El Senado sepultó anoche, por 46 a 18, el sistema de jubilación privada impuesto 15 años atrás, durante el menemismo, mediante la sanción de una ley que reunifica los fondos previsionales en manos del Estado.
La reforma que impulsó el Poder Ejecutivo un año después de instalar la libre opción jubilatoria logró el apoyo de una amplia mayoría de oficialistas y de un puñado de aliados (dos aristas fueguinos, un socialista y otro del Movimiento Popular Nequino), tal como había sucedido en Diputados. Se opusieron la UCR, el peronismo anti K, la Coalición Cívica y fuerzas provinciales. El cobista Pablo Verani se abstuvo.
Según el texto, de 21 artículos, se crea el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que pasarán a la ANSeS unos $ 80 mil millones que actualmente administran las AFJP. De tal modo, los 9,5 millones de afiliados al sistema de capitalización, que generan un flujo anual de 15 mil millones de pesos, serán transferidos automáticamente el 1° de enero próximo al sistema público.
La ventaja que de antemano se aseguraba el kirchnerismo, al limitar las disidencias internas que florecieron en el debate sobre las retenciones al campo, le quitó a la sesión el dramatismo de aquella madrugada en la que el vicepresidente Julio Cobos tuvo que desempatar y tumbó la movilidad del tributo a los granos. Ayer Cobos no presidió la sesión por estar en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Durante las casi doce horas de discusión, las AFJP no tuvieron abogado defensor. Los mayores cuestionamientos de la UCR, el peronismo disidente, la Coalición Cívica y fuerzas provinciales se centraron en las sospechas sobre el uso que dará el Gobierno a los millones que recibirá la ANSeS y los riesgos de una avalancha de juicios.
El jefe del bloque radical, Ernesto Sanz, arrojó los primeros sablazos. "El Gobierno no quiere una reforma previsional, sino que necesita financiamiento para las cuentas del 2009 y mandó este proyecto confiscatorio. ¿Por qué no dice la verdad?", sostuvo.
"El sistema de capitalización fracasó, porque jamás pudo crearse un mercado de capitales, uno de los objetivos planteados en los 90", había argumentado de entrada Fabián Ríos, titular de la Comisión de Presupuesto y uno de los voceros del kirchnerismo.
Su compañero de bancada Julio Miranda disparó más barro sobre las AFJP. "Se llevaron 11 mil millones de dólares en comisiones desde 1994, independientemente del rendimiento de los fondos", dijo. Y a renglón seguido hizo una autocrítica a medias. "Fui uno de los diputados que votó por el sistema privado", admitió, aunque no reveló cuándo se arrepintió.
Más tarde, la neuquina Nancy Parrilli salió en defensa de su hermano Oscar, secretario general de la Presidencia, por haber sido el diputado informante del proyecto menemista que creó la jubilación privada (ver página 5).
Los únicos oficialistas que votaron en contra fueron los salteños Juan Carlos Romero y Sonia Escudero. Los que abandonaron la rebeldía y respaldaron el proyecto oficial fueron los santafesinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre, el pampeano Rubén Marín, la riojana Teresita Quintela y la chaqueña Elena Corregido.
Lo mismo hizo el socialista Rubén Giustiniani, que votó con el bloque K, aunque objetó el sistema de control de los fondos. En cambio, el arista fueguino José Martínez hizo una encendida reivindicación del proyecto. "No me hablen de la intangibilidad de los fondos", disparó.
PRO PIDE A COBOS QUE VETE LA LEY
Los diputados macristas Federico Pinedo y Julián Obiglio le pidieron ayer a Julio Cobo que vete la ley que elimina las AFJP apenas la vote el Senado. Le recordaron por carta que la Constitución lo faculta para hacerlo ya que está ejerciendo como Presidente por el viaje de Cristina Kirchner.
DIPUTADOS: DICTAMEN CONTRA LOS MONOPOLIOS
La Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable de un proyecto de declaración que solicita al Poder Ejecutivo que adopte medidas para evitar el ejercicio monopólico del mercado telefónico. La iniciativa, impulsada por los diputados justicialistas Manuel Baladrón, (La Pampa), Diana Conti (Buenos Aires), Gustavo Marconato (Santa Fe) y Ramón Ruiz (Buenos Aires), toma como antecedente una denuncia del defensor del pueblo, Guillermo Mondino, que advirtió sobre "el agravamiento de la concentración en el mercado de las telecomunicaciones, como consecuencia de la operación que permitió el ingreso de Telefónica en Telecom". Se señala en los fundamentos del proyecto de declaración que ello "provoca un retroceso que puede dejar a los usuarios cautivos de un monopolio, ya que ambas empresas tendrían el control total de la telefonía fija y telefonía celular del país, además de su participación en el negocio de Internet".
EL DEBATE POR LA DOBLE INDEMNZACION
El kirchnerismo del Congreso no tiene aún ningún proyecto de ley en estudio para volver a instaurar en el país la doble indemnización. El único que existe es el que redactó el diputado sindical Héctor Recalde y que ya está en manos de Hugo Moyano para el caso de que el gobierno no cumpla con su promesa de frenar la ola de despidos y suspensiones en las empresas afectadas por la crisis.
Pero eso no implica que no exista preocupación dentro de las bancadas kirchneristas sobre la falta de respuestas que ven en el gobierno ante el freno que podría producirse en la economía cuando llegue al país el impacto pleno de la crisis financiera.
Se sabe que después que Sergio Massa descartara cualquier posibilidad de reimplantar la doble o triple indemnización, tras la presentación de la CGT, el gobierno flexibilizó esa posición.
Pero no existe ninguna orden del gobierno al bloque kirchnerista de Diputados o el del Senado para que avance en la redacción de un proyecto de ley, ni siquiera alguna advertencia que ese procedimiento podría sancionarse por decreto.
De ahí el nerviosismo de algunos diputados oficialistas que entienden que el gobierno o el Congreso deberían dar alguna señal más concreta sobre medidas para enfrentar una crisis que podría agravar los despidos. En el universo del kirchnerismo, eso significa apelar a decisiones para intervenir sobre la situación de las empresas.
El reclamo no llegó aún a la Casa Rosada, pero ya lo conocen algunos ministros y la conducción de las bancadas.
Por ahora, Diputados avanza a marcha forzada para conseguir aprobar en tiempo récord la ley que le permitiría a Cristina de Kirchner ceder ante los reclamos de Hugo Moyano y reinstaurar por decreto la doble indemnización,-inclusive en 2009: la Emergencia Pública.
Esa ley fue la que declaró la emergencia ocupacional en 2002 estableciendo un principio similar al que ahora enarbola el sindicalismo: la prohibición a las empresas de despedir trabajadores. Como sanción a los despidos, la Emergencia fijó la doble indemnización que luego se fue reduciendo por distintos decretos hasta ser eliminada por Néstor Kirchner cuando el nivel de desocupación descendió de los dos dígitos. El problema es que la propia ley establece ese límite para poder aplicar la sanción a los empresarios, algo que está lejos cuando los anuncios oficiales hablan de una desocupación de 7,8%.
CAMBIOS A LA TABLITA DE MACHINEA
La modificación de la tablita de Machinea y diversos cambios en el régimen actual del monotributo serán dos de los temas principales que el Parlamento nacional abordará hasta fin de año, luego de la prórroga de las sesiones ordinarias dispuesta por el Gobierno. Según aseguran fuentes parlamentarias, estas modificaciones completarían el esquema de modificaciones impositivas que comenzó meses atrás con el “retoque” del mínimo no imponible de Ganancias para la 4º categoría y del mínimo no imponible para el impuesto sobre los bienes personales.
El proyecto que llegaría al Congreso dispondría una modificación de la curva del tributo, ordenando una elevación de los mínimos y una carga progresiva a medida que los salarios van subiendo.
UCR: OPERATIVO CLAMOR PARA QUE VUELVA COBOS
Empezó el "operativo clamor" para apurar el regreso de Julio Cobos al radicalismo. De allí lo echó la conducción partidaria cuando, siendo gobernador de Mendoza, formalizó su alianza con los Kirchner. Y allí, adonde siempre dijo que quería volver, lo esperan ahora con los brazos más o menos abiertos, según el sector interno de la UCR que se trate. Porque a nadie escapa que ante un kirchnerismo en declive pero todavía poderoso, y con ofertas robustas en otras esquinas de la oposición, el radicalismo necesita una figura con fuerte atracción pública para volver al juego mayor de la lucha por el poder.
El "operativo clamor" es empujado desde la dirigencia radical más cercana a Raúl Alfonsín, distanciada de la conducción partidaria de Gerardo Morales y refractaria, más allá de los buenos modales de circunstancia, al acercamiento que la UCR produjo con Elisa Carrió. Pero no se trata de un emprendimiento monocolor: desde el sector de Cobos también se trabaja para asegurar el regreso.
Primer dato: los "cobistas" no armarán un partido propio. Van a agruparse en un espacio -formato más gaseoso y flexible- bajo la sigla Consenso Federal (ConFe). Un modo de mostrar que su camino es el regreso a la UCR y no una alianza con el radicalismo desde una formación propia.
Segundo dato: uno de los operadores principales de Cobos, el ex intendente de Mar del Plata y actual diputado Daniel Katz, acaba de decir que "nuestro espacio natural es el radicalismo, el socialismo y, eventualmente, la Coalición Cívica".
El primer paso para el regreso de Cobos será normalizar los distritos radicales intervenidos por haberse aliado con el Gobierno, y el levantamiento de las sanciones a los dirigentes que acompañaron a Cobos en el radicalismo K. Después llegará el tiempo de anular la expulsión partidaria aplicada al vicepresidente. Puede sonar paradójico, pero ese paso será dado por las autoridades del radicalismo, encabezadas por Morales, que notoriamente prefieren la cercanía de Carrió a la de Cobos. Es la misma dirigencia que, con el fuerte acercamiento de la semana pasada con Carrió, hipotecó el posible acuerdo con el socialismo que antes había impulsado.
Pero la necesidad política a veces allana dificultades. En Mendoza, para ordenar la interna y asegurar, entre otras cuestiones, la reelección de Ernesto Sanz, el ascendente jefe del bloque radical en el Senado, la UCR local cerró un acuerdo con Cobos. Sanz trabaja codo a codo con Morales en la cúpula radical. "Si Cobos es radical para arreglar la interna en Mendoza, también es radical para levantarle la expulsión y reabrirle las puertas del partido", dicen, rápidos de reflejos, los promotores del "operativo clamor".
Este tipo de operativo, como bien se sabe, nunca es ajeno al aclamado. Aunque el aclamado, por ahora, se mantenga casi ajeno a tales movimientos. Cree que cuanto menos exponga su juego mejor podrá desplegarlo. En su círculo más cercano dicen: "Más que en la vuelta de Cobos al radicalismo, habría que pensar cómo se integra el radicalismo con Cobos." Es la postura de quien sabe que la caricia de la popularidad lo acompaña sin desmayo, desde aquel voto contra las retenciones al campo que lo convirtieron de golpe en una figura gravitante. La idea de Cobos, dicen sus allegados, es "tomarse todo el tiempo del mundo, escuchar, analizar, decidir qué hacer y hacerlo". Su gente se entusiasma: "Es un ingeniero y construye política como un ingeniero." Es la euforia de los buenos días, tan fugaces en la política.
Hay otro punto que une a la gente de Cobos con los radicales que hacen fuerza para su vuelta al partido: la resistencia a Carrió.
"Lo nuestro no es el show de la denuncia, no queremos hacer un frente en contra de nadie sino crear una alternativa con propuestas que superen la coyuntura", dicen muy cerca de Cobos, con lenguaje ceremonioso e institucional.
"Morales tiene buenas intenciones, pero lo que está haciendo es transformar al radicalismo en el aparato de fiscalizarle la elección presidencial a Carrió", disparan, más ácidos, los alfonsinistas duros.
"No hay que desesperarse por el 2009", dicen hoy los amigos de Cobos. Es toda una definición acerca de sus tiempos. Y otra señal de que seguirá siendo vicepresidente de Cristina todo el tiempo que sea posible. Esa dualidad, que lo obliga a un equilibrio de explicación difícil y seguro desgaste, es lo que la conducción radical, Carrió y hasta los socialistas le objetan para sumarlo al espacio que, casi inesperadamente, sueña con disputar el poder.
COBOS VOLVIO A LA CASA ROSADA
Sorpresivamente, el vicepresidente Julio Cobos decidió hacer uso de su despacho en el primer piso de la Casa Rosada, donde se apareció ayer a la mañana sin previo aviso. Allí mantuvo una serie de audiencias que no incluyeron a ningún funcionario de primera línea, en su calidad de presidente en funciones por estar Cristina Kirchner de gira en Africa del Norte.
Claro, un hecho que debería ser habitual convocó a todos los medios de prensa, que quisieron saber hasta qué comió el radical. Cobos llevaba más de cuatro meses sin pisar estas oficinas. Desde que su voto en el Senado contra el proyecto de retenciones lo distanció del Gobierno.
Estuvo a fines de julio, pocos días después de que el Senado rechazó la ley a la que también se resistía el campo. Pero en su despacho de la Rosada no aparecía desde el 17 de junio, precisamente cuando la Presidenta le dio el controvertido proyecto de ley que luego trataría el Congreso.
Después de la votación parlamentaria, otras dos actividades del vicepresidente molestaron fuertemente al kirchnerismo. Cuando recibió, aunque en su despacho del Senado, a Eduardo Buzzi y a Mauricio Macri.
El vocero de Cobos informó ayer que había venido por las incomodidades que se le presentaban a él y a sus visitantes en el Congreso, donde el Senado debatía ayer la nacionalización del sistema de jubilación de las AFJP. Llegó cerca de las 10.30, y fue recibido por el Regimiento de Granaderos de guardia. Se fue a media tarde, tras almorzar una tarta de brócoli y un carré de cerdo, y mantener una serie de entrevistas. Las máximas autoridades que recibió fueron el ministro de Salud de Catamarca, Juan Ferreira, y el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía.
ALFONSIN LLAMO A “EVITAR EL REVISIONISMO PERMANENTE”
Por la conmemoración de los 36 años del histórico abrazo entre Juan Perón y su eterno rival, el radical Ricardo Balbín, el ex presidente Raúl Alfonsín, como hizo en el acto de los 25 años de la democracia, escribió un mensaje en el que señaló la importancia de "comprender que no podemos quedarnos en la añoranza o el revisionismo permanente de nuestro pasado".
También, en sintonía con lo expresado por el vicepresidente radical, Julio Cobos, calificó de "imprescindible que nos demos cuenta que debemos trabajar juntos y de que es necesario el diálogo; porque donde no hay diálogo se deja el espacio a la intolerancia, la incomprensión y a la violencia".
Asimismo, remarcó que "los argentinos hemos aprendido que la política implica diferencias, existencia de adversarios políticos, pluralismo y confrontación entre visiones y proyectos alternativos; pero la política no es solamente conflicto, también es construcción y capacidad para arribar a consensos básicos y fundamentales".
Con respecto al rol de la oposición, recordó que "hoy es posible, afortunadamente, reivindicar aquel entendimiento entre dos viejos adversarios no sólo como un gesto tardío sino como un acontecimiento anticipatorio, como antecedente de hitos que fuimos asentando en la búsqueda del encuentro entre los argentinos, a lo largo de este último cuarto de siglo en la construcción de la democracia". Y agregó: "Que sirva también de inspiración para alcanzar aquello que todavía no hemos logrado, y para que se entienda que no será posible avanzar sólidamente si no es a través del diálogo y el consenso nacional".
Antes de comenzar el acto que organizó el ex gobernador y senador salteño Juan Carlos Romero, se hizo lectura de otras tres cartas de tres ex presidentes. Una del reciente Eduardo Duhalde, otra del actual senador por La Rioja Carlos Menem, y una tercera de Isabel Martínez, presidenta desde la muerte de Juan Perón el 1 de julio de 1974, y el 24 de marzo de 1976, madrugada que dio comienzo a la última dictadura militar.
CARRIO SUMA PERONISTAS
Elisa Carrió tuvo su día peronista. De rojo furioso, la líder de la Coalición Cívica anunció la incorporación a su bloque de la ex kirchnerista Marta Velarde y luego cenó con un grupo de peronistas, entre los que estaba Pablo Unamuno, ex vocero del líder montonero Mario Eduardo Firmenich. “Seguiremos con las incorporaciones en las próximas horas”, guiñó un ojo. Carrió descartó un acercamiento con el sector de Felipe Solá, que inició conversaciones con Margarita Stolbizer. “Los acuerdos son los que están y no hay más”, sentenció Lilita. También se distanció del voto por la eliminación de las AFJP de su ex compañero de fórmula Rubén Giustiniani.
Velarde explicó que abandonó el kirchnerismo luego de votar en contra de las retenciones móviles. “La Argentina de hoy no tiene prioridades ideológicas, sino institucionales”, consideró, con tonada santiagüeña. “Es un deber de quienes pensamos distinto al poder hegemónico del Gobierno avanzar en acuerdos institucionales. Desde el día después de las retenciones, yo no fui oficialismo disidente, sino oposición”, cuestionó al sector de Solá.
–¿La CC puede iniciar un diálogo con Solá o ve un límite en el duhaldismo? –se le preguntó a Carrió.
–No vamos a contestar. Ustedes saben lo que pienso. Los acuerdos son los que están y no hay más –respondió Carrió, que no hizo ninguna mención a las conversaciones telefónicas que el ex gobernador bonaerense tuvo esta semana con Stolbizer. La dirigente últimamente encuentra en su contestador las voces más inesperadas: entre ellos, algunos peronistas como Francisco De Narváez y más de un intendente cobista. Con Solá, por ahora, sólo hubo un par de llamados, aunque en el entorno de Stolbizer admiten que en algún momento puede haber una reunión. “La idea con Solá es todo a charlar. Pero no nos interesa el duhaldismo”, indicaron. También es una forma de marcarle la cancha a Carrió, que avanzó en el acuerdo con la UCR sin consultarle a su socia. En tanto, los margaritos mantienen un fluido contacto con el ex hombre de Ramón Puerta, Aníbal “Toti” Leguizamón.
–¿Cómo ve el voto de Giustiniani a favor de la eliminación de las AFJP? –le preguntaron a Carrió.
–La UCR y la CC van a votar en contra denunciando que se trata de un saqueo y del robo de la plata de los jubilados. Al senador Giustiniani, con el aprecio que le tengo, pregúntenle a él por qué vota como vota. Esto en nada afecta los acuerdos, pero cada uno es responsable de lo que vota.
Por la noche, Carrió cenó con un grupo de dirigentes que se acercaron a la CC a través de la diputada Patricia Bullrich. Reunidos en la agrupación Coalición Peronista, las nuevas incorporaciones son la ex legisladora porteña por el Frepaso Lilia “Beba” Saralegui y su hijo Pablo Unamuno, quien en los ochenta ofició de vocero de Firmenich en la agrupación Peronismo Revolucionario. También se lo menciona como uno de los negociadores del indulto que le otorgó el presidente Carlos Menem al dirigente de Montoneros.
A esa corriente también se incorporó un grupo de ex telermanistas, cuya cabeza visible es Horacio Lenz, quien era el nexo entre el gobierno de Jorge Telerman y la Legislatura. Lenz fue también asesor del ex ministro de Defensa José Pampuro y del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. “Es un grupo de gente que proviene de la JP del ochenta. Allí coincidimos en la renovación. Algunos son más jóvenes; otros estuvieron con Telerman y tienen un perfil más intelectual”, explicó Bullrich. Los dirigentes peronistas estuvieron ya en la casa de Carrió conversando con ella y la líder de la CC bendijo su incorporación.
OTRA RENUNCIA EN DIPUTADOS
Sigue la sangría para el kirchnerismo en la Cámara de Diputados. El diputado nacional por el PJ bonaerense, Jorge Villaverde presentó ayer su renuncia y le anunció al titular de la Cámara baja, Eduardo Fellner, que conformará un nuevo bloque propio llamado "Peronista Federal", con características opositoras. De este modo, dejó sentado que su nombre no se incorporará al bloque que conduce desde las últimas horas el ex gobernador Felipe Solá.
"Participé de la rueda de prensa del lunes, pues tengo pleno acuerdo en formar parte de un espacio del peronismo disidente que integraré con este bloque hasta tanto nuestro sector dé los pasos necesarios para conformar uno solo", sostuvo el legislador, a través de un comunicado, poco después de presentar su renuncia al Frente para la Victoria.
Villaverde venía expresando sus disidencias con el oficialismo cuando estalló el conflicto entre el sector agrario y la Casa Rosada. Ese conflicto terminó por convencerlo de que su salida se iba a concretar más temprano que tarde. El diputado, a pesar de los trascendidos, dijo que nunca condicionó su permanencia en el bloque oficialista a seguir presidiendo hasta fin de año la Comisión de Defensa de la cámara de Diputados.
GOBIERNO Y MARSANS, A JUICIO POR AEROLINEAS
El Gobierno reclamó a la justicia la intervención de Aerolíneas Argentinas, para sacar de la escena al grupo Marsans hasta tanto la línea aérea sea expropiada. Los españoles también movieron sus fichas judiciales: dieron el primer paso de una demanda ante el tribunal internacional del CIADI pidiendo una indemnización que podría llegar a US$ 1.500 millones.
Fuentes oficiales, en la Casa Rosada, confirmaron anoche que el martes la secretaría de Transportes presentó ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo un pedido de intervención de Aerolíneas. "Se busca garantizar la continuidad del servicio de Aerolíneas-Austral a través de la garantía de la gestión de la actual gerencia general de la empresa". El gerente general es Julio Alak, ex intendente de La Plata, designado en el cargo por el Estado.
"Aerolíneas Argentinas y Austral prestan un servicio público -dijo ayer por la tarde el secretario de Transportes Ricardo Jaime-. Eso lo determinó la ley que ordena la estatización de las empresas. Y la continuidad del servicio público debe ser garantizada".
Con ese argumento, la continuidad del servicio público, es que el Gobierno se presentó ante la justicia. "Si se traba la continuidad de la empresa, se complica la situación de la deuda, y luego no podremos recuperar la línea aérea. Y no se puede armar otra de la nada", continuó Jaime.
Mientras en la Casa Rosada confirmaban que la presentación ya había sido hecha (Jaime no quiso ni confirmar ni negar el hecho), los españoles también avanzaron un casillero en el ajedrez judicial que comenzaron a apurar con el Gobierno.
"Acabamos de enviar una nota a la Presidenta de la Nación dando un plazo de una semana para que se solucionen las controversias pendientes", dijo Vicente Muñoz, el máximo delegado de Marsans en la Argentina. "Si obtenemos una respuesta, esto queda aquí -agregó-. Sino, seguiremos con la demanda".
Esa nota es el primer paso formal de una demanda ante el tribunal internacional del CIADI, según les explicaron a los ejecutivos españoles los abogados del estudio norteamericano King & Spalding, que contrataron especialmente para este juicio.
Los españoles no esperaron a la sanción de la ley de expropiación de la compañía aérea. "Reclamamos por las demoras en la fijación de tarifas, por el incumplimiento en las medidas para solucionar la emergencia aeronáutica, por el estímulo a las medidas de fuerza gremiales, por la creación de empresas como Lafsa para que compitieran con nosotros, siendo el Estado accionista de Aerolíneas", precisó Muñoz.
Reclaman una indemnización en virtud de los acuerdos de protección de inversiones firmados entre Argentina y España. Y la demanda será ante el CIADI, tribunal del Banco Mundial donde la Argentina acumula unos cuarenta jucios, de los cuales el país ya perdió varios, pero no pagó todavía ninguno.
"Nosotros cumplimos con todo lo que hemos firmado -continuó Muñoz-. Si mañana el Gobierno acepta llamar al tercer valuador para que fije el precio de Aerolíneas, y este dice que la empresa vale cero, la vendemos en cero".
Sin embargo, ese paso parece difícil. Es que en la cúpula del Gobierno apuntan ya en otra dirección: estiman que la sanción de la ley de expropiación de Aerolíneas demorará "aproximadamente un mes". Y para cubrir ese período de tiempo es que están apurando la intervención de la línea aérea. Ya dan a Marsans fuera del juego. "No hay retorno", dicen en los despachos oficiales.
Los españoles, en tanto, dicen que todavía no está definido cuánto reclamarán al Estado por la indemnización. "Eso lo definirán los técnicos", aseguró Muñoz. Sin embargo, en la empresa dicen que el monto rondará "entre 1.000 y 1.500 millones de dólares". La batalla judicial ya está lanzada.
AEROLINEAS: TIRONEOS EN EL CONGRESO
Los diputados del oficialismo esperarán hasta el lunes para presentar el proyecto de expropiación de Aerolíneas y Austral. Buscan que el proyecto de ley cuente con la mayor cantidad posible de firmas, antes de ser ingresado por la Mesa de Entradas de la Cámara Baja.
Ya cuentan, además del bloque del Frente Para la Victoria, la adhesión de los cuatro diputados de Encuentro Popular, que encabeza el ex-sindicalista aeronáutico Ariel Basteiro.
Las negociaciones las lleva adelante el titular de la Comisión Bicameral, Mariano West (FPV), quien ayer sostuvo conversaciones con los radicales K de la Concertación, encabezados por Hugo Prieto, con Claudio Lozano (Proyecto Sur) y con el bloque del SI. "Se le iba a proponer incluso a Felipe Solá, ya que había votado a favor e la ley de rescate", dijo uno de los legisladores que apoya la expropiación de las acciones de Aerolíneas y Austral.
Los diputados de la oposición dentro de la Bicameral, Rubén Lanceta (UCR) y Esteban Bullrich (PRO), presentarán hoy mismo su proyecto, que propone la expropiación sólo de los activos de Aerolíneas y de Austral, sin tocar las acciones de Marsans. "No queremos hacernos cargo de una deuda que contrajo Marsans", dijo Lanceta. Fuentes del oficialismo buscaban anoche la fórmula para que esa discrepancia no evitara la redacción final de un proyecto unificado.
REACTIVAS LA CAUSA DE LA VENTA DE AEROLINEAS
La privatización de Aerolíneas Argentinas dispuesta por el ex presidente Carlos Menem pudo haber constituido un delito, según una resolución de la Cámara Federal. La Sala I de ese tribunal revocó el sobreseimiento que beneficiaba a un grupo de compradores de la aerolínea de bandera y recomendó indagar a Menem y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo por la presunta comisión del delito de peculado.
La resolución fue firmada ayer por los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah y refiere a una vieja causa penal abierta desde la privatización misma de Aerolíneas, en 1990, por denuncia del fallecido abogado Alejandro Olmos, al que se sumaron luego varios denunciantes.
El tribunal revocó los sobreseimientos que beneficiaban a Francisco Colomina Pérez del Río, Alfredo Pott, Enrique Menotti Pescarmona, Francisco De Vicenzo, Amadeo Riva y Jorge Flamarique. Y ordenó volver a indagarlos, además de Menem y Cavallo, junto con el ex director en representación del Estado Abdo Menehem, el contador Rubén Poncio, Luis Zanón (integrante del grupo adjudicatario) y Horacio Fargosi, actual presidente de Aerolíneas. Además de peculado se investiga la presunta comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Los camaristas sostuvieron que toda la sucesión de hechos desde la privatización de la empresa hasta la quita de la denominada "acción de oro" en 1994 tuvo como "finalidad" la "sustracción de bienes del Estado". Y agregaron que los hechos posteriores a 1994 "se tradujeron en un claro perjuicio patrimonial" sobre la empresa y el Estado.
Los jueces recordaron que la privatización de Aerolíneas se hizo sin una previa tasación de la empresa y que el traspaso de la firma se hizo sin su pasivo, de 800 millones de dólares, del que se hizo cargo el Estado.
De acuerdo con los camaristas, Menem, como presidente, y Cavallo, como ministro de Economía, "decidieron la privatización de la aerolínea de bandera, maniobra a través de la cual se consumó la sustracción de los bienes que conformaban el patrimonio de aquella".
Los sospechosos habían sido sobreseídos hace dos años por el juez Jorge Ballestero --actual camaristas que se excusó de intervenir en esta causa--, aunque la medida fue apelada luego ante la Cámara por el fiscal Carlos Rívolo.
NUEVO PEDIDO DE JUICO POLITICO CONTRA EL JUEZ DE LA EFEDRINA
El juez federal de Campana, Federico Faggionato Márquez -a cargo del caso de la "ruta de la efedrina"- pasó de investigador a investigado: ayer fue denunciado otra vez ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo que nombra y remueve jueces. Ahora se lo cuestiona por su actuación en un confuso operativo antidrogas en San Miguel del que participaron tres policías bonaerenses que estaban a sus órdenes.
La cuestión es que no se sabe qué hacían estos policías -sin apoyo ni orden de allanamiento- sentados a una mesa en un galpón en el que la Federal terminó secuestrando 750 kilos de cocaína. El operativo fue el jueves de la semana pasada y entre los involucrados hay hasta un comisario inspector retirado de la Bonaerense.
Ante el escándalo, desde el juzgado de Faggionato avalaron la actuación de estos policías sospechados. Incluso libraron a posteriori una orden de allanamiento para darles una cobertura. Igual, según adelantaron fuentes judiciales, los policías ya comenzaron a ser investigados por la Justicia Federal de Tres de Febrero.
Por estas irregularidades, dos miembros del Consejo de la Magistratura cargan ahora contra Faggionato; son los consejeros Ernesto Sanz (senador radical, quien ya lo había investigado con anterioridad) y Carlos Kunkel (diputado del Frente para la Victoria), referente oficialista dentro del organismo.
Basándose en las crónicas periodísticas del cuestionado operativo que publicaron Clarín y Página/12, los legisladores hablan de una "actuación impropia e incorrecta del juez mencionado, que ameritaría su investigación" por parte de las comisiones de "Acusación" y de "Disciplina" del Consejo.
Su pedido de investigación se suma a un extenso dictamen previo en contra del juez. Este fue elaborado por Sanz en mayo y aprobado finalmente en "Acusación" en septiembre. Allí se lo imputa de pedir coimas, manejar una banda con policías corruptos, extorsionar empresas y hasta de haberse quedado con la cosecha de un campo ajeno (ver Las acusaciones...)
Por aquel dictamen de Sanz, Faggionato ya estuvo muy complicado. Pero siempre logró postergar el proceso de la misma forma: "produciendo" novedades en casos sensibles, publicitadas en los medios desde su propio juzgado. Primero fue un expediente donde se denunciaba a productores agropecuarios por la quema de pastizales en el Delta; luego, una causa en la que se investigaba a ex agentes de la SIDE por supuesto espionaje a funcionarios gubernamentales.
El último episodio de idas y vueltas fue a fines de agosto. El 28, la Comisión de Acusación del Consejo aprobó la citación formal del juez. Pero ese mismo día Faggionatto comenzó la serie de allanamientos a droguerias en lo que pronto se convertiría en la causa de "la ruta de la efedrina". El resultado: el 4 de septiembre la Magistratura postergó el interrogatorio.
Una y otra vez el juez sostuvo que es víctima del "actuar coordinado de calumniadores, insolventes, narcotraficantes, contrabandistas policías y magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público", (según una declaración espontánea que hizo ante el Consejo).
La nueva denuncia contra el juez presentada por Sanz y Kunkel apunta a un operativo escandaloso. La orden de allanamiento de Faggionato que terminaron mostrando los policías recién apareció una hora y media después de que los sorprendieran. Y el mismo comisario de la Bonaerense que la presentó acabó reconociendo ante la Justicia que sus hombres se la habían pedido luego de que aparecieran los de la Federal.
"Es una interna", dijeron ayer en el Ministerio de Seguridad. El caso roza al número 1 de Narcotráfico de la Bonaerense, Norberto López Camelo, que en público convalidó lo actuado por sus subordinados.
