"Venimos dialogando con los vecinos desde principio de año. Si hoy se quieren reunir con nosotros, no hay problema. Siempre estamos dispuestos", aseguró el funcionario porteño en diálogo con la prensa.
Por su parte, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, le pidió a Macri que "gobierne" y "tome decisiones" para resolver conflictos como el que afecta a la población de la Villa 31 de Retiro.
Consultado sobre la posición del Gobierno porteño, que dijo que pedirá a la Nación que le ceda las tierras sobre las que se asentó la villa de emergencia, Randazzo eludió una respuesta directa, y se limitó a señalar que Macri "debe hacerse cargo de los problemas y no deslindar responsabilidades como ha hecho en forma permanente desde que asumió".
El ministro del Interior, en declaraciones por radio América, puntualizó que la administración macrista "debe sentarse a dialogar" con los habitantes de la villa a fin de solucionar el conflicto originado en el reclamo de un plan de urbanización.
Randazzo afirmó que Macri "fue elegido para gobernar" y tiene que "enfrentar" la problemática en la villa, cuyos habitantes la semana pasada cortaron por más de 9 horas la autopista Arturo Illia, y para mañana amenazan con realizar 14 piquetes en puntos estratégicos de la ciudad de Buenos Aires.
"Gobernar es tomar decisiones y hacerse cargo de los problemas, y no deslindar responsabilidades en forma permanente, que es lo que han hecho desde que asumieron en el cargo", apuntó Randazzo respecto a la gestión macrista.
Las últimas cifras oficiales estimaron la existencia de 4.640 familias que viven en la villa (cerca de 17 mil personas teniendo en cuenta la tasa promedio).
Los datos se basa en el censo realizado en 2003-2004 por el Instituto de Vivienda (IVC) de la ciudad de Buenos Aires, según precisó hoy un informe difundido por la seccional Capital de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
"Radicar, regularizar el dominio de las tierras y urbanizar el barrio es una obligación que tienen tanto el Gobierno Nacional como el de la Ciudad, y un derecho que tienen sus habitantes", destacó un comunicado de la CTA.
Desde la organización sindical, se precisó que "la villa está asentada sobre tierras que administra el Estado Nacional por lo cual tiene competencia para regularizar el dominio de las tierras a través del traspaso a sus ocupantes, previsto por el Decreto 1001/90, aún vigente y que el Gobierno nacional ha incumplido".
Luego, se añadió que el asentamiento "se encuentra bajo la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, quien tiene la obligación de urbanizar el barrio e integrarlo a la Capital Federal, y mejorar las condiciones de habitabilidad: servicios públicos, infraestructura, sanidad y cuidado del medio ambiente".
Para destrabar el conflicto originado, la CTA propuso que los gobiernos de la Nación y la Ciudad coordinen una política de planificación y urbanización junto con los habitantes del barrio".
