La Cámara de Diputados tratará hoy en sesión especial el proyecto que pone fin a las administradoras del sistema previsional, creadas hace quince años por la misma fuerza política que ahora se apresta a consumar lo contrario.
El bloque kirchnerista que preside el santafesino Agustín Rossi enfrenta el recinto con mayor confianza que en las grandes y recientes tenidas parlamentarias. Tendrá por aliado un sector de la oposición que colaboró con la implementación de cambios sin demasiado impacto y hechos sólo sobre la superficie del proyecto original recibido desde la Casa Rosada.
Es el bloque SI, un desprendimiento de la fuerza original creada por la ex diputada Elisa Carrió (ARI). En ese mismo punto de encuentro con el oficialismo se halla el diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur). Son diez diputados que se sumarán a la hora de la votación en general que se acercará a la medianoche de un jueves muy especial. También apoyarán en esa instancia los diez diputados socialistas.
Se opondrán la bancada radical, la de la Coalición Cívica y la representación macrista que encabeza el diputado Federico Pinedo.Un día muy particular también por las prevenciones de seguridad que se tomarán en derredor del Congreso desde temprano.
Se confía que el oficialismo reúna quórum por sus propios méritos antes del mediodía. Previamente habrá una cita de la Comisión de Labor Parlamentaria, que integran los jefes de bancada, donde se asegurarán las reglas de la tenida.
En esa instancia, el presidente del bloque radical, Oscar Aguad, anticipará que al comienzo de todo formalizará un planteo polémico. Será cuestionar que una sesión especial como la de hoy no puede ser empleada para violar el reglamento de la Cámara que dispone que entre el dictamen de comisión y la instalación del tema en las bancas deben mediar siete días hábiles.
El dictamen de la mayoría y también los de la minoría fueron firmados el martes, al cierre de una tarea de varias jornadas realizada en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social.
Miembro informante del bloque del gobierno será el diputado Juan Carlos Díaz Roig, presidente de la Comisión de Previsión Social. Vueltas del destino: Díaz Roig fue el presidente del Consejo Federal de la Previsión Social, cuyo proyecto en contra de las AFJP fue hecho propio por la oposición hace quince años.
Entre los cambios, sobresale la prohibición de invertir fondos en el exterior, lo cual reclama la modificación de artículos de la ley 24241. Obviamente, se corresponde con el embargo dispuesto contra fondos de la AFJP en EE.UU.
En lo que se define como stock, la cifra que recaerá ahora sobre las arcas del Estado oscila en torno de los 80 mil millones de pesos, aparte del flujo anual de 15 mil millones. Para el radicalismo, esto implica una virtual expropiación, uno de los ejes de la discusión.
El texto del dictamen establece que los recursos "serán únicamente utilizados para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino", como se llama ahora la suma de los dos sistemas vigentes. Habrá una media docena de votos oficialistas que generarán particular interés. Entre ellos está Felipe Solá, referente rebelde.
SOLÁ PRESENTÓ SU PROYECTO
Diputados disidentes encabezados por Felipe Solá presentaron ayer su propio plan para las jubilaciones, basado en la posibilidad de elegir entre el sistema de reparto o el privado. Junto con Solá, integran la lista Enrique Thomas, Jorge Sarghini, Lorena Rossi y Julio Arriaga.
El proyecto sostiene que el sistema será "obligatorio para los nuevos cotizantes". Está compuesto por dos subsistemas. Por un lado el sistema público obligatorio de reparto solidario; por el otro, el sistema público optativo de cuentas individuales de capitalización. "Es imprescindible reforzar el componente solidario en jubilaciones", sostiene el proyecto.
SOLÁ ABANDONA EL BLOQUE DEL OFICIALISMO
El diputado Felipe Solá anunciará hoy en conferencia de prensa su partida del bloque del Frente para la Victoria. La decisión del legislador, ex gobernador de Buenos Aires, desnuda la primera gran fisura en la bancada mayoritaria de la Cámara baja, la cual comenzó a asomar desde que se debatieron las retenciones móviles al campo, en julio pasado.
La intención de Solá es conformar un nuevo bloque -cuyo nombre aún no se conoce-, que estaría integrado por entre 8 y 10 diputados. Entre ellos figurarán Enrique Thomas (Mendoza), Zulema Daher (Salta), Jorge Villaverde (Buenos Aires), entre otros.
La partida de Solá del bloque no genera sorpresas en el seno oficialista, ya que el diputado bonaerense venía mostrando un perfil crítico al Gobierno desde que rechazó la resolución 125, que imponía retenciones móviles al agro. A partir de entonces cuestionó la mayoría de los proyectos del Poder Ejecutivo, entre ellos el de estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, la de movilidad jubilatoria como también los superpoderes presupuestarios.
La salida del bloque mayoritario también le abriría a Solá la posibilidad de replantear su futuro electoral inmediato. Una de las posibilidades que analiza es renunciar a su banca, con la justificación de que la había obtenido en representación del kirchnerismo, y así poder competir nuevamente como candidato a diputado por Buenos Aires, al frente de una lista del PJ disidente en las elecciones legislativas año que viene.
CARRIÓ HARÁ UNA VIGILIA, SOLA, FRENTE AL OBELISCO
La idea de la vigilia la tiró Elisa Carrió el jueves pasado. Aquella vez, la jefa de la Coalición Cívica se presentó en una sala del Congreso, donde tras describir un dramático cuadro sobre la realidad nacional reafirmó el rechazo de los diputados propios al proyecto oficial de terminar con las AFJP. "No vamos a discutir ni una coma; lo rechazamos por completo", dijo, a la vez que anunció: "Voy a hacer una vigilia en el Obelisco".
Carrió explicó su iniciativa. "No estoy haciendo una convocatoria a la gente. Voy a ir solita al Obelisco".
"Quiero hacer una vigilia --agregó-- como un modo de acompañamiento a los diputados que van a estar en el recinto. No quiero que se sientan solos en una batalla que daremos hasta el final".
Ayer hubo una convocatoria de gran parte de la oposición, frente al Parlamento, en respuesta a la iniciativa oficial de estatizar los fondos jubilatorios privados. Contra muchas especulaciones, Carrió no participó del acto, aunque sí lo hicieron muchos referentes de la Coalición Cívica. "Nuestros diputados participan de la marcha (de ayer), pero a mí no me corresponde la confrontación directa con el Parlamento", explicó. Carrió remarcó que para la vigilia de esta noche no está convocando a sumarse a otros sectores políticos.
"Mi intención es dar testimonio, frente a lo que consideramos un robo a la Nación", dijo Carrió.
La ex diputada nacional ("cómo me hubiese gustado en esta oportunidad tener una banca", dijo días atrás, a propósito del debate parlamentario sobre las AFJP) enfatizó que su presencia en el Obelisco "está alejada del choque; tiene que ver con una acción política de no violencia".
Anteayer, tras reunirse con el ex intendente cordobés Luis Juez, Carrió anunció el comienzo de un diálogo "generoso" con otros espacios opositores como el Partido Socialista y la UCR. "Pero insisto -aclaró- que a la vigilia en el Obelisco iré sola".
EL SENADO LE PUSO FECHA A LA VOTACIÓN DEL FUTURO SISTEMA JUBILATORIO
Los senadores del oficialismo aprobaron ayer una preferencia para tratar la nacionalización de las AFJP el próximo 20 de noviembre, cuando todavía la iniciativa no se votó en la Cámara de Diputados, algo que ocurrirá hoy.
Desde el bloque K señalaron que cuando los fondos de las AFJP queden en manos de la Anses “se cortará el movimiento de ventas de bonos y también bajará la presión sobre el dólar”.
Básicamente, terminará la especulación financiera, dicen desde el oficialismo. También afirmaron que el proyecto será convalidado por una amplia mayoría.
Desde la oposición (UCR, Coalición Cívica, el socialismo y el peronismo disidente) cuestionaron que los mayores recursos que tendrá la Anses no figuren en el Presupuesto 2009. En total serán cerca de 100.000 millones de pesos acumulados en 14 años más 15.000 millones de aportes anuales.
DURAS CRÍTICAS EN EL ACTO OPOSITOR CONTRA LA ESTATIZACIÓN DE LAS AFJP
Una mano inflable gigante y la leyenda: "No al saKeo". Un pingüino con una cartera en la mano que llevaba grabado el signo $. Cacerolas, cornetas y máscaras de bailes de disfraces. El acto realizado en tándem por la oposición y los principales dirigentes del campo, frente a las narices del Congreso, tuvo música y color pero aun así no pudo transmitir clima de celebración. Se trató del último intento por frenar el proyecto de reestatización del sistema de jubilaciones que impulsa el Gobierno y que hoy pasaría sin problemas por Diputados.
Alfredo De Angeli cerró el acto con tono proselitista y una suerte de amenaza dirigida a la Casa Rosada: "No pudieron construir consensos y ahora quieren la caja. Pero nosotros vamos a estar para impedirlo. En el 2009, sin duda, nos tenemos que acordar. Vamos a saber a quién no tenemos que votar."
A los pies del escenario montado en Rivadavia y Riobamba, los diputados que responden a Mauricio Macri y Elisa Carrió y el fugaz presidente en la crisis de 2001 Ramón Puerta se quedaban con las manos rojas de tanto aplaudir. J Juan Carlos Blumberg miraba con una sonrisa nostálgica y a su lado los dirigentes agrarios Mario Llambías (CRA), Hugo Biolcatti y Luciano Miguens (ambos de la Sociedad Rural) se codeaban, acaso pensando qué estaría diciendo la otra pata de la Mesa de Enlace, Eduardo Buzzi, el líder de Federación Agraria. Buzzi se negó a asistir para ser fiel a los principios de su agrupación, que ha estado, históricamente, a favor del sistema estatal de jubilaciones.
De Angeli conduce la FAA de Entre Ríos y había intentado en las últimas horas bajar el perfil para no contradecir aquella consigna, pero bastó que los manifestantes comenzaran a corear su nombre para que se subiera al escenario. "En diciembre tuve la oportunidad de pasarme y no lo hice. No les tengo confianza. 'Dónde está mi libertad, mi independencia para elegir? 'Dónde está, señora Presidenta?", disparó, y a su voz ronca la cubrió rápidamente una lluvia de aplausos.
Como lo hacía en los tiempos en que se movilizaba para impedir que saliera el proyecto de retenciones móviles al agro, De Angeli apuntó a los legisladores: "Se tienen que olvidar de la obsecuencia. Si no, ¡váyanse a su casa! Para qué van a estar si no pueden frenar los superpoderes." Y añadió: "Van a tener que rendir cuentas ante sus hijos y no van a poder volver a sus provincias".
Unas seis mil personas -los organizadores exageraban con 25.000-, a esa altura, ya se habían aprendido el canto más gritado de la tarde: "Se va a acabar/se va a acabar/la dictadura de los K". La convocatoria estuvo lejos de parecerse a las que se registraban en la disputa por la rentabilidad del campo. En el acto en Palermo, el día del voto no positivo de Julio Cobos, el sector agropecuario reunió más de 200 mil personas.
En comparación, el rabino Sergio Bergman estuvo más medido que De Angeli. Ni una vez aludió por su nombre al matrimonio presidencial, aunque obviamente se refirió a él: "Es cierto que los eligieron, pero no para que nos gobiernen como quieren, sino para que lo hagan como deben. Quieren cocinarnos a fuego lento".
El rabino describió a la Argentina como un "país lleno de pobres y miserable por la inequidad", negó que se encuentre en formación "un frente opositor" y pidió que se respete a los jubilados. "Lo más sagrado es la vida -dijo- y no la caja. En 20 días quieren definir la expropiación de los fondos".
INCIDENTES Y TRES DETENIDOS EN UNA MARCHA DE LOS RURALISTAS
Cobardes". Este fue el calificativo que usó el productor rural Alfredo De Angeli para referirse a los senadores nacionales, tras un frustrado intento por tener una entrevista. La crispación de De Angeli se ajustó al contexto caliente que lo rodeaba: manifestantes del campo y militantes de la piquetera Corriente Clasista Combativa chocaron poco después del mediodía contra un cordón de policías en su puja por entrar al Congreso Nacional. El saldo de la refriega fue tres dirigentes rurales detenidos, quienes fueron liberados horas después. Dos de ellos debieron ser atendido en el Hospital Ramos Mejía.
De Angeli llegó a la Capital Federal cerca de las 11, proveniente de Rosario. Unos 300 productores acompañaron al titular de la Federación Agraria de Entre Ríos. Según explicó en declaraciones radiales, una asamblea de chacareros había votado el mes pasado realizar un acto en el Parlamento nacional, en protesta por "los superpoderes". Este acto, luego, se anticiparía en algunas horas a la convocatoria de la oposición contra el proyecto oficial de eliminar las AFJP.
El líder de los ruralistas pudo entrar al edificio, horas antes de que los senadores sesionaran para convertir en ley el presupuesto nacional 2009. "'Dónde están los legisladores y los gobernadores? Están escondidos. Los senadores dicen que no nos pueden atender. Espero que los senadores de la Nación estén a la altura de las circunstancias y que defiendan los intereses de sus provincias", criticó De Angeli.
El choque entre los manifestantes y la guardia de Infantería de la Policía Federal se inició cuando un grupo de dirigentes quiso pasar el vallado sobre Hipólito Yrigoyen, a veinte metros de la entrada al Senado. Según coincidieron varios testigos, militantes de la CCC "sacaron una valla y la arrastraron varios metros, hasta dejarla sobre Entre Ríos". Luego sobrevino una lluvia de piedras, que fue respondida con gases por los gendarmes.
"La gente se enojó porque no nos dejaban pasar", explicó a Clarín un dirigente rural. Javier Podverchic, Julián Girard y Mateo Bruno fueron los productores detenidos y llevados a la comisaría Sexta. "Según nos dijo la policía, fueron detenidos por atentato, resistencia y lesiones", informó Patricio Gaynor, el abogado que asistió a los ruralistas. Bruno vive en Viale y los otros dos en Cerrito, dos localidades entrerrianas. Podverchic, con un fuerte dolor en la rodilla (se le cayó encima un gendarme, y según algunos relatos, también fue golpeado) y Girard fueron llevados al Ramos Mejía. La liberación de los tres dirigentes de la Federación Agraria se produjo pasadas las 15. Bruno se abrazó con De Angeli cuando volvió a la esquina de Yrigoyen y Entre Ríos.
La manifestación ruralista convocó a unas 500 personas, entre las que se vieron banderas entrerrianas (como la nacional, pero cruzada con una franja roja) y pancartas de la CCC. De Angeli, más calmo, anunció luego que participaría "como ciudadano" de la marcha contra el proyecto oficial de estatizar las AFJP. "Si a mí me dieran las garantías de que va a haber un ente público autárquico para manejar las jubilaciones, me paso ya al Estado", dijo el productor rural, para agregar: "Pero me opongo a que me saquen mis ahorros para que sean usados en la campaña electoral del próximo año. Bueno, eso es lo que dicen los periodistas serios", completó.
CORTES DE RUTAS EN PROTESTA POR LAS DETENCIONES
La detención de tres dirigentes rurales provocó el espontáneo corte de algunas rutas. "Ya hay cortes de rutas", informó De Angeli y puso como ejemplo una manifestación en la localidad bonaerense de Pringles, en la entrerriana Gualeguaychú y en el puente subfluvial que une las ciudades de Paraná y Santa Fe. "Los cortes se levantaron cuando los dirigentes recuperaron su libertad", dijo horas después De Angeli.
Ayer, las dirigentes políticas Margarita Stolbizer (Coalición Cívica-GEN) y María del Carmen Alarcón (Pampa Sur), y los ruralistas Eduardo Buzzi (Federación Agraria) y Mario Llambías (CRA), defendieron ante la Justicia federal el derecho a haber protestado con un corte de tránsito sobre la ruta 9, en medio del conflicto por las retenciones agrarias. Proximamente está previsto que declaren Luciano Miguens y su sucesor en la Sociedad Rural, Hubo Biolcatti.
CRISTINA, SATISFECHA CON EL DICTAMEN
El Gobierno es puro optimismo sobre la aprobación del proyecto de reestatización de todas las jubilaciones. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, se comunicó ayer con el jefe de la bancada oficial, Agustín Rossi, y el titular de la Comisión de Previsión Social de la Cámara baja, Juan Díaz Roig, para transmitirles la "satisfacción" de la Presidenta con el dictamen aprobado y que será debatido hoy en el recinto y con "los aportes que los propios diputados hicieron para mejorar" el proyecto enviado por el Ejecutivo.
El diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel se mostró confiado en que el proyecto oficial recibirá el voto positivo de "unos 150 diputados", aunque consideró que "lo más importante es el contenido totalmente positivo de las normas que se van a aprobar". Además, negó que el bloque vaya a sancionar a Felipe Solá por su oposición. "Las cosas que dice nunca tuvieron tanta trascendencia para considerar su expulsión".
EN EL GOBIERNO FESTEJAN POR ADELANTADO
Un acuerdo político a dos bandas. Los funcionarios más cercanos a la presidenta Cristina Kirchner se jactaban ayer de haber logrado una fractura de la oposición parlamentaria y de haber conseguido apoyo de los bloques del Partido Socialista y de las bancadas de Claudio Lozano y de Eduardo Macaluse para darle hoy media sanción en Diputados a la ley de estatización de las jubilaciones privadas.
"Obtuvimos una mayor base de apoyo al proyecto y le asestamos un golpe terrible al frente opositor", dijo una fuente cercana a la jefa del Estado y al presidente del PJ, Néstor Kirchner. En Olivos era todo euforia. Según se supo, el propio Kirchner gestionó el apoyo del socialismo al PJ y lo hizo en forma directa con el gobernador de Santa Fe, el socialista Hermes Binner, a cuya provincia que se le conferirían futuras obras públicas.
Se respiraban aires de triunfalismo sin límites. Se supo que el acuerdo con el diputado Claudio Lozano, del bloque Proyecto Sur, consistió en cederle a ese dirigente un lugar para la CTA -la central gremial a la que pertenece- en el futuro consejo consultivo que tendrá el nuevo sistema previsional y que no tendrá siquiera carácter vinculante.
Otros dos asientos se repartirán para la CGT, de Hugo Moyano; otros tantos para los bancos y los jubilados, y un representante tendrá la Jefatura de Gabinete y otro la Anses. "Lozano tendrá esa silla", aseguró una fuente del oficialismo.
En la Casa Rosada aseguraron que Macaluse, del bloque SI, está cada vez más cerca del Gobierno en sus planteos ideológicos. Algo similar dicen allí respecto de Lozano. "Ellos dos estuvieron a punto de apoyar al Gobierno en la sesión de las retenciones móviles al campo: son la oposición racional", razonan cerca de Kirchner.
Desde Olivos, Kirchner disfrutó a lo grande del virtual quiebre de los socialistas con el frente opositor que pretende encabezar la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto con la UCR y otros partidos de la oposición, que rechazan la ley.
Desde el entorno de Carrió admitieron el malestar de la dirigente, que en su intimidad señaló que "los socialistas se incendiaron".
Los kirchneristas con acceso a la Casa Rosada aseguraron que "existe buen diálogo con Binner". El gobernador de Santa Fe ingresaría así en el lote de gobernadores que serán premiados con el reparto de obras públicas que se anunciarán en breve por montos siderales.
Aquellas obras se harán en parte, precisamente, con los fondos de la jubilación privada que pasarán a ser controlados por la Anses, que podrá prestarla al Estado para financiar deuda y otros gastos. Se trata de la carta fuerte de Kirchner para ganar las elecciones legislativas de 2009, algo que desde la oposición denuncian como un reparto discrecional de recursos.
"Binner tendrá obras en 2009. Y Kirchner necesita un colchón político para enfrentar la crisis y lanzar medidas de fondo de reactivación económica", dijo una fuente oficial.
Los operadores políticos del acuerdo fueron el propio Kirchner; el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi. Por el lado del socialismo, los interlocutores fueron los diputados Roy Cortina, socialista, y Ariel Basteiro, ex socialista, ambos de buena llegada a la Casa Rosada.
LA OPINIÓN PÚBLICA DESCONFÍA DEL DESTINO DE LOS FONDOS
Mientras el Congreso debate el proyecto oficial de estatizar el sistema jubilatorio, la opinión pública desconfía del modo en que se instrumentó la medida y pide garantías sobre el manejo de esos fondos.
"Las AFJP no gozaban de una buena imagen, y en medio de una crisis mundial hay más confianza en el Estado que en el sistema privado, pero lo que sí demanda la opinión pública es control sobre el manejo de esos fondos", sintetizó Analía del Franco, directora de Analogías.
Según un sondeo de la consultora Management and Fit realizado en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y la Capital Federal, la mayoría de los entrevistados considera que el cambio en el régimen jubilatorio se debe a la necesidad del Estado de tener fondos para el pago de deuda.
Para Ricardo Rouvier, así como los partidos opositores apoyan la idea pero no la manera en que se implementó, "a la gente le pasa lo mismo".
Más allá de esa coincidencia, las encuestas no se ponen de acuerdo sobre la aceptación de la propuesta de la Casa Rosada, y los analistas ven bastante indiferencia entre la opinión pública, que desconfía tanto de un sistema como del otro.
Según el último trabajo de Rouvier, a nivel nacional, el 48% de los entrevistados aprueba el fin de la jubilación privada y el 33% lo rechaza. Para Analogías, que midió opiniones en la Capital y el conurbano, el 53,7% de los consultados está de acuerdo con la estatización del sistema jubilatorio, mientras que el 34,4% se opone.
En cambio, la encuesta de Management and Fit dice que el 47,1% de los porteños no está de acuerdo con la medida, contra el 40,2% que sí la aprueba. En Córdoba esos números se elevan, y el 56,6% no adhiere a la estatización y sólo el 32,4% la apoya.
A pesar de esas diferencias, los analistas coinciden en marcar bastante ignorancia sobre el tema. "Las clases más postergadas no se enteraron y el resto desconfía porque lo ve como un manotazo por necesidades de caja, aunque tampoco confía en las AFJP", analizó Mariel Fornoni, directora de Management and Fit.
Sus colegas también hablaron de la dualidad en los sentimientos de la opinión pública. "Hay muy poca gente enojada o contenta por la medida. La mayoría intuye que no iba a cobrar una buena jubilación en la AFJP y tampoco la va a cobrar en el Estado.
El punto es quién lo iba a jorobar peor", ironizó Jorge Giacobbe, después de terminar una consulta con Focus Groups. En ese escenario, el impacto que tendrá la medida sobre la imagen del Gobierno parece atado a su aprobación en el Congreso. Ese es el lugar donde el kirchnerismo se enfrentará a la encrucijada de remediar la desconfianza social hacia el destino de esos fondos, pero sin resignar poder.
LOS BONISTAS USAN FRASES DE CRISTINA Y DE BOUDOU PARA EMBARGAR A LAS AFJP
“Todo lo que diga podrá ser usado en su contra", dicen en las películas, y la frase le cabe perfecto a la historia del congelamiento de los fondos de las AFJP en Nueva York, dispuesta por el juez Thomas Griesa a pedido de los bonistas que no entraron al canje. En las pruebas que presentó la defensa contra la Argentina, se incluyen desde documentos oficiales del Gobierno hasta frases de la presidenta Cristina Kirchner y del titular de la ANSeS, Amado Boudou. Todo para justificar que los 2.000 millones de dólares que se reclaman son, según los bonistas, embargables.
La negación pública que de entrada se sostuvo de no agregarle al proyecto de ley de reforma del sistema de jubilación un ítem que garantice la intangilibidad de los fondos -un pedido de la oposición-, llegó rápidamente a los despachos del abogado Barry Ostrager, un ex asistente de la Corte de Griesa, quien se valió de sus declaraciones del pasado 21 de octubre sobre la nacionalización de sistema privado de jubilaciones para captar la atención del juez neoyorquino, quien en tiempo récord -el mismo día de la presentación de pruebas, el 29 de octubre- congeló los fondos de las AFJP en EE.UU.
Habrá que ver si la concesión del oficialismo efectuada ayer (fue uno de los pocos cambios a los que se accedió) en este sentido alcanza para torcer la decisión del juez.
El pedido del embargo forma parte del reclamo por unos 30.000 millones de dólares que subsisten, entre capital e intereses acumulados, de bonistas que no entraron al canje, y que siguen al acecho de fondos públicos.
Así las cosas, los representantes legales de la Argentina tendrán ahora que vérselas con Griesa el viernes 14, para contrarrestar las siguientes pruebas:
La declaración de la nacionalización de los fondos privados de la Presidenta y el envío del proyecto de ley al Congreso. En su discurso en la ANSeS el 21 de octubre, Cristina aludió varias veces a la "estatización" de los fondos de las AFJP: "Cuando las medidas estatistas las toma EE.UU. son simpáticas, aquí en cambio aparecen los nostálgicos", cita la defensa de los bonistas en un tramo del discurso que se presenta como un argumento en favor de la embargabilidad de los fondos.
Que el dinero que se traspasará al Estado no pasará a ser fungible en los recursos gubernamentales. En el formulario 18-k presentado ante la Comisión de Valores de EE.UU. -paso previo para efectuar el canje de deuda anunciado por Cristina en Nueva York- se expone que la Argentina presenta los ingresos por seguridad social como parte de sus ingresos en las cuentas públicas, y justifica con ellos parte del superávit primario. Y presenta además un organigrama donde ubica a la ANSeS como dependiente del Ejecutivo. De aquí puede inferirse que los abogados de la Argentina pudieron no ser advertidos de la nacionalización de las AFJP, lo que les hubiese permitido diluir en dicho texto los escritos sobre el tema.
Que las AFJP "de facto" están siendo controladas por la ANSeS, según denuncian. Aquí, se toma en cuenta el pedido del Gobierno de repatriar repentinamente capitales en poder de las AFJP y nuevamente se citan declaraciones de Boudou y de su nueva función como encargado de controlar dicha repatriación, que levanta la agencia Dow Jones.
Para lograr el congelamiento de las cuentas, los fondos Blue Angel y Aurelius, que reclaman un poco más de 500 millones de dólares, detectaron que las AFJP tienen mayormente custodiados los fondos por el Citi y el Standard Bank.
Habrá que ver si todo este material convence al juez de continuar con el proceso inmovilización de los fondos, luego de la audiencia. Del otro lado de la balanza, pesa que se trata de dinero de los jubilados, que aún están administrados por las AFJP.
LA AUDIENCIA SE POSTERGÓ
La inmovilización de los fondos de las AFJP en los Estados Unidos continuará al menos hasta el próximo viernes 14, debido a que se reprogramó para esa fecha la audiencia que estaba inicialmente prevista para hoy, según confirmó a Clarín uno de los asistentes del juez Thomas Griesa, de la Corte de Nueva York.
El Gobierno, en tanto, busca desentenderse del tema y trabaja sobre la estrategia de alentar a las AFJP de acudir al llamado del magistrado. Pero, en carácter de acusado, el país no podrá evitar asistir a la sesión, al menos a través de sus abogados.
Las AFJP se asesorarán por un bufete de los EEE.UU para evaluar los pasos a seguir. "Nuestra prioridad debe seguir siendo defender el patrimonio de los afiliados", dijo una alta fuente de las AFJP.
BANCOS CHICOS RECLAMAN QUE NO SE CORTE EL FINANCIAMIENTO
Los bancos más chicos, enfocados en créditos de montos bajos y la financiación al consumo, fueron a ver al titular de la ANSeS para asegurarse, ahora que los fondos previsionales de las AFJP pasarán al Estado, que el organismo público mantendrá las líneas de financiamiento que alimenten el mercado en el que operan estas entidades.
Las empresas están agrupadas en la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y sus directivos fueron los que se encontraron esta semana con el titular de la ANSeS, Amado Boudou, y con el gerente financiero, Benigno Vélez.
Por el lado de ABE estuvieron su titular, Gregorio Goity (del Banco Columbia), Ricardo Maitsch (Banco del Sol) y el directo ejecutivo, Norberto Giudice.
Los banqueros le explicaron que su actividad se resume en generar muchos créditos y luego vender la cartera a otro banco o securitizarla, para venderla en el mercado de capitales. En este segundo caso, los principales destinatarios de esas carteras eran las AFJP, y de ahí la preocupación de ABE.
Estos bancos generaron este año tres millones de operaciones crediticias que luego fueron vendidas al mercado.
Según relataron los banqueros, Boudou aseguró que la ANSeS tiene toda la intención de mantener abiertos los canales de financiamiento, y puso como ejemplo que, luego de presentado el proyecto de nacionalización de los fondos de las AFJP el organismo previsional participó en la colocación de dos fideicomisos, uno de la cooperativa santafesina BICA y otro del banco Patagonia.
Parece claro entonces que todas las empresas que buscan financiamiento en el mercado deben tomar contacto con la ANSeS, que se convertirá así en el principal jugador del sistema crediticio. Boudou, por cierto, dejó saber que tiene las líneas de teléfono permanentemente abiertas para atender a los interesados.
PRESUPUESTO 2009: EL SENADO LO HIZO LEY SIN CAMBIARLE NI UNA COMA
El Senado convirtió en ley anoche -después de casi 10 horas de debate- y por 48 votos a favor y 14 en contra, el Presupuesto 2009, el primero de la gestión de Cristina Kirchner. Esta ley pauta un crecimiento del 4% para la economía, una inflación anual del 8% y un dólar a 3,19 pesos.
Mientras que afuera del Congreso se escuchaban bombas de estruendo y cacerolas en una marcha (que convocó la oposición y sumó al campo) que protestó contra el proyecto del nuevo sistema jubilatorio; adentro del recinto los senadores K y opositores mantuvieron un extenso debate, aunque sin exabruptos ni demasiada pasión discursiva.
"El tema es político, es dar una señal de previsibilidad tanto dentro como fuera", disparó Miguel Picheto, el jefe de la bancada oficialista. Y su discurso terminó, al fin de cuentas, siendo una chicana política contra el radicalismo. Primero les dijo, indirectamente, que "hay algunos en la Argentina que quieren que el desastre llegue". Luego, el legislador los reprochó que "ahora defienden a las AFJP cuando votaron en contra de la privatización jubilatoria".
El radicalismo hizo hincapié en las luces amarillas que, dijeron en esa bancada, se encienden en la economía. Tanto Gerardo Morales como el presidente del bloque UCR, Ernesto Sanz, señalaron que "hay fuga de capitales".
"El problema no va a estar en la falta de pesos sino en la falta de dólares, porque ya se fueron 7.000 millones de dólares del país", disparó Morales. Y Sanz se sumó: "Este Presupuesto sólo busca hacer caja y no resuelve los problemas de una economía que puede entrar en recesión porque hay 200 millones de pesos diarios que se fugan del país".
Fabián Ríos, el kirchnerista que preside la Comisión de Presupuesto le salió al cruce. "Sí, es un problema de caja porque queremos sostener el salario promedio de los argentinos y estamos absolutamente de acuerdo con esta política monetaria", dijo.
Las bancadas de oposición también pusieron el acento en la forma en que el Gobierno calculó los recursos con los que contará el año próximo en el momento de redactar y presentar esta iniciativa, en septiembre pasado.
Por ejemplo, Rubén Giustiniani, (socialismo) enfatizó que "este Presupuesto es una mera formalidad", al referirse a que al momento de calcularse esta iniciativa el precio de la soja y del petróleo estaban "muy por encima de lo que valen hoy y entonces el Gobierno tendrá menos recursos por las exportaciones y retenciones".
Otra de las críticas de la oposición giró en torno a la posibilidad de que se modifique la carta orgánica del Banco Central y del Banco Nación para garantizar la emisión de bonos en caso que se necesiten para cancelar pagos de deuda.
"Este presupuesto termina siendo una caja de Pandora porque se incluyen leyes que deberían tratarse por afuera, como los cambios en el Central y el Nación", señaló el senador Juan Carlos Romero.
Tal como había ocurrido en la Cámara de Diputados (donde el Presupuesto 2009 se votó el 16 de octubre último) algunos senadores opositores trataron de revertir la aprobación de algunas cláusulas en la votación en particular, es decir en el debate artículo por artículo, pero no lograron sumar el número necesario para poder concretarlo.
Una de los intentos consistió, justamente, en evitar que haya cambios en las cartas orgánicas de esas dos entidades bancarias (los artículos 72 y 74). Otro intento apuntó a limitar, en el artículo 8, las facultades que tiene, por otra ley, el jefe de Gabinete para reasignar cualquier partida presupuestaria.
En ambos casos, no lograron superar los 20 votos, aunque sí lograron achicar la brecha de 34 votos que se produjo en la votación en general de la norma que ahora le pone números a los recursos y los gastos con los que podrá contar la Presidenta en el 2009.
EL GOBIERNO APURA LA PRÓRROGA DE LA POLÉMICA LEY DEL CHEQUE
Se trata de una jugada de alto riesgo político. Pero el Gobierno está dispuesto a forzar la maquinaria kirchnerista al máximo para lograr su objetivo y apostar a que el Congreso apruebe antes de fines de año el proyecto de prórroga de la ley de emergencia económica y del impuesto al cheque.
No son leyes menores y serán imprescindibles en un año electoral, ya que le garantizarán al kirchnerismo un flujo importante de fondos para repartir en la campaña. Sin embargo, la decisión oficial abrirá un nuevo frente de batalla de la Casa Rosada con los gobernadores opositores y con varios peronistas que reclaman un mejor reparto de lo recaudado por la ley del cheque y una distribución más equitativa del Gobierno a la hora de disponer de fondos extraordinarios, tal como se plantea hasta ahora en la ley de emergencia económica.
Fuentes de la Casa Rosada y del Congreso confirmaron ayer que la semana que viene la presidenta Cristina Kirchner enviará a la Cámara de Diputados estas dos iniciativas en forma simultánea para que se empiecen a debatir. También se supo que el ex presidente Néstor Kirchner en persona está llamando a cada uno de los gobernadores díscolos del PJ para que modifiquen la actitud y convenzan a sus legisladores de levantar la mano en el Congreso.
En el caso de la ley de cheque, el Gobierno recaudó este año 17.000 millones de pesos y prevé reunir 22.000 millones en 2009. De este monto, la Nación se queda con el 70% y el 30% restante se divide entre las provincias y las afectaciones específicas del Estado, con lo que los gobernadores no reciben más de 2000 millones de pesos al año.
En los últimos meses, abierta o secretamente, los gobernadores peronistas Mario Das Neves (Chubut), Daniel Scioli (Buenos Aires), José Luis Gioja (San Juan), Juan Schiaretti (Córdoba), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Oscar Jorge (La Pampa), Juan Manuel Urtubey (Salta) y Luis Beder Herrera (La Rioja) exigieron a la Casa Rosada que hubiera un mayor reparto de lo recaudado por el impuesto al cheque. También el gobernador de Santa Fe, el socialista Hermes Binner, hizo un planteo formal del tema.
"Va a ser una pelea cuerpo a cuerpo y nadie sabe quién quedará vivo", graficó ayer un destacado legislador del oficialismo. Al parecer, el mayor problema para el Gobierno pasará por el Senado cuando se trate la prórroga de la ley del cheque. Esta ley se debe votar con una mayoría especial, y allí el kirchnerismo hoy no contaría con los 37 votos necesarios. No se sabe aún cuál será la postura que tomarán Carlos Reutemann (Santa Fe) o los peronistas de La Pampa, Chubut, Córdoba y La Rioja.
De cualquier manera, el panorama en el Senado es bastante complejo para el oficialismo, al punto de que el propio Kirchner se encarga de llamar a cada gobernador para convencerlo de apoyar estas polémicas leyes. ¿Qué puede ofrecer a cambio el ex presidente?, fue la pregunta a un importante dirigente kirchnerista: "Promesas de obra pública y fondos para la campaña electoral", fue la respuesta.
La oposición se prepara para dar una fuerte batalla en este tema. El senador socialista Rubén Giustiniani se reunió la semana pasada con Binner para apuntalar con el resto de los partidos la pelea por la ley del cheque.
A la vez, el titular de la UCR, el senador Gerardo Morales, señaló ayer que en el caso de que el Gobierno avanzara con la prórroga de la emergencia económica y la ley del impuesto al cheque buscarían alianzas con todos los partidos, incluidos los peronistas díscolos.
La ley de emergencia económica resultará complicada de defender para el oficialismo. Mientras el proyecto de presupuesto 2009 se aprobó sin cambio alguno a pesar de la crisis financiera internacional, el fundamento sustancial que usará el kirchnerismo para aprobar esta polémica ley será la crisis mundial.
El año pasado el Congreso aprobó la emergencia económica a los pocos días de que asumiera la presidencia Cristina Kirchner. En rigor, la iniciativa fue enviada por su marido al Congreso antes de dejar la Casa Rosada porque históricamente la ex senadora se opuso a aprobar esta ley, creada durante la crisis de 2001. Ahora Cristina Kirchner promoverá una iniciativa que cuestionó desde su origen.
Entre otras cosas, la nueva prórroga de esta ley le dará al Gobierno mayor espacio de maniobra en la renegociación de los contratos de servicios públicos y el respaldo al jefe de Gabinete para redistribuir partidas de los fondos extraordinarios.
Será un debate extenso y puede que profundice las diferencias en el PJ. En la Casa Rosada admiten que no será una discusión sencilla porque ya hay un desgaste de la tropa kirchnerista por la resolución 125. No obstante, se preparan para un largo debate y evalúan dar una prórroga de sesiones extraordinarias hasta el 28 de diciembre.
LA CGT PRESIONA AL CONGRESO POR LAS ART
A pesar de recibir señales del Gobierno respecto de que no nacionalizará las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART), los integrantes de la "mesa chica" de la CGT analizarán hoy el tema con el objetivo de presionar al Congreso para que vote una nueva ley.
Una fuente del Gobierno indicó que el jefe de la CGT, Hugo Moyano, había sondeado sobre la postura oficial en la materia al ministro del Interior, Florencio Randazzo, durante un reciente encuentro en la Casa Rosada.
Sin embargo, fuentes sindicales negaron que el contacto hubiera tenido ese fin. La CGT quiere una definición sobre una nueva ley de las ART en el sentido del proyecto presentado por el diputado nacional Héctor Recalde, en el que se reclama la "doble vía" para el trabajador indemnizado por un accidente para que también pueda recurrir a la Justicia. Recalde ratificó el apoyo sindical a esa idea, pero negó que se aspire a nacionalizar las compañías.
Otras fuentes sindicales dijeron que la respuesta del Gobierno fue que "por ahora" no es conveniente someterse a una discusión sobre las ART e invocan que un funcionario reflexionó: "Bastante tenemos con la reforma del sistema previsional como para aparecer como que odiáramos a la actividad privada".
Las empresas aseguradoras se oponen a la doble vía. La discusión está encallada allí desde 2004, a pesar del enfrentamiento con los gremios.
En la reunión de hoy, la CGT estudiará también el informe que recibió sobre una caída en las actividades industriales y los riesgos de posibles despidos. "No pediremos aún que se reinstale la doble indemnización, pero sí lo tenemos en carpeta", dijo uno de los voceros del sector.
LLAMAN A CUIDAR EL EMPLEO
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada se reunió ayer con representantes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina. Exhortó a los empresarios a "no quebrar el vínculo laboral y agotar los recursos previos a un despido. Hay que prevenir y no actuar en el apuro".
Destacó que "el procedimiento preventivo de crisis ayuda a no romper ese vínculo para defender el trabajo y la producción. Precisamos estabilidad para todos". El encuentro estuvo destinado a analizar el impacto de la crisis financiera global en el sector.
BANCARIOS AMENAZAN ROMPER TREGUA
Los representantes de los empleados bancarios y las cámaras que agrupan a las entidades financieras tendrán que volver a sentarse frente a frente mañana a las 11.30 en el Ministerio de Trabajo.
Allí intentarán cerrar un acuerdo para solucionar el conflicto generado por la denuncia del gremio que maneja Juan José Zanola, ante el supuesto despido de unos 1.200 empleados.
Como para marcar territorio, La Bancaria amenazó ayer con volver inmediatamente al paro y que habrá “un conflicto de imprevisibles consecuencias” si antes de mañana no son reincorporados las 1.200 personas. “Las negociaciones están mal. Esto es una maniobra artera de los bancos que se suma a otras, como pujar en el dólar”, lanzó el vocero de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrozpe. En paralelo, desde el gobierno, Carlos Tomada pidió ayer “no quebrar el vínculo laboral y agotar los recursos previos a un despido” y que “hay que prevenir y no actuar en el apuro”.
SORPRESIVO PROYECTO PARA SUBIR UN SUBSIDIO AL TABACO
Mientras que todas las miradas estaban puestas en la discusión por el Presupuesto 2009, ayer los senadores, sorpresivamente, terminaron aprobando un proyecto de ley que impulsa modificaciones en el Fondo Especial del Tabaco.
La medida tendría un costo fiscal de 200 millones de pesos y se daría de patadas con el contenido de otra iniciativa que, justamente, ayer ingresó a la Cámara de Diputados enviada por la presidenta Cristina Kirchner.
Lo que se aprobó en el Senado fue una iniciativa del oficialista Guillermo Jenefes, que aumenta en 4% el componente impositivo fijo que se paga en el precio de cada atado de cigarrillos. Ese dinero se destina a los productores de siete provincias tabacaleras (Tucumán, Chaco, Salta, Jujuy, Formosa, Misiones y Corrientes).
En una ráfaga, el proyecto se aprobó sobre tablas, sin que estuviera previsto su tratamiento en el recinto para la sesión de ayer. Ahora, para que sea ley deberían votarlo los diputados.
Justamente en la Cámara baja ingresó ayer una propuesta del Gobierno para el sector tabacalero. Pero todo indica que la iniciativa de Jenefes no cumpliría al menos en dos puntos primordiales para el Ejecutivo. Por un lado, tendría un costo fiscal para el Gobierno, ya que afectaría fondos nacionales por 200 millones de pesos. Por otro, no ayudaría a cumplir los objetivos de salud con los que deben cumplir los productos elaborados con tabaco.
Para completar el imprevisto escenario en torno al proyecto tabacalero, la Presidenta había anunciado el lunes último el envío de esta iniciativa junto al jefe de Gabinete, Sergio Massa.
Consultados sobre esta contradicción, algunos senadores dijeron que votaron a favor del proyecto de Jenefes "confundidos", suponiendo que era el de la Presidenta.
En Gobierno sostienen que la diferencia entre ambas iniciativas es que el que el proyecto que se redactó en la Rosada no sólo aborda el tema del tabaco desde una perspectiva fiscal sino que le da un tratamiento global y prevé mayores aportes de la Nación al fondo especial.
JUEZ RECIBE A COBOS EN BUSCA DE MÁS APOYOS A SU CANDIDATURA A SENADOR
Luis Juez sabe que con su carisma no le alcanza para ganar una elección -quedó demostrado en 2007, en los polémicos comicios que dieron como ganador a Juan Schiaretti-; por eso seguirá con su armado político: hoy se reunirá con el vicepresidente Julio Cobos y el martes se reunió con Elisa Carrió.
"Cobos le dijo al senador Carlos Rossi que venía a Córdoba y que quería una entrevista conmigo. A mi no me pareció, porque Cobos sigue siendo vicepresidente de los Kirchner; pero estamos abiertos al diálogo", dijo Juez.
El ex intendente de Córdoba tiene en la mira el lejano 2011 y el más próximo 2009, donde será candidato a senador. "Yo no tengo vocación legislativa, pero es una etapa a cumplir para llegar a la gobernación", reza Juez entre sus íntimos.
El gobernador socialista de Santa Fe, Hermes Binner, mantiene una muy buena relación con el líder del Frente Cívico; mientras que el intendente de Morón, Martín Sabbatella, también es un declarado compañero político de Juez. El próximo 20 de noviembre Sabbatella visitará Córdoba invitado por el viceintendente Carlos Vicente.
Uno de los principales operadores juecistas y funcionario en la Municipalidad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confió que "el Frente Cívico y Social expresa la verdadera transversalidad, porque confluimos expresiones del peronismo, del radicalismo, los socialistas, comunistas e independientes. Por eso no es extraño que los dirigentes nacionales de distintas extracciones vean a Juez como el referente en Córdoba".
Con las encuestas en mano, Juez chicaneó a la UCR local y amenazó: "Si quieren un frente para 2011, hagamos un frente 2009; no me vengan en 2010 a hablar de frente porque ya va a ser tarde".
Más allá de la visión política, en el juecismo aseguran que "en 2011 Córdoba va a estar destruida y que para gobernar necesitamos equipos técnicos sólidos y solventes". Por esa razón, en el coqueto salón del Jockey Club, hoy al mediodía será presentado el Instituto de Planificación Estratégica Provincial (IPEP), que operará como su gabinete en las sombras, preparando el escenario para 2011.
"El IPEP tendrá 30 áreas de trabajo, que se corresponden a la orgánica ministerial y de secretarías y servirá para prepararnos para gobernar. Nunca antes un equipo de gobierno comenzó a analizar la situación provincial tres años antes de llegar al poder", razonó Juez. El acto será el virtual lanzamiento de la campaña "Juez Senador 2009".
REABREN UN CASO CONTRA JAIME POR SOBREPRECIOS PARA RECICLAR VAGONES
La Cámara Federal porteña ordenó que se reabra una investigación contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, sospechado de haber pagado sobreprecios en la remodelación de estaciones y vagones de tren.
Jaime había sido sobreseído en junio por el juez Octavio Aráoz de Lamadrid. Pero la Sala I del tribunal, sostuvo el viernes pasado que esa decisión resultó "sumamente prematura" porque la causa estaba en pleno trámite, delegada en una fiscalía y con medidas de prueba pendiente.
En el marco de este expediente, un informe de la Auditoría General de la Nación ya había detectado posibles irregularidades en las contrataciones de Jaime. Sin embargo, Aráoz de Lamadrid "omitió valorar" ese relevamiento y firmó un sobreseimiento "cuanto menos apresurado", destacaron los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.
La causa se inició a partir de una denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FNIA) sobre la base de una presentación de la Asociación del Personal de Dirección de la ex Ferrocarriles Argentinos.
Mediante dos resoluciones (421 y 422), Jaime dispuso en 2003 la reconstrucción de instalaciones y máquinas de la ex línea Belgrano Norte, cuya concesión tiene Ferrovías (Grupo Emepa). Para el titular de la FNIA, Manuel Garrido, Jaime cometió los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública al pagar 75 millones de pesos finales por obras que podrían valer menos.
Basándose en un plan de emergencia aprobado por resoluciones previas, el secretario de Transporte dispuso con su poderosa firma la reconversión de 120 coches de Ferrovías y la adjudicación de otras tareas que -de acuerdo a lo que se le vuelve a imputar ahora- correspondían al mantenimiento normal de la concesión. Según venía verificando el fiscal Patricio Evers, cada vagón iba a demandar una inversión promedio de 700 mil pesos, algo así como el doble del precio de mercado.
Ferrovías presentó en estos términos el plan que la AGN luego cuestionó y Jaime lo aprobó. Las obras nunca terminaron de realizarse, porque iniciada esta causa penal se suspendieron preventivamente.
El polémico Jaime es el funcionario kirchnerista con más causas penales en trámite: unas 30 carátulas llevan su apellido en los tribunales de Comodoro Py.
AEROLÍNEAS PERDIÓ US$ 35 MILLONES
El Gobierno confirmó que Aerolíneas Argentinas y Austral siguen generando pérdidas millonarias, que en octubre ascendieron a 35 millones de dólares, si bien ese fuerte déficit operativo sería un 40% inferior al que las dos líneas aéreas habían llegado a acumular en junio, que fue el último mes en que fueron administradas por el grupo español Marsans.
Según dijo ayer el Secretario de Transportes, Ricardo Jaime, las pérdidas económicas mensuales registradas en Aerolíneas y Austral entre enero y junio (todavía las administraba Marsans) sumaron 274 millones de dólares.
"Además, durante este período el grupo Marsans recibió una asistencia financiera del Banco Nación de 100 millones de dólares", dijo Jaime. "De no haberse otorgado esta asistencia extraordinaria Aerolíneas y Austral, en este período (Aerolíneas y Austral) habrían arrojado una pérdida, aun mayor, de 374 millones de dólares".
El 8 de julio el Estado nacional se hizo cargo de los sueldos de las dos líneas aéreas y nueve días después acordó con Marsans hacerse cargo del gerenciamiento de la compañía, a la vez que asumió las fuertes pérdidas que tanto Aerolíneas como Austral siguen registrando mes a mes.
Sin embargo, el Secretario de Transportes, Ricardo Jaime, dijo ayer que esas pérdidas se están achicando y que la brecha se seguirá reduciendo. "En octubre, con la administración estatal, las pérdidas cayeron a 35,5 millones de dólares", dijo Jaime. Según el funcionario, con la nueva administración generó "aumentos en la recaudación y reducción de los gastos".
Jaime dijo que en julio había 26 aviones en servicio y que a comienzos de esta semana habían incrementado la flota en condiciones de operar a 39 aeronaves. "La inversión en reparaciones fue de US$ 26,3 millones", dijo.
DURAS CONDENAS A LOS REPRESORES DE MANSIÓN SERÉ Y DE MAR DEL PLATA
Los aplausos interrumpieron la lectura del veredicto y el presidente del tribunal, Guillermo Gordo, se irritó: "Señores, a la próxima exclamación, desalojo la sala. ¡Compórtense!" Apenas acababa de pronunciar la prisión perpetua para el ex coronel Alberto Pedro Barda, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad en un campo de concentración de la Fuerza Aérea durante la última dictadura. Reconquistado el silencio, el estricto juez Gordo completó: a los ex brigadieres Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Comes, sospechados de los mismos delitos aberrantes, les correspondieron 25 años de prisión.
El anuncio de la última pena mereció nuevos aplausos: "Señores, mantengan la calma", reclamó otra vez el juez. La lectura no duró mucho más: el caso de la Mansión Seré, uno de los emblemas de la represión ilegal, ya tenía su sentencia, tres décadas después de cometidos los hechos.
Las penas coincidieron con lo solicitado por el fiscal Félix Crous; por eso fueron elogiadas por militantes de derechos humanos que esperaban frente a Tribunales. Algunos lamentaron que el Tribunal Oral Federal 5 --que completaron Ricardo Farías y Daniel Obligado-- no hubiera hecho referencia a que Barda, Mariani y Comes deben ir presos a una cárcel común.
Esto se verá cuando la Cámara de Casación Penal deje firme la sentencia de ayer. Barda goza de arresto domiciliario en su casa de la avenida Del Libertador; Mariani y Comes están libres.
A Barda (80 años, ex jefe del Grupo de Defensa Antiaérea de Mar del Plata) lo encontraron culpable de los asesinatos y torturas del abogado neuquino Jorge Candeloro y la joven platense Analía Delfina Magliaro, cometidos en el centro clandestino de detención de La Cueva. A Mariani (82, entonces jefe de la Brigada Aérea I) y Comes (83, jefe de la Brigada VII) los condenaron por privación ilegal de la libertad y tormentos a doce prisioneros en la Mansión Seré.
Por la mañana, cuando les tocó pronunciar las últimas palabras, Mariani y Comes negaron haber "cometido, ordenado, prohijado o consentido" algún crimen. Barda calló. Por la tarde, Mariani y Comes optaron por ni siquiera ir a escuchar la condena en su contra.
Los tres fueron señalados como autores mediatos de estos delitos; es decir, que se valieron de otras personas para secuestrar, torturar y matar. La Mansión Seré --en la localidad de Morón-- y el Grupo de Defensa Antiaérea de Mar del Plata formaron parte de la red de represión del Primer Cuerpo de Ejército. Desde la anulación de las leyes del perdón, varios episodios como éstos se vienen juzgando en Buenos Aires y en todo el país.
Claudio Tamburrini, uno de los sobrevivientes de la Mansión Seré, calificó el fallo como "positivo", porque "conduce al afianzamiento del estado de derecho luego de un largo período de impunidad". Junto con Daniel Rossomano, Carlos García y Guillermo Fernández, el 24 de marzo de 1978 lograron escapar de sus secuestradores. Declararon como testigos en este juicio y su milagro fue motivo de una película: "Crónica de una fuga".
A la salida de Tribunales, el intendente de Morón, Martín Sabatella, comentó: "Estamos contentos con la sentencia. Ha quedado clara la responsabilidad de estos personajes, pero queremos que cumplan su condena en una cárcel común." Uno de los abogados querellantes, Luis Bonomi, coincidió: "Tengo sentimientos contradictorios. Aunque hayan sido condenados a 25 años de prisión, van a estar libres. Y estamos hablando de personas de más de 80 años condenadas por delitos gravísimos que van a seguir en libertad."
POLÉMICA POR EL NUEVO FALLO DE LA CASACIÓN
El fallo plenario de la Cámara de Casación que determinó que, en principio, todos los acusados deben esperar su juicio en libertad generó una fuerte polémica. El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, fueron los más críticos.
"No estoy de acuerdo. Esta resolución transita por el camino opuesto de la flamante reforma procesal penal que impulsa el Ejecutivo en territorio bonaerense (que prevé limitar las excarcelaciones)", dijo Casal. El ministro advirtió que habrá que esperar si la Corte Suprema confirma esta postura de la Cámara.
Casal afirmó que esta resolución podría tener mucho impacto en la provincia de Buenos Aires. El ministro dijo que allí la gran mayoría de los privados de libertad son procesados, sin sentencia firme, y que podrían beneficiarse con esta resolución.
El plenario de la Casación estableció que todo acusado tiene derecho a esperar su juicio en libertad y que sólo se podrá ordenar su prisión preventiva si el juez que lo investiga considera acreditado que existe peligro de que se fugue o de que entorpezca la investigación. Los camaristas explicaron que ésta es la única postura que no viola lo dispuesto por la Constitución y por los tratados internacionales incorporados a la Carta Magna.
Macri cuestionó el fallo con dureza: reclamó que "la Justicia actúe acorde" con las demandas sociales y que no genere "un sistema absolutamente permisivo".
"Es lamentable, pero vemos personas inculpadas por un homicidio que habían sido detenidas tres o cuatro veces, por las teorías que han liderado parte importante de la Justicia penal y se ve que no han tenido resultado", dijo el jefe de gobierno de la ciudad.
En el ámbito judicial, en cambio, el fallo recogió elogios. "Lo normal es que el acusado transcurra el proceso en libertad porque, aunque nos cueste creerlo, la persona es inocente", afirmó la jueza María Cristina Caamiña, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina.
El ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra dijo: "La decisión de Casación es la que se compadece con la Constitución nacional y los tratados internacionales. No es posible privar de libertad durante el proceso salvo que haya peligro de fuga o riesgo de destrucción de pruebas".
DÓLAR A $ 3,33: SIGUEN LOS CONTROLES Y EL CENTRAL COMPRÓ 120 MILLONES
Si la idea del Banco Central era imprimirle volatilidad al tipo de cambio para que ningún especulador se sienta muy seguro de apostar contra el peso, parece que lo está logrando. Además, los fuertes controles oficiales convirtieron a la autoridad monetaria prácticamente en el único comprador de divisas. Divisas que, claro, eran vendidas por los exportadores que debieron soportar la presión directa de la Secretaría de Comercio que conduce Guillermo Moreno.
Así, el dólar bajó cinco centavos en las casas de cambio y se terminó vendiendo a 3,33 pesos por unidad. En el mercado mayorista, donde el miércoles el dólar había caído diez centavos hasta $ 3,38, finalmente cerró a $3,30 gracias a que el Central intervino con compras (se habló de US$ 120 millones) para darle un piso al tipo de cambio, que apuntaba para abajo.
La impresión de los operadores es que si bien la vigilancia sobre las operaciones cambiarias que dispuso el Gobierno sigue activa, se agilizaron las operaciones consideradas "genuinas" por los funcionarios, tales como pagos de importaciones, que el martes se habían paralizado causando alarma en algunas empresas.
Pero eso no impidió que persistiera la tensión por los redoblados controles que dispusieron el Banco Central, la AFIP, la Comisión de Valores y, en las sombras, la Secretaría de Comercio que conduce Guillermo Moreno.
CAYÓ EL CRÉDITO A EMPRESAS
El financiamiento de empresas a través de instrumentos de la Bolsa de Comercio registró una caída del 43 por ciento durante los primeros 10 meses de este año, informó ayer el Instituto Argentino del Mercado de Capitales.
"El financiamiento empresarial totalizó 3.546 millones de dólares", señala el IAMC. Hasta octubre de este año, los créditos a través de fideicomisos y emisiones PYMES subían 15,8 y 25,2 por ciento, respectivamente.
EL BANCO NACIÓN BUSCA CONTRARRESTAR LA FALTA DE CRÉDITO
Economistas heterodoxos que hasta hace poco apoyaban el modelo de tipo de cambio alto que defendía el Gobierno advierten que la crisis económica mundial sorprende a la Argentina sin recursos para reducir el impacto en el crecimiento local. No es lo que opina la presidenta del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, que dice que su entidad "está instrumentando una política contracíclica para contrarrestar las deficiencias del sistema bancario privado".
"Cuando los bancos privados se sientan sobre la liquidez, cortan el crédito comercial, el descubierto, el descuento de cheques, nosotros asumimos un rol fuertemente contracíclico", explicó Marcó del Pont en su despacho con vista a la Casa Rosada.
"Hasta hace un mes estábamos concentrados en prestar a la inversión. Hoy además estamos orientándonos a financiar capital de trabajo (gasto operativo de las empresas) y prefinanciar exportaciones, líneas que antes eran cubiertas por el sector privado y que ahora se cortaron", contó la jefa del Nación, que cuenta con depósitos del sector público por $ 40.000 millones.
Para prefinanciar exportaciones los bancos tienen que tener depósitos en dólares, algo que al Nación no le sobra. Por eso, la entidad usará una línea de crédito de US$ 200 millones que tenía disponible del Banco de Desarrollo de China y además le pedirá otros 30/50 millones.
También pasará la gorra al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a otros organismos multilaterales. Ante la suba del dólar, que obligó a los bancos a elevar las tasas de interés de los plazos fijos, el Nación debió buscar ruedas de auxilio para seguir cobrando una tasa del 12% en pesos para financiar la inversión de las pymes.
Echó mano de acuerdos con la Subsecretaría de Pyme y la Secretaría de Agricultura para que subsidien dos puntos de la tasa.
La Línea 400, que lanzó a principios de año Marcó del Pont para financiar inversiones de pymes por $ 5000 millones, ya ha otorgado 7800 créditos por 1200 millones y está en trámite el desembolso de otros 1000 millones.
La economista de origen desarrollista que abrazó el kirchnerismo hace tres años espera que a mediados de 2009 se hayan entregado los 5000 millones.
La mitad de los préstamos ya concedidos de la Línea 400 correspondió a pymes del agro. Pero la relación del campo con el Nación dista de ser perfecta: la Federación Agraria Argentina (FAA) denunció ayer que en las últimas semanas la Justicia está tomando posesión de los campos de pequeños y medianos productores endeudados con el banco.
El secretario gremial de la FAA, Omar Barchetta, indicó que "por estos días el Nación está discutiendo el traslado de la deuda a las provincias" y, por lo tanto, "es absolutamente inoportuno que se determinen ejecuciones".
La participación del Nación en el mercado de crédito al sector privado subió del 11,1% en diciembre al 13,1% el mes pasado. En los primeros nueve meses del año, la cartera de préstamos al sector privado del Nación creció el 41%, frente al 19% del sistema bancario. El banco elevó la participación en los créditos hipotecarios para vivienda del 21 al 30%, pero está dando préstamos más chicos, orientados a la clase media baja.
Marcó del Pont esperaba que ayer el Senado aprobara el presupuesto 2009, que contempla un cambio de la carta orgánica del Nación para que pueda prestar sin garantías autoliquidables.
La jefa del banco aclaró que el proyecto gubernamental fue modificado en la Cámara de Diputados para que la Secretaría de Hacienda dé avales al banco cuando éste preste para construir obra pública o para el pago de deuda.
NO SE CUMPLE EL ACUERDO FIRMADO CON LOS TAMBEROS
Otro acuerdo que se anuncia, se firma y, al final, no se cumple. Esta vez es el turno de la leche en el tambo. A punto de enviar a los tamberos las liquidaciones por la leche producida en octubre, la industria se prepara para pagarles a los productores menos de un peso el litro, cifra por debajo del valor que un reducido grupo de empresas se había comprometido a abonar cuando se firmó, el 20 del mes pasado, un convenio con la presidenta Cristina Kirchner en su residencia de Olivos.
"Hoy no sólo estamos haciendo este acuerdo para mantener el precio interno, sino también para cuidarlos a ustedes en lo que podemos denominar la intervención del Estado", les había dicho la Presidenta a los tamberos en aquel momento. El Gobierno podía mostrar, así, que no estaba peleado con el campo.
Según confiaron fuentes industriales, a cambio de un peso las empresas están prometiendo pagar un valor promedio que surge de dos precios definidos: uno para el mercado interno y otro para la exportación. De esta manera, queda en un peso la materia prima para el mercado interno y se establece en torno de los 0,77-0,78 centavos la mercadería de exportación o para hacer stocks como excedente, pero luego lo que finalmente recibirá el tambero será el precio promedio entre ambos valores.
Fuentes empresariales estiman que el precio promedio que se pagará estará en torno de los 90 centavos, como mucho. En la Argentina, sobre una producción de casi 10.000 millones de litros el 80 por ciento se destina al consumo local y el 20% restante, a la exportación.
"Esto significa que el acuerdo no se va a cumplir tal cual lo firmaron las empresas y que van a pagar un promedio. El precio final no va a ser un peso el litro", expresó Claudio Ersinger, coordinador de la Mesa Nacional de Productores de Leche, que rechazó el convenio.
INTIMAN A PRODUCTORES RURALES
El Banco Nación intimó en las últimas semanas a pequeños y medianos productores agropecuarios a regularizar sus deudas y tomó posesión de algunos campos en el sur de Santa Fe. Según anunció la presidenta Cristina Kirchner en pleno conflicto por las retenciones móviles, esos pasivos iban a ser refinanciados. Según fuentes del sector agropecuario, de los 4500 productores que mantienen deudas con el Nación, cerca de 1000 podrían perder sus explotaciones si avanzan los procesos judiciales en marcha.
Los afectados son, en general, pequeños y medianos productores, muchos de ellos enrolados en la Federación Agraria -fuertemente enfrentada al Gobierno-, que dejaron de cumplir sus obligaciones con el banco durante la recesión económica de fines de 1998, que derivó luego en la debacle de 2001. Se trata de establecimientos ubicados en economías regionales o áreas rurales periféricas, como el Chaco, Santiago del Estero, norte de Santa Fe y Córdoba y sur de Buenos Aires.
En la localidad santafecina de Villa Ocampo, los productores afectados se movilizaron en los últimos días frente a la sucursal local del Banco Nación. También en Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Chaco. "Decidimos manifestarnos porque ya está el martillero designado para comenzar la constatación previa al comienzo de los remates
