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piden investigar a la empresa AYSA ante vuelco de "residuos peligrosos" en el riachuelo

El cuerpo colegiado que controla el plan de saneamiento para el río Matanza-Riachuelo pidió a la Justicia que investigue a la empresa AySA, tras haber detectado "residuos peligrosos" frente a una planta de la compañía ubicada en la Cuenca, informó hoy la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El organismo, que integra el cuerpo colegiado, resaltó en un comunicado que fueron hallados "metales pesados y bacterias fecales que contaminan el ambiente y podrían poner en peligro la salud de la población".

El cuerpo colegiado realizó el pedido de investigación por presunta comisión de "delitos penales ambientales" ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, designado por la Corte Suprema de Justicia para abocarse a todos los expedientes vinculados con la ejecución del plan de saneamiento del río Matanza-Riachuelo.

En el parte informativo, se remarcó que el cuerpo colegiado "pidió al juez federal de Quilmes, Luis Armella, que investigue si la empresa AySA comete delito de contaminación con residuos peligrosos por las descargas a la cuenca Matanza-Riachuelo desde la planta de tratamiento de efluentes cloacales sud-oeste, en la localidad de Aldo Bonzi, partido de La Matanza".

La Defensoría del Pueblo de la Nación aseguró que "la presencia de bacterias coliformes fecales y metales pesados en el agua supera ampliamente los niveles guía para la protección de la vida acuática que establece la ley de Residuos Peligrosos".

Especificó después que los resultados fueron obtenidos por el Centro de Tecnología del Uso del Agua (CTUA), perteneciente al Instituto Nacional del Agua (INA).

Puntualizó también que "la concentración de bacterias coliformes fecales es de 3.000.000 de unidades formadoras de colonias, mientras que sólo se permiten 126 unidades por resultar peligrosas para el contacto humano".

Señaló por último que la exposición a metales pesados "tiene efectos tóxicos sobre la vida acuática y en los humanos puede causar cáncer, enfermedades ulcerosas en la piel, alteraciones en los riñones y enfermedades neurológicas", entre otros trastornos. El comunicado fue difundido tras la primera reunión de este año del cuerpo colegiado, integrado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, la Asociación de Vecinos La Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y Greenpeace.

En 2004, un grupo de vecinos presentó una demanda en la Justicia contra 44 empresas y los Estados nacional, bonaerense y porteño, por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del río Matanza-Riachuelo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, dos años después, intimó a los demandados a que presentaran un plan de saneamiento de la Cuenca y exigió a las compañías un informe sobre los recaudos que tomaban para evitar la polución.

En septiembre de ese año, en medio de la primera audiencia pública por el caso ante el máximo tribunal, las administraciones nacional, bonaerense y porteña presentaron el programa exigido y acordaron integrar la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), creada por ley al mes siguiente.

En julio último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo mediante el que determinó que la prevención y recomposición del daño ambiental corresponde al ámbito estatal.

El máximo tribunal estableció además los plazos para aplicar el plan de saneamiento, un programa sanitario para habitantes de la Cuenca y la posibilidad de imponer multas para un eventual caso de incumplimiento sobre la persona encargada de ejercer la presidencia de la ACUMAR.

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