A 17 años de su privatización, Aerolíneas Argentinas quedó ayer a un paso de volver a manos del Estado. Tras un debate de seis horas y media, la Cámara de Diputados aprobó la expropiación de las acciones de la compañía por 153 a 84 votos. Y el Senado le daría la categoría de ley en dos semanas, para permitir que la operación se concrete antes de fin de año.
En el proyecto se establece la continuidad de los servicios de la línea de bandera, que desde julio es sostenida por el Gobierno. Además, declara de "utilidad pública y sujetas a expropiación" a Aerolíneas, Austral, Optar, Jet Paq y Aerohandling, todas del grupo español Marsans, que ayer retrucó con dureza.
El oficialismo accedió a reformar el texto oficial para sumar a sectores opositores y garantizar una mayoría amplia. Los nueve ex aristas del SI y Claudio Lozano (CTA) viraron de la abstención al voto favorable al conseguir que se contemple la discriminación entre deuda legítima e ilegítima para el momento en el que el Estado asuma el pasivo de la compañía. También adhirieron radicales y socialistas K, el cobismo y fuerzas provinciales.
"Todos sabíamos que si fracasaba la compra se procedía con la expropiación", afirmó Agustín Rossi, titular del bloque K. El oficialismo celebró el resultado, pese a que obtuvo 14 votos menos que en la ley de rescate de Aerolíneas, aprobada en agosto. Unos fugaron a la oposición (peronistas que dejaron el kirchnerismo tras los pasos de Felipe Solá) que tuvo 5 votos más y el resto se explica por las ausencias.
El grueso de la oposición (UCR, Coalición Cívica, PRO y peronistas disidentes) propuso como alternativa la creación de otra línea de bandera a partir de la expropiación sólo de los bienes, para evitar el pago de la deuda que el Tribunal de Tasación calculó en 1.072 millones de dólares. El adolfismo se diferenció y promovió la quiebra con continuidad.
"Estamos garantizando la continuidad de un servicio público", fundamentó Mariano West en nombre del oficialismo. Y acusó al grupo Marsans de "hacer abandono" de la compañía.
Aunque el oficialismo sumó aliados a varias puntas, no pudo evitar que muchos se plegaran a los ataques contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, alegando falta de control sobre el funcionamiento de Aerolíneas. Fueron los casos de Lozano ("Jaime es a Aerolíneas lo que Moreno al INDEC", ironizó), Raimundi, Vilma Ibarra y Daniel Katz. Menos diplomáticos, los que votaron contra el proyecto oficial reclamaron la renuncia del funcionario.
La defensa más encendida de la expropiación corrió por cuenta del socialista K Ariel Basteiro, ex director de Aerolíneas por el kirchnerismo. Sostuvo que el Gobierno "tuvo la dignidad de avanzar sin temer a la amenaza de juicios internacionales de parte de Marsans".
Con más tecnicismos, el kirchnerista Alejandro Rossi -hermano del jefe de bancada- consideró que la modalidad de expropiación propuesta "es la vía menos costosa". Con todo, admitió que "la deuda con los proveedores se tendrá que pagar" y recordó que el Estado también es acreedor. Estimó que la propuesta opositora "significaría pagar al contado $ 750 millones por los bienes de la empresa" y afrontar juicios con Estados Unidos, Francia, México y Suecia por los aviones que les pertenecen.
Desde el macrismo, Esteban Bullrich le pidió "un numerito sobre lo que nos costará". No recibió respuesta, pero la aclaración -si hacía falta- la hizo la peronista disidente Marta Velarde: "Expropiar es pagar toda la deuda". El socialista Lisandro Viale echó más leña. "Van a pagar los que no tienen para volar", afirmó.
Las críticas del radical Rubén Lanceta se extendieron a toda la política pública. "El PJ gerencia un Estado bobo", indicó. En el cierre, Agustín Rossi defendió la preservación de las 9.000 fuentes de trabajo y alegó que "en este servicio los empleados son un engranaje esencial". Llegó la votación y los gremialistas aeronáuticos festejaron en los palcos.
MARSANS DICE QUE HAY "PERSECUCIÓN"
"Esto es una persecución", se enojó anoche Vicente Muñoz, el máximo negociador de Marsans en el país, luego de conocida la votación en Diputados.
"Agregan modificaciones que hablan de administración fraudulenta; si alguien ha robado, está bien que se lo persiga, pero no hay por qué incluir eso en la ley -agregó-. Hablan de mala gestión, cuando los pilotos nos han hecho 40 paros, y desde que está el Estado al frente no han hecho ninguno. Eso no es mala gestión, es persecución. Nos hemos mantenido calmos y con una actitud cordial, pero estamos cansados. Se meten con una expropiación para no cumplir con los acuerdos firmados".
NO CAMBIAN LAS AUTORIDADES EN DIPUTADOS
Poco antes del mediodía de ayer, desde sus bancas y en medio de elogios y agradecimientos, los diputados reeligieron sus autoridades para el próximo período legislativo. El oficialista jujeño Eduardo Fellner seguirá siendo el presidente de la Cámara y lo secundarán las mismas tres vicepresidentas: la kirchnerista cordobesa Patricia Vaca Narvaja (vicepresidenta 1º); la radical Liliana Bayonzo (vicepresidenta 2º) y la bonaerense de la CC Marcela Rodríguez (vicepresidenta 3º).
El único tono disonante llegó sobre el final de la sesión “preparatoria”, cuando Eduardo Macaluse (SI) corporizó el reclamo de varias bancadas: las escisiones del oficialismo provocaron una serie de cambios de bancas que dejó a varios bloques opositores dispersos en el recinto. Fellner se comprometió a reacomodarlos.
DENUNCIA CONTRA EDELAP
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) presentaría hoy una denuncia en el fuero Penal Económico contra la compañía Edelap por presuntas maniobras en sus estados contables, según informaron voceros oficiales.
La decisión se tomó, según las mismas fuentes, luego de una auditoría del ENRE que habría arrojado objeciones sobre el balance, los estados contables y la situación económico-financiera de la compañía Edelap.
En tanto, la distribuidora de electricidad de La Plata y zonas de influencia negó hoy "en forma rotunda, la posibilidad de la existencia de cualquier tipo de maniobra tendiente al vaciamiento de la compañía".
ROSARIO: UN MUERTO Y 15 HERIDOS EN OTRA PELEA ENTRE SINDICALISTAS
Una feroz pelea sindical de la que participaron dos grupos adheridos a un mismo gremio, finalizó ayer en Rosario con un afiliado muerto y al menos una quincena de heridos, dos de gravedad. La batalla enfrentó a un sector de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), adherida a la CGT de Hugo Moyano, y a sindicalistas de la seccional Rosario, que se definen como "independientes" pero no ocultan su cercanía con la CTA.
A pesar del saldo de la pelea, hasta anoche no había detenidos. El episodio es un nuevo eslabón en la cadena de violencia sindical que se inició en San Vicente el día que se trasladaron los restos de Perón, el 17 de octubre de 2006. En Rosario, fue asesinado hace un año, se cumplió en estos días, el tesorero de la Federación de Camioneros, Abel Beroiz.
El Gobierno reaccionó con preocupación ante el escenario de violencia en Rosario. Un comunicado del Ministerio de Trabajo manifestó su "pesar y repudio". "Ningún grado de compromiso con la acción gremial justifica estos caminos e inusitada violencia", dijo.
El enfrentamiento se inició cuando en la sede local del gremio se desarrollaba un acto para repudiar agresiones sufridas el jueves pasado por sus afiliados. Se acusaba de ello a trabajadores de la rama nacional de los lecheros, los mismos de la pelea de ayer.
Unos 150 activistas vinculados a Moyano, identificadas con distintivos amarillos, llegaron a presionar hasta la esquina del sindicato local, en el macrocentro de Rosario. Los informes indican que ingresaron en Rosario 800 sindicalistas de distintas filiales: Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Santiago del Estero.
Una porción se enfrentó con parte de los 300 asistentes al acto. Palos, piedras, cadenas y armas de fuego se utilizaron en la pelea. Cuarenta minutos después, la zona parecía un campo de batalla: el frente de algunas viviendas estaba quemado, lo mismo que una camioneta 4x4. Había vidrios rotos y veredas destrozadas.
El muerto, identificado como Héctor Del Valle Cornejo, un cordobés de 50 años que pertenecía a la fracción nacional, recibió un disparo en el pecho. Cayó a unos 200 metros de la sede del sindicato. Según los registros, los heridos más graves, también moyanistas, fueron alcanzados por balas.
El gremio local señaló a integrantes de la barra de Rosario Central como autores del homicidio. "Existió una refriega con la propia gente que los convocó como fuerza de choque, aparentemente, porque no les pagaron", argumentó el secretario gremial Gustavo Barbero.
"Vinieron con el objetivo de copar la sede y los trabajadores defendieron su sindicato. No piensen que nos vamos a acobardar. Van a tener que pasar por encima de nosotros", advirtió Jorge Elizondo, abogado de ATILRA Rosario en una arenga encendida hacia los afiliados que esperaban saber qué sucedería con las 27 personas que permanecían dentro a la espera de ser identificadas.
Cuando caía la tarde, y luego de ser sometidos a un test de parafina para determinar si habían accionado un arma, pudieron abandonar el lugar. Hoy deberán declarar en sede policial. La jueza María Luisa Pérez Vara evitó confirmar si se encontraron armas en el sindicato, pero el propio Elizondo confirmó que había una pistola calibre 38.
La versión en la rama nacional hablaba de una "emboscada". Así la calificó el asesor del Consejo Directivo, Juan Carlos Ponse. Incluso denunció que había gente en los balcones con armas, esperándolos. "Por lo menos utilizaron tres distintos tipos de calibre" para la agresión, precisó. El secretario general de ATILRA Rosario, Víctor Vega, lamentó que un grupo del gremio tuviera una actitud "cobarde", y que no aprendiera "a respetar la libre elección de los representantes de los trabajadores".
La disputa entre las dos ramas tiene ya varios años. La rama local trabaja en forma independiente y cuestiona muchos de los acuerdos alcanzados por la organización nacional. Argumentan que perjudican los derechos y conquistas de los trabajadores. Y señalan que la avanzada de la línea adherida a la CGT pretendía, entre otras medidas, remover delegados.
Denuncian, además, que ampara la subordinación económica y productiva de la firma COTAR, dependiente de las decisiones adoptadas por SanCor, lo que pone en riesgo la fuente laboral de 250 personas.
Dicen que ellos se oponen y que eso afecta los intereses económicos de la conducción nacional. Los adheridos a la CGT retrucan con el argumento de que el sindicato es uno solo y que las seccionales "no pueden ser autónomas".
REPUDIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a través de un comunicado, repudió ayer los incidentes ocurridos en Rosario frente a la sede de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, donde murió un dirigente.
"Este Ministerio expresa tanto su pesar por las víctimas que se produjeron, como su repudio a esos actos que no condicen con la trayectoria del movimiento sindical argentino y –más aún– cuestionan las normas mínimas de convivencia de una sociedad que pretendemos civilizada y democrática", dice el texto oficial.
La cartera laboral agregó: "Ningún grado de compromiso con la acción gremial justifica transitar estos caminos de inusitada violencia, máxime cuando la experiencia histórica del movimiento obrero, permite dirimir las divergencias en instancias estatutarias, administrativas o judiciales que están plenamente vigentes".
CONDENA DE LA CGT Y LA CTA
La CGT y la CTA, representadas por Hugo Moyano y Hugo Yasky, repudiaron los hechos de violencia en Rosario. Un comunicado informa que "la CGT representada por su secretario general el compañero Hugo Moyano y la CTA representada por su secretario general el compañero Hugo Yasky quieren manifestar su más enérgico repudio a los hechos de público conocimiento sucedidos en el día de hoy en la ciudad santafesina de Rosario".
Expresan "solidaridad hacia las víctimas y familiares y "que la violencia es ajena a los sentimientos y al accionar de los trabajadores y de sus organizaciones".
BLANQUEO DE CAPITALES: UN BLOG DE LA OPOSICIÓN CONTRA LA REPATRIACIÓN
“Nosotros nos comprometemos", es el título de una carta publicada en Internet a través de un blog, y por ahora suscripta por dos ex gobernadores peronistas (José Manuel De la Sota y Adolfo Rodríguez Saá), un ex ministro (Roberto Lavagna), un ex presidente del Banco Central (Javier González Fraga) y legisladores nacionales peronistas disidentes y algunos representantes del PRO, como el jefe de bloque de diputados, Federico Pinedo.
El texto dice que los firmantes asumen el compromiso de que en el caso de aprobarse la iniciativa kirchnerista que promueve un blanqueo de capitales, "quienes se acojan a los beneficios (de la ley) sean susceptibles -de por vida- de seguimiento administrativo, acción judicial y castigo legal, haciendo cumplir así la Constitución Nacional, las leyes argentinas, y los compromisos internacionales en materia de prevención del fraude, lavado de dinero y lucha contra el narcotráfico". También firmaron la carta Felipe Solá, la diputada del PRO Cynthia Hotton y los peronistas Jorge Sarghini y Enrique Thomas. En un principio, la idea, que surgió desde filas radicales, apuntaba a una solicitada a publicar en los medios periodísticos. La intención, además, era que en la carta convergieran todas las expresiones políticas e ideológicas. Pese al rechazo unánime de la oposición al blanqueo de capitales, el blog, al menos por ahora, sólo logró nuclear un universo opositor restringido al PJ disidente y al PRO.
PREVÉN CAMBIOS EN EL MEGAPLAN
El oficialismo en la Cámara de Diputados introducirá cambios al megaplán anticrisis que anunció el Gobierno la semana pasada, aunque, en principio, no serán lo sustanciales que pretende la oposición. La intención es presentar estos cambios en el dictamen que dará a conocer hoy, en comisión, para ser debatido en el recinto el miércoles próximo.
Los retoques comenzaron a definirse ayer, durante una reunión reservada en la Cámara baja entre el jefe de la AFIP, Claudio Moroni, y la cúpula oficialista de diputados.
Uno de los capítulos más controvertidos del megaplán es el referido al blanqueo de capitales que no se hayan declarado. La oposición cuestiona el artículo que exime a quienes accedan a declarar el dinero o bienes a explicar su origen. El oficialismo no lo eliminará aunque sí lo modificaría, estableciendo que la exención sólo valdrá para las declaraciones que se realicen ante la AFIP. Esto significa que los demás sujetos obligados por la ley de lavado de dinero a informar ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero deben indagar sobre el origen de los fondos.
Para exponer sobre este tema fue citada hoy al plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Laboral la presidenta de la UIF, Rosa Falduto.
Otro cambio en análisis tiene que ver con el capítulo referido a la moratoria impositiva y previsional. Este beneficio es cuestionado por la oposición no sólo porque significa, a su juicio, un premio al evasor, sino porque, además, se dispone la suspensión de las acciones penales contra deudores. En este caso, se evalúa aclarar en el proyecto de ley que esta extinción de la acción penal sólo contemplará los delitos de evasión tributaria, no otros ilícitos como cohecho o defraudación. Así lo explicó Moroni ante los legisladores anteayer, durante su presentación ante las comisiones, y quedaría explícito en el texto de la norma.
Sin embargo, estos cambios no conmoverían demasiado a la oposición. "Veremos cómo queda la redacción final, pero si no se recrean las condiciones de confianza, no habrá blanqueo que sirva", planteó el diputado Federico Pinedo (Pro-Capital). Quien también se expresó duramente en rechazo al proyecto oficial fue la diputada Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social-Capital), ex aliada del Gobierno. La legisladora señaló que la Argentina "es un país enfermo de impunidad" y enfatizó que "no hay posibilidad de construir conducta tributaria en un país que cada siete años tiene una moratoria de estas características".
El oficialismo se prepara para un intenso debate y anticipa que, a diferencia de otras leyes, en esta oportunidad tendrá los votos muy justos para aprobarlo. Su primer desafío será reunir el quórum (de 129 diputados) y, para ello, su misión será abroquelar a la propia tropa, en donde ya comenzaron a oírse voces disidentes.
Hoy será un día clave, no sólo porque se conocerá el dictamen que se discutirá en el recinto, sino también porque los legisladores oficialistas fueron invitados a Olivos, donde asistirán al anuncio de nuevas medidas de reactivación de la Economía por parte de la presidenta Cristina Kirchner. Allí recibirán un claro mensaje: aprobar, sin cuestionamientos, el proyecto oficial.
SCIOLI PREPARA UN PLAN PARA CAPTAR PLATA DEL BLANQUEO
En Buenos Aires preparan el efecto "succión" financiera. Daniel Scioli anunció que el Banco Provincia reducirá los "costos" de repatriación de capitales y -en línea con el Gobierno nacional- priorizará las ventajas "administrativas, operativas y disponibilidad del uso del dinero" para el ingreso de aquellos flujos destinados a obras de infraestructura.
"Seremos muy agresivos en la captación de esos fondos", explicó el gobernador. Y agregó: "Cuando uno escucha algunas críticas a la repatriación de capitales, quisiera que miremos un poco el mundo y veamos todo lo que se ha construido en Miami o Punta del Este".
Cuando se lo consultó sobre si ¿El país no queda expuesto al ingreso de "plata negra"?, Scioli respondió: “No habló del retorno de dinero malhabido, pero es evidente que muchos flujos de fondos en esos lugares funcionaron porque fueron, por ejemplo, a la construcción y el mercado inmobiliario".
INQUIETUD EN EL GAFI POR EL BLANQUEO
Integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) deslizan, como opiniones a título personal, que la moratoria impositiva que impulsa el Gobierno no es particularmente objetable, pero sí observan con "inquietud" el capítulo que permite el blanqueo de capitales.
Por eso, varios delegados y funcionarios extranjeros y algunos nacionles creen que el proyecto que está en estudio en el Congreso, "para no ser observado por el GAFI", debería ser "corregido".
Anteayer comenzó en Buenos Aires la 18a. Sesión Plenaria del GAFI-SUD, que finalizará el viernes cuando el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, en representación de la Argentina, asuma la dirección de ese cuerpo. Ese organismo es la rama regional de GAFI, un organismo con sede en París que agrupa a 32 países.
Ninguno de los representantes extranjeros aceptó hablar en on the record . Además, ninguno anticipa opiniones sobre la calificación que pueda merecer la Argentina y, por otra parte, el GAFI-SUD, en estos días, evalúa a México, Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador y Perú. La conducta de la Argentina -igual que Brasil- será evaluada a partir de 2009. El representante argentino ante el GAFI es Enrique Strega.
En ese mundo, donde se manejan complejos estándares técnicos de evaluación, la Argentina tuvo algunos problemas para aprobar el último examen. "Creo que llegamos mejor a 2009", dijo un funcionario argentino. Sin embargo, la legislación nacional tiene algunos defectos y, a esto, se agrega el proyecto oficial sobre blanqueo de capitales.
Claro que desde 2004 a la fecha la Argentina hizo algunos avances: por ejemplo, se sancionó una ley contra el lavado de dinero del narcotráfico, que corrigió una falencia.
AMPLÍAN LA DENUNCIA CONTRA PICOLOTTI POR UN DESVÍO DE PLATA A CÓRDOBA
El fiscal federal Guillermo Marijuan amplió la denuncia contra la ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti para que se investiguen presuntos desvíos de fondos destinados para obras en la provincia de Córdoba.
Así lo revelaron fuentes judiciales, al día siguiente de la salida de Picolotti del Gobierno nacional. La ahora ex funcionaria nacional, así como el Gobierno, mantuvieron ayer silencio sobre su desplazamiento.
La nueva denuncia, que se suma a las irregularidades analizadas desde el año pasado por la Justicia, tras una investigación de Clarín, refiere a una información que llegó vía mail a la casilla de la fiscalía a cargo de Marijuan.
Marijuan pretende determinar si hubo delito en la contratación de supuestos punteros políticos para un proyecto de limpieza de barrios marginales llamado "ecorecolectores". De acuerdo con la denuncia llegada a la Fiscalía, el dinero habría sido utilizado para la campaña electoral del año pasado, según dijeron fuentes judiciales.
Así, según las mismas fuentes, se habrían gastado 303 mil de los 650 mil pesos girados por la cordobesa Picolotti a la Municipalidad de la capital provincial, que en ese entonces encabezaba Luis Juez.
El ex intendente cordobés, quien se enfrentó al Gobierno nacional y denunció un fraude en la elección provincial del año pasado, negó cualquier tipo de irregularidad durante su gestión. "La plata fue depositada en una cuenta especial y esa misma documentación se la dimos a la Justicia el año pasado. No nos metan en esto porque nosotros somos decentes", aseguró Juez.
El fiscal le pidió a la jueza María Servini de Cubría que vuelva a allanar las oficinas de la Secretaría de Ambiente para obtener documentación sobre el traspaso de fondos a la municipalidad cordobesa, si es que estos papeles no se encuentran entre los ya obtenidos de esa dependencia nacional.
Marijuan también solicitó que la Justicia federal cordobesa, vía exhorto, secuestre y remita los legajos de tres ex funcionarios de la Secretaría de Medio ambiente cordobesa que integraban la fundación presidida por el cónyuge de Picolotti. El fiscal también pretende que por la misma vía se obtenga y envíe a Buenos Aires toda la documentación que haya en el municipio cordobés sobre el convenio con la Secretaría de Ambiente nacional. Y además, que se cite a dos testigos: Diana Rahab y Raúl Montenegro, titular de la fundación FUNAM y actualmente de viaje por Alemania.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el fiscal no descartaría viajar en persona a la provincia de Córdoba. La Justicia secuestró recientemente abundante documentación en diversos procedimientos vinculados con las denuncias del año pasado contra Picolotti. Esos papeles serán sometidos a pericias, con lo que un eventual llamado a indagatoria respecto de la ex funcionaria no sería inmediato, según evaluaron las fuentes consultadas por Clarín en los tribunales federales.
Picolotti es investigada por la contratación de parientes y amigos, el uso de jets privados, la compra de equipos y el rol de la fundación ArgenINTA.
LA LEY DE LOS GLACIARES INFLUYÓ EN LA DESTITUCIÓN DE PICOLOTTI
Todos los indicios señalan a la empresa minera de origen canadiense Barrick Gold y al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, como los responsables de haber convencido a Cristina Kirchner de vetar la totalidad de la ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, una norma por la que la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti quedó enfrentada con la Presidenta.
Si bien la expulsión de Picolotti del Gobierno respondió a otros motivos que tienen que ver con manejos irregulares en su dependencia, lo cierto es que esta ley vital para dotar a la Argentina de herramientas para afrontar la disputa por el agua potable habría colmado los ánimos de la Casa Rosada.
Esa es la impresión que impera en el Congreso y en otros ámbitos del poder. Tanto es así que el titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Enrique Martínez, suscribió una carta en la que bautizó "el veto Barrick" la decisión presidencial.
En la empresa niegan haber tenido vinculación con la ley. "Esa denominación es infundada y no corresponde. Barrick no ha participado en el proceso de dicha legislación", afirmó Rodrigo Jiménez, vicepresidente de Asuntos Corporativos para América del Sur de la firma.
Gioja, en tanto, admitió su rechazo a la norma sancionada por el Congreso el 22 de octubre último, pero negó haber sido el responsable del veto. "Esto no es una cuestión de una sola persona, es una decisión compartida con el Poder Ejecutivo y los gobernadores Jaque (Celso, Mendoza) y de Neuquén (Jorge Sobisch)", aseguró.
Gioja aseguró que "el proyecto (por la ley) tiene algunos defectos: no está bien definido lo que es la zona periglacial y prohíbe la obra pública en esa zona, algo que es facultad de las provincias". Ningún proyecto minero está radicado en donde hay glaciares", agregó.
Cuando se habla del veto, las miradas también apuntan al secretario de Minería, José Mayoral, sanjuanino y hombre de Gioja. "Tengo información de que el ingeniero Mayoral tiene intereses en algunas empresas mineras, y si bien creo que se excusó de intervenir en casos en los que estaban involucradas estas empresas mineras, es un hombre del sector", aseguró Miguel Bonasso, titular de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja.
Pero el veto a la ley de glaciares deja, además, al descubierto la falta de consideración de los Kirchner hacia el Parlamento. Sólo así se entiende que el proyecto haya sido aprobado en ambas cámaras legislativas por unanimidad y sin que mediara palabra alguna del Poder Ejecutivo hasta el veto. Tanto es así que en el Senado varios legisladores oficialistas confiesan que apoyaron la iniciativa confiados porque la impulsaba la ahora despedida Romina Picolotti.
MONDINO DICE QUE PICOLOTTI "FUE INEFICAZ"
Ajeno a la noticia del despido de la ex secretaria de Ambiente, el Defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino había organizado para esta semana unas Jornadas de Defensa del Medio Ambiente que terminaron ayer. Mondino encabeza el Cuerpo Colegiado de cinco ONG a las que la Corte Suprema de Justicia les encargó controlar el cumplimiento del plan de limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo que los jueces le aprobaron a Picolotti tras varias objeciones.
En un documento publicado anoche, el Ombudsman nacional es lapidario: "El desempeño de la Autoridad de Cuenca encabezada por la saliente secretaria de Medio Ambiente ha resultado ineficaz", comienza. "El balance es negativo y así lo expresamos al juez de ejecución, porque ninguno de los plazos ha sido cumplido".
El último fallo de la Corte, que por primera vez en la historia argentina condenaba a Picolotti a pagar de su propio bolsillo las multas por incumplimientos, daba un plazo de 30 días para inspeccionar a todas las empresas de la cuenca. "Pero ni siquiera se sabe cuáles son esas industrias", dice el informe. "La información sobre el estado del agua y napas subterráneas, además de la calidad el aire -que debía ser pública y actualizarse cada 90 días- es insuficiente, confusa y poco fundada para el agua, y nula para el aire". El intempestivo despido de Picolotti abre ahora la pregunta sobre el futuro de este plan, sus plazos y el destinatario de las eventuales multas.
BIBILONI ASUME HOY Y ANUNCIARÁ MEDIDAS
Homero Bibiloni, el designado Secretario de Medio Ambiente que asume hoy, completó ayer su mudanza desde la capital bonaerense a su nueva función en el Gobierno. Además de documentación y carpetas con propuestas, se llevó al centro porteño un grupo de especialistas que trabajaron en la comuna platense en temas ambientales. Una abogada que acompañó a Bibiloni en su anterior paso por Medio Ambiente, Paula Lico, sería de equipo.
Ayer prefirió no adelantar trazos de su futuro trabajo. "Hablaremos después del acto de asunción", dijo el hombre elegido por Sergio Massa.
No obstante, Bibiloni tiene en carpeta algunas iniciativas que desplegó en la municipalidad de La Plata.
Intentará fomentar las agencias ambientales en los municipios del conurbano, en especial aquéllos que están con mayores riesgos de contaminación por la presencia de industrias y empresas de alto riesgo. También promoverá acciones para el saneamiento de los arroyos y otros afluentes que terminan en el Riachuelo.
UN PUENTE A LOS INDUSTRIALES
En un exclusivo almuerzo en el Alvear y ante un auditorio repleto de empresarios, Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural convocó a la unidad de todo el sector.
"Es necesario que todo el sector productivo -industria, campo, servicios- se unan en un proyecto común, siguiendo la regla básica del compromiso y no sobreponiendo el interés particular al general", afirmó en el discurso que pronunció en la reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).
"Parecemos tener intereses contrapuestos: somos proveedores y clientes unos de otros. Eso no separa, pero ¿cuánto nos une el interés por el país? Atengámonos a ello".Y añadió: "Vengo de una experiencia intensa: la creación de la Comisión de Enlace respondiendo a un clamor".
PASAN AL SECTOR PÚBLICO 5.200 EX EMPLEADOS DE LAS AFJP
Más de 5.200 empleados despedidos de las AFJP serán incorporados en los próximos días a diversos organismos del Estado. La ANSeS cursó ayer 1.450 incorporaciones y la semana próxima serán convocados más de 3.000 por otras dependencias públicas, como PAMI, AFIP y otros organismos públicos.
Así lo informaron ayer el subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, lvaro Daniel Ruiz, y Juan Zavaleta, gerente de Gestión de la ANSeS.
Los funcionarios explicaron que sobre 9.292 empleados, las AFJP manifestaron que van a mantener o transferir a otras empresas del mismo grupo a 4.080 trabajadores. Y que un número reducido de despedidos no solicitó su incorporación al Estado, por lo que se presume que optaron por otras ofertas laborales.
Quedan así 5.212 personas que completaron las solicitudes de empleo en el Estado. De ellos, 1.150 son expertos en previsión social y el resto corresponde a vendedores, administrativos, call centers y profesionales. Según los datos oficiales, de ese total 4.367 trabajadores cobran entre $ 1.240 y $ 6.000. Y el resto entre $ 6.000 y $ 8.000.
ENOJADOS CON KIRCHNER, DOS PIQUETEROS DEJAN EL GOBIERNO
Molestos por la decisión de Néstor Kirchner de privilegiar su alianza con el Partido Justicialista, los dos piqueteros que tienen un cargo en el gobierno de Cristina presentarán mañana su renuncia. Así, Jorge Ceballos abandonará la subsecretaría de Organización y Capacitación Popular y Humberto Tumini dejará la secretaría ejecutiva del Consejo Federal de Derechos Humanos.
La decisión la tomaron horas después de las internas del PJ bonaerense y la anunciarán formalmente mañana en una conferencia de prensa en el Hotel Bauen.
"Esta vez no hay retorno", dijo anoche Ceballos, que ya había renunciado a su cargo en el Ministerio de Desarrollo Social en 2007, luego de que Kirchner le confirmara que no lo apoyaría en su pelea por la intendencia de La Matanza. Después de las elecciones, regresó al Gobierno, aunque no tardaron en volver a profundizarse las diferencias.
"El resultado de las internas bonaerenses es un cachetazo a miles de argentinos y arrojó la perpetuación de una estructura con los mismos personajes que compartieron la política de Menem y Duhalde", disparó Ceballos después de la elección del PJ del domingo. Y ayer agregó: "(Aldo) Rico y los derechos humanos no son muy compatibles que me parezca". El ex carapintada se impuso en San Miguel con la venia del ultrakirchnerista Carlos Kunkel.
Ceballos también salió al cruce de las versiones sobre la posible candidatura de Kirchner a senador bonaerense en 2009 y opinó que era "un globo de ensayo para desplazar la foto de los impresentables del PJ bonaerense". Ayer, Ceballos confirmó que se presentará como candidato a diputado en la Provincia por afuera del kirchnerismo.
Los piqueteros Ceballos y Tumini, principales referentes del Movimiento Libres del Sur, no son los únicos que se animan a cuestionar públicamente la "pejotización" del kirchnerismo. Esta semana, lo hizo también la ministra de Salud, Graciela Ocaña, y en las últimas horas se sumaron otros aliados (o ex aliados) del Gobierno. Por ahora, son los únicos que se atreven a pegar el portazo.
POCO APOYO A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Para los argentinos, la ilegalidad está instalada en los ámbitos del poder público. Es que sólo el 22 por ciento percibe progresos en la lucha contra la corrupción. Y esa cifra es una de las más bajas al compararse con los resultados de los demás países de América latina, tal como lo muestra el informe Latinobarómetro 2008, que será presentado hoy.
Ese trabajo tomó en cuenta las respuestas de 20.200 personas de 18 países de la región, de las cuales 1200 pertenecen a la Argentina.
También en la Argentina se visualiza una de las menores aprobaciones sobre la labor de los políticos locales, apoyados sólo por el 35 por ciento de los consultados.
Tampoco los empresarios convencen con sus actividades a los argentinos, ya que sólo el 37 por ciento los respalda, situación que representa uno de los más bajos niveles de aceptación empresarial en la región.
En una situación coinciden casi todos los argentinos: el 97 por ciento está preocupado por el peso de la inflación en sus economías personales.
En el análisis de los 18 países se determina que el 37 por ciento está satisfecho con la democracia, mientras que el 57 por ciento apoya el régimen de elecciones libres, cifra que marca una aumento con relación a otros años.
Los gobiernos de la región cuentan a su vez con un importante apoyo, puesto que el 52 por ciento considera de manera positiva la acción de los mandatarios. Ese promedio desciende por cuatro países en los cuales sus gobiernos obtienen la aprobación de menos de un tercio de sus habitantes. Entre esas naciones más desconfiadas de sus gobernantes figura la Argentina, junto con Honduras, Nicaragua y Perú.
En Brasil, en cambio, la aprobación al presidente Lula da Silva alcanza el 79 por ciento de los consultados.
EL CONGRESO ESPERA SEÑALES POLÍTICAS SOBRE LEYES POR ADOLESCENTES QUE DELINQUEN
Ni el reclamo social ni la advertencia de la Corte parecen conmover al kirchnerismo en el Congreso. Si el Poder Ejecutivo no da señales claras a sus legisladores, es difícil pensar que el año próximo pueda haber alguna ley de fondo sobre los adolescentes que delinquen.
La posibilidad de que la cuestión sea abordada en lo que resta del año es una ilusión, deslizan por estas horas, sin resquemores, fuentes legislativas del oficialismo.
Si bien el asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea, ocurrido en octubre último en Acassuso, pareció inicialmente preocupar a los diputados y senadores nacionales, nada han hecho para intentar resolver el problema de la delincuencia juvenil.
Fuentes vinculadas con el kirchnerismo descartan cualquier posibilidad de desempolvar alguna de las 15 iniciativas, entre las cuales se cuentan propuestas del kirchnerismo y de la oposición, para hacer cambios de fondo en la ley sobre los adolescentes que delinquen.
ANUNCIAN ESTÍMULOS PARA LA INDUSTRIA
Hoy a las 11.30, en la quinta de Olivos, la presidenta Cristina Kirchner presentará el plan para reactivar a varios sectores industriales, con las terminales automotrices a la cabeza de la iniciativa.
Ante la plana mayor de la CGT, la Unión Industrial, Adefa y otras cámaras, se darán a conocer las medidas que ayer por la tarde Cristina y la ministra de la Producción, Débora Giorgi, terminaron de pulir en el avión que las llevó a Mar del Plata, adonde se anunció un plan con 80 millones de dólares en subsidios a la industria pesquera argentina.
Entre ellas, estaría el anuncio de créditos a tasa cero por cinco años para la compra de autos. Además se incluiría una mejora en el precio que los frigoríficos pagan a los productores por el cuero y se lanzarían créditos blandos para la compra de bienes durables.
Ayer comentaban que las medidas estarán focalizadas en la industria y que más adelante podría haber anuncios para la actividad agropecuaria. Pero no se descarta que haya alguna sorpresa adicional. Desde el fin de semana, los funcionarios dejaron de filtrar las medidas. Y así, los empresarios se quedaron sin información. "Si algún colega te dice que sabe en qué consiste el plan, miente", aseguraban anoche desde una automotriz.
De este modo, recién hoy se sabrá si prosperó la idea del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, de rebajar un 15% el precio de los autos más baratos. Las automotrices no la avalan, porque dicen que así venderían a pérdida.
Por su parte, Giorgi y el jefe de Gabinete, Sergio Massa, impulsan el plan de integrar diferentes fondos fiduciarios para la compra de bienes durables de consumo con tasas subsidiadas. Hoy se sabrá quién gana.
PLAN DEL BANCO CENTRAL PARA FOMENTAR EL CRÉDITO
El Banco Central propuso un mecanismo para regenerar el circuito de créditos para las empresas privadas con $ 10.000 millones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que podrían ser gerenciados por un fideicomiso a través del Banco Nación.
Fuentes oficiales indicaron que, para contener la desaceleración en el nivel de actividad, la entidad que conduce Martín Redrado sugirió reflotar una idea que se usó en 1995 ante el efecto tequila para asistir a los bancos que estaban en problemas.
"La intención es prestarles tanto a pymes como a empresas grandes que ahora no pueden conseguir fondeo o que lo hacen a tasas muy altas en un contexto de gran iliquidez", indicó una calificada fuente oficial.
En 1995, tras el problema surgido en México que contagió al resto de la región, se produjeron una caída en el producto bruto interno (PBI) de la Argentina en 1995 y una caída de algunos bancos locales.
Con el apoyo del Banco Mundial, se formó un fideicomiso para auxiliar a los bancos provinciales, mientras que otro, administrado por el Nación, sirvió para asistir a las entidades bancarias con una suba en los encajes de 2 puntos porcentuales.
POR LA CAÍDA DE LAS RETENCIONES SE FRENA LA SUBA DE LA RECAUDACIÓN
La recaudación impositiva -que venía creciendo a razón de casi 40% mensual- mostró en noviembre un preocupante síntoma: aumentó apenas 17,6% respecto de igual mes de 2007 y registró una caída de 10,8% contra octubre. La baja de los impuestos vinculados a las importaciones y las exportaciones fue decisiva para explicar la fuerte desaceleración.
El dato fue peor de lo que se esperaba entre los analistas privados, ya que había trascendido que los ingresos crecerían 25%. Pero el 17,6% fue la menor suba de 2008.
La desaceleración puso en evidencia el impacto local de la crisis internacional. Por un lado, por la caída de los precios internacionales de los productos que exporta la Argentina, sobre todo los granos. Y por el otro, porque confirma la merma de la actividad económica reflejada en una menor cantidad de importaciones y también en una retracción del consumo que afectó la recaudación del IVA. Contra el año anterior, este impuesto creció 24,5%, pero subió apenas 4,6% contra octubre.
En cuanto a los derechos de importación, se registró una baja del 8,1% respecto de octubre. Y subieron apenas 5% en un año.
La comparación interanual refleja aumentos que, en la mayoría de los casos, están por debajo de la inflación real estimada por los consultores privados, que se ubicó en torno del 20%.
Ricardo Delgado, director de Analytica, ve en esto una señal de que "el parate de los últimos dos meses ha sido fuerte. Hay un quiebre de tendencia, se pasa de una economía que crecía al 5,5%, a un último trimestre del año con un alza de sólo 2%".
Para Mariano Lamothe, de la consultora Abeceb, "las menores importaciones reflejan que las decisiones de no invertir se tomaron hace meses, cuando la crisis aún no era tan seria".
El otro cimbronazo que recibió la recaudación lo dieron las exportaciones. Las retenciones cayeron 0,1% de un año a otro y se desbarrancaron 41,5% contra octubre.
En una conferencia de prensa ayer por la tarde en Economía, el titular de la AFIP, Claudio Moroni, señaló que el comportamiento del comercio exterior "no es sólo una consecuencia de la caída de los precios sino, fundamentalmente de la baja de las cantidades exportadas. Excepto en trigo y en combustibles, los precios se mantienen por encima de los del año pasado. Pero el volumen cayó 70% en el caso de la soja, 30% en aceites y 52% en petróleo".
Moroni dijo que van a analizar los motivos de la baja, pero opinó que la razón fue que los productores "prefieren guardar sus granos a la espera de mejores precios". Por lo tanto, definió la situación como "un fenómeno transitorio, porque el grano está".
En cambio, dijo no tener explicación para la baja de las importaciones. "No lo hemos analizado aún", respondió ante la consulta de este diario. Dijo que los $ 245.733 millones recaudados en los que va del año están 17% por encima de lo presupuestado para el período, por lo que "no hay riesgo" de incumplir con las metas de 2008.
El funcionario resaltó que esta vez, la recaudación se había sostenido en el aporte del mercado interno, ya que la suba del IVA y de las contribuciones patronales "está dentro de lo esperado". Este último rubro aumentó 55,3% contra el año anterior y 11,8% respecto de octubre. "En los aportes de las empresas y los trabajadores aún no se refleja el impacto de la crisis", opinó Lamothe.
El impuesto al cheque también mostró una merma del crecimiento. Apenas subió 13,4% y cayó 2,3% contra octubre. En cuanto a Ganancias aumentó 12,7% y cayó 10,8% contra octubre. Según la explicación del titular de la AFIP, la desaceleración se debió a las mayores deducciones personales y a más pagos realizados a cuenta.
LAS VENTAS DE AUTOMÓVILES 0KM SE DESPLOMARON 26% EN NOVIEMBRE
Las ventas de vehículos cero kilómetro desde la fábrica hacia la concesionaria se desplomaron durante el mes pasado: cayeron 26,1% con relación al mismo mes del año anterior. De esa manera, en noviembre se registró un dato estadístico inédito: en el mismo mes que la industria automtoriz alcanzó el record de ventas de toda su historia, el registro mensual cayó al nivel más bajo desde diciembre de 2005.
En total, el mes pasado las terminales despacharon 35.617 unidades, según la estadística que ayer difundió la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA).
Si se toman las ventas acumuladas en 11 meses, arrojan 576.089 unidades. En casi medio siglo de industria automotriz, nunca se vendieron tantos autos en un año.
RENUEVAN UN CONTRATO CON FERROCARRILES DE CARGAS
Tras un extenso proceso de renegociación de casi 5 años, el Gobierno aprobó por decreto el nuevo contrato de concesión de Ferrosur, la ferroviaria de cargas que controla el grupo brasileño Camargo Correa.
Por medio del decreto 2017, la administración kirchnerista convalidó la primera renegociación del sector ferroviario que implica un borrón y cuenta nueva en materia de multas e inversiones.
Entre otros cambios, ahora las inversiones estarán atadas a los ingresos anuales. Ferrosur, deberá invertir el 9,5% de su facturación anual, con un mínimo de $ 7,5 millones. Esos recursos se destinarán prioritariamente a la recuperación de los ramales troncales donde se concentran los mayores movimientos de cargas.
Con el nuevo contrato, el concesionario volverá a pagar un canon equivalente al 3% del total de la facturación. Esos ingresos y los peajes de los trenes de pasajeros se destinarán a un "fondo fiduciario", que el Gobierno utilizará para mejorar las vías y comprar locomotoras y vagones.
EXIMEN A LOS ADMINISTRADORES DE DAR A LA AFIP DATOS DE PROPIETARIOS
La Justicia anuló las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que obligan a los administradores de consorcios a informar los datos de los propietarios o inquilinos que pagan más de 600 pesos de expensas y de quienes tienen terrenos de más de 400 metros cuadrados en countries o casas de campo.
Aunque las normas impugnadas eran obligatorias, en la práctica muchos administradores no las estaban cumpliendo. Pese a ello, según pudo saber Clarín, no se aplicaron sanciones en la Capital, aunque sí hubo algunos casos aislados en Provincia.
"No todos los administradores cumplían, muchos por desconocimiento, pero es obligatorio. Nosotros habíamos impugnados las resoluciones porque entendíamos que excedían las funciones del administrador. Al principio, abarcaba a pocas personas pero con la inflación y los aumentos de los encargados muchas personas se vieron afectadas", sostuvo Horacio Bielli, titular de la Cámara de la Propiedad Horizontal, la institución que hizo el reclamo judicial.
Para la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, la obligación que se les impone a los administradores "afecta y desvirtúa el ejercicio de su actividad" porque aquellos "forman parte del consorcio pero no se relacionan con los propietarios individualmente".
"Para los administradores es una tarea incómoda por que si los propietarios o inquilinos se niegan a dar los datos los tienen que intimar de alguna manera", advirtió Carlos Polzinetti, de Adeproh, asociación que defiende a propietarios.
Para los jueces Marta Herrera y Carlos Grecco, la exigencia que establece la resolución 2159 -que se publicó en el Boletín Oficial en nioviembre de 2006- es "irrazonable" e "incurre en un exceso". De hecho, la publicación de esta resolución levanto inmediatamente polvareda y lanzó la polémica. Los jueces cuestionaron duramente el régimen de sanciones para los casos de incumplimientos (multas de hasta 10 mil pesos).
Es muy probable que la AFIP apele el fallo ante la Corte Suprema, aunque hasta ayer no había sido notificada. La resolución, por lo tanto, se mantiene vigente. "Pensamos que igualmente la AFIP no la va hacer efectiva", dijo ayer Martín Irigoyen, abogado de la Cámara de la Propiedad Horizontal.
Los datos que los administradores deben elevar a la AFIP incluyen: nombre y apellido o razón social de los propietarios o inquilinos del inmueble, número de CUIT, CUIL o DNI, superficie cubierta, importe de expensas que se aplicó en los últimos seis meses y montos que abonó el propietario durante ese período.
Aunque la resolución era polémica, los propietarios casi no se quejaron. "Al principio tuvimos consultas, pero después no recibimos casi ninguna", reveló Mercedes García, de Adeproh.
Cuando la resolución entró en vigencia, la AFIP la justificó diciendo que era para evitar la evasión del impuesto a bienes personales. Pero casi todas las asociaciones de administradores de consorcios se quejaron de inmediato: denunciaron que afectaba la vida privada de los propietarios y que, por otra parte, podía aumentar sus costos operativos.
