Cautelosos, como es su costumbre, los líderes del socialismo están entusiasmados con que el encuentro que mantendrán mañana el jefe del radicalismo, Gerardo Morales, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sirva para avanzar hacia un frente progresista que integre a las tres fuerzas.
"Pero hay que ir paso a paso, sin apuros, y de abajo hacia arriba, para que no surja desde el vamos la lucha por encabezar listas y fórmulas", dijo ayer una alta fuente del socialismo, que también advirtió que una confluencia nacional de radicales, socialistas y cívicos "recién sería posible para (las presidenciales de) 2011".
¿Y en las parlamentarias del año próximo? "Seguramente iremos juntos en algunos distritos, como Santa Fe, Córdoba o Entre Ríos", explicó uno de los máximos referentes socialistas.
En las presidenciales del año pasado, cívicos y socialistas fueron por un lado, y los radicales hicieron yunta con Roberto Lavagna. Ambos quedaron lejos de Cristina Kirchner. Pero ahora, con el oficialismo desgastado, la oposición no quiere dejar pasar la oportunidad de unirse para sacar ventaja.
Por eso, el mes pasado el presidente socialista, Rubén Giustiniani, apareció en el Congreso Nacional de la UCR en Mina Clavero y propuso un acuerdo electoral.
Mañana, Carrió volverá a pisar después de mucho tiempo el Comité Nacional del radicalismo, para proponer un acuerdo en el mismo sentido. Lilita adelantaría algunos detalles de ese encuentro cuando presente esta tarde su plan integral de seguridad.
La semana próxima, en tanto, el gobernador socialista de Santa Fe, Hermes Binner, recibirá al cordobés Luis Juez, que ya se reunió con Carrió y avanza para que su partido sea la cuarta pata de este acuerdo en Córdoba.
Sin embargo, quedan todavía infinidad de obstáculos y recelos por salvar. En la provincia de Buenos Aires, por caso, la candidata de la CC, Margarita Stolbizer, está enfrentada con pesos pesados de la UCR bonaerense, como Leopoldo Moreau y Federico Storani. En la Capital Federal, los socialistas están mucho más cerca de un acuerdo con Claudio Lozano (CTA) y el ex ARI Eduardo Macaluse, que de las huestes de Lilita.
Es que muchos socialistas no se encuentran cómodos con el tono furioso de la oposición que desarrolla la CC liderada por Carrió. Esas diferencias quedaron a la luz la semana pasada, cuando los socialistas apoyaron el proyecto oficial de reestatización de las jubilaciones, rechazado por los diputados de la Coalición.
"Binner tiene que gobernar y dar respuestas a los santafesinos. Y necesita encontrar coincidencias con el gobierno nacional para enfrentar la crisis", justifican los allegados al gobernador.
También queda por saber si habrá lugar en este armado para Julio Cobos, del que recelan Carrió y Morales, aunque cuenta con el respaldo de Raúl Alfonsín y otros radicales. "Nosotros tenemos la puerta abierta, pero ése es un problema que primero debe resolver la UCR", concluyó la voz del socialismo.
LA UCR QUIERE MARCAR DIFERENCIAS: PRESENTARÁ DICTAMEN PROPIO SOBRE LAS AFJP EN EL SEANADO
El radicalismo promete darle pelea al kirchnerismo en el Senado. El jujeño Gerardo Morales adelantó que, a diferencia de lo que sucedió en Diputados, su bloque presentará un proyecto alternativo al enviado por la Casa Rosada para estatizar el sistema previsional. “Queremos debatirlo con todas las fuerzas”, afirmó. El titular del radicalismo no desconoce que el oficialismo tiene un pronóstico más que favorable para convertir en ley su iniciativa. Aun así, intentará posicionar a su partido como el principal opositor al kirchnerismo.
Los radicales, como el resto de los bloques de la oposición, se enfrentan a un dilema de difícil resolución, como sucedió en Diputados. Conceptualmente, están a favor del sistema estatal de jubilaciones pero no quieren favorecerle al Gobierno el uso indiscriminado de los fondos de los aportantes.
Por eso, se parapetarán sobre su propio proyecto. “A los kirchneristas les interesa poco el sistema previsional. Quieren hacerse con la plata. Néstor Kirchner está obsesionado con la elección de 2009. Sabe que si pierde se termina su sueño de volver en el 2011. La plata la van a usar para eso”, dijo Morales.
El proyecto sobre el que trabaja el radicalismo es un borrador que diseñó el ex legislador Eduardo Santín. “Hemos compilado varias iniciativas que dieron cuerpo a un proyecto de 190 artículos”, comentó Morales.
La Coalición Cívica y algunos peronistas disidentes podrían sumarse al frente que imaginan los radicales. A priori, el socialismo aparece lejos de esa movida ya que en la Cámara baja apoyó en general la iniciativa del kirchnerismo. “Estamos evaluando alternativas. Estamos en diálogo con varios senadores de la oposición para actuar juntos”, dijo la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro.
La legisladora admite que enfrentan un escenario más que complejo. “Todo se encamina hacia la obediencia ciega del oficialismo. Estamos más cerca de regresar al esquema de la escribanía que al de la resolución 125”, opinó.
EMPIEZA HOY EN EL SENADO EL DEBATE SOBRE LA LEY JUBILATORIA
La ley de defunción de las AFJP viaja ahora al Senado, después de haber sido aprobada por Diputados el viernes último. Lo hace con su enorme transferencia de fondos al Estado y también con la historia de cuando otra versión del peronismo en el gobierno hizo exactamente lo contrario.
El Senado se apresta a iniciar su cometido en comisión. En principio, para hoy están previstas las visitas del ministro del Trabajo, Carlos Tomada, y del titular de la ANSeS, Amado Boudou.
Los legisladores del oficialismo quieren terminar la tarea pasado mañana para que el debate final y la votación se puedan cumplir el miércoles 20 de este mes. Pese a los estilos y procedimientos del Gobierno, la ley conlleva el peso de los recuerdos por los métodos empleados antes, durante y después de la sanción de la Ley 24.241 que creó la jubilación privada. Hasta aquí nada se parece a lo que encarnaba el entonces ministro Domingo Cavallo, actor de de grandes enfrentamientos con la oposición y, además, con sectores del oficialismo de la época.
A diferencia de los peronistas que hoy dicen que en 1993 no votaron la ley en Diputados a mano alzada -pero que tampoco dejaron constancia de su oposición- , el peronista Oraldo Britos sí lo hizo tras un incidente con Cavallo. "No soy un genuflexo para votar algo en contra de mis principios" escribió en una carta a sus colegas de bloque. Y dejó el camino libre a Juan Carlos Romero, que presidía la comisión de Presupuesto, quien se hizo cargo del mismo proceso que se inicia ahora para emitir dictamen.
Pero ahora el luego gobernador salteño y otra vez senador, no acompaña con la misma fidelidad al Gobierno. Lo demostró con su voto negativo en la sesión que rechazó la ley de retenciones móviles. Y la semana anterior contra el Presupuesto. Y haría lo mismo ahora con la ley jubilatoria.
Hoy, la comisión de Presupuesto la conduce el kirchnerista correntino Fabián Ríos y la de Trabajo y Previsión Social el radical Gerardo Morales.
La ley no se acaba una vez que egresa del Congreso porque la decisión final sobre su voluntad la tiene el Poder Ejecutivo. En 1993 Menem vetó parcialmente el texto del Congreso y lo promulgó. Para rechazar un veto se reclaman dos tercios de los legisladores presentes y deben pronunciarse las dos Cámaras. Un cometido inalcanzable sin la participación del bloque que responde a la Casa Rosada.
No se avizoran sorpresas en el Senado que el oficialismo tiene bajo control numérico, por lo que tiende a convalidar lo que votó Diputados, donde son ya insoslayables las negociaciones. Se reflejó en el papel asumido por un sector firmemente opositor (bloque SI que conduce Eduardo Macaluse y Proyecto Sur, de Claudio Lozano) que acentuó con esta ley el compromiso de bregar por los acuerdos cuando ellos son posibles.
LAS PROVINCIAS APROVECHAN PARA PEDIR DEVOLUCIÓN
El debate sobre el nuevo sistema previsional en la Cámara alta será la excusa para que media docena de provincias retomen el reclamo para que el gobierno nacional deje de absorber el 15% de coparticipación adicional para financiar a la ANSES. Ese mecanismo, sólo entre enero y septiembre, significó una transferencia de recursos de más de 6.000 millones de pesos.
El santafesino Hermes Binner fue el primero en plantear públicamente el reclamo para que el Gobierno “les devuelva a las provincias lo que es de las provincias”, con el argumento de que la ANSES recibirá a partir de la sanción de la nueva ley los fondos que quedaban en las administradoras privadas: unos 15 mil millones de pesos anuales.
El reclamo provincial llegó desde distintos flancos e incluye a los gobernadores K Celso Jaque (Mendoza), Juan Manuel Urtubey (Salta) y Sergio Urribarri (Entre Ríos), y a los justicialistas un poco más alejados de la Casa Rosada como Mario Das Neves (Chubut) y Juan Schiaretti (Córdoba).
El listado de provincias que encabezan los reclamos no es azaroso. A excepción de Buenos Aires, que no levantó la voz aunque es la que aporta más recursos, los mandatarios que lideran el reclamo son los más afectados por la retención de fondos coparticipables.
En el marco del tratamiento del proyecto de reforma provisional se deberá discutir cómo recuperar los aportes tributarios al sistema”, avisó el salteño Urtubey a sus colaboradores, según pudo saber Crítica de la Argentina. En el gobierno chubutense de Das Neves tienen una mirada similar: “Ya puede compensar ese giro”, dicen.
Todos los gobernadores usan argumentos parecidos. En primer lugar, remarcan que la ANSES trabaja con un superávit que se verá incrementado con el paso de las AFJP a la órbita del Estado. Y señalan que después de varios años en los que las provincias compensaron el desfasaje entre activos y pasivos, ahora “necesitan” recuperar los fondos ante la previsión de que las cuentas públicas adelgacen con la crisis. Por eso exigen que se giren menos fondos a la ANSES de una Coparticipación que ya reparte dinero de Impuestos como el IVA, Ganancias y Combustibles.
ADVIERTEN QUE EL RÉGIMEN DE REPARTO SERÁDEFICITARIO
Dados los compromisos que asumiría el Estado de aprobarse la ley que está en debate, el sistema jubilatorio de reparto caería en déficit en no muchos años más, y en 2050 el desequilibrio podría llegar a un nivel del 6,8% del producto bruto interno (PBI), si no se producen cambios de fondo en la estructura de la sociedad y en el mercado laboral.
Frente a esa situación se prevé que, con el tiempo, y sobre base de la experiencia de otros países, las variables de ajuste podrían ser la edad jubilatoria -que se elevaría-, el poder adquisitivo de los haberes o el aumento de la presión tributaria y de los aportes.
Las estimaciones citadas, incluidas en un estudio de la consultora Prefinex, tienen en cuenta que el financiamiento de las prestaciones depende no sólo de los aportes y contribuciones de los empleados formales, sino también de recursos tributarios, ya que el régimen no se sostiene por sí mismo.
El informe analiza varios escenarios para evaluar los posibles déficit, con diferentes hipótesis en cuanto a la evolución de las variables del mercado de trabajo, aunque parten de dos supuestos comunes: uno es que los salarios y las jubilaciones conservarían su actual poder de compra, y el otro es que se mantendría la edad jubilatoria, ante un hecho ya previsto: la creciente participación de las personas mayores en la población total, lo que representa un desafío para los esquemas de financiamiento intergeneracional.
El trabajo elaborado por los economistas Nicolás Bridger y Osvaldo Cado cita datos del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade), que indican que mientras hoy los mayores de 65 años son el 10,4% de la población argentina, en 2050 serán el 18,7 por ciento.
En un escenario en el que las tasas de actividad, desempleo e informalidad mantienen niveles similares a los actuales, el resultado neto del sistema sería, para dentro de cuatro décadas, un déficit del 3,3 por ciento.
GARRIDO INVESTIGA A BOUDOU
El fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, pidió a la justicia federal que determine si la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que conduce Amado Boudou, cometió algún delito en el conflicto suscitado por el envío de fondos previsionales de la Nación a la provincia de Córdoba, trascendió ayer de fuentes vinculadas con el caso.
La controversia surgió a partir del reclamo de las autoridades de la provincia mediterránea, efectuado a principios de año, para que la administración nacional le remitiera el dinero para paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones de esa provincia.
Garrido impulsó la investigación a partir de un pedido del defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien requirió saber si las autoridades de la Anses cometieron los delitos de desobediencia, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. La iniciativa de Garrido coincide con la intención del Gobierno de limitar sus facultades de investigación.
El déficit previsional de Córdoba que suscitó el conflicto era en el momento de la operación de alrededor de 500 millones de pesos. Luego de una recomposición política entre las autoridades nacionales y el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, se acordó que se iba a enviar a la provincia una suma algo superior. Igualmente, las acciones judiciales están referidas a los hechos anteriores a estas negociaciones: se investiga si las autoridades previsionales no entregaron al ombudsman los informes que oportunamente les fueron requeridos, por lo que se debió recurrir a la justicia federal para que ordenara la remisión del material.
Acerca del posible incumplimiento de los deberes, Mondino pidió la investigación porque "a pesar de encontrarse en la ley de presupuesto 2008 asignados los fondos a enviar a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia de Córdoba, y la solicitud de la remisión del dinero presupuestado, esas sumas no le fueron giradas", dijeron fuentes de la investigación.
Y sobre la supuesta malversación, las fuentes señalaron que "debe establecerse, en atención a que los fondos jamás ingresaron a las arcas de la Caja, qué destino final se les dio, pues de haber sido utilizados para una finalidad distinta, sería un delito".
CARRIÓ ACUSA A KIRCHNER DE FRAUDE
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ratificó ayer que presentará en los próximos días una "denuncia penal" contra el ex presidente Néstor Kirchner. Denunció que "el objetivo del Gobierno es que apenas se sancione la ley que elimina las AFJP se largue un gran plan de obras públicas, comandado por Julio De Vido y Néstor Kirchner, que en realidad es mandar a una asociación ilícita el dinero de los jubilados de la ANSeS y ahora de las AFJP".
"Estamos en condiciones de presentar una denuncia penal por defraudación al Estado, evasión impositiva y asociación ilícita, poniendo como jefe de la asociación ilícita a Néstor Kirchner y como integrante a Julio de Vido, a Claudio Uberti (ex funcionario), a Ricardo Jaime (secretario de Transporte) y a Lázaro Báez, que es testaferro de Kirchner", dijo Carrió.
Admitió no tener "elementos de prueba para decir que Cristina es parte de la asociación ilícita" pero citó la "responsabilidad institucional indubitable de la Presidenta de la Nación en convalidar el saqueo organizado por su esposo".
Carió agregó que cuenta "con toda la documentación de todos estos años" y citó "obras de $ 400 millones pagadas a Lázaro Báez y que nunca se ejecutaron".
CRECEN FUERTE LOS JUICIOS POR EL REAJUSTE DE LAS JUBILACIONES
En los últimos meses se incrementaron los juicios contra el Estado por mala actualización de haberes jubilatorios: desde septiembre crecen a razón de 200 nuevas presentaciones por día. Este ritmo duplica los registros de hace apenas seis meses.
Esto motivó que los jueces de los diez juzgados de primera instancia de la Seguridad Social manifestaran su "especial preocupación" porque -dicen- no cuentan con recursos humanos suficientes para atender todas las causas que se abren a diario en Tribunales.
Esta situación se da en medio del debate por el proyecto oficial para eliminar el régimen de jubilación privada y pasar a todos los afiliados al sistema público, con el argumento de que esto garantizará mejores haberes para todos los jubilados.
Además, hace apenas dos meses se aprobó una ley de movilidad jubilatoria que entrará en vigencia a partir de 2009, pero que no resuelve los reclamos de casi un millón de jubilados que recibieron aumentos inferiores a los que determinó la Corte de Justicia en el denominado "fallo Badaro".
El incremento de las demandas por falta de movilidad quedó admitido en un escrito que los jueces de primera instancia elevaron al presidente de la Cámara Federal, Bernabé Chirinos. Allí, los magistrados que reciben en primera instancia las demandas de los jubilados plantearon que "nuestra especial preocupación por el número de causas en trámite y que se están iniciando en este fuero en reclamo de reajustes por movilidad". Según dice el texto.
El secretario de la Cámara Federal estimó las demandas en 200 por día, "lo que a su vez produce un aumento de consultas reiteradas por parte de profesionales y litigantes que requieren por el estado de sus presentaciones".
Según el texto, en septiembre se iniciaron unos 500 expedientes en cada juzgado, lo que hace un total aproximado de 5.000 causas (a razón de 200 por día hábil). A eso se agregan unos 7.400 escritos presentados por juzgado más 1.850 oficios y cédulas, también por juzgado.
Ante esto, los jueces sostienen que cuentan con "insuficiencia de recursos, especialmente humanos, para la atención de las causas". Y recuerdan que la Corte Suprema en el caso Iztcovich señaló "la condición de ancianos de nuestros justiciables y la premura que ello implica en orden al reconocimiento de sus derechos y la incidencia del factor tiempo, teniendo en cuenta la índole de los reclamos de naturaleza alimentaria".
Las demandas de los jubilados se incrementaron luego del fallo Badaro de la Corte Suprema que ordenó ajustar los haberes por el período enero 2002 a diciembre de 2006 en un 88,6 por ciento de acuerdo con la evolución del nivel general de los salarios del INDEC.
Aunque el Gobierno otorgó varios aumentos generales, un sector de jubilados -más de un millón- recibió en esos 5 años incrementos inferiores al 88,6%. Así, en base a la doctrina de la Corte, un gran sector pasó a reclamar en la Justicia el pago retroactivo de la diferencia y el reajuste de los haberes que están cobrando.
En julio pasado, a través de la Resolución 955 de la Secretaría de Seguridad Social, el Gobierno resolvió que la ANSeS no apele los fallos de la Justicia que apliquen la movilidad dispuesta por la Corte Suprema en el caso Badaro. Y que tampoco apele las sentencias que apliquen el 82 u 85% móvil en los regímenes especiales de docentes, investigadores científicos y diplomáticos.
El Gobierno fundamentó esta Resolución en la necesidad de agilizar las causas judiciales en un tema donde hay doctrina de la Corte de manera de descongestionar los expedientes de los Tribunales. Eso evita que los casos lleguen a las instancias superiores --acortando en varios años los reclamos--, pero no evita que el jubilado tenga que iniciar un juicio y esperar la sentencia de primera instancia para cobrar lo reclamado.
El juez de la Cámara de la Seguridad Social Luis Herrero --en declaraciones exclusivas a Clarín-- sostuvo que en medio del debate actual sobre si estatizar o no todo el sistema previsional "muy pocos, por no decir nadie, se preocupan del penoso nivel adquisitivo de los haberes actuales de los jubilados que la Corte Suprema ordenó recomponer en el caso Badaro y que se desoyó hasta ahora, dando origen a miles de causas que están colapsando al fuero de la Seguridad Social".
LA ANSES YA INVIERTE EN FIDEICOMISOS
Detrás del boom de la venta de electrodomésticos estuvieron los fideicomisos financieros. Una parte de las inversiones que concretó el rey de la soja, Gustavo Grobocopatel, se financió con un fideicomiso. Algunos bancos recurrieron a un fideicomiso para fondearse y otorgar préstamos personales, al igual que algunas tarjetas de crédito, como Tarjeta Shopping y Naranja.
Detrás de la mayoría de los fideicomisos estuvieron las AFJP: aportaron la mayoría de los fondos que se canalizaron a la economía real a través de esta vía. ¿Qué sucederá cuando los fondos de las administradoras pasen a manos del Estado? El mercado recibió la semana pasada la primera señal oficial: la Anses comenzó a invertir en estos instrumentos.
El Gobierno llevó así a la práctica la promesa, explicitada por el director ejecutivo de la Anses, Amado Boudou, de "profundizar" el financiamiento al consumo a través de los fideicomisos. Pero algunos dudan de que esta participación perdure en el futuro. "Todo el mundo duda de eso", se sinceró un ejecutivo del sector.
"Van a estar comprando. Ellos quieren manejar la tasa de interés. El tema es hasta cuándo, si van a estar hasta que se apruebe la ley o hasta las elecciones del año que viene... el tema es ver cómo sigue", completó.
Una porción de las dudas está arraigada en la falta de previsibilidad de la economía. Otra, en el ambicioso plan de obras públicas que el Gobierno tiene en carpeta, y que se financiaría -total o parcialmente- con los fondos adicionales que captará la Anses una vez que el Senado apruebe la reforma. La cuestión es simple: si el Gobierno desviará o no a obras públicas fondos invertidos en plazos fijos, acciones, fondos de inversión o fideicomisos.
El tema no es menor porque las AFJP son los principales inversores en fideicomisos, ya sea directa o indirectamente, a través de fondos de inversión o compañías de seguros. Este año, los fideicomisos canalizaron $ 7855 millones a la economía. Por lo menos un tercio de ese monto fue aportado por las administradoras.
Casas de electrodomésticos, como Garbarino, Frávega, Ribeiro y Megatone; bancos, como el Galicia, el Supervielle o el Hipotecario, y tarjetas de crédito, como Naranja, Cuyana o Shopping, han ampliado y sostenido el aumento del consumo en cuotas gracias a estos instrumentos.
El sistema es simple: estas empresas venden en cuotas a una tasa de interés de dos dígitos, luego "empaquetan" esas cuotas en un fideicomiso que licita un banco o una sociedad de Bolsa, por el que pagan una tasa menor, aunque lo suficientemente elevada como para que sea atractivo. El negocio es redondo. Y si bien se paralizó cuando se conoció la iniciativa oficial y se inhibió a las AFJP a operar en el mercado, la semana pasada se reactivó.
CGT DISEÑA PLAN ANTIDESPIDOS PARA LLEVAR A CRISTINA
La CGT reclama “firmeza” de Cristina de Kirchner para impedir que la crisis global agrave su efecto dañino en el país. Ese es el modo de los gremios para pedir la intervención directa del gobierno en el mercado laboral, que ya comenzó a mostrar datos críticos.
En alerta, la cúpula encabezada por Hugo Moyano volverá a reunirse esta semana para avanzar en el diseño de un plan antidespidos que más tarde tratarán de presentarle en persona a la Presidente. Antes, sin embargo, quieren “pulir” un paquete de medidas.
Ese plan, que combina medidas “de acción” con otras “de prevención” -según precisó uno de los sindicalistas abocados a esa tarea- comenzó a ser bosquejado en la cumbre que mantuvieron el jueves pasado los dirigentes que integran la “mesa chica” de la CGT.
PARA LA CGT, NO ES EL MOMENTO DE CAMBIOS EN LAS ART
La cúpula sindical que encabeza Hugo Moyano admite que no es el momento indicado para avanzar en una reforma del sistema de ART. Impulsan, de todos modos, una mayor intervención del Estado en el control del sistema de riesgos de trabajo.
Así lo trasmitieron dirigentes de la CGT ante las versiones de que se evaluaba la posibilidad de emular con las ART el modelo de absorción estatal que se impulsó para el sistema previsional de capitalización, a través de las AFJP.
“No es el momento de hacer reformas, al menos hasta que pase el temblor por el proyecto de AFJP”, dijo un dirigente sindical que sondeó el proyecto de reforma que circuló, días atrás, sobre el sistema de ART.
EL GOBIERNO PREPARA UN PLAN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA: QUIERE FRENAR LA CRISIS
En los próximos veinte días, el Gobierno lanzará un plan de obras públicas para fortalecer el mercado interno y la generación de empleo. El proyecto, que apunta a compensar la caída de la actividad económica y su efecto sobre el sector privado, ya se puede consultar en varios despachos del Ejecutivo.
Una copia descansa en la oficina que suele usar Néstor Kirchner en Olivos cada vez que recibe a un invitado. Aunque se anunciará en dos semanas, la iniciativa comenzará a ejecutarse con la llegada del nuevo año. El objetivo del proyecto consiste en reanudar las obras públicas de grandes dimensiones que se paralizaron o demoraron producto de la crisis, pero también y sobre todo prevé impulsar nuevos emprendimientos de infraestructura de menor costo pero alta visibilidad. Se trata de la construcción de hospitales y centros integradores comunitarios (las reparticiones descentralizadas del Ministerio de Desarrollo Social), como también obras vinculadas con cloacas, agua potable y veredas.
Una de las particularidades de la propuesta, que en algunas oficinas del Gobierno ya se conoce como el “megaplán”, es que tendrá una participación importante de pymes, microempresas y cooperativas. “Son las más creadoras de empleo”, argumentó uno de los diputados que integra la comisión de Obras Públicas de la Cámara baja. En la elaboración del proyecto, como en el repaso de los detalles y el estudio de la financiación, está trabajando el secretario de Obras Públicas, José López. Para que el plan se concrete, el Gobierno necesitará que se sancionen dos leyes claves que están pendientes en la agenda parlamentaria.
La primera es la estatización de los fondos de las AFJP, que ya logró la media sanción en Diputados. La otra ley imprescindible es la prórroga del Impuesto al cheque, que deberá tratarse antes de fin de año. La prórroga de ese impuesto garantizará un importante ingreso a las arcas del Fisco.
En las altas esferas del Gobierno creen que el efecto que tendrá el plan de obras públicas será el de subsidiar la demanda y fortalecer el mercado interno. También funcionará como compensación ante las pérdidas de puestos de trabajo que la crisis está provocando en el sector privado.
Dentro del paquete “keynesiano” que promete anunciar la Rosada hay un espacio para los créditos que apuntalen el nivel de actividad. El Banco Nación, que preside la economista Mercedes Marcó Del Pont, está estudiando una línea de créditos blandos para empresas. Podría anunciarse en una semana.
Leído desde el escenario global, el paquete que prepara el oficialismo podría sumarse a la ola de medidas contracíclicas que están impulsando la mayor parte de los países afectados por la crisis. Tanto los desarrollados como los emergentes.
Uno de los primeros hombres del Gobierno que habló sobre el proyecto de obra pública fue nada menos que Kirchner. En sus periódicas reuniones con dirigentes del oficialismo en Olivos, el ex mandatario adelantó los puntos principales de la iniciativa. En las últimas semanas conversó sobre la iniciativa con el diputado Edgardo Depetri, el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y con el subsecretario de Integración Latinoamericana de la Cancillería, Eduardo Sigal, entre muchos otros. Uno de sus visitantes más recientes, incluso, pudo echar una ojeada a un cuadernillo con anotaciones en el que el propio Kirchner tenía anotados números y detalles del famoso “megaplán”. Otra de las ideas del santacruceño es reactivar las cooperativas de desocupados, algunas de ellas integradas por miembros de movimientos sociales, para que cumplan un rol en la ejecución de las obras.
Quienes han conversado con Kirchner sobre la crisis internacional aseguran haberlo encontrado confiado en los números de la economía argentina: léase, las reservas del Banco Central y los fondos que –con la sanción de la eliminación de las AFJP– podrían pasar a formar parte de la Anses.
El ex presidente considera a la fortaleza fiscal como una estrategia clave para sobrellevar la depresión económica que se avecina. “Kirchner sostiene que tenemos los instrumentos para bancarnos la crisis un tiempo y para enfrentar cualquier intento de especulación interna con los bonos, el dólar o las acciones. Pero todo depende de cuánto dure la crisis”, reconoció ante PáginaI12 un funcionario y dirigente que hace poco fue invitado a conversar con el ex mandatario en la quinta de Olivos.
ARGENTINA PIDE QUE EL FMI OTORGUE CRÉDITOS SIN PONER CONDICIONES
La crisis mundial no espera y los países en desarrollo, como la Argentina, Brasil o México, no pueden aguardar a las decisiones tomará el G-20 financiero para el largo plazo. Es preciso disponer de fondos inmediatos que permitan compensar la ausencia de crédito privado internacional.
Por eso, Martín Redrado pidió ayer en la cumbre del G-20 una medida rápida: que el Fondo otorgue "créditos sin condiciones" por un período corto de tiempo, no más de tres meses, renovable por una única vez. Y sin necesidad de que los países sean auditados por el FMI. "Son Swaps que tendrían como contrapartida los bonos del Tesoro" subrayó. Estos préstamos sirven para frenar la salida de capitales y estabilizar la economía. El pasado octubre el ministro de Economía, Carlos Fernández hizo un reclamo similar en la asamblea anual del FMI en Washington.
El jefe del Banco Central señaló ante sus colegas del G-20 que "los emergentes tenemos hoy un espacio menor para desarrollar políticas anticíclicas: somos el eslabón más débil de la globalización financiera". Consultado sobre la receptividad de la propuesta, Redrado comentó que había conversado el tema con el director gerente del Fondo Strauss Kahn y había encontrado en él una señal positiva. "Entiende que es urgente ampliar las fuentes de liquidez internacional y una forma de hacerlo es a través del FMI, con nuevos instrumentos y con fondos adicionales".
Indicó que la institución puede ofrecer otros medios. "Por ejemplo, el Fondo puede dar garantías para emisiones de bonos en los países emergentes que tienen problemas de liquidez". Dijo que esos problemas se originan en "la terrible ola de aversión al riesgo" que llevó a los capitales a salir de los emergentes en busca de refugio en los bonos del Tesoro de EE.UU.
Esa postura tuvo eco dentro de la cumbre de ministros de finanzas y titulares de bancos centrales del G-20, donde se admitió en un comunicado con la firma de las grandes potencias mundiales (incluida la de EE.UU.) que "uno de los efectos más nefastos de esta crisis actual es el congelamiento del crédito privado y la tendencia del capital a volar hacia donde originó la crisis (sic)". O sea, a EE.UU.
Las demandas de Argentina de facilitar una salida rápida para los países que como el nuestro requieren superar cuellos de botella de financiación no cayeron en saco roto. "Deberíamos explorar como restaurar el acceso al crédito a los países emergentes y recomenzar el flujo de capitales privados, un asunto crítico para poder crecer".Según Redrado, es urgente consolidar la situación del propio Fondo.
"Una forma es que la institución emita bonos para obtener recursos. Sería el medio más rápido y más eficiente". ¿Por qué no capitalizar al FMI con aportes de cada país? Porque implica una discusión de más largo plazo que es cómo se redistribuye el poder dentro del organismo.
"Y las respuestas son precisas ya". Redrado relató que hubo proposiciones más radicales que las de Argentina. La India, por ejemplo, sostuvo que EE.UU. debería utilizar parte de los US$ 700.000 millones votados por el Congreso norteamericano para estabilizar su propia situación, en consolidar financieramente al FMI para que pueda prestar a los emergentes. La iniciativa no habría prosperado.
Como el resto de su colegas, Redrado sintió que la mejor noticia viene de China. "La decisión tomada por este país de ampliar el gasto público para favorecer un crecimiento más robusto que el previsto originalmente para 2009 (de sólo 5%) es un acontecimiento muy positivo".
LA CUENTA CON EL CLUB DE PARÍS
Argentina aún planea utilizar sus reservas internacionales para cancelar su deuda impaga con el Club de París, dijo ayer el presidente ejecutivo de la entidad, Xavier Musca.
Desde hace un tiempo se especula con que el Gobierno podría revertir su promesa de pagar la deuda de US$ 6.700 millones con reservas internacionales. Pero Musca señaló: "Ellos ( por Argentina) aún tienen la intención de cancelar su deuda". Estas declaraciones fueron formuladas luego de una reunión que mantuvo Musca con funcionarios argentinos. También dijo que había negociaciones acerca de cuánto dinero precisamente se debía y a qué país.
SEGÚN UBERTI, ANTONINI HABLA PERO NO APORTA PRUEBAS A LA JUSTICIA
El cuestionado ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti mantiene su táctica de silencio ante la prensa pero se muestra confiado en rebatir en la Justicia las acusaciones del empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson por el escándalo de la valija con los 800 mil dólares.
"Antonini no tiene una sola prueba. Lo suyo es sólo un relato", dijo una fuente allegada a la defensa del ex funcionario K, el único que perdió su cargo en el Gobierno por este escándalo. La frase viene a cuento no sólo por los dichos del venezolano ante la Justicia estadounidense en el juicio recientemente concluido en Miami sino por recientes declaraciones periodísticas de Antonini.
En una entrevista publicada ayer por el diario La Nación, Antonini volvió a despegarse de la valija llegada al país en plena campaña electoral de 2007 y aseguró que Uberti le dijo al día siguiente de su llegada al país que el por entonces presidente Néstor Kirchner sabía todo y que lo iba a "bancar hasta la muerte".
Antonini es un prófugo de la Justicia argentina y cuenta con un pedido de captura y una solicitud de extradición que las autoridades estadounidenses por ahora no han tramitado. "Mientras no se presente a declarar aquí o no lo traigan ante el juez es poco lo que se puede avanzar", se defendió una fuente judicial argentina.
En similar situación se encuentran los venezolanos Diego y Daniel Uzcategui, el primero de ellos ex vicepresidente de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA). Están con pedido de captura y Venezuela no colabora para lograr sus comparecencias, lo cual dificulta la pesquisa, según fuentes judiciales argentinas.
En cambio, Uberti se presentó en la causa y el juez Daniel Petrone dispuso que no hay mérito para procesarlo ni para sobreseerlo. Fuentes cercanas a su defensa consideraron "muy flojo" el discurso de Antonini. "Se contradice él mismo y con las declaraciones de los testigos de la causa", afirman.
CASO ANTONINI: PIDEN QUE LA JUSTICIA CITA A KIRCHNER
Un día después de que el maletero Alejandro Guido Alejandro Antonini Wilson ratificara, en una extensa entrevista con LA NACION, su versión de que Néstor Kirchner estaba al tanto de todos los detalles del escándalo de la valija, la oposición en bloque reclamó que la Justicia cite a declarar al ex presidente.
La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, fue incluso un paso más allá y confirmó que pasado mañana denunciará penalmente al presidente del PJ porque lo considera "jefe de una asociación ilícita".
"Esto (por la entrevista que publicó LA NACION) es un elemento más que prueba la asociación ilícita que encabeza Kirchner", dijo Carrió. La dirigente de la CC presentará un denuncia penal por defraudación al Estado, evasión impositiva y asociación ilícita, basada sobre todo en la reforma previsional que pretende estatizar las AFJP.
Carrió cree que el objetivo del Gobierno es que apenas sea sancionada la ley, "se largue un gran plan de obras públicas, comandado por Julio De Vido [el ministro de Planificación Federal] y Néstor Kirchner, que mandará el dinero de los jubilados a una asociación ilícita".
Pero además asoció ese tema con el intento de ingresar en el país una valija con 800.000 dólares, porque lo considera parte del mismo plan. Carrió dijo que no tenía elementos de prueba para decir que Cristina fuera parte de esa supuesta asociación ilícita.
No obstante, la dirigente de la CC no fue la única que pidió que Kirchner concurriera a Tribunales.
"Si hay Justicia independiente, no puede pasar un día más sin que se cite a comparecer a Néstor Kirchner", la secundó la ex diputada Margarita Stolbizer, aliada radical de Carrió.
"Si se comprueba la veracidad de sus dichos [por las expresiones de Antonini], la Justicia tendrá que citarlo de inmediato a declarar como a cualquier hijo de vecino" coincidió desde Pro el diputado Luis Galvalisi (Capital).
Para el presidente de la UCR, Gerardo Morales, "su argumento “por Antonini” es creíble porque Kirchner maneja toda la botonera, todos los controles del Gobierno". En tanto, para el diputado radical Mario Negri (Córdoba) Antonini Wilson probaría sus dichos si viniera a la Argentina a declarar a la Justicia. "Tendría que venir, si lo que dice es cierto, sería una gran contribución para la Justicia, pero si no viene, su conducta no aplica", sostuvo.
Por su parte, el diputado Carlos Raimundi (SI) expresó a que "Antonini no parece una persona confiable, pero todos sabemos que hubo mecanismos espurios en el financiamiento de la campaña". A la vez, Eduardo Macaluse coincidió con su compañero de bancada Raimundi al sostener: "(Antonini) no me parece de confianza, pero eso no quita que el Gobierno nos debe muchas explicaciones".
Mientras la oposición ayer pedía explicaciones, el Gobierno prefirió guardar silencio y no hizo ningún comentario sobre las declaraciones de Antonini. A diferencia de otros momentos en que la Casa Rosada salió a descalificar a Antonini, esta vez hubo un silencio absoluto.
CRISTINA PIDE A LA OPOSICIÓN RESPONSABILIDAD
Fiel a su estrategia de “comunicación directa con la gente”, sin intermediarios, Cristina Fernández volvió a publicar su columna dominical en un diario del interior: esta vez, su tema central fue la oposición, a la que le pidió responsabilidad.
Y criticó sin nombrarlo a Eduardo Buzzi, que llamó a “desgastar” su gobierno. Estos son los fragmentos más destacables de su artículo, publicado ayer en el diario El Territorio de Misiones:
“Con la pavimentación de la ruta 101, los misioneros, los argentinos todos, ya no tendremos que pasar por las rutas asfaltadas de Brasil para evitar el barro de los caminos de nuestro país.
Además, para favorecer la comercialización y la integración con los países vecinos, pondremos en marcha una nueva aduana. La de Puerto Iguazú ya no da abasto para contener el creciente comercio de nuestras economías regionales. El martes también inauguramos desde Puerto Iguazú cuatro nuevos establecimientos educativos en las localidades de Guaraní, Eldorado, Puerto Esperanza y Puerto Piray, dentro del Plan 700 escuelas.
La educación es mucho más que una preparación para ingresar al mercado laboral. Es principalmente un instrumento para la formación de ciudadanos que puedan y sepan ejercer sus derechos y que se hagan cargo, también, de sus deberes y obligaciones. Por otra parte, con el avance en el proyecto del Gasoducto del Noreste, un proyecto federal y latinoamericano, se está dando previsibilidad a otro de los ejes fundamentales de nuestra gestión y de nuestro época como es el tema de la energía.
Además, en agosto se inauguraron la tercera línea de transporte de alta tensión y la estación transformadora de 500 KV asociadas a la central hidroeléctrica Yacyretá, que demandaron una inversión de 630 millones de dólares. La obra pública es la punta de lanza para mantener el nivel de actividad, para generar empleo y para mejorar la distribución del ingreso.
A partir de estos proyectos y obras concretas, podemos volver a pensar en el país en su conjunto, pero especialmente en aquellas regiones que necesitan superar décadas de olvido y postergación.
Tener una Argentina más justa y más equitativa requiere no sólo de un buen gobierno, sino también de una buena sociedad y una oposición responsable.
La Argentina necesita dirigentes dispuestos a poner el hombro para construir. Especialmente, cuando tenemos desafíos e intereses tan poderosos que enfrentar. Ya sabemos cómo nos fue con dirigentes y opositores que se dedicaron a desgastar gobiernos.
Quienes tenemos la responsabilidad de ocupar un cargo público somos una circunstancia de la historia. Lo permanente, lo insustituible, lo irremplazable, es la Patria. Los gobiernos pasan. Los argentinos quedan.
Pueden dar testimonio de ello los habitantes de Andresito. Un pequeño pueblo 60 kilómetros al este de las Cataratas del Iguazú, que desde la llegada de los primeros colonos lucha por su desarrollo socioeconómico.
Santacruceños y misioneros estamos hermanados por el orgullo de albergar en nuestra tierra las dos maravillas naturales más importantes de la Argentina: las Cataratas del Iguazú y el Glaciar Perito Moreno.
Me llevo al sur el cariño y afecto de su gente y los recuerdos de su feria de pequeños productores. Me llevo el pan, los quesos, las conservas y las frutas. Me llevo, en definitiva, el trabajo, el esfuerzo, y la alegría. Garantía de misioneros.
Porque como decía Horacio Quiroga: 'Misiones, colocada a la vera de un bosque que comienza allí y termina en el Amazonas, guarece a una serie de tipos a los que podría lógicamente imputarse cualquier cosa, menos, ser aburridos'.”
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO, EN UN NUEVO PROYECTO
A toda velocidad y mientras los flashes mediáticos apuntan a la discusión parlamentaria de la estatización del sistema jubilatorio, el kirchnerismo en la Cámara de Diputados avanza con una serie de modificaciones en el Código Penal tendientes a ampliar los casos de aborto no punible y a eliminar la obligatoriedad de una denuncia judicial para decidir la interrupción del embarazo como consecuencia de una violación.
Las comisiones de Legislación Penal y de Familia de la Cámara de Diputados discutieron, durante la semana pasada y a nivel de asesores, el proyecto presentado por las diputadas kirchneristas Nora César y Juliana Di Tulio (Buenos Aires), por el que se modifica el artículo 86 del Código Penal en lo que se refiere a los casos de aborto no punible, hoy circunscripto a los de violación contra una "mujer idiota o demente".
En el artículo 1° del nuevo proyecto, que obtuvo preferencia para su tratamiento en el recinto con despacho de comisión, se autoriza la realización del aborto "con el fin de evitar un peligro para la salud o la vida de la mujer". Se omitió así el párrafo siguiente, hoy en vigor, que no castiga la operación "si ese peligro no puede ser evitado por otros medios". Según la diputada de Pro, Cynthia Hotton (Capital), "al eliminar ese párrafo, se habilitaría el aborto aun existiendo otras alternativas".
En el artículo 4, el proyecto establece que si el embarazo fuera producto de una violación "no podrá exigirse denuncia penal para comprobar la relación sexual no consentida" y tampoco "se podrá exigir autorización judicial para realizar el aborto" cuando se trate de los casos no punibles, según el Código Penal.
En los considerandos del proyecto, Di Tulio y César niegan que se esté frente a una ampliación de los permisos para abortar, aunque afirman: "Si le exigiéramos a la mujer una denuncia penal de su violación para poder abortar, la obligaríamos a judicializar una situación fáctica cuando, en realidad, puede optar por no habilitar a la Justicia a que investigue, sin perjuicio de lo cual no debe perder su derecho de abortar. Denunciar y abortar no van de la mano, son cuestiones independientes".
Según Hotton y sectores de la Iglesia que critican la reforma, en cambio, con estas modificaciones se establece un peligroso precedente, pues entienden que "se estaría dejando la decisión de abortar a la sola manifestación de la embarazada".
Además, especifican, "no se puede prohibir la actuación de la Justicia, que determina las causales de exculpación. Hay que partir de que el aborto es un delito y que algunos artículos de este proyecto son disculpas a la eventual sanción para los médicos que los realicen".
El proyecto tiene amplio consenso en bancadas opositoras, como la Coalición Cívica, la UCR y el socialismo.
"Estos cambios clarifican y ayudan a que en los hospitales públicos se sepa cuáles son los casos de aborto no punibles", afirmó a LA NACION la diputada socialista Silvia Ausburguer (Santa Fe). Según esa legisladora, "Brasil contemplaba el sistema de denuncia policial y lo eliminó un año después porque no tenía sentido".
El radical Pedro Azcoiti (Buenos Aires) confirmó que su partido apoyará las modificaciones "porque -dijo- clarifican el sentido de la norma".
Hotton, vicepresidenta segunda de la Comisión de Familia, criticó que el proyecto no pase por la Comisión de Salud, que encabeza el diputado Sylvestre Begnis (FPV-Buenos Aires), también firmante de la iniciativa.
"Tengo esperanzas de que la presidenta Kirchner intervenga según sus convicciones, como seguramente lo hará Tabaré Vázquez, en Uruguay", dijo Hotton, en referencia al anunciado veto del presidente de ese país a la ley de despenalización del aborto que acaban de aprobar los legisladores.
El miércoles pasado, los diputados uruguayos sancionaron una ley de salud sexual que incluye un capítulo que despenaliza el aborto. La votación fue por 49 votos en favor y 48 en contra.
El artículo 8 autoriza a que "toda mujer decida la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas" de gestación. Los artículos 9 al 14 establecen las condiciones para abortar, entre las que se mencionan "penurias económicas, sociales, familiares o etarias". También establece las restricciones y los deberes del médico.
La iniciativa provocó un fuerte rechazo de la Iglesia. Anteayer, la Conferencia Episcopal del Uruguay informó que, según el Código de Derecho Canónico, quienes apoyaron esta iniciativa se alejaron de la Iglesia y, por ende, están impedidos de recibir los sacramentos. En tanto ayer, el gobierno santafecino del socialista Hermes Binner tuvo el primer entredicho con la iglesia de esa provincia. Fue cuando el ministro de Salud, Miguel Angel Capiello, aseguró que "no debería penalizarse a una mujer que se practica un aborto" y sostuvo que "tampoco debería ser una obligación denunciar este tipo de prácticas".
La respuesta partió del arzobispo de la diócesis santafecina, monseñor José María Arancedo: "El aborto no es negociable. Si existe vida, esa vida reclama respeto y derechos. Es autónoma", opinó.
DIARIO ESPAÑOL “EL PAÍS” DICE QUE POPULARIDAD DE CRISTINA HA CAÍDO EN PICADA
El influyente diario español El País le dedicó ayer una página entera a la situación política de Cristina Fernández, cuya popularidad “ha caído en picado desde su victoria”, según el periódico, que afirma que “las continuas interferencias del ex dirigente perjudican a su esposa”.
“El problema es que Néstor Kirchner no aparece como consejero de la Presidenta, sino como fuente directa de poder y que esa imagen desgasta el valor de la figura de Cristina Fernández”, dice el matutino madrileño.
La corresponsal del medio español en la Argentina afirma que “la anunciada retirada de Néstor Kirchner no llegó a producirse en ningún momento. Bien al contrario, desde el primer día el ex presidente mantuvo una presencia política muy intensa, que formalizó, en parte, haciéndose elegir como máximo dirigente del Partido Justicialista”.
El periódico alerta que “los sondeos indican que la popularidad de la Presidenta ha experimentado una erosión muy notable”, y la explicación a este fenómeno se encuentra, para la periodista española en la influencia del marido presidencial. “La presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que hace sólo 11 meses obtuvo una rotunda victoria electoral, se está viendo oscurecida por la interferencia frecuente de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, a quien los argentinos atribuyen una buena parte de las decisiones gubernamentales”, dice el diario del Grupo PRISA, que mantiene una pulseada con el kirchnerismo por las licencias de radio que el grupo posee en la Argentina.
EL GOBIERNO BUSCA MEJORAR SUS RELACIONES CON EL VATICANO
Con un decisivo año electoral por delante y en medio de un complejo cuadro económico, el Gobierno parece dispuesto a mejorar sus relaciones con la Iglesia, acaso para evitar otro frente de conflicto que complique su camino hacia las urnas.
Tras la decisión de cubrir la Embajada ante la Santa Sede -luego de meses de sentirse ofendida porque el Vaticano no le dio el plácet a un candidato que vive en concubinato--, la Casa Rosada se encamina a aprovechar la conmemoración de los treinta años de la mediación del papa Juan Pablo II entre la Argentina y Chile, por el conflicto en el Canal de Beagle, para ensayar un acercamiento con el catolicismo.
Si bien el programa aún no está totalmente acordado, se descuenta que la presidenta Cristina Kirchner realizará en diciembre su primera visita oficial a Chile. Cristina irá directamente el 4 a Punta Arenas, donde se encontrará con su colega, Michelle Bachelet. Ambas viajarán al día siguiente a la zona fronteriza de Monte Aymond (extremo sur de Santa Cruz) para encabezar un acto evocativo de la intervención de Juan Pablo II, al que asistiría un delegado de Benedicto XVI, y colocarán la piedra fundamental de un monumento alusivo que una comisión binacional terminará de definir en 2009.
En el Gobierno también se contempla la posibilidad de que Cristina concurra a una misa que los obispos proyectan realizar en la Basílica de Luján el 22 de diciembre, al cumplirse justo los treinta años de que se anunciara la intervención papal y la llegada a Buenos Aires y Santiago del enviado especial del Papa, el cardenal Antonio Samoré.
Finalmente, no se descarta que Cristina, junto con Bachelet, viaje en enero al Vaticano para participar de otro acto, esta vez con Benedicto XVI, que se haría el 8 porque fue un 8 de enero, pero de 1979, cuando se firmó el Acta de Montevideo, por la que ambos países se comprometieron a no usar la fuerza para dirimir el conflicto.
Hay otros indicios de que la Casa Rosada busca evitar nuevos roces con la Iglesia. Por caso, no cedería a la presión del kirchnerismo más duro que aboga por la disolución del Obispado castrense. En todo caso, como ayer lo dio a entender el nuevo embajador ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, le bajaría la categoría, por lo que volvería a ser Vicaría castrense, como lo era hasta la década del 90. En los hechos, no implicaría un cambio sustancial ya que seguiría existiendo una jurisdicción religiosa castrense, y dejaría conforme a Roma. La Santa Sede, a su vez, no pondría obstáculos para que el servicio sea interreligioso.
LOS OBISPOS VOTARÁN MAÑANA LA REELECCIÓN DE BERGOGLIO
Mañana, como hace tres años, la Iglesia argentina ratificará el liderazgo del cardenal Jorge Bergoglio y votará su continuidad en la presidencia de la Conferencia Episcopal. Los obispos darán su voto, así, a un estilo firme de conducción eclesial, aunque moderado y de bajo perfil personal, sin reparos para dejar sentada la posición de la Iglesia en temas delicados para la vida del cristiano y la sociedad.
Reunidos en asamblea plenaria, a partir de la tarde de hoy, unos 80 obispos renovarán las autoridades del Episcopado, pero se descuenta que habrá continuidad de políticas y de nombres. Los elegidos deberán conducir la feligresía católica en los próximos tres años. Según un miembro de la actual conducción, "serán tiempos difíciles, para los que se requieren hombres equilibrados entre el uso del poder y el acompañamiento y animación de las iglesias locales".
Sin aceptar dar sus nombres públicamente, varios consultados coincidieron en que Bergoglio será reelegido. Por tradición -es habitual que el presidente del Episcopado cumpla dos mandatos sucesivos- y en el caso de Bergoglio por el afecto y respeto que despierta entre sus pares.
La reelección de Bergoglio quizá no sea una buena noticia para la Casa Rosada, que intentó impulsar la figura de monseñor Agustín Radrizzani, actual vicepresidente segundo y arzobispo de Mercedes-Luján, en virtud de los encontronazos que los gobiernos de los Kirchner han mantenido en los últimos años con Bergoglio. Ferviente impulsor del diálogo en la relación con el Gobierno, Radrizzani se encuentra, sin embargo, alineado con el estilo pastoral y la conducción del arzobispo de Buenos Aires.
Los obispos dedicarán parte de la asamblea a votar en los nombramientos de las 19 comisiones episcopales y ocho delegados regionales. Cerca de la mitad de ellos no pueden ser reelegidos por haber cumplido dos mandatos.
Y aun cuando no figura en el temario oficial, podrían debatir el borrador de un documento que vienen preparando monseñor Jorge Casaretto, Guillermo Rodríguez Melgarejo, Sergio Fenoy y Enrique Eguía Seguí. Según Radrizzani (ver aparte) no es seguro que sea aprobado.
"En estos últimos meses han pasado cosas en la Argentina y en el mundo. No sería improbable que la Iglesia saliera a decir algo", confió uno de los obispos que mañana se recluirá en la casa de ejercicios espirituales La Montonera, en Pilar.
LA CONVENCIÓN DE LA UCR BONAERENSE ELIGIÓ CONDUCCIÓN
El radicalismo bonaerense constituyó las nuevas autoridades de la convención provincial del partido, cuya titularidad recayó sobre Diego Martínez, dirigente de la “Corriente de Opinión” que lidera Federico Storani.
La nueva conducción fue aprobada con 76 votos a favor frente a 45 en contra, en el cónclave que reunió ayer a unos 126 convencionales en San Miguel. La vicepresidencia del órgano quedó para Manuel Bertolli, del MoDeSo, y las cinco secretarías fueron a manos del ex diputado provincial David Hirtz, Carlos Paramio, Augusto Spinoza, de Lobos, la convencional Claudia Romero de la localidad de Merlo, en representación de la Mujer, y Hugo Ferreiros, en representación de la Organización de Trabajadores Radicales.
COBOS: “PARTICIPARÉ DE LA ELECCIÓN DE 2009”
El vicepresidente Julio Cobos descartó que fuera a presentarse como candidato en las elecciones del año próximo, pero admitió, no obstante, que enfrentará al kirchnerismo en 2009. El vicepresidente de Cristina Kirchner que votó en contra de las retenciones móviles se mostró cada vez más alejado del Gobierno. "Vamos a participar del proceso eleccionario de 2009", afirmó el ex gobernador de Mendoza.
Según dijo, él no será candidato, pero impulsará a otras figuras, desde un partido o alianza de partidos. "Por ahora lo único que quiero es ser un buen vicepresidente. Me parece que a los tiempos hay que medirlos, dejar para más adelante... veré en el futuro", respondió Cobos ante la consulta de si estaba en sus planes ser presidente.
El vicepresidente consideró, además, que es "muy difícil" una reconciliación con el matrimonio Kirchner. "No veo intenciones de la otra parte y hay diferencias en las formas también", consideró en la entrevista, en la que se mostró muy alejado del oficialismo.
Sobre las posibilidades electorales, el mendocino habló de sus dificultades para el armado partidario. "Es muy difícil armar un partido político, sobre todo cuando hay partidos tradicionales. Nosotros tratamos de generar un espacio político en el que confluyan pensamientos comunes", confió, en referencia a su recientemente lanzado Consenso Federal (Confe), agrupación con la que espera presentar candidatos para los próximos comicios.
"Pensamos poner en marcha una fundación, a fines de este mes o comienzos de diciembre, para que se estudien temas a fondo, porque los partidos han dejado de ser interlocutores", planteó.
Además, dejó abierta la posibilidad de un acuerdo con la UCR. Ante la consulta de si él encabezará un partido propio, aclaró: "Tal vez (sea) una alianza de partidos, con un esquema y una plataforma bien desarrollados. Me parece que puede ser un camino serio".
UN INGLÉS EN LA HAYA
Un inglés, Christopher Greenwood, se sumará a la Corte Internacional de Justicia que resolverá el litigio entre Argentina y Uruguay por la instalación de las papeleras. Este experto en derecho internacional y ex juez de la Corte Europea de Derechos Humanos asumirá el 6 de febrero próximo, informó oficialmente la Corte de La Haya.
También asumirá un brasileño, Antonio Cançado Trinidad, y un somalí, Abdulqawi Ahmed Yusuf, todos elegidos por la ONU.
En marzo, la Corte tiene agendado tratar un caso entre Colombia y Nicaragua. Luego -se descuenta que en el primer semestre de 2009- celebrará la última audiencia por las papeleras antes de emitir su sentencia. Argentina y Uruguay deberán exponer ahí sus últimos argumentos.
MISIONES Y CORRIENTES, EN PIE DE GUERRA POR EL NEGOCIO YERBATERO
Misiones desenterró el hacha de guerra y, tal como anticipó Clarín, promulgó una ley que obliga a envasar en origen la yerba mate. El rostro del mate, símbolo de paz y amistad, mutó así en un conflicto con la vecina Corrientes, que ya anticipó que pedirá en la Corte Suprema la inconstitucionalidad de la norma.
La ley misionera impide que salga de suelo misionero yerba verde en hojas o canchada (triturada y con una primera secanza para evitar su fermentación y oxidación). El proyecto fue promovido por diputados oficialistas, para obligar a que los molinos yerbateros se instalen en la "tierra colorada". Pero causó la inmediata reacción de empresas, gremios y del Gobierno de Corrientes.
Ayer, unos 1.200 obreros de la alimentación y vecinos hicieron una "mateada" de protesta sobre la ruta nacional 14. Fue en Virasoro, 68 kilómetros al sudoeste de Posadas. Reclamaron contra la ley que el gobernador kirchnerista Maurice Closs --ex presidente de la UCR misionera-- promulgó hace una semana.
Los grandes perjudicados en el norte correntino son los molinos de Las Marías (de los Navajas Artaza, yerba Taragüí) y de Colonia Liebig (Playadito). Pero los hay más lejanos, como Molinos Río de la Plata, que envasa en Buenos Aires; o Cbsé, que lo hace en Santa Fe. También estas empresas está pensando en recurrir a la justicia. La medida no rige para la yerba exportada a granel o envasada.
Uno de los legisladores kirchneristas que impulsó el proyecto, Héctor Bárbaro, admitió que "los poderosos industriales van a salir a hacer un fuerte lobby defendiendo sus intereses". Pero argumentó que no "puede ser que un productor reciba de promedio 30 centavos por kilo de yerba cuando la ley dice que tendría que cobrar 52, y que en góndola llegue a los 6 pesos".
"Es una reivindicación histórica, porque el 90 por ciento de la yerba mate se encuentra en territorio misionero, y paradójicamente los pequeños productores (que suman más de 30 mil familias) cada vez se encuentran peor", agregó.
En Corrientes se cultiva algo más de 20.000 hectáreas de la "ilex paraguaiensis", que no alcanzan a abastecer a la industria molinera correntina. Por eso también se quejaron de la ley productores misioneros que colocan aquí más de 58 millones de kilos de yerba seca canchada anuales. Desde el gobierno de Misiones dicen que seguirán adelante con la medida, estableciendo una suerte de barrera a lo largo de los 120 kilómetros de frontera con Corrientes.
Según el dicho del Taragüí, "si Argentina entra en guerra, Corrientes la va ayudar". Pero en esta guerra los correntinos debieron guarecerse del fuego cruzado, proveniente del gobierno nacional. El secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, reconoció la "soberanía" de Misiones para dictar esta ley.
El INYM, ente regulador del mercado yerbatero, le salió al cruce asegurando que la medida debilita la cadena.
Desde Corrientes impulsan una norma que contemple a la zona productora de yerba -similar a la que rige para zonas vitivinícolas-, trabando la salida de yerba a envasadoras de Rosario, Buenos Aires o Córdoba.
POR LA CRISIS GLOBAL, LAS SUBAS DE PRECIOS PISARON EL FRENO
Menos plata, menos inflación. Esta regla de la economía volverá a reflejarse en el costo de vida de octubre. Como consecuencia del obligado ajuste de las cuentas familiares, ya no se hace tan fácil remarcar los precios como antes, cuando el consumo era vigoroso. Así, el índice "oficial" del INDEC -que se conocerá mañana- podría ubicarse por debajo del 0,5%, mientras que el indicador "real" que elaboran los privados oscilaría entre 0,5 y 1%.
La suba del costo de vida -que se hizo sumamente visible en el segundo trimestre del año- perdió fuerza en los últimos meses, debido a factores internos y externos.
En el primer caso, una inflación anualizada del 25% socavó el poder adquisitivo de los argentinos, provocando una retracción en el consumo que actúa de barrera para nuevos aumentos. Desde afuera, ayudaron a contener la espiral inflacionaria la fuerte baja del precio de los commodities y la crisis financiera. En procesos de incertidumbre económica es normal que la gente retraiga sus compras.
En este nuevo contexto, la inflación es la mitad de la que supo ser. Así opina la Consultora SEL, que dirige Ernesto Kritz. Para esa entidad, "la inflación de la canasta básica, medida con los precios relevados en forma independiente, se desaceleró en forma significativa: pasó de 28,5% interanual en el segundo trimestre a 14,5% en el tercero". Como factor de este freno SEL ubicó la "desmejora en el ingreso real" de la población. Flor de favor para el INDEC y su desgastada imagen pública.
En los últimos tiempos, el instituto publicaba una medición del costo de vida muy disociada de las evaluaciones de los privados, pero ahora esa brecha tiende a achicarse. Así, cuando mañana se conozca el dato oficial (se espera será de entre 0,4 y 0,5%), no debería distar demasiado del que consultoras y bancos adelantaron en el REM: para octubre pasado esperan un 0,7%.
El economista Ricardo Delgado, aseguró que la inflación real del mes pasado fue "claramente bastante por debajo del 1%, y más cerca del 0,5 que del 1%". Atribuyó esta desaceleración a las bajas que muestran los precios de los alimentos. Y agregó que si la caída no fue mayor fue por los aumentos en salud y educación. Orlando Ferreres coincide que se notan rebajas en alimentos, pero consideró que a pesar de ello la inflación "real" de octubre se ubicará en torno a 1%, porque se reacomodaron los precios de los servicios.
YA HAY TANTO ARGENTINOS POBRES COMO EN EL 2001
En mayo de 2001, hacía poco más de un mes que Domingo Cavallo había reemplazado a Ricardo López Murphy en el Ministerio de Economía. Y Fernando de la Rúa intentaba gobernar un país que en ese mes ya albergaba 11,8 millones de pobres. Hoy, los nombres cambiaron, pero la cantidad de pobres no: estudios independientes coinciden en señalar que, luego de cuatro años de descenso, la pobreza volvió a crecer en el último año y hoy alcanza a más de 11,5 millones de personas.
Aunque el gobierno de Cristina Kirchner informa que el 17,8% de la población está por debajo de la línea de la pobreza, los economistas que calculan la canasta básica sobre la base de la inflación real sostienen que la incidencia es de entre el 32 y el 32,5%. En la brecha que va de la realidad al discurso oficial se esconden cerca de cinco millones de personas.
Números oficiales y cálculos independientes coinciden en una parte de la historia. En octubre de 2002, el país se sumergió en su situación crítica: el 57,5% de la población urbana (19,3 millones de personas) tenía ingresos por debajo de la canasta básica. Cuatro años después, la tasa bajó al 26,9%, equivalente en ese entonces a 9,5 millones de personas.
A comienzos de 2007, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, metió sus manos en el Indec y la historia se bifurcó: mientras el Gobierno imaginaba un país con menos pobres, las organizaciones de ayuda social recibían a cada vez más argentinos con sus necesidades básicas insatisfechas.
Desde el segundo semestre de 2006, más de dos millones de personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza. Según el cálculo que se tome, la sociedad argentina viene creando entre 85.000 y 115.000 nuevos pobres por mes.
Desde fines de 2006 y hasta principios de 2008, la principal causa de creación de pobreza fue la inflación. En los últimos meses, apareció como un nuevo factor la casi nula creación de empleo.
