Diputados de la UCR, Coalición Cívica y PRO, encabezados por sus titulares, Oscar Aguad, Adrián Pérez y Federico Pinedo, brindarán hoy, a las 15, una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara baja.
Allí presentarán propuestas legislativas para restituirle al Fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, las facultades que les fueran recortadas por el procurador general de la nación Esteban Righi.
Garrido es uno de los fiscales que más investigaciones por supuesta corrupción abrió contra funcionarios. Y Righi dispuso que sólo podrá participar de causas judiciales iniciadas por su fiscalía. Así quedan afuera la de la manipulación de las cifras del INDEC, la bolsa de la ex ministra Felisa Miceli y otras.
EL CONGRESO AHORA RECOMENDÓ EXPROPIAR AEROLÍNEAS ARGENTINAS
El Gobierno tiene allanado el camino para avanzar en la expropiación de las acciones Aerolíneas Argentinas y Austral, ya que la propia Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones emitió ayer un dictamen en el cual le recomiendan esta medida, a través de una ley del Congreso.
Tras el dictamen de la Bicameral, el Secretario de Transportes, Ricardo Jaime, estimó que "en 15 o 20 días" podría ser aprobada una ley expropiatoria de las acciones de las dos líneas aéreas. Lo llamativo es que fuentes de la misma secretaría aseguraron que no será el Poder Ejecutivo el que envíe un proyecto así al Congreso. "La ley de expropiación deberá ser una iniciativa de los propios legisladores", agregaron las fuentes.
El grupo español Marsans es dueño --a través de su controlada Interinvest-- del 94,41% de Aerolíneas y 97% de Austral. Pretende un resarcimiento de 330 a 540 millones de dólares, según la valuación que les hizo el Credit Suisse.
Para el Estado, en cambio, las dos compañías tienen un valor de mercado negativo. La valuación fue hecha por el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), que estableció que el valor de mercado de Aerolíneas y Austral es negativo en 2.540 millones de pesos. "Eso significa que no tiene ningún valor de mercado. Por lo tanto lo que corresponde es el pago simbólico de un peso por el paquete accionario", dijo el diputado oficialista Mariano West, titular de la Comisión Bicameral.
El dictamen de los legisladores se produjo luego de una marcha y posterior contramarcha delante de todos los periodistas que cubrían la audiencia, en el cuarto piso del edificio anexo del Senado.
El titular de Aerolíneas y representante de Marsans, Horacio Fargosi, había sido convocado por la Bicameral a las 18.00 de ayer, para que dejara sentada la posición del grupo español respecto a la valuación del Tribunal de Tasaciones. Fargosi se presentó junto a Jorge Molina, director de Marsans. Y tuvo lugar el siguiente diálogo.
West: Hemos aprobado el procedimiento del Tribunal de Tasaciones. Queríamos saber si ustedes lo aprueban.
Fargosi: Como director de Aerolíneas no tengo nada que opinar. Dos apoderados llevaron adelante la negociación, (Vicente) Muñoz y (Eduardo) Aranda. Ellos son los que pueden dar opinión.
Ariel Basteiro: Usted es vicepresidente de Interinvest ¿No tiene autoridad?
Jorge Molina: Sólo tenemos información.
West: En vista de esto, si los voceros pueden venir el jueves a las 10, entonces pasamos a un cuarto intermedio hasta entonces.
Varios legisladores permanecieron a las puertas de la comisión, haciendo declaraciones. En eso estaba West cuando la secretaria parlamentaria de la Comisión le acercó un escrito de dos carillas, firmado precisamente por Muñoz y Aranda, los representantes de Marsans citados para el jueves. Ese escrito había sido entregado, al retirarse, por Fargosi y Molina.
Allí, Muñoz y Aranda rechazan la valuación hecha por el Tribunal de Tasaciones. Ese era, precisamente, el paso legal con el cual la Bicameral pretendía concluir la tarea que le encomendó la Ley de Rescate de las acciones de Aerolíneas y Austral.
A los pocos segundos, los asistentes de West, Basteiro y Esteban Bullrich estaban llamando a los demás integrantes de la Comisión para volver a sesionar. Juntaron a diez de los doce: ya se había ido Adolfo Rodríguez Saá y no había asistido el radical Juan Carlos Marino. Hacia las 20.30 salió el dictamen que recomienda al Ejecutivo "garantizar" el servicio de Aerolíneas y Austral y "propiciar"una ley de expropiación.
En ese punto, los diputados Esteban Bullrrich (PRO) y Rubén Lanceta (UCR) avalaron la expropiación sólo de los activos de Aerolíneas, no de sus pasivos. Según fuentes oficiales, la deuda exigible de Aerolíneas ahora asciende a $ 400 millones, muy por debajo de los US$ 890 millones que el propio Jaime esgrimió ante los legisladores cuando defendió el proyecto de ley de rescate. "A esta empresa la vamos a sanear rápidamente", apuntó ayer Jaime.
CONGRESO: EL BLOQUE OFICIALISTA APURA LAS LEYES ECONÓMICAS
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, sostuvo que el Congreso sesionará hasta fines de diciembre próximo para sancionar una serie de proyectos impulsados por el Gobierno, entre los que figuran la sexta prórroga de la ley de emergencia económica. El legislador hizo esas declaraciones en Jujuy y las reprodujo la oficina de prensa de Fellner en Diputados.
Entre los proyectos que necesitaría el Gobierno figura dentro del paquete impositivo las prórrogas de varios impuestos, por ejemplo un proyecto que busca la recomposición del Fondo Especial del Tabaco. Las sesiones ordinarias del Congreso finalizan el 30 de noviembre de cada año y este año los diputados y senadores podrían correr contra reloj en varios temas.
Siguiendo con el apuro por las medidas económicas, el oficialismo buscará avanzar hoy en la comisión de Presupuesto de Diputados el dictamen conjunto de leyes económicas entre las que se encuentran la prórroga hasta diciembre de 2009 de la emergencia económica y del impuesto al cheque. También pretenden votar despachos a favor de la prórroga del impuesto al cigarrillo y de bienes personales.
La prórroga de emergencia económica, que fue votada por primera vez en 2002 tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, convalidó la salida del modelo económico del uno a uno; pesificó todas las tarifas y evitó la indexación de los servicios públicos. La sucesivas prórrogas mantuvieron la emergencia laboral y sanitaria.
Entre los motivos que justifican esta sexta prórroga, ahora el Gobierno hace referencia en el texto a que "la agudización de la crisis internacional amerita la adopción de medidas preventivas que le permitan al país minimizar eventuales efectos negativos".
En el mismo impulso, los diputados K buscan que hoy mismo puedan sesionar para votar todas esas prórrogas en el recinto, pero para eso necesitarían que las bancadas de la oposición le den número para discutir en el recinto los paquetes que en el mismo día se votarán en comisión.
Si la sesión de hoy fracasara, el intento K debería pasar a la semana próxima. Para que, luego, los senadores avalen ese mismo paquete legislativo necesitarían otros 15 días; por eso la extensión de las ordinarias sería necesaria.
EL GOBIERNO TOMA DISTANCIA DE UNA LEY DE TRIPLE INDEMNIZACIÓN
El Gobierno marcó la cancha y avisó ayer que no está de acuerdo con el proyecto impulsado por la CGT para defender el empleo ante la crisis financiera mundial y que incluye la instauración por ley de una doble o triple indemnización y la posibilidad de que los trabajadores rechacen sus despidos y se mantengan en sus puestos de trabajo.
"Hay que trabajar en soluciones prácticas para el momento y no atarse a otras que son duraderas y después cuesta trabajo desarmar", contestó el jefe de Gabinete, Sergio Massa, cuando lo consultaron al respecto en Santiago del Estero, adonde viajó para respaldar la candidatura a la reelección del gobernador radical K Gerardo Zamora.
Se sabe que el Gobierno se mueve con guante de seda con la CGT y quizás el calor y la distancia le hicieron decir a Massa lo que no debía. Lo cierto es que durante la tarde, voceros oficiales afirmaban que el jefe de Gabinete no había dicho lo que dijo y que, en todo caso, no había que darles a sus palabras ninguna connotación de enojo o enfrentamiento con la central sindical. "En la lucha por el empleo, estamos del mismo lado que la CGT", insistieron desde un despacho de la Casa Rosada.
Con todo, tres altas fuentes oficiales dijeron que el Gobierno no está de acuerdo con el proyecto redactado por el diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde. Pero que el mensaje que había bajado desde Olivos (léase, Néstor Kirchner) era "no confrontar públicamente" con Hugo Moyano. Por eso, se desistió de la idea de emitir un comunicado oficial expresando la posición de la Casa Rosada y Massa no volvió a hablar del tema en su segunda escala del día en Rosario. Quedó, apenas, su escueta declaración matutina como única señal, pero suficientemente elocuente, de que el kirchnerismo no respaldará en el Congreso el proyecto que ayer mismo Recalde le entregó a Moyano para que sea aprobado por el Consejo Directivo de la CGT.
EMPRESARIOS DEL INTERIOR EMBISTEN CONTRA MOYANO
La aspiración del líder de la CGT, Hugo Moyano, de que se penalice por ley con una doble o triple indemnización a las empresas que despidan y que se abone a los trabajadores un plus salarial de $ 500 antes de fin de año despertó las críticas también del sector empresario de las provincias.
Desde las cámaras argumentan que la demanda va a “profundizar los despidos” y que “contribuirá a instalar una etapa de recesión económica”.
La preocupación es compartida por los gobernadores. Ayer, por caso, el mandatario tucumano José Alperovich advirtió que “no es momento de exigir medidas voluntaristas o desesperadas para enfrentar los problemas de empleo, que puedan generar los coletazos de la crisis recesiva de los países desarrollados”.
En lo que respecta al ámbito empresarial, el presidente de la Fundación Pymet de Mendoza, Daniel Díaz Diesel, sostuvo que la medida “perjudica porque provoca despidos antes de tiempo por si sale la ley”.
“Que la CGT salga con este proyecto es absolutamente contraproducente y negativo, y que sea una 'ley retroactiva' es incluso inconstitucional”, declaró, por su parte, Adolfo Trípodi, presidente de la Federación de Empresarios de Mendoza (FEM).
En sintonía, el titular de la Unión Industrial de Buenos Aires, Osvaldo Rial, consideró que la propuesta “de poner una doble o triple indemnización no ayuda nada y sólo da más incertidumbre”. “Tenemos que darles a los industriales incentivos, no darles con un látigo”, graficó.
EL GOBIERNO EVALÚA INCENTIVOS FISCALES PARA PROMOVER EMPLEO
El gobierno de Cristina Kirchner rechazó ayer el reclamo del líder de la CGT, Hugo Moyano, para instituir la doble o triple indemnización por despido, pero a cambio estudia distintas medidas de incentivo fiscal para estimular la creación de empleo o inducir a los empresarios a que no se desprendan de los trabajadores en plena crisis económica.
Una de esas ideas sería el pago de las cargas patronales a cuenta del pago de impuesto a las ganancias, según confiaron altas fuentes de la Casa Rosada. "Hay cuatro o cinco puntos que se analizan: uno sería una medida fiscal", deslizó un alto funcionario del Poder Ejecutivo.
"El otro plan contra despidos ya se está ejecutando: los subsidios a los sueldos y el procedimiento preventivo de crisis", indicó otra fuente de Balcarce 50. "Pero hasta que no vuelva la Presidenta de su gira por Africa no se darán a conocer otras medidas de incentivo fiscal", aseguró un funcionario.
Esas medidas eran analizadas ayer por el ex presidente Néstor Kirchner desde la residencia de Olivos, en contacto permanente con el jefe del Gabinete, Sergio Massa, y el ministro de Economía, Carlos Fernández.
Precisamente fue Massa quien ayer expresó la voz más enérgica del rechazo a la propuesta de Moyano. "Hay que trabajar en soluciones prácticas para el momento y no atarse a otras que son duraderas y después cuesta trabajo desarmar", dijo el jefe del Gabinete desde Santiago del Estero.
TRIPLE INDEMNIZACION: PARA LA UIA “REDUCEN LOS INCENTIVOS A LA CREACIÓN DE EMPLEO"
Formalmente, ayer la Unión Industrial salió a condenar los intentos de instalar la triple indemnización. En un comunicado de prensa, la central fabril rechazó este tipo de iniciativas que "crean incertidumbre". "Frente a los proyectos que buscan aumentar los montos de las indemnizaciones por despido y otras medidas similares, la Unión Industrial quiere expresar su rechazo a estas iniciativas, que no hacen sino generar incertidumbre y reducen los incentivos a la creación de empleo y a la inversión", reza el comunicado, que fue consensuado luego de una reunión de Comité Directivo.
El lunes, el titular de la UIA, Juan Lascurain, se había pronunciado en forma individual sobre el mismo tema y también su colega de la Cámara de Comercio, Carlos de la Vega, había condenado el avance de la CGT por imponer nuevas reglas en el mercado laboral como consecuencia de la crisis.
LA CTA RESOLVIÓ NO IR A LA JUSTICIA Y DICE QUE "EL GOBIERNO ESTÁ EN FALTA"
La mesa nacional de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, decidió ayer abstenerse de cualquier presentación judicial para lograr la personería gremial, a partir del reciente fallo de la Corte Suprema sobre libertad sindical.
Del mismo modo, la central tampoco planteará en lo inmediato un proyecto de ley para reemplazar el inciso a) del artículo 41 de la ley de asociaciones sindicales, el que la Corte declaró inconstitucional.
Ese inciso restringía el acceso a un cargo de delegado de los trabajadores, en los lugares de trabajo, a los afiliados al sindicato de la actividad con personería gremial.
RECALDE RECIBIÓ UN TIRÓN DE OREJAS POR TELÉFONO
El diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde recibió ayer un par de llamados telefónicos originados en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema.
Recalde es un experimentado abogado, autoridad en materia laboral y previsional, con una larga trayectoria profesional y con contactos fluidos con los jueces de la Corte. Los telefonazos de ayer le hicieron el malestar que había causado entre sus "conocidos" del Tribunal, su intención de pedir el juicio político al Tribunal por el fallo del martes 11 sobre libertad sindical.
Recalde sostuvo el lunes que la Corte había sorprendido con el fallo que pone fin al unicato sindical, pero "nosotros podemos sorprender con un pedido de juicio político".
Quienes conversaron con el diputado creen que su malestar estuvo también impulsado por el mal humor que provocó la decisión de los jueces en la CGT moyanista a la que representa.
Recalde también llegó a cuestionar la neutralidad de la Corte, no su imparcialidad, en la sentencia que consagró una mayor libertad sindical.
RECALDE DEMORA EL PROYECTO DE INDEMNIZACIONES
El coordinador legal de la CGT y diputado nacional Héctor Recalde postergará la presentación del proyecto de ley para impedir los despidos y establecer la doble y triple indemnización para despidos sin causa hasta contar con el visto bueno del líder de la central sindical, Hugo Moyano.
"Tengo elaborado un anteproyecto que presenté a Moyano (Hugo, jefe de la CGT) para que lo analice. Cuando reciba su visto bueno lo llevaré a la Comisión de Relaciones del Trabajo", dijo Recalde, presidente de esa comisión en la Cámara de Diputados.
El legislador enfatizó que la sanción no tendrá carácter permanente sino retroactivo. "Beneficiará a los trabajadores hasta la fecha de su sanción. De allí en adelante, no estarán comprendidos", dijo.
TRABAJO RECUERDA QUE ESTÁ VIGENTE EL MECANISMO PREVENTIVO QUE TRABAN DESPIDOS
El Ministerio de Trabajo está marcando personalmente a los sectores empresarios para evitar que despidan trabajadores. Según indicaron a desde la cartera laboral, la estrategia consiste en “dialogar” con todos los empresarios y recordarles que está vigente el procedimiento preventivo de crisis. Esto implica que ante cualquier despedido –sea un trabajador o cien– la compañía deberá entregar al ministerio sus últimos tres balances para que el Ejecutivo evalúe si es correcta la cesantía.
De no hacerlo, corre automáticamente la conciliación obligatoria. “Estamos implementando esta medida con suficiente dureza para disuadir cualquier acción que ponga en peligro las fuentes laborales”, señalaron cerca de Carlos Tomada, ministro de Trabajo. Desde la Jefatura de Gabinete ratificaron que analizarán caso por caso a la hora de tomar una decisión, pero reconocieron que, de ser necesaria una medida integral, irían por el lado de los “procedimientos anticrisis”. Guillermo Moreno también está negociando para evitar despidos.
POLÉMICA POR EL VETO DE UNA LEY SOBRE GLACIARES
Las revueltas aguas del kirchnerismo en el Congreso volvieron a agitarse ayer, con una polémica decisión de la presidenta Cristina Kirchner vinculada con el medio ambiente que divide al propio oficialismo. El reciente veto presidencial de la ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, aprobada por el Senado hace poco menos de un mes por unanimidad despertó duras críticas en sectores del kirchnerismo, algunos de cuyos representantes insistirán en el texto de la norma en la sesión que la Cámara de Diputados tiene prevista para hoy.
El proyecto aprobado por diputados y senadores establece una serie de presupuestos para preservar los glaciares y su ambiente "como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua".
La creación de un inventario nacional de glaciares iba acompañada de un punto crucial: la estricta prohibición de "la exploración y explotación minera o petrolífera" en la zona de las fuentes de agua congelada, y el establecimiento de multas de hasta 100.000 sueldos mínimos para empresas o particulares que violen la ley.
En el texto de rechazo, firmado por el jefe de Gabinete, Sergio Massa, el Gobierno cuestionó que la ley "no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades", y admitió que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada" porque afectaría inversiones y puestos de trabajo.
SOLÁ SE RODEÓ DE DUHALDISTAS Y LLAMÓ AL DIÁLOGO A "CASI TODOS"
“Qué nos diferencia del kirchnerismo?", se preguntó varias veces Felipe Solá, al dar ayer una charla en el auditorio del Movimiento Productivo Argentino, cuyo principal referente es el ex presidente Eduardo Duhalde. Al lado de Solá se ubicó el ex ministro duhaldista, Carlos Brown y sentados en primera fila, estuvieron Chiche Duhalde y el diputado nacional peronista Jorge Sarghini.
Antes de ingresar al salón, Solá, cuya banca de diputado nacional la ganó hace un año integrando el kirchnerista Frente para la Victoria, aclaró que "el MPA no es solo de (Eduardo) Duhalde". Minutos antes, Chiche Duhalde había afirmado no sentirse representada por la conducción del PJ que ejerce Néstor Kirchner. "Los grandes partidos nacionales se están reconstruyendo", agregó Chiche.
La presentación de Solá (su charla se tituló "Principales lineamientos del próximo gobierno argentino") acaparó una justificada expectativa por haberse desarrollado el día después de que él, junto a otros siete integrantes del FPV, decidieran conformar un bloque propio, por fuera del oficialismo.
Solá dijo que el kirchnerismo está obsesionado con "el corto plazo; tienen la cultura de la foto". El ex gobernador bonaerense criticó la falta de "políticas de Estado" del gobierno nacional. "Yo no critico las formas, sino al desprecio por lo que piensa el otro, por el que tiene otras ideas; critico el tratar de traidor por votar diferente", agregó Solá en su afán por diferenciarse del kirchnerismo.
Todas sus críticas fueron dichas en un tono sereno. Hasta se permitió, con humor, recordar sus peleas con Chiche Duhalde, sobre política sociales. "El tiempo te dio la razón", le reconoció, a la vez que elogió la creación de "las manzaneras".
En la platea también estuvieron el economista Javier González Fraga y la ex diputada Mariana Casesse. Ambos, al igual que Sarghini pertenecían a la tropa política de Roberto Lavagna. Solá, puede decirse, le hizo un guiño al ex ministro de Economía. "Cuando Kirchner lo citó en febrero, yo vi bien que Lavagna aceptara la entrevista; hizo lo que cualquiera debió haber hecho; 'se abre el debate, se incorpora el disenso', pensé", dijo Solá. "Pero después de la foto, nunca más nada", agregó.
Para Solá "hay que ceder para ganar", continuó al volver a marcar diferencias con el oficialismo: "no creo en la presión extorsiva para ganar votos o las voluntades de legisladores y gobernadores", enfatizó.
Su promocionada desvinculación del bloque kirchnerista, disparó las especulaciones acerca de sus futuros movimientos. Surgen entonces, dirigentes del duhaldismo, ex lavagnistas, Francisco de Narváez (quien reafirmó su alianza estratégica con Mauricio Macri). "Yo estoy abierto a hablar con casi todo el mundo, (pero esto) no se habla por declaraciones, sino personalmente", advirtió Solá.
CRITICAS KIRCHNERISTAS
Después de su alejamiento del bloque K en Diputados, los intendentes kirchneristas agrupados en la Federación Argentina de Municipios que encabezan Julio Pereyra de Florencio Varela y Alberto Descalzo, de Ituzaingó, salieron a criticar a Felipe Solá.
Luego de una reunión, ayer por la tarde, concluyeron que es un "traidor", "elegido a dedo" y que "es un desagradecido de la vida", según le dijo a Clarín el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto.
El vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, sostuvo que "durante seis años dijo pelear contra la vieja política en la Provincia y hoy busca ser el mascarón de proa del duhaldismo".
Y agregó: "Que alguien renuncie a su banca para postularse para el mismo cargo en el mismo distrito, rompería las fronteras del absurdo para internarse en el ridículo y, como sabemos, de ahí no se vuelve".
UN CRUCE DE LLAMADAS CON STOLBIZER
Felipe Solá no pierde el tiempo. Desde su entorno, antes de su partida del kirchnerismo, hubo comunicaciones cruzadas con operadores que responden a Margarita Stolbizer. Y ahora que el diputado le dijo adiós al bloque oficialista, el camino quedó liberado para que, en las próximas horas, Solá y la referente de Elisa Carrió en la provincia de Buenos Aires se sienten a conversar para explorar la posibilidad de un acuerdo electoral rumbo a 2009.
"Si Felipe viene de la mano del duhaldismo no queremos saber nada. Dependerá de él: si piensa en una construcción de centroizquierda sin duda podríamos avanzar", contó un allegado de la radical. El encuentro se producirá en momentos en que la Coalición Cívica busca seducir a los peronistas descontentos con el matrimonio presidencial pero que, a la vez, no se sienten atraídos por la dirigencia que responde a Eduardo Duhalde.
ENVIADO DE OCAÑA ARRANCÓ CON LA DEPURACIÓN
Juan Antonio Rinaldi no se limitó al abrazo público ante los flashes: trasladó la sintonía con Graciela Ocaña a la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS). Apenas desembarcó en esa oficina, confirmó a un discípulo de la ministra de Salud como su segundo.
Se trata de Diego García de García Vilas, la avanzada que “la hormiguita” operó en plena batalla con Héctor Capaccioli, que viene de ocupar un cargo en el PAMI con la ahora ministra pero que aparece, además, ligado a Carlos Tomada y extensiones en el universo sindical.
Rinaldi ratificó a García Vilas como parte de la jugada a dos bandas que compartieron con Ocaña para quedarse con el manejo de la «Súper» donde Hugo Moyano aspiraba a colocar a un hombre de su tropa que no era, justamente, el abogado Rinaldi que ocupaba la APE.
El ex abogado de Camioneros ocupó su oficina y lo primero que hizo fue barrer los vestigios que remiten a los días de Héctor Capaccioli. La acción emblemática fue desplazar a Luis Dávila, cuñado del ex superintendente, que oficiaba de secretario general.
Desplazó, además, al gerente de Asuntos Jurídicos, Horacio Ballesteros y a Juan Carlos Viani, el responsable de Inspecciones. La depuración que arrastró a otros funcionarios figura, en los planes de Rinaldi, como su carta de presentación hacia un nuevo escenario.
Afecto a los gestos simbólicos, mirando que lo miren desde la Casa Rosada y la quinta de Olivos, Rinaldi tomó otra decisión taquillera: expulsó a la agencia de seguridad privada que se encargaba de la custodia de la SSS -mandó a sacar las rejas- y pidió efectivos de la Policía Federal.
COBOS RECIBIÓ A EMPLEADOS DE LAS AFJP Y APOYÓ SUS PEDIDOS
Ya es marca "Cleto". Cada vez que está en ejercicio de la Presidencia por ausencia de Cristina Kirchner, el vicepresidente Julio Cobos busca la manera de diferenciarse del Gobierno.
Ayer Cleto (el tercer y más taquillero nombre de Cobos) encontró una ocasión propicia: recibió en su despacho a una delegación de trabajadores de las AFJP que reclaman cambios al proyecto de estatización de las jubilaciones privadas que seguramente el Senado convertirá mañana en ley. El grupo de empleados autoconvocados -la mayoría de los trabajadores de las AFJP no está sindicalizado- planteó que el proyecto oficial no garantiza a los once mil empleados del sector la estabilidad de las condiciones laborales y salariales en caso de ser transferidos al sector público, como contempla el artículo 14 del texto votado por los diputados.
Como alternativa, Cobos les propuso impulsar la creación de una comisión de seguimiento del compromiso que asumirá el Estado de emplear a los trabajadores que sean despedidos de las AFJP. La idea es acordarlo por fuera del proyecto oficial, ya que considera que no puede retocarse porque el kirchnerismo ya cuenta con los votos para aprobarlo en la sesión de mañana.
PROTESTA DE DE ANGELI
El dirigente rural Alfredo De Angeli volvió a la carga: ayer anunció que promoverá para el 9 de diciembre actos en todo el país en repudio a la política agropecuaria de Cristina Kirchner.
"En estos niveles de retenciones y de costos, y sin los precios adecuados, no se puede seguir más", dijo De Angeli. Y deploró: "Estamos frente a la peor política agropecuaria que alguna vez haya tenido el país".
De esta manera, el entrerriano volvió a meterle presión a las entidades que forman la Mesa de Enlace, que se reunirá mañana en Buenos Aires.
En el temario no estaba prevista por ahora la convocatoria a una nueva protesta sectorial.
Los referentes del agro, en cambio, prometen emitir un duro documento sobre la situación del sector. Y tratarán de consensuar un proyecto de ley para reducir las retenciones.
LLAMADO DE OBAMA A CRISTINA
Finalmente, llegó la llamada de Barack Obama. Después de largas gestiones, el presidente electo de los Estados Unidos se comunicó ayer con Cristina Kirchner en respuesta a la extensa carta de felicitaciones que ella le había enviado tras el triunfo electoral de los demócratas, hace dos semanas.
En el Gobierno había ansiedad por la falta de una contestación rápida, como la que sí lograron el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y el de México, Felipe Calderón, además de los líderes de las grandes economías del mundo.
El diálogo, según describieron fuentes oficiales, fue de "muy buena sintonía" y en el Gobierno celebraron que Obama le hubiera transmitido a la Presidenta su intención de conocerla. Cristina Kirchner se encargó ayer de resaltar ella misma, tres veces, esa parte del diálogo: "Quería saludarme, hablar conmigo y dijo que tenía muchas ganas de conocerme y poder hablar personalmente", sostuvo la Presidenta en una charla que tuvo con la prensa que sigue su gira por el norte de Africa.
En la puerta del hotel en el que se hospeda en Túnez, en la segunda escala de su recorrida por el Magreb, la Presidenta confió que había invitado a Obama a conocer el país. "Me dijo que sabía que la Argentina era un gran país y que también estaba ansioso por conocer Buenos Aires porque durante sus estudios en la universidad había leído autores como Cortázar y Borges, y aproveché para invitarlo, obviamente", dijo.
Verborrágica, y a pesar de su voz tomada por una angina, la Presidenta continuó: "Se mostró muy cálido y muy ansioso de conocerme personalmente para poder hablar y dijo que sabía que yo había afrontado con valentía las dificultades".
URUGUAY RATIFICÓ QUE NO APOYARÁ A KIRCHNER EN LA ENASUR
El gobierno uruguayo ratificó ayer su decisión de vetar la candidatura del ex presidente argentino Néstor Kirchner a la Secretaría de la Unión de Naciones Sudamericana (Unasur), porque considera que "no hay condiciones" para respaldarlo para el cargo.
El asunto fue analizado el lunes en el Consejo de Ministros presidido por Tabaré Vázquez. Pero ayer, en la reunión de la residencia del Prado, el canciller Gonzalo Fernández dio un informe al gabinete ministerial sobre las relaciones con la Argentina y especialmente sobre un tema que preocupa al gobierno que es el dragado del río Uruguay.
Fernández, que es el ministro con relación más cercana a Vázquez, dijo que se han recibido "señales positivas desde la Argentina" sobre esas obras pendientes, pero aclaró que el gobierno de Cristina Fernández "no ha hecho nada" para acelerar el "levantamiento del bloqueo" del puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos, según dijeron fuentes de la coalición oficialista Frente Amplio.
Ante sus colegas ministros, el canciller uruguayo dijo que el gobierno no modificará su rechazo a la candidatura de Kirchner para la Unasur.
ACUSAN A PIUMATO DE DISPARARSE Y DE FRAGUAR UN ATENTADO EN 2000
El secretario general del sindicato de los judiciales, Julio Piumato, fue denunciado penalmente por -supuestamente- haber mentido al declarar que fue un policía quien le pegó un balazo en los genitales durante una represión policial, hace ocho años. La acusación se la formuló un defensor público oficial, que sostuvo que la lesión fue autoprovocada.
Desde hoy, la verdadera historia del balazo deberá reconstruirla una jueza de Instrucción a la que le tocó el caso. "Es imposible que ese disparo lo haya hecho un tercero. Se lo hizo él, seguramente por accidente", aseguró el defensor oficial Hilario Lagos en su presentación. Piumato le respondió enseguida: "Es una verdadera infamia. A mí me disparó un francotirador de la Policía Federal."
El episodio se produjo en la madrugada del 19 de abril de 2000. La noche anterior, miles de personas se concentraron frente al Congreso para protestar contra la reforma laboral que impulsaba el gobierno de la Alianza. Según declaró siempre, Piumato ya se iba a su casa para darse una ducha y regresar, cuando escuchó incidentes; volvió sobre sus pasos, caminó unos metros y de repente sintió "un gomazo" en la entrepierna.
EL MAS Y EL FRENTE DE LOS JUBILADOS, SIN PERSONERÍA
El Movimiento al Socialismo y el Frente de los Jubilados perdieron ayer su personería nacional como partidos políticos por no cumplir con las normas legales de estar integrados por cinco partidos de distrito, según informaron fuentes judiciales.
La decisión la tomó la Cámara Nacional Electoral que canceló las personerías de ambas agrupaciones, lo que les impedirá que puedan presentar candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Sin embargo, la resolución de la Cámara señala que pueden adquirir de nuevo su status si retoman las exigencias que fija la ley.
La ley 23.298, de Partidos Políticos, establece que para tener personería jurídico-política a nivel nacional, un partido debe contar con el aval de agrupaciones en al menos cinco distritos. Las resoluciones fueron firmadas por los camaristas Rodolfo Munné, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía que confirmaron los fallos de primera instancia de la jueza federal de esta ciudad con competencia electoral, María Servini de Cubría.
LÁCTEOS: PELIGRA EL ACUERDO QUE SE FIRMÓ CON MORENO
No es sorpresa que algunos acuerdos de precios impulsados por Guillermo Moreno, el poderoso secretario de Comercio, no siempre sean cumplidos. Pero en el caso del que se firmó a fines de octubre con el sector lácteo se batió un récord: no cumplió siquiera un mes y ya todos lo dan por muerto. Preveía que los tamberos cobraran 1 peso por litro de leche entregada a la industria. Pero por estos días están recibiendo las primeras rendiciones y a todos les queda claro que ese valor quedará en promesa. En el mejor de los casos, recibirán 90 centavos.
El 20 de octubre, y delante nada menos que de la presidenta Cristina Kirchner, Moreno logró reunir en Olivos a algunas empresas lácteas (SanCor, La Serenísima, Nestlé y las Pymes) y asociaciones específicas de productores lecheros (Córdoba, Santa Fe y La Pampa). Firmaron entonces un acuerdo que estableció un valor de referencia para la leche al productor de 1 peso por litro para el trimestre octubre/diciembre. La Mesa de Enlace, entonces, ni siquiera fue invitada y rechazó la iniciativa.
Por estos días, los tamberos de todo el país están recibiendo los pagos por la leche que entregaron en octubre. Quedó claro que el pacto no se cumpliría desde el vamos. En Santa Fe y Córdoba reciben de 78 a 82 centavos por litro. En Buenos Aires, entre 85 y 90 centavos. La nueva política lechera de Moreno -que en los hechos desplazó del tema a la Secretaría de Agricultura- debutó con alta incertidumbre.
"Llegaron las liquidaciones y los productores comprobaron que no existe en ningún lugar el prometido valor de 1 peso por litro", señalaron los ruralistas santafesinos de CARSFE. "La producción primaria, la industria y toda las cadenas de producción han sido sacrificadas en el altar de los Kirchner. Y el caso de la leche tal vez sea el más calamitoso", confirmó María del Carmen Alarcón, referente del Grupo Pampa Sur.
No es el único traspié de Moreno. En los últimos días, el funcionario intentó sin mucho éxito que los supermercados absorbieran un stock de quesos de 40.000 toneladas, que se acumuló cuando el propio Gobierno -a través de la ONCCA- impidió las exportaciones lácteas entre junio y agosto pasado. Comercio Interior, incluso, imprimió afiches y solicitadas que promueven el consumo de queso entre la población.
SCIOLI ESTUDIA UN AUMENTO DEL IMPUESTO INMOBILIARIO EN LA PROVINCIA
El gobierno bonaerense estudia la posibilidad de aplicar un revalúo inmobiliario que implicaría incrementos impositivos para las viviendas de mayor valuación y exenciones para las de menor valor fiscal.
El anteproyecto de presupuesto provincial y su correspondiente ley impositiva están en el despacho del gobernador Daniel Scioli, que será, dijeron voceros del mandatario, el que finalmente defina los aspectos controvertidos de las iniciativas. El presupuesto bonaerense para 2009, manejado con máxima reserva por un puñado de funcionarios, llevará los gastos provinciales a casi 50.000 millones de pesos, lo que implica un incremento superior al 40% respecto de los 35.000 millones presupuestados para el corriente ejercicio. Se espera, asimismo, un fuerte incremento de fondos nacionales.
El principal ingreso extra lo constituye Ingresos Brutos, que este año incorporará unos $ 5000 millones al año a partir de la ampliación de ese gravamen aprobada en julio último y puesta en marcha en agosto. En este ítem no se prevén nuevos cambios.
El plan que estudia Scioli implica rebajar sensiblemente los impuestos de propiedades cuya valuación sea inferior a $ 95.000 pesos y compensar esa disminución con la aplicación de la revaluación realizada por la provincia en 2005 y que sólo se puso en marcha parcialmente hace dos años para aquellos que realizan mejoras en sus viviendas.
Así, los incrementos recaerían sobre las propiedades de más de $ 200.000 de valuación. De todas formas, el revalúo no se aplicaría íntegramente, sino que se haría en forma parcial y la carga tributaria subiría porcentualmente en relación con la mayor valuación de las fincas sin sobrepasar un 30% de aumento.
"No habrá un aumento del impuesto inmobiliario urbano, ya que técnicamente no se tocarán las alícuotas, pero sí se dispondrán cambios en las valuaciones", dijo uno de los colaboradores de Scioli al reconocer la alternativa en estudio.
El calificado informante señaló que "se cumplirá con el compromiso que el gobierno asumió a mediados de este año de llevar a monto cero el gravamen para las viviendas de los sectores más humildes y de reducir el monto de las boletas para las unidades de bajo valor". Es que esa medida fue comprometida por el ministro de Economía provincial, Rafael Perelmiter, en julio, cuando se introdujeron reformas a la ley impositiva, principalmente para aplicar alzas de alícuotas del impuesto a los ingresos brutos.
Así, el esquema que regirá en 2009 llevará a "monto cero" el inmobiliario para las casas valuadas en hasta $ 25.000. Y se aplicará una escala de reducción de los montos a pagar, que llegará hasta el 50% de rebaja, para las viviendas valuadas hasta $ 95.000.
Según los cálculos oficiales, esa medida beneficiará a un millón de contribuyentes, de los cuales unos 600.000 dejarán de pagar y el resto abonará montos menores que este año.
Para los inmuebles de más alto valor, en tanto, se aplicarán aumentos en las valuaciones. Pero las fuentes consultadas del Ejecutivo y de la Legislatura prefirieron extrema reserva y no indicaron a partir de qué niveles se dispondrán las subas. Sólo se señaló que los aumentos alcanzarán a "los sectores más acomodados" y que, como se dijo, se utilizará una escala que llevará los aumentos de las valuaciones hasta un 30% como máximo.
Las fuentes subrayaron que "sólo se aumentarán las valuaciones para la franja más alta de los contribuyentes para compensar la pérdida de ingresos que implicará esa medida". Según lo estimado, la medida importaría, como máximo, unos $ 300 millones extras, aunque, se aclaró, "el objetivo no es mejorar la recaudación con esta medida".
INSTAN AL DEBATE POR UNA NUEVA COPARTICIPACIÓN
La coparticipación federal de impuestos debería ser una herramienta para el desarrollo económico, pero, principalmente, para lograr una mayor equidad entre las regiones del país. Las conclusiones surgieron ayer de una jornada sobre el "debate impostergable" por un nuevo régimen de distribución de los recursos tributarios, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA).
Nadin Argañaraz, economista de la Fundación Mediterránea, mostró cómo la situación fiscal actual de la Nación y las provincias cambiaría si se eliminaran distorsiones en el esquema impositivo. Según sus estimaciones para 2008, la Nación tendría un superávit primario (antes del pago de deuda) de 3,2% del producto bruto interno (PBI) y de 1,7% cuando se agregan los compromisos de deuda, mientras que el conjunto de las provincias cerraría el año con déficit de 0,3 y de 0,6%, respectivamente.
Según el economista, si se devolviera a las provincias el 15% de la masa coparticipable que desde la reforma previsional de los 90 queda en manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), se reasignarían recursos por $ 9850 millones al año. Si a eso se suman 5700 millones por coparticipar el impuesto al cheque de igual forma que el IVA y otros 4000 en compensación por lo que las jurisdicciones pierden del impuesto a las ganancias a causa del cobro de las retenciones a la exportación entonces resultaría que se repartirían 19.550 millones más.
"Hoy se resigna el 28 por ciento de la coparticipación; son cifras sustanciales las que están en juego", dijo Argañaraz. Si se hicieran las tres compensaciones descriptas antes, las cuentas de la Nación terminarían con un déficit fiscal de 0,34%, en tanto que las provincias lograrían un superávit de 1,37 por ciento.
