Los hechos ocurrieron a principios de 2007, cuando los ahora condenados "atraparon" a sus tres víctimas, a quienes acusaban de haberle robado unas máquinas de un local comercial del que eran propietarios. Dos de los jóvenes interceptados lograron escapar, pero el tercero fue retenido, introducido en un automóvil contra su voluntad y golpeado, además de amenazado, con un arma de fuego que, según se comprobó luego, era de utilería.
Los jueces Pedro Rodríguez, Carlos Roberto Torti y Rodolfo Castañares consideraron que el episodio había significado el secuestro de la víctima y la coacción para que dijera "dónde estaban las máquinas", cosa que aseguraba desconocer.
Para los camaristas, la gravedad de la conducta se incrementó por las amenazas con el arma porque, pese a que era de juguete, la víctima no podía saberlo al momento de los hechos, lo que "incrementó su sufrimiento".
