Para su instrumentación, la Provincia instalará 140 radares fijos y otros 40 móviles, que estarán diseminados en las principales rutas que conducen a la Costa Atlántica, tanto de jurisdicción nacional como provincial, y las transgresiones serán severamente sancionadas.
La medida busca reducir el elevado número de accidentes que históricamente se registran durante el verano, cuando en el movimiento turístico se incrementa significativamente.
A diferencia de lo que ocurría años atrás, durante la vigencia de estos controles electrónicos de velocidad, que estaban a cargo de las administraciones municipales y que por reiteradas denuncias de abuso fueron eliminados por la administración de Felipe Solá, en esta oportunidad los radares serán operados por la Provincia.
Resta definir en el proyecto los montos que se aplicarán a las multas, pero sí esta resuelto que parte de lo recaudado será distribuido entre las municipalidades para la aplicación de programas educativos que permitan crear conciencia del peligro que significa superar las velocidades máximas establecidas.
En tanto, el gobierno provincial avanza en su propuesta de incluir en la Ley de Tránsito bonaerense la identificación obligatoria de los motociclistas, quienes en chalecos reflectantes y cascos deberá llevar impreso el número de la patente del rodado.
El Jefe de Gabinete y Gobierno, Alberto Pérez, explicó que esta iniciativa recoge experiencias que se aplican en la ciudad de Medellín –Colombia–, de las que se interiorizó el gobernador cuando visitó ese país, días atrás.
La medida, indicó Pérez, "provee seguridad a los propios motociclistas, ya que en caso de no usar el casco, podrán ser detenidos y, además, busca prevenir hechos de inseguridad, a partir de la proliferación de los denominados motochorros", responsables de cincuenta por ciento de los delitos conocidos como "salideras bancarias" y de los arrebatos, se indicó.
