El Gobierno instruyó a sus bloques legislativos para que traben el intento opositor de poner en debate una ley que baje las retenciones a la exportación de granos, tal como reclaman las entidades rurales.
El encargado de esa misión fue el ministro del interior, Florencio Randazzo, quien recibió ayer en la Casa Rosada a los titulares de las bancadas oficialistas de diputados, Agustín Rossi, y de senadores, Miguel Pichetto, para ponerlos al tanto de la estrategia oficial.
Según fuentes legislativas, el funcionario les pidió que apelen a las mayorías que aún conserva el kirchnerismo en ambas cámaras -aunque debilitadas por las recientes deserciones- para impedir que prosperen las sesiones especiales que amaga convocar la oposición con el propósito de imponer su propuesta sobre retenciones.
La idea del Gobierno es que el Parlamento se aboque exclusivamente a tratar los dos proyectos sobre carne que acordó con la dirigencia rural el pasado martes. Randazzo les anticipó que entrarían por Diputados la próxima semana y Rossi se comprometió a someterlas al debate de la Comisión de Agricultura en la siguiente. Antes necesitará que el plenario vote la ampliación de la comisión para recuperar su control, ya que el oficialismo quedó en minoría por la diáspora en su tropa.
Randazzo participa de las negociaciones con los ruralistas y ayer descalificó la postura de las fuerzas opositoras de apoyo a los reclamos del campo. "Quieren agitar el conflicto", sostuvo. Y argumentó: "Creen perjudicar al Gobierno, pero perjudican al país".
Con todo, el ministro admitió que los miembros de la Mesa de Enlace habían anticipado el martes, en respuesta a la negativa a tocar las retenciones que les comunicó Cristina Kirchner, que llevarían el tema al Congreso. Y cumplieron: al día siguiente las cuatro entidades se reunieron con diputados del macrismo y del peronismo disidente.
Integrantes de esos dos bloques avanzaron ayer en la búsqueda de un proyecto unificado sobre retenciones con la UCR, la Coalición Cívica y el socialismo. La propuesta de mayor consenso apunta a la eliminación del gravamen para trigo y maíz, además de un mix de segmentación y reducción del techo (pasaría del 35 al 20 %) para la soja y el girasol. La propuesta es analizada en la mesa que integran Pedro Morini (UCR), Francisco Ferro (Coalición Cívica), Christian Gribaudo (PRO), Jorge Sarghini y Claudio Poggi (PJ disidente) y Lisandro Viale (Socialismo).
La diferencia que persiste entre unos y otros es el momento en que el debate debe ser llevado a una sesión especial. El PRO y el peronismo anti K creen que es prematuro hacerla la semana próxima, como anunciaron el miércoles Elisa Carrió y Gerardo Morales, jefes de la Coalición Cívica y el radicalismo. Ayer existieron contactos cruzados para limar asperezas y la sesión especial quedaría aplazada una semana.
EL CAMPO QUIERE DEBATIR ESTE MISMO MES
La Mesa de Enlace pretende que el proyecto de ley de reducción de las retenciones ingrese al Congreso antes de fin de mes. "Se viene encima la cosecha", señalan.
"El Gobierno podrá dar instrucciones a sus legisladores de que no traten el tema retenciones, pero no puede hacerlo con todos los legisladores -dijo Hugo Biolcatti-. Vamos a trabajar para lograr una mayoría que vote el tema. Con la 125, en Diputados, estuvimos a 6 o 7 votos. Y hoy la realidad política es otra."
"Vamos a exponer en cada uno de los bloques la situación catastrófica que tiene hoy un tipo que le fue mal con la cosecha -agregó Ricardo Buryalille, de CRA-. Intentaremos consensuar, incluso con el oficialismo". En lo que hace a los plazos, Buryalille es claro: "Esto tiene que ser en el transcurso de este mes, porque después empieza la cosecha, hay que tratar de ingresarlo antes".
Los ruralistas no apuntan a la eliminación de las retenciones. Su objetivo, dicen, es la rebaja de las mismas. Y la segmentación de acuerdo al tamaño de los productores. Sobre el bache fiscal que representaría la iniciativa dicen: "vamos a buscar otras fuentes de financiación para el Estado, no todo puede estar sobre la espalda de los sojeros".
DIFERENCIAS EN LA OPOSICOIN POR EL CAMPO
Los dos principales bloques opositores en el Parlamento se dividieron a la hora de hacer un balance sobre el primer acuerdo entre la Mesa de Enlace agropecuaria y el Gobierno. La Coalición Cívica de Elisa Carrió y la UCR minimizaron los resultados del acuerdo, se alinearon con los “productores que están a la vera de la rutas” y presentaron su propio proyecto para eliminar las retenciones. El mismo miércoles, los legisladores del peronismo disidente y el PRO recibieron a la dirigencia ruralista para consensuar un proyecto sobre retenciones y emergencia agropecuaria, mientras defendían como un logro los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo. Por lo bajo, ambos sectores se acusaron de “cortarse solos”. Ayer, varios diputados de las dos alianzas electorales dedicaron la jornada a limar asperezas para continuar “trabajando juntos” en el Congreso a favor de los reclamos ruralistas, pero el distanciamiento y la desconfianza mutua crece a medida que se acerca la fecha de las elecciones.
“Nos podían haber avisado que se iban a reunir con la Mesa de Enlace”, dijo ofuscado un importante legislador radical sobre el encuentro que armó el PJ disidente con los ruralistas. “No nos avisaron que iban a hacer esa conferencia de prensa para fijar su postura”, retrucó Felipe Solá sobre los anuncios de cívicos y radicales. Pocos minutos antes, diputados de ambos grupos se habían reunido en la llamada Mesa de Consenso Agropecuario para fijar una agenda común, pero terminaron transitando caminos separados. Carrió fue la impulsora de adelantar públicamente la postura de la Coalición Cívica y de la UCR sobre los acuerdos entre la dirigencia agropecuaria y el Gobierno, antes de que el PJ disidente acaparara cámaras y micrófonos en la reunión con los popes ruralistas. El jefe de la UCR, Gerardo Morales, tuvo que abandonar de apuro la sesión en el Senado para participar en la rueda de prensa que condujo Carrió. El socialista Rubén Giustiniani, en cambio, decidió quedarse en el recinto del Senado. “El apuro no nos permitió coordinar nuestra presencia”, se justificaron los socialistas, que le bajaron el tono a la imprevista convocatoria.
Carrió se distanció de la Mesa de Enlace y tomó partido por “los desesperados productores que están a la vera de la ruta”. Morales explicó que su proyecto de emergencia es bajar a cero las retenciones para el maíz y trigo, y segmentar las alícuotas para soja y girasol, temas que propondrían en sesiones especiales. “Vamos a seguir peleando en el Congreso. No nos van a dividir con pequeñeces”, dijo Morales en respuesta a la consulta de Página/12 sobre las diferencias de ópticas.
A los peronistas disidentes no les había caído en gracia que fueran convidados de piedra en la audiencia pública que radicales, cívicos y socialistas convocaron en el Senado para exponer los reclamos ruralistas. Incluso, el empresario peronista anti K Francisco De Narváez tomó distancia del encuentro en el que había participado, afirmando que “nos pasamos de rosca” en las críticas al Gobierno. “Los invitamos y encima reclamaron lugares de privilegio en la mesa de una actividad que habíamos organizado nosotros”, argumentaron desde la vereda de enfrente.
Ayer, De Narváez se excusó de emitir opinión sobre el distanciamiento opositor. Aunque el puntano Luis Lusquiños y el macrista Federico Pinedo se encargaron de tender puentes. Los dos se reunieron por separado con el radical Oscar Aguad y el jefe del bloque de diputados de la CC, Adrián Pérez, en procura de pulir diferencias. “Vamos a trabajar juntos en el Congreso, no hay dudas. Claro que en campaña cada uno va a intentar llevar agua para su molino, pero en esto de resolver el problema agropecuario estamos de acuerdo”, afirmó Lusquiños. Los dos sectores habrían acordado trabajar en una agenda parlamentaria común. “Podemos reunir alrededor de cien diputados”, afirmó Pinedo a este diario al confirmar que convocarían en conjunto a las sesiones especiales para tratar sus propuestas agropecuarias. Pero la necesidad de diferenciarse frente al electorado y posicionarse como la “verdadera” oposición al Gobierno, ha incrementado la desconfianza entre los dos bloques opositores. Ya nada será igual, entre ambos, como en los tiempos de la pelea contra la 125.
GIUSTINIANI CONSIGUIO APOYO OFICIAL PARA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
El senador socialista Rubén Giustiniani consiguió el apoyo de la bancada oficial para que su proyecto de creación de un Consejo Económico y Socia, que viene promoviendo desde 1987, sea debatido en el recinto, tras ser aprobado en comisión.
ELECCIONES EN CATAMARCA – KIRCHNER SE METIO EN LA CAMPAÑA
Vengo a dar a de la cara, a ver qué hicieron con todo lo que les hemos dado", dijo Néstgor Kirchner anoche en Catamarca, en el acto de cierre de campaña del "PJ unido" con que busca ganarle al gobernador cobista Eduardo Brizuela del Moral. "Queremos una Catamarca donde pensar diferente no sea una condena", dijo a modo de crítica sobre su rival y ex aliado.
El acto, en la plaza céntrica de la ciudad, convocó a unas 4.000 personas y Ramón Saadi --uno de los aliados en el peronismo unido junto al kirchnerismo y a los seguidores de Luis Barrionuevo-- apareció al frente de un gruesa columna y decenas de pancartas con la leyenda "Saadi presente". Sin embargo, reticente a la alianza, no quiso subir al palco donde además de Kirchner y los candidatos locales estaban los goberrnadores de Chaco, Jorge Capitanich; de La Rioja Luis Beder Herrera; de Formosa, Gildo Insfràn; y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Barrionuevo no estuvo.
"Les dimos todo lo que pudimos y lo único que recibimos a cambio fue el azote", se quejó el ex presidente. En las últimas semanas de campaña, el Gobierno nacional envió muchos fondos a la provincia. En otra crítica, también reclamó: "tanto que hablan de calidad institucional, no sé por qué adelantan tanto las elecciones... ¿es que tienen miedo de perder si las hacen junto a las nacionales?". Y pidió "convencer al gobernador Brizuela de que tiene que trabajar junto a Cristina, abramos la tranquera de Catamarca".
Kirchner realizó en Catamarca una jugada de alto riesgo político: le puso el cuerpo a un comicio provincial muy difícil para el PJ --hasta ahora ninguna encuesta conocida lo da ganador--, el primero del año electoral que definirá el futuro de su proyecto político. De hecho, si el "PJ unido" pierde, el Presidente será el gran derrotado. Pero también, si logra revertir la tendencia, se convertirá en el hacedor de un triunfo inolvidable.
Pero además, la mirada está puesta en los comicios de octubre de este año, cuando se elijan 6 legisladores nacionales (tres diputados y tres senadores), lo que el Gobierno verdaderamente necesita por la cuestión del diezmado quórum en el Congreso. La idea es quedar "bien parados" para entonces.
En 2007, el ex presidente impulsó el acuerdo de la Concertación Plural, cuya primera experiencia fue en Catamarca en marzo de ese año: el kirchnerismo se asoció con Brizuela y colocó como vicegobernadora a Lucía Corpacci, quien preside el Senado local. Pero esa alianza se rompió al calor de la pelea por el campo, cuando Brizuela --igual que Julio Cobos-- se puso en contra de las retenciones móviles y ella apoyó al Gobierno nacional. Desde entonces están rotas las relaciones entre el gobernador y su vice.
ESCANDALO EN CORRIENTES POR LAS CUENTAS DE UN FUNCIONARIO
El gobierno de Corrientes quedó ayer envuelto en un escándalo político. Fue después que se conociera un informe de la AFIP a la Justicia correntina que investiga el enriquecimiento ilícito del secretario privado del gobernador Arturo Colombi, un radical "cobista".
Se trata de Diego Mosquera, que asiste al gobernador desde hace siete años y tiene un sueldo de $3.800. Pero la AFIP reveló que es titular de una cuenta en el Banco de Corrientes SA con un saldo de 1.783.464 pesos.
El escándalo ya llegó al Senado de la provincia, donde ayer 8 de los 13 legisladores aprobaron un expediente en el que se le reclama a Colombi que eche a Mosquera, quien aspiraba a ocupar una banca en las próximas elecciones.
El informe en cuestión fue pedido a la AFIP delegación Resistencia por el fiscal de instrucción número 1 de Corrientes Buenaventura Duarte quien lleva adelante la investigación a pedido del fiscal general Cesar Sotelo.
Mosquera tenía declarada como actividad la venta minorista de combustibles para automotores y motocicletas, una ocupación que dejo de lado cuando desembarcó en los despachos de la Casa de Gobierno. Al inicio de su gestión en la administración pública declaró la tenencia de un vehículo Land Rover que vendió en 2007, y su situación económica, afirman quienes lo conocen desde hace años, no era precisamente solvente.
A la cuenta bancaria de Mosquera ingresaron durante el último año -según el organismo recaudador- depósitos por $ 2.606.259, mientras que en cuatro meses del mismo año se realizaron gastos sobre esa cuenta con tarjeta de débito por $ 372.959.
El investigado se llamó a silencio y no contestó las consultas periodísticas. Desde el gobierno provincial nadie salió en defensa del funcionario, a quien algunos allegados le habrían sugerido renunciar. El gobernador Colombi en tanto se encontraba ayer en Buenos Aires intentando reunirse con referentes nacionales de la UCR.
REPLICA DE ARGIBAY A CRISTINA POR JUICIOS A REPRESORES
La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay eligió la voz alta y firme para responderle a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre su reclamo a los jueces de mayor celeridad en la resolución de los delitos cometidos por la última dictadura. "Le diría a la señora presidenta, que además lo sabe perfectamente bien, que dice que los poderes Legislativo y Ejecutivo lo han hecho todo y ahora es hora de la Justicia, que eso no es cierto", disparó la jurista ante media docena de periodistas en el cuarto piso del Palacio de Tribunales de la provincia.
"El ejecutivo y el legislativo nos han recortado presupuesto (y) si quieren que aceleremos los juicios primero que nombren a los jueces que no tenemos (porque) hay un montón de jueces que se excusan o son recusados por las partes y de dónde sacamos jueces si no los tenemos", enfatizó Argibay
Cristina había pedido la celeridad de los juicios durante su discurso de apertura de las sesiones legislativas ordinarias, el domingo en el Congreso.
Argibay estaba junto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Jorge Nanclares, cuando embistió contra Cristina. Fue durante una conferencia de prensa en el cuarto piso de los tribunales provinciales, minutos antes de participar en el acto de apertura del año judicial. A este encuentro asistió el gobernador peronista Celso Jaque y varios de sus ministros.
En una larga explicación, la jueza insistió: "No tenemos infraestructura, no tenemos jueces, no tenemos dinero para pagar a los empleados y toda la parte informática". Advirtió a renglón seguido que "estamos pidiendo un refuerzo de presupuesto porque no nos alcanza".
Se la sintió molesta y con el tono elevado. Dijo, en otro momento de sus declaraciones, que "los jueces se nombran a través del Consejo de la Magistratura, que está dominada por políticos, que son la mayoría, y después de una selección que hace el Ejecutivo, tienen que dar acuerdo en el Congreso".
Argibay no retaceó respuestas a los temas de actualidad que se le plantearon. Por ejemplo, formuló una fundamentación sobre por qué no debe existir la pena de muerte en La Argentina. Hizo notar que nuestro país adhiere en la Constitución Nacional a tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.
Se refirió, entonces, a expresiones de Susana Giménez, Sandro y hasta del actor mendocino Mike Amigorena, que respaldan la pena capital frente a los asaltos violentos que terminan con la vida de las víctimas, como ha ocurrido últimamente en Buenos Aires.
El tema caló hondo en las últimas dos semanas y la oposición criticó a la Presidenta porque durante su mensaje en la Asamblea Legislativa no mencionó la inseguridad. El miércoles, en un intento por revertir ese olvido, la Presidenta admitió que la seguridad es una cuestión "preocupa" al Gobierno.
LEY DEL FUTBOL
Como un elemento más de presión en la renovada esgrima con el Grupo Clarín, el Gobierno nacional comenzó a motorizar un proyecto de ley para arrebatarle al holding los derechos de exclusividad en la transmisión de los partidos de fútbol de Primera División. La iniciativa que –según afirman cerca de Néstor Kirchner– acompañaría el supuesto ingreso de la ley de radiodifusión en el Congreso, apunta a desplazar a Clarín de un negocio que, fuentes calificadas del mercado, estiman en 9.300 millones de pesos anuales.
El contrato de televisación comenzó en 1991 y, desde entonces, se fue prorrogando. La empresa que explota los derechos para transmitir el fútbol de Primera A y el Nacional B es Televisión Satelital Codificada (TSC) y su contrato vence en 2014. El Grupo Clarín y Torneos y Competencias se reparten su capital en partes iguales: 50 por ciento para cada uno. Hoy TSC les cede a los clubes de Primera División apenas 180 millones de pesos por todo el año. River Plate y Boca Juniors se quedan con 18 millones cada uno; Vélez, Independiente, San Lorenzo y Racing con unos 11 millones; y el resto con siete millones.
El presidente de la AFA, Julio Grondona, les advirtió a los dueños del fútbol televisado: “Pongan más plata porque el Gobierno quiere estatizar”.
Las fuentes consultadas del sector empresario y de la dirigencia del fútbol coinciden en que quitarle los derechos a TSC es “muy difícil”. Desde el Gobierno, responden que por eso preparan una “ley del fútbol”, que declara a ese deporte de “interés nacional”. El proyecto ocupa a funcionarios del Comfer, que preside Gabriel Mariotto, y a especialistas de la Secretaría de Legal y Técnica, que conduce Carlos Zannini, el hombre que cuida la firma de los Kirchner y oficia de arquitecto jurídico de cada uno de sus planes. Una posibilidad sería ceder los derechos al canal que oferte la cifra más alta para transmitir cada partido. “Queremos que por lo menos seis de los diez encuentros que se juegan los fines de semana sean emitidos por televisión abierta”, dijo un hombre que frecuenta a Kirchner.
El Gobierno ya demostró que le presta atención al asunto. Desde el año pasado puso en marcha lo que consideran una prueba piloto: Canal 7 televisa los partidos del viernes y se prepara para hacer lo mismo con el Nacional B. El rating de entre 7 y 8 puntos es alto para la emisora oficial. Los habitués de la residencia de Olivos prometen como anzuelo que el 50 por ciento de lo que se recaude será destinado a las menguadas arcas de los clubes de fútbol.
Pero todavía no está claro a qué argumento apelaría el Ejecutivo en el caso de que su embestida contra Clarín se concrete. En el último año, Kirchner cuestionó duramente al holding en privado y ordenó hasta una campaña de afiches en su contra, pero cuando le tocó gobernar no hizo más que cumplir con todo lo que demandaba el multimedio. Los benefició con la extensión de la licencia de Canal 13 (junto al resto de las emisoras) y con la fusión de Multicanal y CableVisión.
El kirchnerismo piensa consultar a dirigentes del fútbol afines entre los que ubican al ex candidato a presidente de Boca, Roberto Digón, y al ex presidente de Vélez Álvaro Balestrini, hermano del presidente de la Cámara de Diputados. Consultado por Crítica de la Argentina, Balestrini –uno de los pocos que no pidió el anonimato– afirmó que no estaba al tanto del proyecto, pero fue terminante. “A los clubes por derechos de televisión nos pagan dos pesos. En Europa se financian con eso y pueden compran jugadores de jerarquía con ese dinero. Acá, lo único que tenemos es la venta de jugadores. Los derechos deben volver a los clubes para que negocien de manera individual.”
Por eso las críticas de los que se animan a hablar apuntan contra Julio Grondona, el hombre que retiene el sillón de mandamás del fútbol profesional desde hace más de tres décadas. El Gobierno también deberá pensar en él si decide jugar la carta que está agitando.
LEY DE RADIODIFUSION
El Gobierno nacional buscará conseguir un “fuerte respaldo popular” al proyecto de ley de radiodifusión antes de enviarlo al Congreso, y con este fin presentará un borrador para que “circule” por las provincias del mismo modo en que se trató la Ley de Educación.
La idea del Gobierno es que se le de el mismo tratamiento que la sancionada ley de Educación, y de este modo “recorrerá escuelas, sociedades de fomento, organizaciones sociales y centros culturales”, entre otros espacios públicos, aseguraron fuentes allegadas al Gobierno.
Los 21 puntos de la nueva ley que regirá para los medios de comunicación contendrá la reducción de las 24 licencias por empresa otorgadas en la actualidad, para poner fin a la concentración en el mercado audiovisual.
INSEGURIDAD
El debate por la inseguridad encontró ayer tres nuevas expresiones desde lo más alto del poder político y judicial. Mientras el jefe de Gabinete, Sergio Massa, cuestionó "el criterio de la Justicia de liberar, de no condenar" a los delincuentes, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, afirmó: "Nuestra legislación penal nunca pasó un momento tan catastrófico como éste" y advirtió que, en ese marco "hoy no hay Código Penal". Más tarde se sumó la también jueza de la Corte, Carmen Argibay: "Con inclusión social y educación habría la mitad de delitos", dijo.
Massa sostuvo que "no hay Policía que alcance si cuando el tipo entra a la comisaría siente la tranquilidad de que el fiscal no va a actuar como corresponde o el juez lo va a liberar automáticamente". Y advirtió que "en la sociedad hay una sensación de injusticia, de frustración, en términos de condena" a los delincuentes.
También agregó: "Se puede realizar una enorme tarea preventiva, pero si a la hora de la condena se usa un criterio de liberar, de no condenar, lo que queda es una sensación de impunidad". Massa se pronunció en contra de la pena de muerte: "La lógica de que se pague con la misma moneda no ha traído resultados en términos sociales", aseguró.
El juez Zaffaroni, por su parte, habló al cerrar el seminario "Derechos humanos y justicia penal en América Latina", del que participaron el también juez del máximo tribunal Juan Carlos Maqueda.
Allí, Zaffaroni señaló que el Código Penal es "una colección de mensajes que los políticos envían a través de los medios y que después se transforman en leyes, por lo que hoy no se sabe cuál es la pena máxima" que establece.
El magistrado también cuestionó a los medios al sostener que la construcción de la realidad es violencia y delito. "A través de los medios se muestra al crimen común como el único riesgo de la sociedad", sostuvo.
Su colega Argibay, desde Mendoza, afirmó tajante: "Ninguno de los miembros de la Corte puede apoyar la pena de muerte, porque si alguien pide eso está violando la Constitución".
