héctor Timerman refiriéndose al secretario adjunto para el hemisferio. "Es la primera vez que una delegación de diputados viene oficialmente a ver a sus pares en el Congreso americano", subrayó Timerman agregando que ésta "es una manera de mostrar el consenso que hay ahora".
CONTRA LA FABRICA DE ACADEMIAS
La inminente creación de tres universidades nacionales preocupa a un amplio sector de la comunidad académica. Los proyectos para poner en marcha las casas de estudios de Villa Mercedes (en San Luis), de Avellaneda y del Oeste (en el conurbano bonaerense) ya tienen media sanción del Senado y esta semana obtuvieron el visto bueno de la Comisión de Educación de Diputados. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Darío Maiorana, advirtió sobre “la falta de planeamiento del sistema”, mientras que los estudiantes exigen “la derogación” de la Ley de Educación Superior vigente antes de crear nuevas universidades.
“El CIN expuso ante los diputados de la Comisión de Educación y elevó la documentación pertinente. Más allá de estos casos, el sistema carece de planificación. La creación de universidades responde más a anhelos políticos que a necesidades académicas”, dijo Maiorana a Página/12. Junto con otros rectores, Maiorana presentó ante los legisladores informes que objetan los proyectos para conformar las universidades de Villa Mercedes y de Avellaneda. En el caso de la Universidad del Oeste, que tendría sede en Merlo, no emitieron opinión “porque no había datos de ningún tipo”.
El sistema universitario se rige por la Ley de Educación Superior (LES), sancionada bajo el menemismo, pero el oficialismo y diversos sectores de la oposición impulsan actualmente su reemplazo en el Congreso. Hacia allí apunta la Federación Universitaria Argentina: “Se debería derogar la LES antes de crear universidades. Si se está discutiendo una nueva normativa para el sistema, es contradictorio que se creen entidades nuevas”, dijo el titular de la FUA, Pablo Domenichini. “En un contexto donde no se da una discusión cabal sobre la situación presupuestaria de la universidad pública tampoco se puede pensar en instituciones nuevas”, agregó.
Desde la sanción de la LES en 1995 se crearon una docena de nuevas universidades, hasta sumar 40. “Hace falta un programa de territorialización de la educación superior que tenga en cuenta las verdaderas necesidades de las comunidades en desarrollo”, reclamó el titular del CIN. En ese sentido, Maiorana explicó que por ello “no se entiende el proyecto de Villa Mercedes en un lugar en el que ya existe la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y la oferta está cubierta. En el caso de Avellaneda y del Oeste, los proyectos al menos tienen un artículo que afirma la no superposición con la oferta de otras instituciones”.
CORTE YA NO RECIBE RECLAMOS DE JUBILADOS
La Corte Suprema de Justicia ordenó frenar la recepción de expedientes en el fuero de Seguridad Social, hasta el 15 de mayo, debido a «la situación de colapso» que atraviesan estos juzgados y a «la necesidad de poner al día el sorteo, ya que en la actualidad se encuentran pendientes del mismo más de 13 mil demandas».
La determinación fue firmada por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y se produjo a raíz de un pedido de la Cámara Federal de Seguridad Social. En consecuencia, hasta el viernes 15 no se recibirán demandas de jubilados ni expedientes de los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires y del Interior, aunque se mantiene abierta la oficina de poderes, para que los querellantes puedan apoderar a sus abogados (el primer paso para iniciar el proceso). También seguirá en funcionamiento el sorteo de demandas por internet.
De acuerdo con los datos que maneja la Justicia, entre febrero y abril pasados, ingresaron 15.993 reclamos relativos a conflictos de seguridad social, el doble que en 2008, comparando el mismo período. Este colapso se provocó a partir del fallo Badaro, en el que la Corte Suprema dictaminó que debían reajustarse los haberes previsionales entre 2002 y 2006, de acuerdo con la evolución de los salarios (equivalente a un 88,6%). Como no todos los jubilados recibieron el mismo aumento, la determinación del máximo tribunal a favor del demandante en el caso Badaro disparó una cascada de causas.
También existen problemas relativos a querellas de docentes e investigadores científicos quienes, a partir de una posición fijada por la Corte, puede reclamar el 82% o el 85% móvil del sueldo del cargo por el que se jubilaron.
AEROLINEAS ABRE NUEVA GUERRA EN LA AUDITORIA
Los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz reclamaron ayer que la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Estado «audite a fondo» la transición de la empresa Aerolíneas Argentinas. La declaración no apareció de la mañana a la noche de la nada, sino que es el principio de una batalla entre la oposición y los auditores del oficialismo en la AGN, aunque también incluye como objetivo al propio Leandro Despouy, a quien los radicales no apuntarán directamente por ser un funcionario designado por ellos mismos en la presidencia de la Auditoría.
El problema surgió cuando la AGN, con el acuerdo de todos los auditores, incluido Despouy, envió a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, el órgano del Congreso del que depende, una nota solicitando instrucciones para continuar o no auditando las cuentas de Aerolíneas Argentinas, después que el plan inicial fijado para la empresa estableciera que debían revisar los balances entregados por el Grupo Marsans y el proceso de transición.
Tras esa nota, la oposición reaccionó exigiendo que se continuara con los controles, pero además denunciaron que después de que el año pasado se declaró por ley de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, «el Gobierno no ha suministrado información fehaciente sobre sus acciones tanto en la gestión actual como en la transición».
Sanz y Morales explicaron que se debe analizar «el flujo de fondos, las compras y gastos del período; las ventas de pasajes en sus distintas modalidades; la relación entre las diferentes empresas del grupo económico -Austral Líneas Aéreas, Jet-Paq SA, Aerohandling SA y Aerolíneas Argentinas Cargo-».
Los senadores radicales piden que la Auditoría incluya estos temas en la auditoría de gestión de los actos administrativos de la Comisión de Transición de Aerolíneas Argentinas SA, por el período iniciado el 17 de julio de 2008 hasta su finalización.
PODRIAN AUMENTAR 30 % CELULARES Y COMPUTADORAS
Los precios de computadoras y notebooks, celulares y cámaras fotográficas podrían subir hasta más del 30%, a causa de un decreto y de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Lo denuncian los fabricantes e importadores de esos productos, que aseguran que incluso podría haber cierres de plantas y despidos.
El objetivo oficial sería proteger a la industria electrónica radicada en Tierra del Fuego, con la que el Ejecutivo firmó un acuerdo que apunta a evitar despidos. "Pero ahora los despidos se darán en todo el resto del país", señalaron Gustavo Vilches y Adrián Lamadia, de CAMOCA, una de la cámaras que reúne a fabricantes locales de computadoras.
"Esperamos que este proyecto se vuelva a analizar y no prospere, porque de hacerlo sería un obstáculo para el desarrollo de las tecnologías", agregó Norberto Capellán, titular de CICOMRA, entidad que reúne a grandes empresas del sector electrónica.
Las medidas a que se refieren los empresarios son dos. El decreto 252/09, que rebajó al 38% de la tasa vigente de ingresos brutos a los productos fabricados en Tierra del Fuego. Y el proyecto de ley del Ejecutivo, ya ingresado a Diputados, que grava con Internos a productos electrónicos tales como celulares, monitores de PC, notebooks, etc. Y que, además, sube el IVA para estos productos del 10,5 al 21%. Ambos son parte de un acuerdo entre los gobiernos nacional y de Tierra del Fuego y las empresas electrónicas de Tierra del Fuego, reunidas en AFARTE, que busca preservar los puestos de trabajo en la isla,
"El impacto de estas medidas implica una suba de precios de más del 34%", coinciden en CICOMRA y CAMOCA. "Las cámaras de fotos subirían 25%", agregaron en la cámara que reúne a importadores del sector (CACIEIFE). "En lo que va del 2009, según la consultora IDC, los precios del sector subieron un 17% por el impacto del alza del dólar, y la demanda bajó, por esa razón, 20%. ¿Qué pasará ahora si los precios vuelven a subir por arriba del 30%?", se preguntan en CAMOCA.
Los empresarios del sector reclaman que "hace dos meses se lanzó el plan para extender el uso de PC y ahora esto frenará al sector". Son los mismos hombres que anoche participaban de otro acto en la Casa Rosada en el que se lanzaron medidas para achicar la "brecha digital". "Cómo se va a achicar si suben los precios de los productos a todo el país para proteger a media docena de empresarios fueguinos", protestaron.
UNA NUEVA MEDIDA DE LA AFIP FRENA EL COMERCIO DE GRANOS
En los últimos días buena parte del comercio de granos se paralizó. El lunes, en las zonas donde se está cosechando, prácticamente no se transportaron cereales ni oleaginosas, y hubo camiones cargados que no pudieron transitar. La razón: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en vigor el Código de Trazabilidad de Granos (CTG), un nuevo requisito para el movimiento de la mercadería, que debe tramitarse mediante la página de Internet del organismo. Como el sistema colapsó, la logística granaria se detuvo. En algunas localidades ni siquiera pudieron conectarse, pero por razones de infraestructura: no hay banda ancha ni redes celulares 3G para acceder a Internet.
Por eso, el campo pidió ayer una "audiencia urgente" a la ministra de la Producción, Débora Giorgi, y al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray. En una carta enviada anoche a los funcionarios, la Comisión de Enlace pidió rever el nuevo sistema de entrega de cartas de porte y, en especial, el CTG. Mediante este código -sin el cual no pueden circular los camiones con granos-, el ente recaudador prevé controlar la operatoria comercial para reducir la evasión fiscal.
La AFIP ya había modificado en enero el sistema de entrega de las cartas de porte -el documento respaldatorio de la mercadería transportada-, que hasta entonces eran distribuidas por la Federación Agraria y los centros de acopiadores, que para tal fin mantenían decenas de ventanillas en el interior del país. Más recientemente, el ente recaudador les retiró a las bolsas de cereales la atribución que tenían desde hace años de ser garantes de la confiabilidad de los operadores: compradores, vendedores o intermediarios.
"Se emiten cartas de porte en el medio del monte, en el Impenetrable, donde no hay Internet ni computadora; el productor no tiene los conocimientos para acceder al sistema, y el que tiene conocimientos no puede acceder porque no funciona. Los que diseñaron estas cuestiones dejan mucho que desear, están detrás de un escritorio, y creen que todo está en Internet", se quejó Vicente Bouvier, presidente de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Fatac).
Bouvier, cuya entidad agrupa a unos 10.000 vehículos, fue muy gráfico en sus apreciaciones: "El productor no hizo la [escuela] primaria y el transportista fue solamente dos días, ¿Qué le van a hablar de Internet?". Eduardo Marclé, presidente de la Federación Cordobesa de Transporte Automotor de Cargas (Fecotac), se expresó en el mismo sentido: "Se sigue cosechando y nosotros, sin viajar, el transporte de granos va todo a pérdida", se quejó.
Hace unos dos años, en la provincia de Buenos Aires se instrumentó para todo el transporte de cargas el Código de Operaciones de Traslado (COT), un sistema similar al nuevo código de la AFIP. Pero a diferencia del CTG, el COT no se aplica para el movimiento de granos entre los campos y las plantas de acopio.
"Si un camión no puede descargar en el acopio porque debe acondicionar la mercadería [fundamentalmente, secado], es un problema porque no puede volver. ¿Cómo hace para ir de la planta al acondicionador si no puede circular legalmente?", se preguntó Alfredo Sesé, del área de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario.
"En San Manuel, una localidad a 120 kilómetros de Necochea, no hay banda ancha y cada CTG demora en promedio entre 20 y 25 minutos. Ahí, un acopio que tenía que cargar 10 camiones tuvo que poner a un administrativo a cargar los datos durante tres horas. En Dorrego López, en la misma zona, para cargar 20 camiones un acopio puso a una persona durante siete horas sentado frente a la computadora gestionando cada CTG", dijo un corredor de granos que prefirió reservar su nombre.
Para la misma fuente, que conoce de cerca el movimiento granario, "con las nuevas cartas de porte los valijeros se están haciendo un festín". El valijero es un personaje mítico del campo y recibe su nombre del maletín lleno de plata con el que recorre la Pampa Húmeda comprando granos en negro. Hasta que se cambió el sistema de emisión, estos documentos estaban impresos en papel moneda, con tantas medidas de seguridad como las que tienen los cheques. Ahora, en cambio, al gestionarse por Internet se pueden imprimir en cualquier lugar y soporte.
DE VIDO PRORROGO CONCESIONES VIALES
Una vez más, el Gobierno nacional extendió por 120 días las concesiones de los corredores viales nacionales que fueron privatizados por Carlos Menem y renegociados por Néstor Kirchner. La prórroga, firmada por la presidenta Cristina Fernández, volvió a ignorar los sistemáticos incumplimientos de las obligaciones contractuales y los severos informes de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El decreto 422/2009 que el martes pasado firmó la presidenta Cristina Fernández –y que fue publicado ayer en el Boletín Oficial– es prácticamente igual al que redactó cuatro meses atrás (1615/2008). Ambos ordenan “prorrogar los contratos de concesión de los seis corredores viales hasta la toma de posesión de las nuevas concesiones que resulten del proceso licitatorio y por un plazo no mayor a 120 días”.
Pero ni uno ni otro ítem se cumplió: el proceso licitatorio para siete de los ochos corredores viales “fracasó”. Desde que el Ministerio de Planificación llamó a licitación pública el 22 de octubre pasado, ya modificó el cronograma establecido cinco veces. Con este argumento, la Presidenta volvió a autorizar la nueva prórroga que viola su decreto anterior que, claramente, establecía “un plazo no mayor de 120 días”.
Las concesiones de las rutas, autovías y autopistas privatizadas en la década menemista cargan con un tendal de denuncias judiciales por incumplimientos relacionados con infraestructura, seguridad y preservación del ambiente, y varias auditorías negativas de la AGN. El ex defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, también se sumó a las denuncias y aseguró que el proceso de renegociación de los últimos seis años es inconstitucional.
Pese a las críticas y a las denuncias por irregularidades, los contratos continúan extendiéndose en el tiempo. Cuando los Kirchner llegaron al poder decidieron levantar la política de subsidios y más subsidios de Menem y fijaron un canon para cada corredor. El Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), encargada de cobrar los cánones de las concesionarias, estuvo presidido hasta hace poco más de un año por Claudio Uberti. El funcionario renunció después del escándalo de los 800 mil dólares en la valija de Guido Antonini Wilson.
Otro de los cambios que impuso Néstor en 2003 fue quitarles a las empresas la obligación de hacer obras de mejora y ampliación. La facultad quedó en manos del Gobierno y benefició a los concesionarios amigos como Equimac, una de las constructoras más favorecidas de esta gestión; Eduardo Eurnekian, propietario de AA 2000, que por aquellas épocas adeudaba millones de cánones impagos por los aeropuertos; y otras compañías como Homaq y Covico, con incumplimiento en las inversiones de hasta un 80 por ciento.
Según figura en los contratos que las concesionarias firmaron con el Estado, la reiteración de las faltas graves no sólo motivaría la rescisión del servicio sino que las inhibiría de poder participar en futuras licitaciones. Sin embargo, el Gobierno volvió a regalarles la prórroga de la prórroga.
