La iniciativa, que había sido elaborada por el Poder Ejecutivo y sancionada esta tarde en la Cámara de Diputados, establece que la alternativa a la prisión preventiva sólo se podrá establecer en tres casos que son de carácter humanitario.
Entre ellos, enumera específicamente a las mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años, a los mayores de 70 años o a los enfermos terminales, siempre y cuando en todos los casos, no haya peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa.
La norma prevé además que para el resto de los casos, la morigeración a la prisión preventiva sólo podrá ser concedida en forma excepcional y previa vista al fiscal de la causa para que emita un dictamen.
Con esta medida, el gobierno busca terminar con la polémica que surgió hace unos meses cuando se detectó que varios procesados cometían delitos al burlar el sistema de tobilleras electrónicas con el que habían sido beneficiados para gozar de la detención domiciliaria.
Además, establece criterios objetivos al que deberán ajustarse los jueces de Garantías al momento de otorgar las excarcelaciones, con lo cual limita la discrecionalidad que tenían esos magistrados para dar lugar a ese beneficio.
La norma, que modifica unos 50 artículos del Código de Procedimiento Penal (CPP) incluye además cambios en la estructura de los Tribunales Orales con el objetivo de agilizar las causas en trámite en el fuero penal y acortar los plazos de juicio.
Por ello, los Tribunales Orales en los Criminal, de tres miembros, se transformarán en juzgados unipersonales para intervenir en los delitos que contemplan menor a los 15 años y siempre y cuando el imputado preste su conformidad.
"Actualmente hay tres jueces que atienden una causa, lo que se propone es que sean tres jueces atendiendo tres causas", graficó el ministro de Justicia Ricardo Casal al fundamentar la medida.
También establece que si el imputado está privado de la libertad, la Investigación Penal Preparatoria (IPP) que llevan adelante los fiscales no podrá exceder los dos años, salvo casos excepcionales en los que se podrá prorrogar por otros dos.
Dispone también la creación en cada departamento judicial de una secretaría de Gestión Administrativa que tendrá, entre otras funciones, la de llevar un registro de los detenidos que cuentan con más de dos años con prisión preventiva y aún no tienen sentencia de primera instancia.
El proyecto, que había sido aprobado días atrás en el Senado, fue enviado a la Legislatura tras casi 3.000 consultas que realizó el ministerio de Justicia provincial a todos los actores que conforman el sistema judicial bonaerense.
La norma modifica también las facultades que tienen los particulares damnificados en los procesos penales, al dotarlos de mayor autonomía si el fiscal decide no abrir acusación contra el imputado.
Ayer, durante un acto que encabezó en Ituzaingó, el gobernador Daniel Scioli advirtió que era necesario que se apruebe "sin demora" la reforma penal provincial para "terminar" con las arbitrariedades en materia de excarcelaciones.
"Los que tienen que estar temerosos detrás de las rejas son los delincuentes y no los vecinos", sostuvo el gobernador.
