Pocas veces se ha visto un fracaso tan celebrado. La oposición no logró ayer reunir en la Cámara de Diputados el quórum necesario para discutir la rebaja de retenciones que reclama el campo. Fracasó el primer intento. Pero como quedaron por cubrir sólo veinte bancas para cumplir con ese objetivo, la sesión especial fue festejada con ganas. Lo hicieron los bloques antikirchneristas, pero también los principales dirigentes de la Mesa de Enlace, que ahora redoblarán su presión sobre los legisladores que faltaron, básicamente oficialistas.
La movida opositora se produjo unas horas antes de que la presidenta Cristina Kirchner anunciara la "coparticipación" del 30% de lo que se recauda por la soja. Pero ese giro no alteró los planes originales de diputados y ruralistas. Quieren repetir la convocatoria en quince días con la expectativa de lograr las 129 presencias necesarias para sesionar. Ayer fueron 108 los legisladores que se apoltronaron en sus bancas y 5 leales estaban de viaje. En total sumarían 113. Les faltan 16.
Ayer, la chicharra comenzó a sonar a las 10. Una hora más tarde, la kirchnerista Patricia Vaca Narvaja declaró "fracasada" la sesión porque la pantalla electrónica contabilizaba insuficientes 103 diputados. De todos modos, habilitó la "expresión de minoría". Los discursos se sucedieron ante la mirada atenta de los líderes de la Mesa de Enlace y de un par de centenares de productores, que colmaron las gradas.
Hubo palabras picantes y muy aplaudidas por la gente del campo. Los oradores fueron críticos con la cerrazón del Gobierno a discutir sobre retenciones y con la decisión del bloque mayoritario de no dar quórum. "Hay un Gobierno con anteojeras que no puede ver la realidad", fustigó Oscar Aguad, titular del bloque de la UCR.
Ese partido, junto a la Coalición Cívica, el PRO y otros 15 bloques impulsaba un proyecto que tiene un guiño de las entidades rurales: reduce las alícuotas en varios puntos, pero además establece un tope de producción para que los chacareros más chicos tributen 0%. La iniciativa tiene otro punto clave: restituye al Congreso la potestad de fijar las retenciones.
"Es el campo, estúpido", se permitió decir el macrista Cristian Gribaudo, alterando una conocida frase de Bill Clinton. Se dirigía a Néstor Kirchner, a quien cuestionó duramente por alterar con sus urgencias políticas la vida institucional del país. "Son un Gobierno autoritario y mentiroso, que en junio o en octubre vamos a derrotar en las urnas", se envalentonó el socialista Lisandro Viale.
Francisco Ferro, de la Coalición Cívica, explicó que el Congreso debe dar previsibilidad al agro. "No puede ser que en una campaña hayan habido tres tributos distintos. Es como si nosotros le fijáramos a Kirchner tres impuestos distintos a la actividad hotelera", ironizó.
En su ofensiva, la oposición contó con respaldos sorpresivos, como el de tres diputados del PJ santafesino que responden a Carlos Reutemann, y tres cordobeses cercanos a Juan Schiaretti. La sensación de los ruralistas fue que una grieta comenzó a abrirse. Por eso, ayer mismo enviaron una carta al titular de la bancada del PJ, Agustín Rossi. Van a pedirle que faciliten el quórum.
La Mesa de Enlace valoró la sesión especial como un "gesto de compromiso cívico". Eduardo Buzzi, de Federación Agraria, explicó que la estrategia será ahora profundizar los contactos con diputados y senadores del interior, para que se sumen.
OPOSICION REACCIONO CON CRITICAS
Ante el anuncio de la presidenta de coparticipar el 30 % de los ingresos por las retenciones a la soja, el presidente de la UCR, Gerardo Morales y la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, señalaron en un comunicado conjunto que se trata de “otra declaración de guerra contra el campo. Y en esta guerra el Gobierno quiere sumar a su ejército de gobernadores e intendentes. La Presidenta sigue sin entender las cuestiones centrales para enfrentar la crisis: Si vamos a producir más o no en el país, y si las provincias van a recibir los fondos que les corresponden”.
PIDEN UNIFICAR LOS PROYECTOS SOBRE RETENCIONES
La Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso de la Nación elevó esta semana un pedido a las autoridades de la Cámara de Diputados para que se unifiquen los 32 proyectos que hay en el parlamento sobre retenciones. Además, hay 12 iniciativas de ley vinculadas con distintos aspectos de la resolución 125.
El criterio de unificación tiene que ver con qué comisiones deben tratar el tema de derechos de exportación, ya que algunos son para Agricultura, otros para Presupuestos, Comercio y otros para Economías Regionales.
De esta manera, el diputado del FPV Alberto Cantero, en diálogo con este diario, rechazó el pedido de quórum especial que pidiera ayer la oposición.
SENADO: ESTARIA EL NUMERO PARA APROBAR ADELANTAMIENTO DE ELECCIONES
A medida que se acerca el día para votar en el Senado el adelanto electoral --el próximo jueves--, se terminan de definir los números: el kirchnerismo reconoció ayer que los tres "indecisos" que había en la Cámara alta no se sumarán al proyecto que impulsa el Gobierno.
Sin embargo, en el oficialismo aducen que no hacían falta: el jefe de bloque Miguel Pichetto insistió que tiene con él 39 voluntades (que podrían ser 40 si suma al neuquino Horacio Lores) de los 37 necesarios para aprobar la ley. Es decir, que el adelanto de elecciones tendría el camino allanado en el Senado, donde ayer la mayoría kirchnerista firmó el dictamen.
También ayer, el Presidente Provisional José Pampuro --quien ratificó los números oficiales-- reveló el destino de los tres que hasta ahora no habían anunciado cómo votarán: los senadores del ARI de Tierra de Fuego María Rosa Díaz y José Martínez "votarán en contra", reconoció. Con ellos podían contar hasta 42 votos.
El oficialismo tenía esperanza en estos legisladores, porque esperaba que la gobernadora Fabiana Ríos les ordenara votar con el Gobierno, después de que se giraron a la provincia $ 35 millones para paliar su crisis económica. Igual, hubo un adelanto en la sesión del miércoles en Diputados, cuando los dos representantes del ARI fueguino votaron en contra.
Pampuro también dijo por radio que el catamarqueño Ramón Saadi "es muy probable que se abstenga o vote en contra". Saadi era el tercer "indeciso" que no había anunciado cómo votaría (y no lo hizo aún públicamente). Su caso es muy particular: en julio de 2008 sorprendió a todos cuando votó a favor del Gobierno en la resolución 125 y entonces se habló sobre un supuesto "intercambio de favores", entre ellos que su hermana Alicia sería designada en un alto cargo en el Banco Nación. En los hechos, se había sumado al kirchenrismo.
Tanto, que el 8 de marzo se integró al Frente para la Victoria en la elección en Catamarca, aunque quedó mal parado en esa alianza. En el acto de cierre de campaña él permaneció abajo, en la calle, mientras su prima, la vicegobernadora K Lucía Corpacci, lo invitaba desde el micrófono ("¡suba compañero Ramón, suba que hay lugar para todos!", fue la frase que se convirtió en un ringtone catamarqueño). En el palco estaba Néstor Kirchner y ni siquiera sonreía. Después, un día antes de la derrota, Saadi anunció que se rompía la "unidad" del PJ y que dejaba el bloque oficialista del Senado, pero aún no lo oficializó.
Por otro lado, a favor del oficialismo está que parece más cercana la inclusión del voto del neuquino Lores (votó contra la 125): los diputados del Movimiento Popular Neuquino estuvieron a favor del Gobierno. Además, otros "rebeldes" de entonces no tendrán la misma actitud ahora. La chaqueña Elena Corregido, a quien le ofrecieron al Comisión de Medio Ambiente, está a favor de adelantar las elecciones al 28 de junio, igual que la riojana Teresita Quintela, hermana del intendente de La Rioja, que resultó muy favorecido con fondos de la Nación. Los otros fueron Roberto Urquía y Rubén Marín, ya designado vicepresidente del Senado y otra vez K.
En el bloque también cuentan como propia a la rionegrina María José Bongiorno, quien había amagado con irse de la bancada detrás de Carlos Reutemann. En ese momento habló con Pichetto, quien la convenció de quedarse. Los K dicen que a cambio aceptaron que los empleados de su "jefe político", el diputado Julio Arriaga --quien se fue al bloque de Felipe Solá-- mantuvieran sus contratos en la Cámara Baja. Igual, ayer Bongiorno hizo trascender que aún no decidió su voto. Un nueva "operación" para asustar a Pichetto, aseguran.
TRAMITE VELOZ PARA SACAR EL DICTAMEN
Con los votos de la mayoría oficialista, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó ayer el dictamen sobre el proyecto de adelantar las elecciones al 28 de junio, sin cambiarle ni una coma al votado el miércoles en Diputados.
El paso reglamentario habilitó los tiempos para que, con la celeridad reclamada por el Gobierno, el tema llegue al recinto y se convierta en ley el jueves 26: ya está convocada una sesión especial para ese día a las 10 de la mañana, y el oficialismo confía en tener más de los votos necesarios.
El debate en la Comisión que preside el santacruceño Nicolás Fernández fue tranquilo y sin "chicanas" ni agresiones. Los opositores desgranaron con altura duras críticas al proyecto de adelantar las elecciones, a tono con el discurso del radical Ernesto Sanz. Le respondió, también sin enojarse en la defensa del proyecto, el jefe kirchnerista Miguel Pichetto.
"El Gobierno se animó a plantear lo que antes menospreciaba, reconoció que hay una grave crisis económica y social", dijo Sanz en tono medido, y realizó un análisis de los últimos años de gobierno kirchnerista. Y se preguntó "qué se busca legitimar con el adelantamiento de las elecciones". "No creo que sea una obra maestra de una mente superior, de un estratega. Es un intento desesperado de querer tapar el cielo con las manos", dijo.
Pichetto dijo que en estos años "el saldo del gobierno de Néstor y de Cristina es positivo, hubo una verdadera redistribución de la riqueza", y que esa política "será ratificada en las urnas, no podemos estar todo el año con este nivel de virulencia".
POLEMICA POR PROYECTO OFICIAL PARA LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
La Presidenta Cristina Kirchner metió de lleno en la campaña electoral una polémica reforma a la Ley de Radiodifusión. Lo hizo en un acto partidario en La Plata, al que invitó hasta a embajadores para darle un pretendido carácter institucional. Pero los mismos tres meses que ella fijó para debatir el proyecto oficial coinciden con los que van de aquí hasta los comicios del 28 de junio.
Es difícil despegar esto de las aspiraciones siempre vivas del Gobierno por controlar lo que se publica y difunde por los medios independientes. El eslogan del kirchnerismo es que está reformando una ley de la dictadura. Y es cierto. Lo que no dice es que va, en muchos sentidos, en la misma dirección de la norma que pretende abolir.
Y marcha también a contramano de otro de los argumentos que desde el poder político se esgrime, como decir que se ajusta a los actuales parámetros internacionales. En los Estados Unidos y en España, por ejemplo, los legisladores están avanzando en flexibilizar y modernizar las normas audiovisuales para sostener los medios en este contexto de crisis. Aquí, las cosas son opuestas. Se dibujó un escenario que más bien parece un ring de box, en el que la prensa ocupa el lugar de un poder desafiante, y no parte imprescindible de la democracia. Como si la tutela oficial fuera una garantía democrática para el pluralismo y la libertad de prensa.
El texto pretende legitimar el poder discrecional del Gobierno para aceptar o no el otorgamiento de licencias en el espectro audiovisual. Son superpoderes mediáticos. Es decir, si un medio gráfico quiere participar en una radio, un canal de TV abierta o en una señal de cable, deberá someterse a la decisión del Gobierno. Así de simple. El Ejecutivo decidiría el destino de cada licencia. Los gobiernos podrían silenciar o premiar a determinados grupos por su línea editorial. Además, el proyecto abre la posibilidad a todas las empresas de servicios públicos de ingresar al mercado de los medios. A contramano de lo que había legislado el Congreso en 2005 en la última modificación de la ley actual. Ahora, prestadoras de gas, agua, electricidad y telefonía podrían dar televisión, aprovechando su envergadura económica y los subsidios cruzados para depredar el mercado. En el caso de las telefónicas, esto además violaría expresamente el pliego de licitación de ENTEL y el precio pagado por ella, como explica el especialista Henoch Aguiar (ver aparte). En otras palabras, en vez de desalentar la concentración y los monopolios que tanto dicen preocupar, se incentivan los mismos en manos de las grandes operadoras de servicios públicos.
Cuando se sancionó la actual Ley de Radiodifusión en 1980, la dictadura militar buscaba voces débiles y férreamente controladas. De allí que por primera vez se restringió el acceso de las empresas periodísticas a las licencias de radiodifusión, una tradición que reconocía antecedentes desde los 60.
Paradójicamente el anteproyecto conocido el miércoles retoma ese espíritu restrictivo, concentrando en el Poder Ejecutivo la decisión discrecional de aceptar o no el ingreso de otros actores mediáticos a las licencias de radio y TV.
Respecto de la cantidad de licencias en manos de un mismo operador, las idas y vueltas de la legislación sorprenderían a cualquiera. El proyecto prevé el límite en 10 (frente a las 24 actuales), pero con algunos condicionamientos curiosos: en el cómputo incluye a las señales de cable, que nunca estuvieron reguladas por el Gobierno y que no utilizan espectro radioeléctrico. ¿Existe la pretensión de controlar a los canales de noticias? Otro dato: no se permitiría tener un canal de cable y otro abierto en la misma área de cobertura, un esquema que no registra antecedentes, aquí ni en ninguna parte.
Mientras que la TV satelital puede llegar a todo el país con una sola licencia, al cable se le impone un límite de 24 a nivel nacional, pero lo llamativo es que no se aclara la extensión territorial de esas mismas licencias. Otra vez, destinadas al arbitrio del Gobierno.
Otro costado polémico está vinculado a la inseguridad jurídica, ya que el nuevo proyecto no reconoce las inversiones realizadas. De esa manera, además de vulnerarse derechos, se favorecería la toma hostil de compañías de medios por parte de eventuales aliados del poder político.
La televisión móvil por celular no podrá ser prestada por los licenciatarios actuales, pero tampoco se explicita quiénes serían los encargados de hacerlo.
Mientras tanto, hoy a las 12, referentes y legisladores del radicalismo y la Coalición Cívica brindarán una conferencia de prensa en la que manifestarán su posición frente al proyecto del oficialismo.
REUNIO DE DIRIGENTES RADICALES COMO ANTESALA DE LA CONVENCION
Con el adelantamiento de las elecciones a un paso de ser aprobado, los máximos dirigentes de la UCR se reunirán hoy para definir su estrategia electoral. El titular del partido, Gerardo Morales, los convocó al Comité Nacional para analizar distrito por distrito cómo van a reacomodar el escenario, donde hasta ahora predominaban las elecciones internas. Después de tantas idas y vueltas, en el encuentro se ultimarán los detalles para anunciar el acuerdo en Mendoza, donde ya es un hecho que el sector que responde a Julio Cobos y el radicalismo integrarán un mismo frente. Un punto de conflicto será la situación partidaria en Córdoba, ya que en esa provincia un importante grupo de intendentes se resiste a apoyar la candidatura de Luis Juez.
De la reunión de hoy participarán los presidentes de los bloques legislativos, el diputado cordobés Oscar Aguad y el senador mendocino Ernesto Sanz, además de Morales y los titulares de los distintos comités provinciales. Será la antesala de la Convención Nacional, donde el radicalismo sellará su destino para este año.
Finalmente, los radicales tuvieron que aceptar la conformación de un frente “partido a partido” con el cobismo y otras fuerzas mendocinas, idea que rechazaron hasta último momento. La conducción de la UCR intentó establecer un mecanismo para reincorporar a los cobistas dentro de la estructura radical y terminar con el ConFe, pero el acortamiento de los plazos los forzó a abandonar esa misión.
Desde el cobismo puro aseguran que el acuerdo ya está cerrado: “Se hará un frente electoral común y se adoptó el sistema de interna abierta con fecha 26 de abril”, sentenció a Página/12 un hombre que viajó especialmente de Mendoza para definir la situación junto al vicepresidente. De todas maneras, la intención de radicales y cobistas es llegar al 6 de abril –fecha de cierre de listas– con una lista de unidad que los exima de realizar la votación. El problema es que un sector del radicalismo, encabezado por Roberto Iglesias, podría presentar batalla si no le dan un lugar en la boleta. “Es un problema de viejos enfrentamientos, de espacios de poder. En definitiva, el sector iglesista nunca ha querido hacer este acuerdo, pero ahora se ve apurado por los tiempos”, relató uno de los radicales encargado de la negociación.
Para evitar la interna ya se ensayaron varias listas de unidad posibles. El cobismo propone que la de senadores esté liderada por Laura Montero y acompañada por Ernesto Sanz, mientras que el primer lugar de diputados sería para el presidente del ConFe, Juan Carlos Jaliff, o su vice Ricardo Manzur. El segundo quedó para el hombre que designe la UCR y el tercero para el peronista Enrique Thomas. Los cálculos indican que el frente obtendría los dos senadores de la mayoría, pero los radicales orgánicos exigen que Sanz sea el primero en la boleta. El nuevo escenario postergó la peliaguda discusión por la conducción del partido. “Con este acortamiento no podemos agregar un nuevo elemento”, afirmó a este diario el interventor de Mendoza, Carlos Le Donne, quien participará del encuentro de hoy.
En Córdoba, el titular del partido, Mario Negri, advirtió que la alianza con el Frente Nuevo de Juez, es un tema “muy controvertido y todavía no hay una decisión”. Los intendentes cordobeses empujan por ir solos a la elección mientras que la conducción nacional está convencida de que es necesario sumarlo a Juez. Cerca de Morales avisaron que comenzarán a intervenir si no se resuelve el conflicto.
El tercer territorio complicado para el radicalismo es el bonaerense, donde la conducción nacional mantiene un duro enfrentamiento con Leopoldo Moreau y Freddi Storani. Los dirigentes alfonsinistas estarían dispuestos a compartir el frente con la Coalición Cívica, pero insisten en colocar a sus candidatos Pedro Azcoiti y Vilma Baragionla, en segundo y tercer lugar. Si se logró consenso para que encabece Ricardo Alfonsín.
REUNION ENTRE COBOS Y SOLA
En la más absoluta reserva, el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, y el diputado del PJ disidente Felipe Solá (Buenos Aires) se reunieron ayer durante más de dos horas. Este sugestivo encuentro se produce en medio de la vorágine política que provocó el adelantamiento de las elecciones al 28 de junio que propuso el Gobierno, aunque fuentes allegadas a ambos le restaron toda implicancia electoral a la reunión.
"Conversaron sobre la situación actual del país, los efectos de la crisis que ya empezaron a hacerse sentir en el interior y el impacto político que genera el anticipo de las elecciones", se limitaron a indicar los voceros de Cobos.
Tanto Solá como el vicepresidente rechazaron públicamente la propuesta del Gobierno de adelantar los comicios legislativos, actualmente en debate en el Congreso. Si bien ambos pertenecen a dos espacios políticos diferentes, han mantenido conversaciones esporádicas desde que decidieron pegar el portazo y abandonar el oficialismo, el año pasado.
"El rechazo a la resolución 125 (sobre retenciones móviles al agro, dispuesto el año pasado) fue su primer punto de contacto. Desde entonces mantienen una buena relación", aseguran las fuentes.
Una vez que abandonó el oficialismo, Solá se abocó a reclutar dirigentes que, como él, se desencantaron del kirchnerismo; desde entonces se convirtió en blanco del odio del Gobierno. Su siguiente paso fue conformar un espacio electoral con otro peronista disidente, Francisco De Narváez, y el líder de Pro y jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
La ambición de Solá es liderar la nómina de candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires, al igual que De Narváez. Si bien la competencia entre ambos por este puesto generó fuertes turbulencias internas, el frente se mantiene unido. "Y se mantendrá así, porque es la única forma de vencer al kirchnerismo", insistieron ayer allegados a Solá.
Cobos avanzó en los últimos días en su alianza con el radicalismo y la Coalición Cívica; de hecho, anteayer se reunieron en La Plata, por primera vez, aproximadamente 30 intendentes bonaerenses que representan a las tres fuerzas, en una clara señal de trabajar juntos con miras a las próximas elecciones legislativas.
Estuvieron el presidente la UCR bonaerense, Daniel Salvador; el intendente de Junín (cobista), Mario Meoni; el presidente del Foro de Intendentes Radicales, Daniel Molina; el intendente de Azul, Omar Duclós, y legisladores, entre ellos Abel Buil (CC) y Ricardo Jano (UCR). La figura que los aglutina es Margarita Stolbizer, líder del GEN y candidata a diputada nacional por la Coalición Cívica.
Por el momento, ambos frentes -el PJ disidente aliado con Pro y la alianza entre la UCR, la CC y el cobismo- marchan por caminos separados. Sin embargo, no escasean los contactos entre ellos, máxime desde que el ex presidente Néstor Kirchner, actual líder del PJ y casi seguro primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, decidió convertir las elecciones legislativas en un virtual plebiscito de la gestión presidencial de Cristina Kirchner, a todo o nada.
OTRA FUERTE BAJA DEL SUPERAVIT: CAYO 50 % EN FEBRERO
La caída en la recaudación y el crecimiento de los gastos volvieron a erosionar de manera significativa las cuentas públicas el mes pasado. Según números difundidos ayer a la noche por el Ministerio de Economía, el superávit fiscal primario fue en febrero de 1603 millones de pesos, un 50% menos que en el mismo mes del año pasado, cuando se registraron 3178,9 millones.
Los aumentos en los haberes jubilatorios, las obras públicas, las transferencias a las provincias y los subsidios al transporte -a pesar de los aumentos tarifarios recientes en trenes, colectivos y subterráneos- fueron algunos de los sectores en que se vislumbran incrementos. El gasto primario subió, según las cifras difundidas ayer por el Gobierno, 3638 millones de pesos en 12 meses: se ubicó en 16.099 millones. Los ingresos, en tanto, crecieron menos, 2063 millones, y alcanzaron los 17.703 millones.
La situación se explica por el colapso internacional, pero también por la crisis local, que empezó a principios del año pasado con el conflicto agropecuario. El superávit fiscal primario es una variable decisiva para que el país pueda afrontar los vencimientos de la deuda pública, en momentos en que tiene completamente cerrados los mercados voluntarios para emitir bonos y acceder a financiamiento.
"No es 2008. Estamos en 2009 y en un contexto internacional totalmente distinto", explicó el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, durante una conferencia de prensa en que expuso los números. "Estamos en una situación especial, pero lo que sostiene este Gobierno es que mantendrá la prudencia fiscal. Seamos realistas, todos los días se están modificando los números para abajo", dijo el secretario.
En el futuro, los resultados fiscales del Gobierno podrían verse afectados también por la decisión de coparticipar las retenciones a las exportaciones con las provincias, medida que fue anunciada ayer por la presidenta Cristina Kirchner en la quinta de Olivos y que tendrá para el Estado un costo de 1776 millones de dólares (ver en Primera Sección).
Esto fue negado ayer por Pezoa. "Lo anunciado no afecta en absoluto el desenvolvimiento de las metas fiscales de 2009", sostuvo, e intentó restarles dramatismo a las circunstancias: "Nosotros no estamos en un pozo, mantenemos la conducta fiscal y la Argentina se mantiene en un crecimiento razonable". Aun así, el secretario de Hacienda reconoció que las metas fiscales fijadas en el presupuesto podrían no cumplirse como consecuencia del cambio de escenario mundial.
"No son gastos excesivos, como lo quieren mostrar algunos, sino gastos productivos", defendió, y agregó que "no puede haber problemas de endeudamiento".
Rodrigo Benítez, economista de la consultora Alpha, tampoco se sorprendió por los datos difundidos. "Esta caída era esperable por el deterioro que hubo en la recaudación -dijo -. Hay menos inflación, menos ingresos en retenciones por la baja en los precios de las materias primas en el mundo y menor nivel de actividad en el país". Benítez cree que, incluso, el alza en el gasto primario fue "normal" en relación con lo que ocurría durante febrero del año pasado, cuando se expandía a un ritmo del 40 por ciento.
La explicación gubernamental para la reducción del superávit fiscal fue difundida ayer, con los números, en un comunicado adjunto. "La variación interanual del gasto primario se destaca el crecimiento en el gasto de capital, por las mayores erogaciones en programas de vivienda, obras viales y de las empresas Enarsa, para la construcción de centrales termoeléctricas; NASA, principalmente para la terminación de la Central Nuclear Atucha II, y Aysa, para la construcción de plantas potabilizadoras y programas de mejoras de agua potable", decía el texto.
