El radicalismo y la Coalición Cívica confirmaron ayer que hoy realizarán, junto a la dirigencia del campo, una audiencia pública para discutir la crisis del sector agropecuario. Ese encuentro había sido agendado antes que se acordara el de ayer de la Mesa de Enlace con la ministra de Producción, Débora Giorgi, y el de Interior, Florencio Randazzo.
Pero es obvio que la situación del agro no es la misma que hace 48 horas y de allí que los opositores comenzarán a abrirse a otros temas de confrontación con el Gobierno. La agenda siguió entonces con la situación de los jubilados, tema que ya había levantado debate desde que Amado Boudou y Carlos Tomada anunciaron el aumento.
Así, los radicales acusaron al gobierno de “dibujar” el índice de reajuste de los haberes de los jubilados, para que no diera un valor más bajo que el 11,69% anunciado: “Como lo denunciamos incansablemente en el tratamiento legislativo de setiembre pasado, la fórmula esotérica de movilidad ha subestimado fuertemente los aumentos jubilatorios”, dijeron ayer los senadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales.
PELEA POR EL CONTROL DE LA AUDITORÍA GENERAL
Hoy se definirá el nivel de independencia de la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano de control de las cuentas del Gobierno que depende del Congreso. En una sesión extraordinaria abierta al público, se votarán proyectos del kirchnerismo para controlar qué temas se pueden investigar y la difusión de los mismos, entre otros puntos clave.
Hasta ahora el reglamento de la AGN establece que esas palancas son controladas por el presidente, el radical Leandro Despouy, pero los auditores oficialistas quieren pasar a manejarlas. Despouy, un jurista radical de prestigio internacional, es junto al fiscal nacional de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, los investigadores más activos del Gobierno.
Para manifestar su rechazo a los cambios, presenciarán la sesión el presidente del bloque de diputados de la UCR Oscar Aguad, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez y otra docena de legisladores de la oposición, más representantes de las fundaciones Poder Ciudadano, CIPPEC y ACIJ, entre otros.
Despouy sostuvo que la reforma que el oficialismo impulsa significa "una especie de travestización del control externo, una especie de autocontrol del oficialismo". Para Despouy y los representantes de la oposición y la sociedad civil señalados los cambios "van contra el espíritu" de la reforma de la Constitución que dejó el control de la AGN en manos de un opositor.
En cambio, el miembro de la AGN y ex diputado peronista Oscar Lamberto sostuvo que es "falso" que se pretenda avanzar sobre la independencia del organismo.
Lamberto cuestionó a Despouy por la difusión de una auditoría referida a supuestos sobreprecios en una obra de tendido eléctrico en Santa Cruz y dijo que "la Constitución dice con toda claridad que el control es una facultad del Congreso de la Nación". "Esta pertenencia al Congreso tiene que ver con la construcción de las mayorías en el Congreso y la construcción de las mayorías en la Auditoría", agregó Lamberto.
Como no había acuerdo para una reforma consensuada, la propuesta de Lambero contaría con el voto de los auditores Francisco Fernández (PJ), Vicente Brusca (PJ) y Vilma Castillo (ex asesora de Cristina Kirchner). En contra votarán Despouy, Alfredo Fólica (UCR) y Horacio Pernasetti (UCR).
EL CAMPO CONSIDERÓ "POBRES" LOS ANUNCIOS, PERO HAY TREGUA
Siete meses después de aquella larga madrugada en el Senado, el Gobierno y el campo volvieron a hablar, aunque siguen haciéndolo en idiomas diferentes. Algunos anuncios oficiales, considerados "pobres" por la Mesa de Enlace, sirvieron como oxigenador de esta posibilidad de retomar una negociación reclamada por el resto de la sociedad, y se aleja al menos por unos días el riesgo de un nuevo conflicto.
Las partes convinieron volver a verse las caras, pero ya se ponen condiciones. El Ejecutivo ratificó que no piensa bajar las retenciones agrícolas. Los ruralistas avisaron que insistirán.
Al despacho de la ministra de la Producción, Débora Giorgi, y a dos horas de haber concluido un nuevo paro agropecuario de alto acatamiento, llegaron puntuales Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Hugo Luis Biolcati (Sociedad Rural), Carlos Garetto (Coninagro) y Mario Llambías (CRA).
Los esperaban Giorgi y el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi. Para su sorpresa, se sumó al cónclave el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Los vices de las entidades rurales quedaron afuera, tomando mate en un pasillo. Todos, hasta ahí, especularon con un diálogo de elevado voltaje político.
Pero eso no pasó, ya que Randazzo --según el relato ruralista-- se mostró en todo momento como un gran conciliador. Luego de compartir un breve diálogo sobre la sequía y las aliviadoras lluvias, los funcionarios primerearon con una lista de anuncios que llevaron con moño a la reunión (una rebaja de retenciones a los lácteos y productos regionales, más algunos subsidios a ganaderos y tamberos). En la discusión de esas medidas se consumieron tres horas.
Los agropecuarios ni siquiera habían podido exponer su nutrido petitorio de demandas cuando sonó el gong: los ministros propusieron cuarto intermedio y prometieron volver a reunirse, aunque sin fecha. Frente a las cámaras de TV que los esperaban fuera del edificio, los dirigentes del campo pusieron plazos a la convocatoria: esperan que sea el martes próximo. Giorgi dijo después que el encuentro será la semana próxima.
"La reunión fue muy cordial y las medidas que nos anunciaron van en sentido correcto, aunque son incompletas y no hemos recorrido ni una décima parte de los temas", resumió Biolcati. Hubo, sin embargo, un breve momento de tensión, cuando Llambías se quejó porque se eludía discutir sobre las intervenciones en los mercados agropecuarios de la ONCCA y la Secretaría de Comercio. "¿No tienen permiso de Guillermo Moreno?", azuzó el titular de CRA a los ministros. Giorgi se incomodó, pero un rápido Randazzo volvió a recomponer el diálogo.
En ese clima medido, los argumentos políticos se lanzaron recién ante los medios. Tanto Cristina y Néstor Kirchner como Randazzo pusieron límites a los reclamos sobre la rebaja de las retenciones a la soja. "No es un problema de caprichos ni un tema tabú", explicó el ministro del Interior, que volvió a pedir la "solidaridad" de quienes más han ganado.
Pero fue Giorgi quien dijo lo que los productores no querían escuchar. Ratificó que "se mantiene la decisión de no mover el nivel de retenciones " y explicó que de hacerlo dejarían de recaudar una cifra como la que demandará subir las jubilaciones, unos 13.000 millones. De todos modos, señaló que las medidas para el agro tendrán un costo de 1.300 millones.
"Es la esencia de este modelo: se llevan 30 del campo y sólo ponen 1", replicó Buzzi. Llambías, por su lado, opinó que los anuncios "son exiguos y de compleja instrumentación". Mayor decepción mostraban los productores que hacían guardia en el interior, y que bombardearon con mensajes de texto a sus dirigentes. "¿Qué hacemos?", preguntaba uno de ellos. Resultó difícil convencerlo de que había que esperar otra semana.
PARA RURALISTAS Y OPOSITORES, FALTAN SOLUCIONES CONCRETAS
El diálogo que se abrió ayer entre el Gobierno y el campo trajo más escepticismo que expectativas tanto entre los líderes de la oposición como en los cuadros intermedios de la dirigencia rural.
Del lado de los más duros se ubicó la jefa de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió. "No creo que paliativos parciales puedan resolver el tema", afirmó. "De la Mesa de Enlace prefiero no opinar", sorprendió la jefa de la CC, muy crítica de las reuniones reservadas que el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, mantuvo días atrás con el ministro Julio De Vido. "Nunca tuve reuniones a espaldas de la gente. Nunca me sentaría con el ministro más corrupto de este gobierno", fustigó.
En la misma línea se plantó su socio político y presidente de la UCR, Gerardo Morales. "Es saludable que el Gobierno inicie por fin un diálogo con el campo. El problema es que no le creemos", dijo, escéptico.
Igual, Morales aclaró que éste le parecía "un primer paso en un camino que no puede ni debe abandonar el Gobierno", porque "no hay más oportunidades que perder".
Los dirigentes rurales tampoco quedaron conformes, aunque destacaron el hecho del encuentro entre el Gobierno y la Comisión de Enlace.
"Lo único positivo fue que nos convocaron, que hubo una reunión. Pero hasta ahora no hay avances de fondo", sostuvo Alfredo De Angeli, presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos.
Para el dirigente, uno de los líderes de la protesta agraria durante 2008, la expectativa real está en el encuentro de la semana que viene, en el que el oficialismo deberá demostrar "si lo que dijeron se empieza a cumplir".
Pedro Apaolaza, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), tampoco quedó conforme. "Para nosotros no fue un avance de nada. No se pudo hablar de la Oncca, de la intervención de la Secretaría de Comercio Interior; Tiene que haber una agenda libre para discutir todos los temas", opinó.
Productores y dirigentes rurales tuvieron la misma interpretación: retomar el diálogo fue positivo, pero la reunión no aportó soluciones. "Fue un principio de un diálogo que debe profundizarse, pero que por ahora no satisface", coincidió Delfor Maldonado, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).
Para José Bustingorri, productor autoconvocado, "el Gobierno cede muy poco; no soluciona nada". Y agregó: "Nosotros no queremos subsidios; queremos trabajar".
Claudio Ersinger, coordinador de la Mesa Nacional de Productores de Leche, también puso reparos. Consultado sobre la eliminación de las retenciones lácteas, una de las medidas acordadas con el Gobierno, Ersinger consideró que la iniciativa sólo "va a tener impacto si cuando se recupera el precio no cierran las exportaciones, como ya hicieron", porque hoy se exporta poco y el precio internacional es bajo.
Las críticas siguieron entre la oposición, que tampoco quedó conforme con el ofrecimiento de la Casa Rosada al campo en el encuentro de ayer.
"Parece que la crispación y la ceguera siguen impidiendo avances realmente concretos", opinó Ricardo López Murphy, líder de la Corriente Convergencia Federal.
"Es fácil montar al potro cuando ya está manso", se sumaron los diputados radicales Pedro Morini y Pedro Azcoiti, miembros informantes de su bloque en el rechazo de las retenciones móviles.
Sin embargo, en otros sectores opositores hubo expresiones de apoyo. "Este es el camino, el del diálogo genuino. Nadie debe sentirse ganador o perdedor, todos debemos mirar hacia adelante", sostuvo el diputado Francisco de Narváez, del peronismo disidente.
Para el flamante socio de Mauricio Macri y Felipe Solá, "llegó la hora de sumar y terminar con los conflictos innecesarios". El presidente del socialismo, Rubén Giustiniani, coincidió con él. "El camino del diálogo es el mejor inicio para encontrar una solución", señaló en un comunicado.
Ruralistas y opositores seguirán analizando el tema esta tarde, a las 15, cuando se reúnan en el Senado para una audiencia pública que buscará instalar en el Congreso propuestas para el campo.
CRISTINA CARGÓ FUERTE CONTRA LOS PRODUCTORES
Cristina Kirchner criticó ayer al campo por cuarta vez en la última semana, a una hora y media de la reunión entre Comisión de Enlace y el Gobierno. La novedad esta vez fueron los motivos del reproche, que antes eran para las retenciones a la soja: el paro y la toma del banco liderada por Alfredo De Angelis el lunes.
Antes de montarse en una bicicleta en un acto en Olivos, la Presidenta le dedicó unos párrafos de su discurso al agro, aunque nunca lo nombró. "Si hay sectores que se pueden dar el lujo de no comercializar sus productos es porque han logrado una gran rentabilidad", disparó. A ellos, a "ese sector" que no precisó, le pidió que "piense en los que menos tienen". También De Angeli fue blanco de los dardos: "No es tomando bancos, ni cortado rutas como se van a encontrar las soluciones".
Si bien aclaró que su intención no era "pelear", sí confrontó y pidió "abandonar ese tironeo que finalmente es estéril y que termina perjudicando a toda la economía". A tal punto consideró que el agro le hace daño al país, que puso las consecuencias de sus medidas por encima de la crisis mundial.
Y, recobrando la actitud que asumió hace 11 meses cuando pidió "humildemente" que levanten un paro, ayer recurrió al adverbio para otra cosa. Pidió al campo que se olvide del paro. "Con mucha humildad", solicitó que se piense en todos los que tienen el desafío se "seguir vendiendo".
DE ANGELI LEVANTÓ LA TOMA DEL BANCO, "DISPUESTO A ESCUCHAR"
“No queremos volver a las rutas", fue la primera definición que dio ayer Alfredo De Angeli en Gualeguaychú cuando encabezó un tractorazo por las calles de la ciudad. El ruralista junto a unos 300 productores circularon con bocinas al tope, camionetas y tractores viejos y descascarados por el centro de Gualeguaychú, "en apoyo a la Mesa de Enlace mientras dialoga con la ministra" Débora Giorgi, explicó Javier Melchiori (SRA).
Mientras esto sucedía, los 200 productores concentrados desde el día anterior levantaban la toma del banco Bersa en el poblado de Hasenkamp, a 90 kilómetros de Paraná. Lo hicieron como gesto para no entorpecer el diálogo de la Mesa en Buenos Aires, informaron los productores.
KIRCHNER CRITICÓ POR PRIMERA VEZ A LOS QUE SE FUERON DEL OFICIALISMO
Con el traje de campaña, aunque sin haber confirmado su candidatura a diputado nacional, el ex presidente Néstor Kirchner disparó ayer contra los ex aliados, que empezaron a buscar un lugar en la oposición: "Cristina pone la cara todos los días mientras otros que fueron colgados de su boleta se esconden tras un sillón o se sientan en la mesa del enemigo", acusó.
Apuntó así, sin nombrarlos, a los que dejaron los bloques del kirchnerismo: entre otros, Carlos Reutemann, Felipe Solá, Juan Carlos Romero, tres diputados nacionales santafesinos y una decena de diputados provinciales que dejará el oficialismo.
El presidente del justicialismo habló por cuatro martes consecutivo en actos en el conurbano bonaerense. El de ayer fue en San Fernando, donde el antifrión, el intendente Osvaldo Amieiro, le pidió que se encabezara la lista diputados del Partido Justicialista (PJ), tal como se lo habían pedido los intendentes anteriores que había visitado. "Néstor, volvé como candidato", le dijo.
El volvió a negar su postulación, aunque actuó como en plena campaña. Dijo que "algunos dirigentes piensan sólo en cómo armar una lista para las próximas elecciones". También volvió a pegarle a la que llama "alianza residual". Los acusó de ser los mismos que destruyeron el país en 2001 y que "huyeron en helicóptero".
SE PASAN AL BANDO DE SOLÁ UNA DECENA DE DIPUTADOS PROVINCIALES
La pérdida de bancas propias en el kircherismo del Congreso Nacional tiene su secuencia política en la Legislatura bonaerense, donde una docena de diputados del FPV -PJ abandonarán el bloque oficialista para alinearse con el ex gobernador Felipe Solá. Esta variante de PJ disidente, conformada por felipistas y algunas antiguas espadas de Eduardo Duhalde, anunciarán la conformación de la bancada Unión Popular, que reconoce el acuerdo electoral entre Solá, De Narváez y Macri, esta tarde o el jueves, con la sesión de la Cámara de Diputados.
Aunque la decisión no resulta de una oposición drástica al gobierno de Daniel Scioli, la gestión provincial quedaría condicionada porque el Ejecutivo tiene en serio riesgo el quórum legislativo: tiene 58 diputados y para el quórum necesita 47. Una merma de más de diez escaños lo dejaría en el límite de liderar las iniciativas.
De esta manera, Unión Popular funcionaría como una instancia de negociación necesaria, o de confrontación relevante, según la marcha del proceso electoral. El adelantamiento de la ruptura (previsto para marzo) es una derivación directa de la diáspora en el Congreso Nacional.
En la nómina de pases al felipismo provincial están los diputados Marcelo Di Pascuale, Osvaldo Mércuri, Ismael Passaglia, Ricardo Giacobbe, Mario Cura, Nilda Burstein, Adalberto Simón, Marcelina Pérez de Ibarra y Patricia Rocca. No están confirmados Hugo Bilbao, Eduardo Fox y María Elena González, quienes sí figuran en un paper que circuló anoche.
LA CORTE ANULÓ LA LEY QUE PERMITÍA EL ESPIONAJE TELEFÓNICO Y DE INTERNET
En un importante fallo que abre el año de las sentencias de la Corte, el Tribunal declaró inconstitucional la ley 25.873, conocida como "Ley Espía", y el decreto que la reglamentó en 2004. Esa ley autorizaba la intervención de las comunicaciones telefónicas, las habituales "pinchaduras", y las comunicaciones por Internet, que debían ser resguardadas por diez años por los prestadores de esos servicios.
El Tribunal que preside Ricardo Lorenzetti juzgó que la vigencia de esa ley violaba el derecho a la privacidad. En realidad la ley estaba suspendida por un decreto del Ejecutivo y la Corte evitó que otro decreto la pusiera nuevamente en vigencia.
El respeto a la privacidad es el argumento que presentó el abogado Ernesto Halabi cuando llegó a la Corte con su pedido de inconstitucionalidad. Halabi argumentó que la ley violaba su privacidad como consumidor y, además, su derecho a la confidencialidad como abogado. Un juez de primera instancia y la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo dieron la razón a Halabi. Pero el Estado interpuso un recurso extraordinario ante la Corte, que ayer falló también en favor del abogado.
En realidad, la sentencia de la Corte tiene dos partes. Por un lado, declara la inconstitucionalidad de la ley, en un fallo unánime de sus siete miembros. Por otro lado crea la figura de "acción colectiva", o "amparo colectivo" que extiende los alcances de la sentencia a todos los ciudadanos que tengan un conflicto similar, sin necesidad de que celebren un juicio cada uno y por la misma causa.
Esta parte de la sentencia (ver: "Un juicio...") fue aceptada por una ajustada mayoría de cuatro votos (Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda) contra tres (Carmen Argibay, Carlos Fayt y Enrique Petracchi).
La Corte juzgó fuera de la Constitución el que una ley autorice las "pinchaduras" telefónicas y las comunicaciones y contenidos de Internet sin que una ley determine en cuáles casos y con cuáles justificativos pueden llevarse a cabo esas intervenciones.
La ley ponía en manos de la SIDE y del Estado una herramienta de alcances insospechados porque determinaba que la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE estaría encargada de las intercepciones telefónicas y los prestadores de Internet de realizarlas y conservarlas. La Corte advirtió que la información recogida por esos métodos quedaba en manos "de la más libre discrecionalidad" de parte de los agentes del Estado, todos bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
El fallo mantiene la obligación de la SIDE de realizar la intercepción de comunicaciones que formule el Poder Judicial. Por cierto, no garantiza que las "pinchaduras" arbitrarias e ilegales desaparezcan de la vida social argentina, pero pone un límite al espionaje y rescata el derecho a la privacidad.
La ley desechada ayer imponía a los prestadores de Internet correr con los gastos del equipamiento necesario para obtener y preservar la información de sus usuarios
SATISFACCIÓN EN ABOGADOS Y LEGISLADORES
La decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la inaplicabilidad de la denominada "Ley Espía" fue celebrada ayer por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).
"Quedó claro que esta Corte está empeñada en respetar el derecho a la privacidad hasta las últimas consecuencias", expresó el presidente del CPACF, Jorge Rizzo, quien calificó a la ley espía de "una locura".
La demanda había sido promovida justamente por un abogado, Ernesto Halabi, quien había dicho sentirse afectado como profesional y como ciudadano. El CPACF se presentó en esta causa como "amigo del tribunal" ante la Corte y participó de la audiencia pública del año pasado.
Pero para Rizzo lo más importante fue la instauración por parte de la Corte de la denominada "acción de clase" o acción colectiva. "Esto es vital porque el resultado de un solo juicio se aplica para todo el mundo", explicó.
Por su parte, la diputada nacional Silvana Giudici (UCR), autora de un proyecto para derogar la ley, sostuvo que "por suerte la Corte puso este importante límite" al espionaje.
PIDEN INVESTIGAR SI SE PAGARON COIMAS A TRAVÉS DE EMPRESAS FANTASMA
El fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, pidió a la Justicia que investigue a los contratistas del Estado que hayan operado con "usinas" de facturas truchas para determinar si así se ocultaron pagos de sobornos a funcionarios públicos como habría ocurrido en el caso Skanska.
El pedido fue formulado en una denuncia presentada tras la feria judicial veraniega en los tribunales federales de la avenida Comodoro Py. Se trata, en rigor, de una suerte de desprendimiento de las investigaciones por el caso de la constructora sueca Skanska.
Allí se llegó determinar con firme grado de sospecha que se utilizaron empresas fantasma para canalizar con facturas truchas el pago de sobornos para la construcción del gasoducto del norte. Las causas vinculadas a Skanska perrmanecen abiertas y aún no se ha registrado condena alguna.
Por ese caso, uno de los escándalos más sonados del kirchnerismo, perdieron sus cargos en el Gobierno el ex titular del Ente Nacional Regulador del Gas (ENaRGas) Fulvio Madaro y el ex titular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa.
DUHALDE ACONSEJA NO PAGAR LA DEUDA
El ex presidente le dio ayer al gobierno de Cristina Kirchner un audaz consejo: recomendó "cuidar las reservas" y no pagar ahora las deudas del Estado para preservar los recursos en el marco de la crisis económica internacional.
"Si el mundo se está quebrando, pongamos nuestra deuda en la masa de la quiebra y se verá después qué pasa; lo que tenemos, tenemos que cuidarlo, cuidar lo que nos queda de nuestras reservas", aseguró el dirigente peronista en declaraciones periodísticas desde Italia, donde se encuentra de viaje.
"Esto no es tan sencillo, esta cuenta no es nuestra, tiene que rebelarse América Latina, no tenemos nada que ver en esto, no tenemos por qué ser perjudicados en esto", agregó. Duhalde consideró que "lamentablemente" el gobierno de Néstor Kirchner pagó la deuda pendiente con el FMI "entre vítores que parecía Fidel Castro, cuando fue una estupidez".
COBOS COMPLICA AL RADICALISMO AHORA TAMBIÉN EN CÓRDOBA
Julio Cobos estuvo activo ayer en el Senado. Recibió a los radicales Rubén Martí y Ramón Mestre, que se oponen al acuerdo en Córdoba con Luis Juez. Más temprano, el salteño Juan Carlos Romero le llevó su renuncia como vicepresidente del cuerpo.
Julio Cobos demostró en las últimas 24 horas que tiene influencia suficiente dentro de los rebeldes del radicalismo como para complicar no sólo el acuerdo entre el Comité Nacional partidario y Elisa Carrió, sino también el cierre de listas de la UCR en varias provincias.
Ayer el vicepresidente se reunió en el Senado con el ex intendente de Córdoba Rubén Martí y con Ramón Mestre (hijo) en su despacho del Senado. Ambos militan en contra del acuerdo entre la UCR que dirige Mario Negri y Luis Juez, al punto que ayer hubo en la provincia una guerra entre los dos grupos.
Desde el radicalismo acusan a Martí -que pretende ir junto a la UCR en listas unificadas, pero bombardea el acuerdo con Juez- de trabajar a favor de Néstor Kirchner.
Lo cierto es que, curiosamente, Cobos, que mantiene un diálogo fluido con Martí casi como su fuera su representante en el radicalismo no oficial cordobés, termina dando aire a una operación en la que el radicalismo termina golpeado y, con ello, sus chances de unificar un frente con el PJ en la provincia. Así, en Córdoba la posibilidad de un acuerdo entre la UCR, la Coalición Cívica y Juez se vuelve cada día más confusa.
“A Cobos lo confunden. Viene a verlo Martí y le dice que quiere ser candidato a senador por Córdoba por un radicalismo unificado. Pero después Martí sale a decir que no va a estar en la lista de senadores. Lo curioso es que cuando viene a ver a Cobos, también lo ve a Parrilli”, confesaba anoche un dirigente del radicalismo cordobés.
Ayer los cruces entre Negri y Martí llenaron la tarde cordobesa, después de que atacó directamente el acuerdo entre la UCR y Juez. Es posible que el largo brazo de Néstor Kirchner esté detrás del ataque de ayer de Martí a ese acuerdo, pero el problema es que al ex intendente de Córdoba Capital la historia lo condena:
“Él apoyó la Concertación Plural. El 30 de marzo de 2007 lo llevaron en avión y le dio el apoyo a Kirchner. Hace nueve años, cuando dejó la intendencia, dijo que Germán Kammerath podía ser un buen administrador. Me alegra que ahora Martí esté trabajando por la unidad del radicalismo, como dice, pero ya tuvo oportunidad de votar candidatos propios del partido y le dio el apoyo a Kirchner y a Schiaretti”, bramaba ayer Negri.
El presidente de la UCR cordobesa sabe bien de qué habla: mientras Martí circulaba por esos sinuosos caminos de la Concertación Plural, él peleó como candidato a gobernador de la provincia (sin pronóstico de éxito), lo que abrió un abismo entre ambos.
Para Negri, no hay dudas de las intenciones de Martí: «Lo interesante de esto es la forma brutal en que el Gobierno quiere jugar en Córdoba, porque sabe que pierde la provincia. A Kirchner, que destruyó la UCR, ahora le dio un ataque de identidad partidaria: hay que preservar el radicalismo, parece decir».
El armado de la lista de la alianza opositora en Córdoba tiene sus complejidades. Juez necesita apoyarse en la estructura de la UCR para ser senador, pero ningún radical quiere ser su segundo, porque si pierde frente al peronismo, la oposición sólo meterá un senador.
En la lista de diputados, el primer lugar está reservado para el radicalismo, el segundo para Juez y el tercero de nuevo a la UCR. En ese acuerdo ya entraban con fórceps Negri, Oscar Aguad (que hoy preside el bloque radical de Diputados) y el propio Juez. Pero si Martí intenta ingresar, el acuerdo estallará.
De ahí que le sea tan fácil a Martí desarmar desde afuera ese equilibrio. “El acuerdo con Luis Juez lo tiene que resolver el Congreso partidario”, dijo ayer el ex intendente de la capital cordobesa. “Lo que no se ha hecho bien por la dirigencia de nuestro partido es llevarlo un poco por la ventana a Juez a la Casa Radical”.
Martí, que no descartó una alianza con el radicalismo en la provincia, pero para las elecciones de 2011, subió ayer a Mestre por encima de la figura de Negri, en otro gesto contra la estructura oficial de la UCR local, dijo: “Mestre va tratando de ir para adelante y crecer; Negri, por la edad que tiene, ya no puede crecer más, va a quedar con la misma altura que tenía”, dijo con ironía sobre el presidente de la UCR provincial y máximo impulsor del acuerdo con Juez que tanto preocupa al Gobierno.
COBISMO ELUDE INTERNA QUE RECLAMA CARRIÓ
Julio Cobos y la UCR bonaerense ya descartaron definir en elecciones internas el nombre de los candidatos panradicales que acompañarán a Margarita Stolbizer en la boleta para las elecciones legislativas de octubre. Durante una cumbre celebrada en la sede del comité radical de la provincia de Buenos Aires, el cobismo y la cúpula del radicalismo resolvieron conformar una mesa de campaña coordinada por el intendente de Junín, Mario Meoni.
Desde la Coalición Cívica, Elisa Carrió, vía Margarita Stolbizer, le reclama a Cobos que arregle sus diferencias con la UCR de Gerardo Morales en una elección interna para definir quiénes serán los candidatos de la UCR en provincia de Buenos Aires. Pero al igual que en Mendoza, el vicepresidente no quiere moverse del esquema partido-partido. Esto significa que su propia fuerza, Consenso Federal, definirá a sus postulantes de manera independiente de los del radicalismo.
“Que se olvide Carrió, de ninguna manera vamos a ir a internas con la UCR. El ConFe tendrá sus propios candidatos”, advirtió Meoni, principal operador bonaerense del vicepresidente. El jefe comunal encabezó junto con caciques radicales de la provincia de Buenos Aires, como el titular de la Convención, Diego Martínez, y el ex viceministro del Interior César Martucci, el encuentro de radicales y panradicales en el comité de la provincia.
Adalberto Penzo (secretario de la Junta Electoral) y un grupo de convencionales nacionales encabezado por los ex legisladores Alberto Giordanelli y Juan Carlos Zambarbieri completaron el elenco del que, por decisión propia, no formó parte Daniel Salvador, jefe de la UCR bonaerense.
“Se trazó una línea de acción en conjunto frente a las nuevas demandas de la sociedad, y se manifestó la necesidad de generar un espacio que bregue por aglutinar la totalidad de las expresiones políticas que tienen su origen en el radicalismo. Para darle forma definitiva a este armado, se resolvió conformar una mesa de trabajo que comenzara de inmediato las conversaciones con la totalidad de los sectores involucrados”, explicó Martucci.
Tanto la UCR como el cobista ConFe aspiran a que en la lista de la provincia de Buenos Aires, Carrió acceda a intercalar un candidato de cara partido en la boleta. Pero para que su Coalición Cívica tenga más candidatos en las listas, la fundadora del ARI insiste con una interna UCR-Cobos para definir a los postulantes. El vicepresidente impulsa al intendente de Pergamino, Héctor “Cachi” Gutiérrez como cabeza de lista por su fuerte identificación con el sector rural. Y desde el radicalismo bonaerense suenan Ricardo Alfonsín y Pedro Azcoitti, de la línea Leopoldo Moreau-Federico Storani.
“«Lo urgente es ponerle freno a la devastación general ocasionada por el actual Gobierno, y las elecciones legislativas del próximo turno electoral serán una buena ocasión; después discutiremos 2011”, bramó Meoni en el Comité UCR. Lo cierto es que desde la cúpula del radicalismo bonaerense ya postulan a Cobos como el candidato presidencial del partido del que fue expulsado.
DEFIENDEN EL BLANQUEO
Optimista con el resultado de su exposición sobre la ley de blanqueo de capitales frente al GAFI (organismo internacional de lucha contra el lavado de dinero), el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, regresó ayer de París.
Finalmente decidió no quedarse en la capital francesa, como estaba previsto, para participar hoy y mañana del plenario de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). En cambio, lo representarán allí Rosa Falduto (de la Unidad de Investigación Financiera), Alejandro Strega (delegado argentino ante el GAFI) y eventualmente Luis Ureta Sáenz Peña, el embajador en Francia.
Aníbal Fernández explicó, frente a los delegados de 33 países reunidos en el GAFI el lunes, los alcances de la ley de blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno y que comenzará a regir en marzo. Habló durante 17 minutos solamente y luego se le formularon cuatro preguntas. Además de consultar sobre detalles técnicos de que la ley cumpla con las normas de Basilea (ya que los bancos serán los encargados de confirmar que los fondos blanqueados no provengan del narcotráfico), se preguntó si el Banco Nación participará del régimen y cuánto tiempo durará.
Esta última pregunta fue la que tranquilizó al ministro ya que los comentarios en el auditorio señalaron que por tratarse de un período breve y no permanente de duración del programa, no debería presentarse un riesgo alto de que lleguen al país fondos derivados de actividades delictivas.
“El organismo evaluó correctamente los elementos de seguridad que ofrece la ley. Cuando uno llega a estos ámbitos, no viene a contar una ley que ya la conocen todos. Cuando terminé de explicar, las preguntas fueron simples, más bien fueron afirmaciones. Todo el mundo tenía en claro lo que Argentina estaba planteando”, dijo el ministro.
El Gobierno temía que el entorno fuera más hostil que lo que finalmente fue. Sucede que el organismo había enviado una carta firmada por su presidente, Antonio Rodrigues, dirigida al ministro de Economía, Carlos Fernández, en la que indicaban algunos problemas técnicos que podría presentar la ley.
AUMENTOS: TOMADA QUIERE QUE SE NEGOCIE
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se refirió ayer a la importancia de las paritarias y negociaciones colectivas que llevará adelante el Gobierno este año junto a lo sindicatos y las empresas. "Para eso están las negociaciones colectivas, sino, volveríamos a los aumentos por decreto", afirmó el ministro.
También, reiteró el "gran esfuerzo que el sector empresario y los sindicatos están haciendo para que salgamos adelante tanto en empleos como en salarios", según dijo. Fue luego de reconocerse, por primera vez de manera oficial, la caída en la industria, que según el INDEC cayó un 4,6% en enero comparado con el mismo periodo de 2008.
Con respecto al peligro del crecimiento del desempleo por los coletazos de las crisis económica internacional en el país, Tomada advirtió que "no se van a crear empleos como se creaban el año pasado o antes". Y agregó: "Yo recibo varias comunicaciones por día para firmar acuerdos de estabilidad en el empleo por parte de sectores empresarios que están creando nuevos puestos de trabajo", sostuvo.
Con todo, el ministro aclaró también que los despidos masivos no son aún parte de la realidad. "Hoy por hoy, concretamente, no hay ninguna actividad, ni industrial, ni comercial, que tenga una baja brutal en materia de despidos", sostuvo, aunque luego relativizó el tema: "no quiero decir que no haya despidos, pero sí que no hay despidos colectivos importantes en ninguna actividad".
Finalmente dijo que las negociaciones colectivas "dan la respuesta que cada actividad necesita."
SERÁ MAYOR EL DESCUENTO PARA SEGURIDAD SOCIAL EN SALARIOS ALTOS
La suba de los haberes jubilatorios anunciada anteayer por el Gobierno derivará en un aumento de los aportes con destino a la seguridad social que realizan los asalariados de altos ingresos y todos los autónomos.
El tope del salario bruto para calcular los descuentos subirá con los ingresos de marzo de los $ 7800 actuales a $ 8711,82, ya que las normas vigentes hacen que el valor se vaya ajustando en función del porcentaje de incremento que reciben las jubilaciones y pensiones. En este caso, el alza será del 11,69 por ciento.
El nuevo tope determina que quienes tengan una remuneración bruta superior a $ 8711,82 aportarán $ 958,30 (el 11% de ese valor) para la jubilación, en lugar de los $ 858 actuales. Para la obra social y el PAMI (el descuento es del 3% en cada caso) se pasará de una cifra de $ 468 a $ 522,70. El descuento total, por lo tanto, será de $ 1481, es decir, $ 155 más que ahora.
En las remuneraciones ubicadas entre el viejo y el nuevo tope se aplicarán los porcentajes mencionados sobre el ingreso bruto. Por ejemplo: un sueldo de $ 8000 aportará $ 880 a la jubilación y $ 480 a la salud. El impacto negativo en el bolsillo se verá aliviado por un menor pago de ganancias, ya que los descuentos a la seguridad social se deducen de los ingresos sujetos al impuesto.
En cuanto a los autónomos, la propia ley de movilidad -en función de la cual se otorga el aumento a los pasivos desde marzo- establece que se ajustarán en igual porcentaje que las jubilaciones. Sin embargo, no se especifica en qué mes será la suba. Fuentes del Gobierno consideraron que lo más probable es que el ajuste sea en marzo, pero aclararon que todavía no está aprobada la reglamentación que debe establecer ese aspecto.
Para la categoría más baja de la escala la suma se eleva de $ 128 a 142,96. Y en el segundo escalón el aporte pasa de $ 179,20 a $ 200,15. También está previsto que se incrementen los aportes de los directivos de sociedades. La adecuación de cifras implica que aumentan las rentas de referencias usadas para calcular los haberes jubilatorios.
PLAN DE 0 KM: AHORA SE PODRÁN COMPRAR AUTOS DE MAYOR VALOR
El Gobierno eliminó ayer todas las restricciones de gama y modelo para financiar desde la Anses autos, utilitarios, pick ups y camiones producidos dentro del Mercosur. La intención oficial es incrementar en no menos de 50.000 unidades el cupo original de 100.000 a financiar desde el organismo previsional.
El anuncio fue hecho por la presidenta Cristina Kirchner, en Olivos, junto a otra inciativa para otorgar créditos personales y otro plan para financiar el canje de unas 200.000 bicicletas.
Al cupo de 3.000 millones de pesos para financiar autos, ahora la Anses agrego otros $650 millones para otorgar créditos a la venta de pick ups, utilitarios y camiones.
El sistema de venta será similar al plan de ahorro previo conocido como "plan Moreno", sólo que los interesados deberán pagar un anticipo del 30% (para los autos es de 20%) y la Anses financiará hasta 70% del saldo.
La Ministra de la Producción, Débora Giorgi, lo presentó como el "Plan 30/70". El ajuste de estos préstamos será por el valor del vehículo, además del 8% anual que la Anses cobra de comisión.
En el caso de los autos, el Gobierno no sólo amplió la gama de vehículos a todos los modelos producidos dentro del Mercosur, lo cual implica triplicar la oferta actual de 18 modelos. Además, fue eliminada por completo la claúsula que restringía el acceso al crédito oficial para quienes ya habían adquirido previamente un 0km.
Quedaron fuera del plan los modelos de terminales que no están radicadas en el país. Anoche, tanto en Adefa (terminales) como en Acara (concesionarias) estimaban que eso afectará a marcas como Honda y Chery, por ejemplo, que tienen plantas en otros países del bloque comercial, pero no en el país. Las dos entidades respaldaron la decisión oficial. "Se ampliará el universo de interesados de manera considerable", dijo Acara. Cristiano Rattazzi (Fiat Auto) dijo el plan "va hacer repuntar la demanda".
SUELDOS DOCENTES: EN LA PROVINCIA AÚN NO FIJARON EL PISO SALARIAL DE LOS MAESTROS
La provincia de Buenos Aires inició la negociación paritaria con los sindicatos docentes, pero hasta anoche no había definiciones. Los maestros reclaman una mejora en el sueldo que, desde fines de 2008, tiene un mínimo de $1.450 para el maestro de grado de jornada simple y sin antigüedad. Por el momento, las autoridades no dieron a conocer detalles de su oferta.
Sí está garantizado que los educadores provinciales tendrán un incremento de $40: es que la Nación estableció un mínimo para todo el país de $1.490 a partir del domingo 1° de marzo. También percibirán el adicional del incentivo docente a partir de agosto. Son tres cuotas de $110 (es decir, $55 por mes hasta diciembre) financiadas con fondos del incentivo nacional docente.
Sin embargo, eso no conformaría a los bonaerenses. El Frente Gremial docente (integrado por FEB, Suteba, Amet y Sadop) pretende la incorporación de sumas fijas al básico y una inyección de fondos que represente una mejora sustancial en el sueldo de bolsillo. Ayer, los dirigentes gremiales y los funcionarios provinciales, junto con sus respectivos equipos técnicos, estuvieron reunidos durante distintos tramos de la jornada para acercar posiciones.
