La semana pasada, Montoya al anunciar el operativo "torniquete" informó sobre un aumento del 178 por ciento en el uso de blindados para transportar efectivo durante el 2008, pese a que la actividad de esas empresas sólo había subido un 23 por ciento. Montoya dijo a Clarín "ciertas empresas con deudas impositivas están dejando las transferencias electrónicas de dinero para moverse con efectivo".
Se trata de dos agujeros por los cuales se fuga parte del dinero negro de la economía. Recién desde el 2007, la AFIP estableció que las 7 empresas transportadoras de caudales deben confeccionar facturas electrónicas de sus servicios. Se trata de una actividad que salvo los controles del RENAR por el uso de armas no tiene aún una regulación específica.
Gracias a esas facturas electrónicas, la AFIP detectó que el 47 por ciento de los usuarios de los blindados no son bancos, sino empresas y personas físicas.
A partir de allí, hicieron varias denuncias penales. "Una de ellas fue contra un supermercado de San Isidro. Descubrimos que el efectivo de la recaudación diaria no lo llevaban a un banco sino a un proveedor para omitir el pago de impuestos", explicó a este diario un vocero de la AFIP.
El otro frente es contra cooperativas y mutuales que sirven de fachada por hacer intermediación financiera, cambio de moneda y canje de valores. No se trata de las legítimas impulsoras del cooperativismo sino "cuevas". Muchas funcionan en la sede de operadores de bolsa en la City como las del caso Skanska.
Sucede que usan la exención a las ganancias y la reducción del 50 % del impuesto al cheque de que gozan las cooperativas para otros fines. En el informe se señala que en ya se detectaron, por ejemplo, "60 personas físicas que tenían depósitos de entre 100 mil y 400 mil pesos que no habían declarado a la DGI". O que muchas operaciones que figuran como "ayudas económicas" al socio encubren canjes de cheques de terceros.
