El paro de actividades, iniciado el domingo último, había derivado en la acumulación de desechos en algunos sectores de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, donde la CEAMSE administra rellenos sanitarios calificados como "colapsados" por agrupaciones ambientalistas.
El proyecto de ley que generó la reacción de la CEAMSE, empresa de los Estados porteño y bonaerense, fue presentado en la Legislatura provincial por el senador justicialista Federico Scarabino, quien fue ministro durante la administración de Felipe Solá.
La iniciativa promueve que el parlamento provincial autorice al Ejecutivo bonaerense a "liquidar" a la compañía, además de impulsar la prohibición del ingreso a la provincia de Buenos Aires de "residuos generados en jurisdicciones extrañas a la misma", a partir del 1º de enero de 2010.
Scarabino, en declaraciones a la prensa, había sostenido que "la idea es habilitar al gobierno de Scioli para poder cumplir con la ley y trasladar los rellenos sanitarios lejos de las ciudades, para salvaguardar la salud de los bonaerenses". La CEAMSE administra estaciones de transferencia de residuos y tres rellenos sanitarios que están ubicados en los partidos bonaerense de Ensenada, La Matanza y San Miguel. Agrupaciones ambientalistas denunciaron el colapso de los predios situados en Ensenada y La Matanza, y reclamaron el cumplimiento de la promesa del ex gobernador Felipe Solá de cerrarlos ante problemas de salud de personas que viven en inmediaciones de esos sitios. El 15 de agosto último, los gobiernos porteño y bonaerense firmaron un acuerdo por el que la Ciudad se comprometió a aumentar un 20 por ciento el canon que paga a la CEAMSE.
La administración de Mauricio Macri también aceptó financiar la construcción de dos rellenos sanitarios en lugares a definir por la Provincia, pero el gobierno de Daniel Scioli encontró el repudio ciudadano cada vez que adelantó los sitios en los que iba a impulsar una edificación para ese fin. Por su parte, Mancini manifestó hoy a esta agencia que los trabajadores de la CEAMSE, aunque aprobaron la suspensión del paro, "seguirán en estado de asamblea permanente hasta que el proyecto de ley de Scarabino sea retirado de la Legislatura".
El sindicalista defendió además la continuidad de la empresa al sostener que el funcionamiento de la compañía "es la única alternativa" que conoce para que la Provincia persista en el cierre de los basurales a cielo abierto.
Según una estadística de la CEAMSE, la cantidad de residuos que recibieron los predios de la empresa estatal creció un 7,4 por ciento en relación al 2007 y sólo la Capital envió un 14,5 por ciento más.
Por ley, todos los municipios bonaerenses deben bajar 20 por ciento sus residuos en los próximos cinco años, mientras que la ley de Basura Cero establece que la reducción en Capital tiene que ser de 30 por ciento para 2010, para iniciar luego una disminución progresiva hacia el reciclado total de los desechos.
