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05/11/2008 - 10:00 | Información General /

Resumen de Noticias Nacionales

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Resumen con las principales Noticias Nacionales publicadas en los matutinos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2008.


UCR: "EL GOBIERNO QUIERE HACER CAJA"
"El Gobierno quiere la plata, no quiere un cambio de sistema; está apurado para hacer caja", criticó el titular de la Unión Cívica Radical, el senador jujeño Gerardo Morales. Acompañado por el jefe del bloque de diputados Oscar Aguad, y por el senador mendocino Ernesto Sanz, Morales dio a conocer lo que llamó "ideas base" para un debate de fondo sobre el sistema previsional.
"El dictamen de la UCR, en diputados, empieza con el rechazo al proyecto oficial. Después siguen las propuestas para, en un plazo de 180 días, discutir un verdadero régimen previsional de reparto", dijo Morales.
"El proyecto oficial es un duro golpe a la sociedad argentina porque rompe la confianza", sostuvo el cordobés Aguad.
"La UCR es un partido de gobierno que cuando es oposición debe presentar alternativas; nuestra propuesta plantea una transición del actual sistema, que combina lo privado y lo estatal, a un nuevo régimen de reparto", dijo Sanz.

LA OPOSICIÓN Y EL CAMPO LIDERAN EL ACTO CONTRA LA ESTATIZACIÓN
Los principales actores que coparon las calles en el conflicto por las retenciones móviles volverán a salir a escena hoy, esta vez para oponerse al proyecto de reestatización del sistema de jubilaciones. La convocatoria es en la Plaza de los dos Congresos y se esperan duras críticas contra el Gobierno. En la tribuna estarán los dirigentes agrarios Alfredo De Angeli, Hugo Biolcatti y Mario Llambías y los diputados que caminan de la mano de Elisa Carrió y Mauricio Macri.
Los une el odio al kirchnerismo. Está claro que en el encuentro de las 18 no sólo levantarán consignas en contra del proyecto oficial para los jubilados. Si bien el acto representa una apuesta para tratar de persuadir a los legisladores y, definitivamente, para presionar a los indecisos, en la plaza se colarán otros reclamos. Esto es, desde el pedido de no aprobación del presupuesto 2009 y la eliminación de los superpoderes hasta una mejor rentabilidad agropecuaria.
Mauricio Macri evaluó el pedido que le hicieron los diputados de PRO -ayer recibió varios mensajes de texto-, pero duda de asistir y lo resolverá por la mañana. Gabriela Michetti, la vicejefa porteña, está entusiasmada: "Me gustaría ir. Me molesta el modo en que el Gobierno adoptó la medida porque sé que, en el fondo, está la necesidad de buscar financiación para el año próximo", dijo.
Carrió recibió la propuesta desde varios sectores pero se bajó. "La legitimidad del reclamo no está en duda. Estamos dando la batalla, pero como líder de la oposición busco un escenario de no confrontación y de no violencia frente al Congreso", indicó. Un encumbrado dirigente agrario le habría ofrecido a Carrió, en medio de una negociación de las últimas horas, subir al palco junto con Macri. La líder de la Coalición habría respondido que no adhiere al uso de la tribuna política.
El orador principal también cambió, ya que De Angeli dijo no. Parece que al conductor de la Federación Agraria de Entre Ríos le marcaron la cancha desde su propio espacio. Ideológicamente, la FAA está a favor del sistema estatal de jubilaciones. Por eso, Eduardo Buzzi no irá.
Acaso por la reprimenda, De Angeli dio explicaciones. Dijo: "Si el Gobierno hubiera presentado un proyecto estatal, autárquico, en el que no pueda echar mano a la caja, yo sería el primero en pasarme y en apoyar. Pero el kirchnerismo sólo busca la caja y construir poder con dinero". El micrófono de cierre pasó a manos del rabino Sergio Bergman, un contrincante de la Casa Rosada que se mueve, generalmente, cuando surgen temas de inseguridad y que ya conversó varias veces con Macri y con Carrió. Pero Bergman niega que su vinculación vaya más allá: "No coqueteo con Macri ni con Carrió. Milito para que la gente se involucre", sostiene. Su discurso de hoy no se limitará al sistema jubilatorio. "La discusión es por el sistema republicano que no tenemos", adelantó.

TAMBIÉN CONVOCA EL KIRCHNERISMO
Las organizaciones kirchneristas marcharán al Parlamento hoy y mañana para dar su respaldo público a la iniciativa oficial que pone fin al sistema de capitalización.
El Movimientos Libres del Sur se movilizará al Palacio Legislativo hoy a las 11.30, en apoyo a la estatización de las jubilaciones privadas, pero marcando diferencias con la propuesta oficialista: reclamará cambios en el contenido a través de las diputadas nacionales Victoria Donda y Cecilia Merchán.
Estos cambios consisten en dejar expreso en la ley que "no se pueda utilizar el aporte de los trabajadores para pagar deuda pública", propone "establecer pautas concretas respecto al tipo de inversiones que se pueden realizar con los fondos acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS)" y pide "que haya mayor control ciudadano de los aportes previsionales incorporando un representante de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y el ombudsman de la tercera edad a la Comisión de Seguimiento del FGS".
Por su parte, el referente del Frente Nacional Transversal, el diputado Edgardo Depetri ratificó que, mañana a las 15, su agrupación, el Movimiento Evita, Militancia Social, Causa Popular y Frente Barrial 9 de Diciembre marcharán al Congreso "para terminar con la estafa de las AFJP y por un sistema jubilatorio público y solidario y de reparto" y defendió la medida para "garantizar una justa distribución de la riqueza".

EL GOBIERNO ACEPTÓ 15 CAMBIOS AL PROYECTO DE ESTATIZAR LAS AFJP
Con 15 cambios de último momento que auguran la posibilidad de otros en el recinto, ayer el oficialismo firmó en la Cámara de Diputados el dictamen del proyecto de ley de estatización del régimen de capitalización de las AFJP.
La votación del proyecto en el recinto se prevé para mañana jueves, cuando se abra el debate de los 22 artículos de la iniciativa.
Algunos de los cambios son de forma. Pero otros son de fondo. Como el que condiciona el uso de los fondos recaudados. De todas maneras, el control de los recursos que hoy administran las AFJP (casi $ 100.000 millones capitalizados, $ 15.000 millones anuales de recaudación) será ejercido por dos comisiones que, de hecho, quedarían en manos del Poder Ejecutivo.
Además, la ANSeS no podrá invertir en el exterior. La resolución del juez norteamericano Thomas Griesa que embargó fondos de las AFJP depositados en su país ofició de disparador de este cambio. No se especifica nada con relación a eventuales pagos de deuda externa, si bien se señala que los recursos "serán únicamente utilizados para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino", que es el que surge de la unificación de los dos regímenes.
La bancada socialista y el bloque del SI (ex aristas) anticiparon su apoyo en general, en tanto que el bloque radical, la Coalición Cívica, el PRO y el Frejuli, además de una media docena de diputados del bloque que conduce Agustín Rossi (entre ellos Felipe Solá y Enrique Thomas) presentaron sus propios dictámenes en minoría. Estos últimos podrían terminar acelerando su despedida de la bancada a la que en junio enfrentaron con su voto negativo contra las retenciones móviles.
Radicales, cívicos y PRO, pese a sus dictámenes en minoría, ratificaron su rechazo a la ley. Los socialistas, a través de la cordobesa Laura Sesma, también lo hicieron. La presidenta de ese bloque, la santafesina Silvia Augsburger, dijo después que "las modificaciones no alcanzan para garantizar que los fondos vayan a los jubilados". Pese a las diferencias con el Gobierno, el centenario partido había decidido el sábado, en un encuentro en el que intervino el gobernador Hermes Binner, apoyar la ley en general.
Por su lado, la UCR presentó, también ayer, su propuesta para lograr en el futuro una reforma consensuada al sistema previsional.
El debate del proyecto cerró la tarea del plenario de las comisiones de Presupuesto, que preside el santafesino Gustavo Marconato, y de Previsión Social, a cargo del formoseño Juan Carlos Díaz Roig, ex presidente del Consejo Federal de la Previsión Social que se opuso en 1993 a las AFJP.
Marconato repitió ayer que "no se pueden invertir los fondos en el exterior". Y añadió que esa voluntad "anula así" toda disposición en contrario.
Fue la respuesta que obtuvo el demoprogresista Luis Galvalisi, que forma parte de la bancada macrista, quien recordó la plena vigencia que permite esas inversiones surgidas de los artículos 74, 75 y 76 de la ley 24.241.
Antes esta misma cuestión había sido expuesta por el peronista duhaldista Jorge Sarghini.
Lo hizo para remarcar la falta de una prolija elaboración de los textos que aparece en colisión no sólo contra la 24,241 que creó las AFJP sino también con otras leyes vigentes.
La cobista Laura Montero se expresó en contra y la siísta María América González declaró su entusiasta apoyo y el de su sector, incluyendo a Claudio Lozano (Proyecto Sur). Este grupo se destacó por su activa participación en las negociaciones con el bloque del Gobierno.
María América hasta se permitió con su habitual soltura decir que Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia, "ganará el cielo" por bregar ahora por todo lo contrario que hizo hace catorce años cuando fue el miembro informante que impulsó la ley que formó a las AFJP.

EL KIRCHNERISMO CEDE, PERO BUSCA TENER EL CONTROL DE LAS COMISIONES
Para imponer su voto, el oficialismo aceptó incorporar 15 cambios en el proyecto de reestatización de todas las jubilaciones, que en total suma 18 artículos. Siete de esas modificaciones ponen la lupa sobre el uso que tendrán esos fondos y el control; en cambio, otras sólo apuntan a cambiar el orden de redacción de los párrafos.
Sobre los 7 cambios de fondo, hay tres que modificaron radicalmente el eje que tenía el proyecto enviado por Cristina Kirchner, al Congreso. Aquel texto no contenía ninguna cláusula sobre el destino de los fondos.
En cuanto a los controles, se crearían dos comisiones: una asesora del nuevo sistema previsional y otra bicameral integrada por legisladores. En ambos casos estarían facultadas para monitorear los fondos. Los miembros de la comisión asesora serían designados por el Ejecutivo. Los de la Bicameral, por las respectivas cámaras, en las cuales el oficialismo tiene mayoría por lo que se deduce que en ambos casos el Gobierno ejercerá, de hecho, el control de ambas comisiones.
El cambio incorporado más importante es el artículo 8, en el que se incluyó que los recursos que ingresen al sistema de reparto "únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino".
La incorporación de una cláusula que frenara puntualmente el uso de los fondos que ingresarán al sistema de reparto con otros fines que no fueran previsionales fue la carta de negociación más fuerte entre el oficialismo y la oposición. Sin esa condición el bloque de diputados K no hubiera logrado sumar el apoyo de algunas bancadas opositoras que ahora respaldarán la iniciativa.
Con el cambio en el sistema previsional más de 90.000 millones de pesos ingresarán al ANSeS a partir del 1° de enero próximo.
En el mismo artículo, se le permite al nuevo sistema jubilatorio invertir "de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados" y se prohíbe "la inversión de los fondos en el exterior".
La otra modificación que se le incorporó a esta iniciativa es que la ANSeS "no percibirá por la administración de los fondos comisión alguna de los aportantes al sistema". Tanto el artículo 8 como el 9 fueron íntegramente redactados a última hora de ayer en la reunión de comisión.
El pedido de los legisladores opositores apuntó también a incluir detalles en torno a los controles que tendrá el uso de los fondos.
En el artículo 12 se detalló la composición que tendrá el Consejo asesor: un miembro del ANSeS, otro de Jefatura de Gabinete, dos representantes de los jubilados, tres de los trabajadores, dos de las entidades empresarias, un diputado y un senador, en representación del Congreso.
Todos esos cargos serán sin remuneración y elegidos por el Ejecutivo. Además del consejo, también habrá una Comisión Bicameral, formada por legisladores.

FUERTE IMPACTO EN LOS DERECHOS DE LOS AFILIADOS A LAS AFJP
De aprobarse la reforma previsional promovida por el Poder Ejecutivo, habrá cambios sustanciales en los derechos que tienen quienes están en una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
En primer lugar, la propuesta define que, al pasar todos los aportantes a formar parte del régimen de reparto, el haber jubilatorio inicial se calcularía según la fórmula que rige en ese sistema. La prestación equivale al 1,5%del salario promedio de los últimos 120 meses aportados, multiplicado por la cantidad de años con contribuciones. Según el proyecto, quienes hayan estado en capitalización podrían reemplazar salarios de los últimos años trabajados por los de períodos en los que aportaron a una AFJP.
Esto es un reconocimiento de la posibilidad de que en esos años se hayan cobrado los mejores ingresos de la vida laboral, ante la realidad de que, a los fines de calcular el haber inicial, reparto no considera los niveles de ingreso de toda la historia del trabajador -como implícitamente lo hace capitalización-, sino sólo los últimos diez años.
A esa prestación se le suma la básica universal (PBU), actualmente de $ 200, pero que, según la nueva ley de movilidad, se elevará a 326. Este pago del Estado también alcanza hoy en día a los jubilados del sistema de capitalización, que en rigor no es privado, sino mixto, tanto en su financiación como en las obligaciones asumidas, que son de la AFJP y del sector público.
Para los afiliados a capitalización, la ley vigente desde 1994 contempla un cálculo de la jubilación que nada tiene que ver con la fórmula de reparto: en este caso, lo que se hace es estimar el monto de una mensualidad en función del ahorro acumulado y de la expectativa de vida del beneficiario y su grupo familiar. En todos los beneficios que se pagan en la actualidad, el Estado debe agregar un pago en compensación por los aportes hechos al viejo sistema de reparto antes de 1994 y, en algunos casos, también por aportes realizados al sistema público después de esa fecha.
Como el sistema de las AFJP tiene algo más de 14 años y se requieren al menos 30 para acceder a la jubilación, no existen beneficiarios que sean puros de capitalización. Este hecho, junto con la existencia de la PBU, explican la participación en el pago de los haberes que tiene el Estado, que a su vez recibe dinero por quienes están afiliados a las AFJP, ya que las contribuciones que hacen al sistema las empresas (por lo general superiores a los aportes personales, que son los que van a las cuentas de capitalización) se derivan siempre al sistema público.

PROPUESTA DE MONDINO
El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, presentó ayer un proyecto de ley para crear un Banco de Previsión y Seguridad Social con autarquía para la administración de los fondos jubilatorios.
Entregó la iniciativa a la senadora Roxana Latorre (FPV-Santa Fe), presidenta de la Comisión de Seguimiento de la Defensoría del Pueblo. Precisó que el fin de ese banco es dar "seguridad jurídica, previsibilidad y certeza" a los fondos previsionales. "Son recursos intergeneracionales y, si no creamos una entidad jurídica autónoma similar al Banco Central, no le estamos dando previsibilidad a los futuros jubilados", dijo.

UN ABOGADO DENUNCIÓ A SU AFJP EN LA JUSTICIA
Un abogado denunció ayer ante la Justicia federal a los directivos de su AFJP --Orígenes-- por presunta "administración fraudulenta" como consecuencia de no haber actuado en defensa de sus bienes embargados por la justicia de Estados Unidos.
La presentación la realizó el abogado Pablo Héctor Cano, en su calidad de afiliado a Orígenes AFJP. Recayó en el juzgado a cargo de Sergio Torres, informaron fuentes judiciales.
A tono con lo que se había insinuado desde el Gobierno acerca de que los afiliados a las AFJPs podrían iniciar juicios como consecuencia del bajo rendimiento de sus ahorros previsionales, Cano le pidió al juez que investigue si otras aseguradoras evidenciaron "igual inacción". Se refirió a una "conducta coordinada" entre las diferentes compañías.
Según Cano, se habría producido una maniobra tendiente a "propiciar situaciones que afecten y menoscaben el conjunto de los ahorros que el sistema previsional ha acumulado", así como "generar situaciones que alteren el desarrollo de políticas de Estado".
Cano reclamó que la Justicia ordene a Orígenes identificar "la cantidad de fondos que posee en el exterior e individualice los que han sido embargados". Expresamente aludió al embargo dispuesto en los tribunales de Nueva York sobre los fondos pertenecientes a las AFJP depositados en Estados Unidos, ante el inminente tratamiento parlamentario de una ley para el paso del sistema a la administración estatal.

GOBIERNO QUIERE APLAZAR AUDIENCIA
El Gobierno quiere tiempo para elaborar una estrategia de defensa que permita levantar la inhibición dictada por un juez neoyorquino a los fondos de las AFJP invertidos en Estados Unidos. Los abogados que representan al país negociaban posponer la audiencia prevista para mañana.
Del otro lado, los letrados de los fondos buitre –que aceptarían el aplazamiento– no bajan la guardia. “Argentina puede pagar su deuda si nacionaliza los fondos de pensión”, dijo Barry Ostrager, el abogado litigante.
Los fondos buitres son conscientes de que es casi imposible que prospere la demanda para que la justicia norteamericana congele los fondos de las AFJP en el exterior y acepte que sean tomados como parte de pago de los bonistas que quedaron fuera del canje de deuda (holdouts).
Descuentan que si los abogados del Estado argentino argumentan que los activos inhibidos son de los jubilados, bajo la administración de las AFJP, es muy probable que el juez Thomas Griesa levante su medida precautoria. Acto seguido, las administradoras podrían repatriar las inversiones en Estados Unidos y caso cerrado.
Sin embargo, el pronunciamiento del magistrado ya es una victoria para los buitres, dan a entender sus abogados. “Se buscó asustar a la Argentina por si esos activos son nacionalizados”, explican en un estudio de abogados de bonistas que quedaron afuera del canje de deuda (holdouts) y ahora van por la revancha.
Aurelius Capital y otra firma controlada buscan recuperar 553 millones de dólares invertidos en bonos de deuda argentina impagos, que no fueron canjeados. Inició una primera causa para formalizar el reclamo y su abogado, Barry Ostrager, socio del estudio Simpson, Thacher & Bartlett vio una manera de presionar con el proyecto de ley reforma previsional.
“Argentina está ante un gran problema y deberá enfrentarlo. Es probable que más casos se sumen”, afirmó. El letrado confirmó la postergación de la audiencia con el juez Griesa prevista para mañana. “Vamos a aceptarla”, admitió.
Ostrager desnudó su objetivo final ante la consulta de cómo se resuelve el litigio. “Con una nueva propuesta” de pago a los bonistas, sostuvo. Hasta ahora, ningún fondo buitre logró hacerse de dinero estatal en ninguna de sus demandas. Griesa congeló fondos del Banco Central y del Banco Nación depositados en cuentas norteamericanas, pero todavía no autorizó que con ellos se cancelaran compromisos con los acreedores.
La estrategia de Cleary Gottlieb, el estudio de abogados que represanta al Estado argentino, siempre fue estirar los plazos apelando al agotamiento de los demandantes. Hace unas semanas, el Gobierno presentó un segundo plan de repago a los tenedores que no entraron al canje con la esperanza de que varios buitres desistieran de los juicios. Pero la crisis financiera metió el plan en el freezer.
En la Casa Rosada reconocieron también la estrategia de ganar tiempo en esta última inhibición sobre los fondos de las AFJP. Aunque tampoco se puede extender demasiado.
La Superintendencia de las AFJP le puso como plazo hasta el jueves para que eleven un informe detallado sobre cómo invirtieron el dinero de sus afiliados en Estados Unidos, qué cantidad y razones por las que el juez Griesa podría permitirles a los demandantes acceder a esos fondos. Se calcula que alrededor de 4.900 millones de dólares fueron destinados por las administradoras para comprar acciones de empresas norteamericanas.
El Gobierno no quiere dejar ningún flanco abierto con los buitres. Pero si estira mucho su defensa, la ley será aprobada por el Congreso y la estatización de activos volverá a ser un argumento de peso a favor de los demandantes.

LAS AFJP TRAEN FONDOS Y DEPOSITAN EN PLAZOS FIJOS
Las AFJP volvieron a engrosar ayer sus tenencias de depósitos a plazo fijo. Según fuentes oficiales, sumaron 35 millones de pesos adicionales a lo que ya tenían con el flujo de fondos que entró a las cuentas de sus afiliados. Su opción responde en parte a lo que subieron las tasas de interés que ofrecen los bancos, y en parte a que el Gobierno ya empezó a “orientar” su menú de inversiones.
Desde que la semana pasada volvieron a quedar habilitadas para operar, tras la suspensión que les impuso el juez Claudio Bonadío para investigar si apostaron contra el peso antes del anuncio de su nacionalización, las administradoras compran y venden títulos sólo con la venia de la Superintendencia que las regula.
Desde allí se encargaron de que no compren un solo dólar durante las jornadas tensas que vivió el Banco Central a partir del anuncio. Por ahora el dinero de sus afiliados fluyó hacia los plazos fijos y algunas acciones del Merval que treparon gracias a su impulso.
Por otra parte, la Superintendencia de AFJP ratificó ayer que sancionará a las administradoras que no hayan cumplido en invertir un 1% de sus activos en proyectos productivos y de infraestructura, como las obligaba la ley con un plazo máximo que venció el viernes pasado. Tal como adelantó ayer Crítica de la Argentina, habrá multas para todas las que no lleguen a ese porcentaje. En total, las diez firmas del sector tienen menos del 0,6% de sus fondos colocados allí.
“Mañana (por hoy) se empieza a poner en marcha el proceso de sanción. Después van a presentar su descargo y se reúnen las comisiones formales para evaluar las situaciones particulares”, adelantaron fuentes del organismo que conduce el también titular de la ANSES, Amado Boudou.
En el Gobierno aún no decidieron en qué invertirá la ANSES el dinero de las cuentas de capitalización en caso de que el Congreso apruebe su absorción por parte del Estado. La oposición que avalaría el proyecto quiere más garantías que las que ofrece el texto oficial. Y por eso también reclama la autonomía formal del organismo previsional.

DE ANGELI VA AL SENADO
El presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli recorrerá hoy, a partir de las 12 y junto con otros dirigentes agrarios, los despachos de la mayoría de los senadores. "Les vamos a pedir que no aprueben el presupuesto 2009 porque junto con el presupuesto se vota también el uso de los superpoderes", dijo.
La recorrida de De Angeli no es una estrategia nueva. Lo mismo hicieron los dirigentes agropecuarios en varios tramos del conflicto campo-Gobierno por el proyecto de las retenciones móviles.
"No queremos la continuidad de los superpoderes para el Gobierno porque después cualquier ministro hace cualquier cosa", afirmó De Angeli. Y agregó: "Las consecuencias después las pagan las provincias, que ahora están paradas. Los intendentes comienzan a estar preocupados por la desocupación".

PREOCUPACIÓN DE LA ACDE POR EL PROYECTO DEL OFICIALISMO
La Asociación Cristina de Dirigentes de Empresa (ACDE) manifestó ayer su adhesión a la declaración de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) sobre su preocupación por el proyecto oficial de reestatización de las jubilaciones en manos de las AFJP.
"Nuestra Asociación comparte con AEA la preocupación sobre la gran trascendencia que tiene para el futuro de nuestro país la definición del régimen previsional: el respeto por el derecho de propiedad de los aportes de los trabajadores, la transparencia, la sustenibilidad del sistema y el financiamiento de la inversión productiva para impulsar la actividad económica y el empleo", manifestó Adolfo Ablático, presidente de la ACDE.
"Hace sólo unos días ACDE expresó su pensamiento sobre la crisis global. En el documento 'Argentina: de las crisis al progreso. La responsabilidad de la dirigencia' afirmamos que 'todos los países se preparan para responder ante una situación de extrema gravedad, sin embargo, la dirigencia argentina todavía no ha articulado un conjunto de propuestas y acciones que con su implementación permitan reducir el impacto en nuestro país'", dice la carta firmada por Ablático y dirigida al presidente de AEA, Luis Pagani.
Y continúa: "Desde esta perspectiva, entendemos que el proyecto de jubilaciones genera bajos niveles de confianza, privilegia el corto plazo, las soluciones fáciles y distrae a la dirigencia argentina en falsos dilemas".
"En ACDE creemos que toda la dirigencia es responsable del bien común y el destino de la Nación. Ante la crisis global, toda la dirigencia argentina debe unirse y convocar sin demora a la sociedad a construir consensos --dentro de la total vigencia del sistema democrático de independencia de los poderes-- a postergar sus demandas sectoriales, a vivir con austeridad y a trabajar para consolidar el proyecto de Nación", concluye.
El jueves pasado, AEA había emitido un comunicado en el que expresaba su preocupación porque "la decisión sobre el mejor sistema de seguridad social para la Argentina no puede adoptarse de manera urgente".
Y estimó que "por su enorme trascendencia para el futuro de nuestro país, la definición del régimen previsional requiere necesariamente de la construcción de amplios consensos y un análisis detallado y profundo sobre su sustenibilidad de largo plazo".

SOLÁ YA DIO EL NO
El diputado justicialista disidente Felipe Solá dijo que votará en contra del proyecto oficial de estatización de las AFJP. El legislador dijo que "los 9 millones de personas que optaron por permanecer" en el régimen privado, pasen sus ahorros a una "gran AFJP" administrada por el Estado, pudiendo controlar sus aportes "cada 2 o 3 meses".
Solá sostuvo que, entre los diputados, "hay consenso en general de la necesidad de que el sistema jubilatorio sea estatal, a fin de proteger (los fondos de los aportantes) de futuros vaivenes".

EL GOBIERNO NO ESTATIZARÁ LAS ART
Desde la Casa Rosada salieron a desmentir ayer que tras la reestatización de las AFJP se evalúe hacer lo mismo con el sistema de riesgos del trabajo administrado por las ART. Una alta fuente de la central obrera, al ser consultada por Ambito Financiero, recalcó que cualquier cambio sería sobre la base del actual sistema de ART.
Por las dudas, anticipando cualquier iniciativa oficial, la directora ejecutiva de la Unión de ART, Mara Bettiol, cuestionó ayer a los sindicatos que propician la estatización del sistema, proyecto también rechazado por la UIA. Bettiol denunció que son “algunos sindicatos” los que “pretenden quedarse con la gestión del negocio” de las ART que, según dijo, mueven anualmente alrededor de $ 4.000 millones.
Según advirtió, “dada la discusión en torno al sistema previsional, (los gremios) vieron la oportunidad de colar esta aspiración”. “El punto diferente con las AFJP es que en este caso hay ciertas aspiraciones sindicales”, aclaró la ejecutiva.

LA CGT QUIERE VOLVER A LA DOBLE INDEMNIZACIÓN
La CGT que conduce el camionero Hugo Moyano pediría al Gobierno que aplique nuevamente la doble indemnización en caso de que persistan las "presiones de los empresarios para despedir y suspender" al personal de distintas actividades.
El tema será analizado por los integrantes de la "mesa chica" de la central obrera cuando se reúna esta semana. Moyano no descartó anteayer solicitar esa medida: "Estamos analizando todo".
Idéntico reclamo ya hizo propio el sector sindical disidente a Moyano que conduce el gastronómico Luis Barrionuevo. Esa línea aseguró que se lo comunicará a la presidenta Cristina Kirchner, aunque a sabiendas de que su reclamo no será tenido en cuenta por el Gobierno. La Presidenta no recibirá a los dirigentes de la autodenominada CGT Azul y Blanca.
Durante el encuentro que tendrá la central oficial de Moyano, se conocerá un informe de las delegaciones regionales de los sindicatos y que, según explicó un dirigente "contiene cifras preocupantes de personal con cambios de turno, adelanto de vacaciones y retiros supuestamente voluntarios".
La CGT ratificó el procedimiento preventivo de crisis adoptado por el Ministerio de Trabajo, que impide a las compañías tomar decisiones de emergencia por su cuenta sin consultar previamente a la autoridad oficial competente.

CONTRA LA DOBLE INDEMNIZACIÓN
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos De la Vega, afirmó ayer que la doble indemnización que piden algunos sectores sindicales puede tener resultados contraproducentes y reclamó aplicar los procedimientos preventivos de crisis.
"Hay que defender lo alcanzado en materia de ocupación, pero no es el momento para que ningún sector produzca o imponga acciones apresuradas. Los empresarios deben tener presente y aplicar el mecanismo hoy previsto por el Decreto 265/2002 que establece un procedimiento preventivo de crisis en los casos que prevean aplicar suspensiones o despidos colectivos de personal, explicó.

EL SENADO VOTA EL PRESUPUESTO
Sin modificarle siquiera una coma, el kirchnerismo buscará sancionar hoy en el Senado el presupuesto nacional 2009, un proyecto que fue redactado por el Poder Ejecutivo antes de que estallara la crisis financiera y de que la administración kirchnerista anunciara la estatización de la jubilación privada.
Los sucesos de los últimos dos meses -el texto ingresó en el Congreso el 15 de septiembre, tal cual lo establece la ley de administración financiera- han cambiado tanto el escenario que el presupuesto quedó totalmente desactualizado.
A pesar de esto, el Gobierno decidió apurar la sanción del proyecto en el Senado. Lo motiva la necesidad de liberar a la Cámara alta para discutir la estatización de las AFJP y de retener los superpoderes para disponer la modificación de partidas presupuestarias, sin necesidad de la aprobación del Congreso, a sola firma del jefe de Gabinete. Toda la oposición y el peronismo disidente rechazan el proyecto.
"El presupuesto atrasa" es la frase que un senador oficialista usó para graficar el proyecto que tratará la Cámara alta a partir de este mediodía.
Una muestra de esto son las proyecciones que contiene el texto: fue calculado con un dólar a 3,19 pesos, aunque la moneda norteamericana ya cotiza a 3,40, y los ingresos por exportaciones de soja fueron proyectados a un valor de 400 dólares la tonelada, pero el precio del grano se desmoronó y hoy cotiza entre 320 y 340. Prevé una inflación para todo 2009 del 8% y una tasa de crecimiento del PBI del 4%.
En términos generales, el proyecto prevé un superávit superior a los 9000 millones de pesos, producto de una previsión de 242.900 millones de pesos en recursos y una erogación estimada en 233,800 millones de pesos.
Los recursos que recibirá el Estado se verán incrementados por el flujo de $ 15.000 millones de quienes hoy aportan a las AFJP y que, si prospera el proyecto del Gobierno, pasarán a las arcas de la Anses.

GOBIERNO ENVÍA AL CONGRESO PROYECTO POR TABACO
Cristina de Kirchner firmó el proyecto abarcativo de control de tabaco, que incluye medidas fiscales, entre las que se destaca la recomposición del Fondo Especial del Tabaco (FET). Lo anunció el lunes con el aumento del aporte que realiza el Estado nacional a ese fondo. Hasta ahora, el FET asciende a 470 millones de pesos, que, de aprobarse la ley, aumentará en $ 200 millones el primer año, y en otros $ 186 millones el segundo.
El anuncio fue efectuado junto al jefe de Gabinete, Sergio Massa, frente a los ministros Graciela Ocaña y Carlos Fernández, y el secretariode Agricultura, Carlos Cheppi. También estuvieron presentes los representantes de las cámaras de tabaco de las provincias productoras.
El aumento del componente fijo del Fondo Especial del Tabaco, que hace 19 años no se actualizaba, está plasmado en un proyecto de ley que ayer ingresaba a la Cámara de Diputados.

BUZZI AHORA ADMITE QUE SU FRASE FUE "POCO FELIZ"
La frase de Eduardo Buzzi, el titular de Federación Agraria, sigue haciendo ruido. El dirigente admitió ayer que su dicho sobre "desgastar" la gestión de Cristina Kirchner fue "desafortunado" y "suena mal".
Pero ratificó la vocación democrática de su entidad e insistió en denunciar que son los dirigentes del agro los que sufren "desgaste" y "persecución" por parte del Ejecutivo. Por sus palabras, Buzzi recibió una nueva denuncia penal, en tanto que la justicia federal deberá decidir en los próximos días si lo procesa en otra causa por los cortes de ruta.
"Desde la Comisión de Enlace hay una actitud de ir desgastando y erosionando desde donde se pueda a este gobierno", había dicho Buzzi el fin de semana, en un encuentro con dirigentes del Chaco. La difusión de esa frase le valió una réplica de la propia Presidenta. "Representar como dirigente a un sector no debe ser un instrumento para desgastar un Gobierno", dijo Cristina.
En declaraciones radiales, Buzzi intentó dar por cerrada esta polémica. Admitió que su frase fue "poco feliz", pero aclaró que "en la Federación Agraria somos profundamente democráticos y de ninguna manera puede sonar esto como una actitud destituyente". También denunció que "hay miles de productores que van camino a la desaparición". Y en ese sentido insistió: "Hay que confrontar y rechazar esa política" agropecuaria.
Como sea, el dirigente sumó otro dolor de cabeza. El abogado Eduardo Barcesat, que en el conflicto de marzo había accionado judicialmente contra la Mesa de Enlace, amplió ayer esa denuncia acusando a Buzzi de "coacción agravada y amenaza desestabilizadora de las instituciones".
Buzzi ya sabe de recorrer tribunales. Ayer mismo prestó declaración como imputado en otra causa que tramita en San Nicolás el juez Carlos Villafuerte Russo, y que involucra también al resto de la Comisión de Enlace y a las dirigentes políticas Margarita Stolbizer (Coalición Cívica) y María Alarcón (Pampa Sur). Esa causa se inició en los días calientes de la protesta a instancias del fiscal Juan Murray, quien ayer sorpresivamente se encontraba de licencia.
Por un acto realizado en San Pedro el 19 de marzo, que alteró algunas horas el tránsito en la autopista a Rosario, Murray los acusó de obstrucción del tránsito. El juez deberá definirse en los próximos días. "La policía de Buenos Aires y el fiscal federal se dedican a espiar y a procesar a quienes apoyamos la protesta social. Eso demuestra la intencionalidad política de la causa judicial", juzgó ayer Stolbizer.

DENUNCIAN A BUZZI ANTE LA JUSTICIA
El constitucionalista Eduardo Barcesat denunció ayer al titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, ante el fuero penal. Lo acusó del delito de “coacción agravada” a raíz de los dichos emitidos por el ruralistas este fin de semana, cuando dijo que “la consigna es desgastar a este gobierno”.
Barcesat presentó su denuncia ante el Juzgado Federal 2, como ampliatoria de otra que realizó contra la Sociedad Rural Argentina durante los cortes de rutas en protesta contra las retenciones a las exportaciones.
“No se trata de perseguir a nadie por sus opiniones ni desconocer el derecho a expresarlas”, sostuvo el letrado, que de todos modos entiende que Buzzi incurrió en “coacción agravada y en una amenaza desestabilizadora de las instituciones”. La amenaza de nuevos cortes de rutas y desabastecimiento alimentario “comporta una amenaza y un daño que compite en efectividad el alzamiento en armas”, aseguró luego.
Las frases por las que ahora se acusa a Buzzi fueron emitidas este fin de semana en Chaco, ante un grupo de productores, y le valieron el lunes la reprimenda de Cristina de Kirchner. Entre otros puntos, el ruralista propuso que desde la Comisión de Enlace se adopte “una actitud de ir desgastando y erosionando desde donde se pueda a este gobierno”.
Conocida la denuncia de Barcesat, desde la FAA replicaron. “No quedan dudas que es parte de una estrategia en contra de la FAA”, sostuvo Ulises Forte, vicepresidente de la entidad rural.

LA FAA CONTRA LAS EJECUCIONES
La Federación Agraria Argentina (FAA) denunció ayer que en las últimas semanas la Justicia tomó posesión de campos de pequeños y medianos productores endeudados con el Banco Nación en distintas localidades de Santa Fe y Santiago del Estero.
Omar Barchetta, secretario gremial de FAA, señaló: “Por estos días, el Banco Nación está discutiendo el traslado de la deuda a las provincias. Por lo tanto, es absolutamente inoportuno que se determinen ejecuciones. En este sentido, exigimos al gobierno nacional que actúe para evitar el desalojo de varias familias del interior.
Se trata de chacareros endeudados, que no pagaron porque no pudieron, tras enfrentar emergencias, desastres, o quiebras en los años noventa. Si se les otorgan condiciones de refinanciación ajustadas a su realidad, estos productores van a pagar y quieren hacerlo”. La FAA estima que hay unos cinco mil productores morosos que podrían pasar por la misma situación.

EL GOBIERNO DICE QUE A ANTONINI "LE PAGARON" PARA QUE DECLARE
Al día siguiente de que un jurado en Miami declarase culpable a Franklin Durán de conspirar para ocultar la verdadera historia de la valija que Guido Alejandro Antonini Wilson intentó ingresar al país, desde el Gobierno nacional volvieron a disparar contra el empresario venezolano prófugo de la Justicia argentina, que lo investiga por lavado de dólares.
El ministro del Justicia, Aníbal Fernández, definió a Antonini como "un mequetrefe de alquiler al que le han pagado para decir cualquier cosa" y evaluó que "no va a venir nunca" a declarar a la Argentina, "porque sabe que lo que cometió es un delito severo".
También desde el gobierno venezolano salieron ayer a descalificar al "valijero", con términos aún más severos. Pero Fernández no dio detalles sobre quiénes le habrían pagado al venezolano y tampoco lo hicieron los voceros del Ministerio.
Aunque se ofreció a colaborar con el FBI para grabar en secreto a sus ex socios y amigos, Antonini no reviste la calificación de "testigo protegido" y las autoridades de EE.UU. han negado que cobre dinero alguno por su colaboración.
La única pista cercana es un documento que presentó en abril pasado ante la Corte el fiscal Thomas Mulvihill, en el que indica que las autoridades federales se habían hecho cargo hasta entonces de una cuenta por 29.682 dólares para proteger a Antonini. Se supone que esa cifra incluía gastos de hoteles y traslados para él y su familia, que debieron dejar por algunas semanas el departamento en Key Biscayne y refugiarse en otros puntos de la Florida cuando estalló el escándalo.
El lunes, después de que se conociera el veredicto del jurado contra su ex socio y amigo, Antonini habló por primera vez por televisión. Allí dijo que no recibe "ningún tipo de protección" del gobierno de EE.UU. ni le han "ofrecido nada".
También ratificó que el dinero "era de (la petrolera estatal venezolana) PDVSA" y que "iba para la campaña presidencial de Cristina Kirchner".
Fernández fue ayer la primera voz del Gobierno que manifestó su reacción ante el resultado del juicio en Miami y las declaraciones de Antonini. El ministro de Justicia repitió conceptos similares a los que se escucharon en su propia boca y la de otros funcionarios desde que estalló el escándalo en Estados Unidos y se supo que el "valijero" se había transformado en colaborador del FBI.
Ya antes, Fernández había hablado de una causa "inventada", un comunicado de la Cancillería la había calificado de "operación política", Sergio Massa y Florencio Randazzo habían llamado "delicuente" a Antonini y la propia presidenta Cristina Kirchner habló de "operaciones promovidas desde los basurales de la política internacional".
El juez argentino Daniel Petrone espera que, tras el veredicto del lunes, la Justicia estadounidense lo autorice a ver las pruebas de ese juicio para incorporarlas a la causa que se tramita aquí. Y que se le brinde alguna respuesta al pedido de extradición de Antonini, reclamada desde hace meses.
Aunque el venezolano dijo estar analizando junto a un abogado argentino su posible viaje a Buenos Aires, en el juzgado de Petrone aún no se presentó nadie para asumir su defensa.

"EE.UU. LE PUSO UNA PISTOLA EN LA CABEZA A ESTE DELINCUENTE"
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, dijo ayer que Guido Antonini es un "delincuente" que está siendo usado por el gobierno de Estados Unidos para armar expedientes contra líderes progresistas de la región.
"Este delincuente Antonini es rehén político del clan que ha gobernado a Estados Unidos y que afortunadamente a partir de las próximas semana ya está de partida. Le pusieron una pistola en la cabeza y lo pusieron a inventar cosas", dijo sobre el empresario.
Antonini declaró a la cadena internacional CNN que los 800.000 dólares pertenecían a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y que su objeto era financiar la campaña electoral de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Maduro dijo que Antonini y los otros empresarios son un grupo de "traidores" que más adelante se la tendrán que ver con la Justicia venezolana por prestarse para que desde Estados Unidos se "armaran expedientes" contra el presidente Hugo Chávez y contra las instituciones venezolanas. "Pudiéramos decir que este grupo de personas son rehenes, secuestrados políticos del gobierno de Estados Unidos. Este señor delincuente Antonini, que ha demostrado su catadura moral y que al final ha terminado siendo héroe de los partidos políticos audiovisuales y medios de la ultraderecha, su vocero principal", dijo a los periodistas. Agregó que el gobierno de Estados Unidos le puso una "pistola en la cabeza" a Antonini y lo "pusieron a decir cualquier cantidad de cosas inventadas".

ANTONINI AHORA QUIERE DECLARAR EN LA CAUSA ARGENTINA
Quince meses después del viaje que le valió su infamia, Guido Alejandro Antonini Wilson retornó a Key Biscayne, desde donde buscará resistir los reiterados pedidos de extradición en su contra que presentaron jueces de la Argentina y de Venezuela, aunque no descarta declarar en Miami ante los funcionarios judiciales que viajen a escuchar su testimonio.
Ambos países reclaman que explique si le pertenecen los US$ 800.000 decomisados en el aeroparque Jorge Newbery. Pero él teme convertirse en el "chino de recadi", el equivalente venezolano del "chivo expiatorio", si retorna a América del Sur, indicaron sus allegados, algo que coincide con varios de sus planteos en las grabaciones de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Antonini se encuentra en el complejo residencial Ocean Club de Key Biscayne, donde vive con su mujer y sus dos hijas menores, tras refugiarse en varias ciudades de Florida desde que volvió de la Argentina. Pasó por Miami, West Palm Beach, Fort Lauderdale y Fort Myers.
La justicia argentina reclama su presencia en Buenos Aires desde septiembre del año pasado, cuando inició su pedido de captura internacional, que continúa vigente por Interpol, reclamo que el embajador Héctor Timerman reiteró la semana pasada ante el Departamento de Estado.
Ayer, tras conocerse el veredicto en Miami que encontró culpable a su ex socio Franklin Durán, Antonini había dicho que contrataría abogados para defenderse en la Argentina. Pero eso no significa que espere viajar a Buenos Aires.
En cambio, de ser llevado ante un juez federal en Miami para definir si es extraditado, la réplica de Antonini sería furibunda, indicaron sus allegados. Planteará que es ciudadano norteamericano y que la hoy presidenta Cristina Kirchner es quien lo calificó de protagonista de una "operación basura" cuando ella sería la destinataria de esos 800.000 dólares.
Más aún, Antonini plantearía que otro poder del Estado argentino, el Congreso, condenó lo ocurrido y lo enmarcó como una operación de inteligencia norteamericana. Y que quien debe juzgarlo en el tercer poder del Estado, el magistrado Daniel Petrone, fue nombrado en su cargo durante el kirchnerismo y con sus votos en el Consejo de la Magistratura. "¿Quién le garantizará la imparcialidad argentina?", argumentó una persona cercana al protagonista del caso.

LA JUSTICIA DE MIAMI PODRÍA CONDENAR A DURÁN A 15 AÑOS
Después de que los doce integrantes del jurado decidieran por unanimidad la culpabilidad de Franklin Durán, ahora la jueza Jean Lenard deberá decidir la condena que le corresponde al venezolano.
El ex socio de Antonini Wilson fue hallado culpable de los dos cargos por los que se lo juzgaba: actuar como agente de un gobierno extranjero (el venezolano) en Estados Unidos y conspirar para presionar al "valijero". El primer delito tiene una pena máxima de 10 años y el segundo, cinco. Por lo cual, Durán podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión.
Los otros tres acusados en esta causa, Carlos Kauffmann, Moises Maionica y Rodolfo Wanseele Paciello recibirán una pena menor, tras haberse declarado culpables y colaborar con la investigación. En principio, Lenard daría a conocer la sentencia de Durán el 12 de enero, aunque podría demorarse mientras su abogado, Ed Shohat, prepara su apelación. En un comunicado, el Departamento de Justicia expresó que espera que el caso "sirva como una dura advertencia a otros que operan ilegalmente en EE.UU. en nombre de gobiernos extranjeros".

CITAN A 5 TESTIGOS POR LOS APORTES “FANTASMAS” A LA CAMPAÑA DE CRISTINA
La Justicia tomó la primera medida para investigar a los aportantes "fantasma": al citar a declarar a las personas que figuran como donantes en las listas del Frente para la Victoria pero que aseguraron no haber puesto un peso y al cadete que aportó $ 50.000, de acuerdo con la rendición de cuentas del kirchnerismo.
Este donante, Roberto Actiz (DNI 22.366.634), reveló ayer que el dinero no era de él sino de los dueños de la compañía naviera para la que trabaja, Horamar. El fiscal Jorge Di Lello, que ordenó las citaciones, lo llamó para que aclarara esta situación.
También deberá declarar Francisco Navas (DNI 5.088.793), que figura como aportante de otros $ 50.000. La semana pasada denunció que no había donado nada, pero anteayer se desdijo. Informó que en las últimas horas había sido contactado por gente del Frente para la Victoria que le mostró la copia de un cheque firmado por él y que sólo entonces se acordó.
Se calcula que los cinco testigos declararán dentro de los próximos 10 días. Si se consideraran probadas las irregularidades, el Frente para la Victoria podría ser sancionado con la pérdida de futuros aportes y los responsables podrían ser inhabilitados, informaron fuentes judiciales.
Hernán Diez y Sebastián Gramajo, responsables financieros de la campaña del kirchnerismo, difundieron ayer un comunicado en el que informaron que se habían puesto a disposición de Di Lello. "Estamos a total disposición del fiscal, desde el convencimiento de que hemos actuado con total honestidad y que hemos realizado nuestra tarea controlando minuciosamente cada uno de los más de 300 aportes que se realizaron en la campaña", sostuvieron.
Relataron que habían entregado copia de los recibos de los aportes y de los depósitos bancarios que respaldan sus ingresos a la cuenta del partido, pero advirtieron que las normas no requieren acreditar la identidad del verdadero aportante. "Ahora surgieron tres personas que dicen no haberlo hecho, pese a que durante un año nunca hicieron una denuncia ante la Justicia", dijeron.

CRISTINA: "TENEMOS FORTALEZA PARA ENFRENTAR EL VENDAVAL"
Esta Presidenta construye todos los días y lo va a seguir haciendo con la obstinación para lograr esta Argentina que levantamos de las ruinas. Basta mirar para atrás el infierno que vivimos", dijo ayer Cristina Kirchner en la localidad misionera de Andresito, unos 200 kilómetros al este de las Cataratas del Iguazú.
Hasta allí llegó ayer la Presidenta para inaugurar la ruta 101, que demandó una inversión de 335 millones de pesos. Y afirmó: "La Argentina tiene fortaleza para enfrentar el vendaval".
Cristina afirmó ayer que "apostamos a la unión nacional y no al enfrentamiento" y calificó la inauguración de la ruta nacional 101 como un acto "de soberanía nacional".
"Hoy, en este rincón del país, siento que estoy asistiendo a algo mas que la inauguración de una ruta muy importante, hoy estamos asistiendo a un acto de soberanía nacional", dijo. Y agregó: "Es esto lo que venimos haciendo de 2003, valorizar el trabajo de los pueblos de la Argentina profunda",
"Quiero comenzar a hablar de otra Argentina que ha salido del infierno por el esfuerzo de todos, por el desarrollo de un proyecto que puso en el esfuerzo nacional la clave para seguir creciendo", agregó.
La Presidenta inauguró también cuatro escuelas en Puerto Iguazú y aseguró que, fundamentalmente por los niños argentinos, "hay que construir cotidianamente un país mejor, que brinde igualdad de oportunidades reales".
"El gran trabajo que todos debemos hacer es por los niños, para que la igualdad de oportunidades sea realidad y para que todos los argentinos tengan posibilidades de tener buena educación, formarse y poder progresar en la vida. Ese es el gran compromiso", afirmó.

PULSEADA ENTRE KIRCHNER Y CARRIÓ POR EL "JUECISMO"
Es posible que ayer se haya decretado la definitiva ruptura del espacio político cordobés conocido como "juecismo". Casi a la misma hora en que Luis Juez, fundador del Partido Nuevo, visitaba a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió (una rabiosa opositora del kirchnerismo), Daniel Giacomino, el intendente de la ciudad de Córdoba y alguna vez "el favorito" del locuaz caudillo cordobés, era recibido con un abrazo por el ex presidente Néstor Kirchner.
¿Nace una alianza política entre Juez y la CC?, se le preguntó a Carrió, tras el encuentro realizado en su departamento porteño, y al que también asistió el dirigente peronista Gerardo Conte Grand ("el jefe de gabinete de la Coalición Política", le gusta decir a Lilita).
"Con Luis venimos conversando desde hace mucho tiempo en la necesidad de unir a la oposición. Acordamos hacerlo con mucha generosidad: Juez visitará a Hermes Binner próximamente, yo seguiré reuniéndome con Rubén Giustiniani (presidente del Partido Socialista), e iremos a encontrarnos con otros opositores donde ellos quieran. Incluyo en este diálogo a la UCR", comentó Carrió.
Casi a la misma hora de la cumbre Carrió-Juez, Kirchner, que sigue tejiendo en el living de la Quinta de Olivos su armado electoral para 2009, hacía de anfitrión de Giacomino, ex viceintendente de Juez, y de pasado radical.
Córdoba fue siempre una provincia difícil para el kirchnerismo, y todo empeoró en los últimos meses. La mayoría del justicialismo local sigue manejada por el ex gobernador José Manuel de la Sota, que ya está lanzado para las presidenciales de 2011 y anteayer acusó a los Kirchner de "maltratar a la sociedad". Con el gobernador Juan Schiaretti, la Casa Rosada logró recomponer algo las relaciones, después del abismo que se abrió durante el conflicto con el campo. Pero desde el kirchnerismo se sigue viendo a Schiaretti como un hombre de De la Sota.
Tiempo atrás, Juez participó de la "transversalidad" K, junto a Graciela Ocaña y Julio Cobos, a la que había sido convocado por Alberto Fernández. Pero hace un año, Juez no le perdonó al ex jefe de gabinete que no lo acompañara en su denuncia de fraude electoral, tras perder con Schiaretti la gobernación cordobesa. Giacomino, ya intendente, apenas inició un tímido acercamiento al oficialismo nacional, paso político que fue censurado duramente por Juez.
Kirchner tuvo ayer otra reunión: En la lógica de "los enemigos de mis enemigos son mis amigos", recibió al intendente de Puerto Madryn, Carlos Eliceche, y al también chubutense, Norberto Yahuar, dos ex hombres del gobernador Mario Das Neves, otro peronista distanciado de los K.

LA CORTE FIJÓ LÍMITES AL PODER EJECUTIVO
La Corte Suprema señaló, en una sentencia, que la atribución del Presidente de dictar decretos con contenido de leyes (decretos delegados) está sujeta a límites constitucionales y los jueces pueden controlar que esas normas no violen la ley que los autoriza.
Si bien en la Corte niegan que hayan tenido la intención de enviar un mensaje al Poder Ejecutivo, la sentencia de la Corte es muy importante porque sí establece un límite a la atribución de los gobiernos de turno de dictar decretos que exceden los marcos establecidos por el Congreso.
El alto tribunal dictó el fallo en la causa Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Cpacf), y lleva la firma del presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, y de los ministros Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y Enrique Petracchi. En cambio, la doctora Elena Highton votó en disidencia.
La sentencia recayó en la causa Cpacf, en la que la Corte declaró inconstitucional los artículos 3 y 4 del decreto 1204/01, dictado por el ex presidente Fernando de la Rúa. En 2001, a instancias del entonces mandatario y del ministro de Economía Domingo Cavallo, el Congreso sancionó la ley de emergencia económica, que consistió en una delegación legislativa de atribuciones en el Presidente, para que intentara superar la crisis.
El Poder Ejecutivo, invocando esa ley, dictó el decreto 214/01, en cuyos 3 y 5 eximió a los abogados del Estado de matricularse ante el Cpacf y pagar el bono. El Cpacf matricula a todos los abogados que actúan ante los tribunales federales y les cobra un derecho fijo. El decreto 214, en dos artículos que ahora fueron declarados inválidos, eximió a los letrados del Estado de cumplir con esos dos deberes, por lo cual el Cpacf presentó una demanda.
En septiembre último, la Corte realizó una audiencia pública, donde el presidente del Cpacf, Jorge Rizzo, sostuvo que ese decreto era inconstitucional y reivindicó la atribución del colegio de matricular a los abogados estatales y cobrarles un bono.
En la audiencia, la actuación de la Procuración del Tesoro fue bastante débil y contrastó con la insistencia de Rizzo en atacar la delegación legislativa y los excesos en los que suele incurrir el Poder Ejecutivo a la hora de reglamentar las emergencias.

CAUSA COIMAS EN EL SENADO: DECLARARON INIMPUTABLE AL EX SENADOR CANTARERO
Todavía sin fecha cierta a la vista, el futuro juicio oral sobre las coimas en el Senado podría perder a un segundo imputado: el ex legislador justicialista Emilio Cantarero, que consiguió que lo declaren incapaz de afrontar un proceso en su contra por un avanzado mal de Parkinson.
Cantarero tiene 65 años y está sospechado de ser el primer senador en confesar que la sanción de la Reforma Laboral, en junio de 2000, se había aprobado gracias al pago de sobornos por parte del gobierno de Fernando de la Rúa. Su incapacidad sobreviniente fue declarada en una segunda causa, en la que se lo investigaba por enriquecimiento ilícito y en la que se le habían detectado movimientos bancarios en los Estados Unidos por más de un millón de dólares.
La decisión la tomó el juez federal Norberto Oyarbide, confirmaron a Clarín fuentes judiciales. Una junta del Cuerpo Médico Forense --un legista, un psicólogo y un neurólogo-- lo recomendó en este sentido, por unanimidad. La defensa de Cantarero todavía no hizo ninguna presentación en la causa de las coimas en el Senado, pero --en principio-- las consecuencias podrían ser las mismas: según los médicos, Cantarero no está en condiciones de defenderse.
El expediente hoy está en manos del Tribunal Oral Federal 3. Se supone que a la espera de que la Cámara Federal resuelva si confirma o revoca el procesamiento de De la Rúa, resuelto el año pasado por el juez Daniel Rafecas, para empezar a armar el juicio.
El único ex senador radical procesado era José Genoud, que se suicidó en Mendoza a fines de septiembre último.
Excluidos Genoud y Cantarero, pendiente la situación de De la Rúa, los demás acusados serían el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique; el ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes y los ex senadores Ricardo Branda, Alberto Tell, Remo Costanzo y Augusto Alasino, compañeros de bancada de Cantarero.

BUSCAN CENTRALIZAR LAS COMPRAS EN DEFENSA TRAS DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN
Después de las denuncias por corrupción en el Ejército, la ministra de Defensa, Nilda Garré, apura uno de sus proyectos más ambiciosos en sus tres años de gestión: una reforma estructural cuyo eje central es la creación de una Agencia Logística para la Defensa, encargada de centralizar el planeamiento y las compras de las tres Fuerzas Armadas.
El proyecto empezó a trabajarse en marzo, antes de las denuncias que motorizó el propio Ministerio y que culminaron con el pase a disponibilidad de más de cuarenta militares, entre ellos cuatro generales en actividad.
Pero en Defensa aseguraron que la reforma "modifica el escenario" de posible corrupción porque termina con la "dispersión" en compras y contrataciones y evita "direccionar" las licitaciones. Y citan estudios de Transparencia Internacional que aseguran que favorecido por el secreto, Defensa es el segundo sector más "corrompible" después de Obras Públicas, primero en el podio.

CONFLICTO POR LAS PASTERAS: URRIBARRI PIDE DIÁLOGO
El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, pidió "encapsular" el conflicto que la Argentina y Uruguay mantienen por la instalación de la pastera Botnia e iniciar un "diálogo abierto". Los asambleístas rechazaron esa posibilidad y advirtieron que "todo Gualeguaychú no lo permitirá".
La disputa iniciada en 2003 "paraliza el potencial de la región, un lujo que no nos podemos dar", dijo el gobernador y convocó a revisar la actitud bilateral para no resultar perjudicados.
"Hay que encapsular el tema Botnia para que el conflicto no se coma el futuro de la región", alertó Urribarri, pero aclaró que "deben mantenerse" los "reclamos y posiciones irrenunciables" respecto de la pastera. El asambleísta Jorge Fritzler dijo estar "desconcertado" por las afirmaciones del gobernador.
Urribarri propuso que la Argentina y Uruguay inicien un "diálogo generoso" para reconstruir el futuro regional.

DICTAN HOY SENTENCIA CONTRA LOS REPRESORES DE MANSIÓN SERÉ
El Tribunal Oral Federal 5 dictará hoy sentencia contra los brigadieres retirados César Cómes e Hipólito Mariani, ambos de 82 años, y contra el coronel retirado Alberto Barda, de 80 años, acusados los tres de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Cómes y Mariani fueron juzgados por su responsabilidad en el funcionamiento del centro ilegal de detención de la Fuerza Aérea "Mansión Seré", en Morón. Comes fue jefe de la VII Brigada Aérea de diciembre de 1977 a febrero de 1978 y Mariani fue jefe de la Brigada Aérea I de diciembre de 1976 a diciembre de 1977.
En ese lapso fueron secuestradas decenas de personas. Sólo doce de esos casos se ventilaron en este juicio. Cuatro de esos doce secuestrados lograron fugar, siete fueron liberados y uno permanece desaparecido. Todos fueron llevados a la Mansión, torturados y mantenidos cautivos en la ilegalidad.
El coronel Alberto Barda fue jefe del Grupo de Artillería 601 de Mar del Plata. En su jurisdicción funcionó un centro clandestino conocido como "La Cueva" y el militar, de 80 años, fue juzgado por el asesinato del abogado Jorge Candeloro, uno de los desaparecidos en el episodio conocido como "La Noche de las Corbatas", el secuestro de varios abogados marplatenses. También fue juzgado por el asesinato de Analía Magliaro, una joven secuestrada en La Plata, que fue vista en el campo clandestino "El Vesubio" y terminó asesinada en Mar del Plata.
El fiscal Félix Crous dijo ayer que confía en que el fallo de los jueces coincida con su pedido de 25 años de cárcel común para los brigadieres Cómes y Mariani y de prisión perpetua para el coronel Barda.
La sesión de hoy del Tribunal, prevista para las 10.30, debe decidir primero si acata una acordada de la Corte Suprema y permite el ingreso a la sala de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas de medios audiovisuales. Luego escuchará a los acusados, si deciden hablar. El fallo se conocerá por la tarde.
Mansión Seré es uno de los sitios, también de los juicios, emblemáticos de la última dictadura. En lo jurídico, es la primera causa que se ventila luego de anuladas las llamadas "leyes del perdón". Según el fiscal Crous: "Es la punta del iceberg de la causa del Primer Cuerpo", que juzgará la represión ilegal en Capital Federal y Gran Buenos Aires
Pero de esa "mansión", alguna vez Casino de Oficiales de la VII Brigada Aérea de Morón, lograron escapar el 24 de marzo de 1978, desnudos, esposados y en medio de una tormenta, cuatro secuestrados: Claudio Tamburrini, Daniel Rossomano, Carlos García y Guillermo Fernández, quienes se deslizaron por una ventana y aferrados a frazadas atadas hacia la libertad. Esa fuga, que hasta fue llevada al cine, hizo que rápidamente el centro clandestino de detención fuese desmantelado y los secuestrados que todavía permanecían cautivos fuesen liberados.
Pero uno de ellos, Juan Carlos Brid, permanece desaparecido. Fue secuestrado el 7 de octubre de 1977, un día después que su hijo. Jorge. Ambos fueron torturados y el joven obligado a escuchar los alaridos de dolor de su padre. Jorge fue liberado el 3 de noviembre de 1977. De su padre nunca volvió a saberse nada.
La "Mansión Seré" fue incendiada y dinamitada por la dictadura. Sólo quedaron unas pocas paredes en pie, demolidas durante la gestión de Juan Carlos Rousselot como intendente de Morón. El actual intendente, Martín Sabbatella, convirtió el predio en un centro deportivo que el 24 de marzo último albergó un partido de "Fútbol por la Vida", donde descolló el ex secuestrado Tamburrini, arquero de Almagro en sus años jóvenes. Hoy, donde reinó el horror, funciona la "Casa de la Memoria y de la Vida".

LA RECAUDACIÓN AUMENTÓ 37,5%
Con el impulso del IVA y de Ganancias, la recaudación impositiva subió 37,5% en octubre respecto de igual mes de 2007, hasta llegar a 24.276,5 millones de pesos.
Así se convirtió en la segunda más alta del año, apenas superada por los 24.519 millones que ingresaron a las arcas fiscales en julio. En lo que va del año se recaudaron 224.084 millones, 38,5% más que en el mismo período de 2007. Los números fueron anunciados por el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y el titular de la AFIP, Claudio Moroni, en una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda. Poco antes, se habían reunido en la quinta de Olivos con la presidenta Cristina Kirchner, para anticiparle los resultados.
Pezoa explicó que la recaudación "se sustentó en el incremento de la actividad económica, el comercio exterior, el empleo y los aportes por Ganancias". Moroni detalló que en lo que va del año se superaron en un 17% las metas del Presupuesto 2008.
En el caso del IVA, que aportó tres pesos por cada diez recaudados, el alza fue del 24%, aunque si se mide sólo lo aportado por el consumo interno hubo un incremento del 33%.
Pezoa también mencionó que hubo "un notable crecimiento -40,9%-- de las contribuciones a la seguridad social como consecuencia de aumentos del empleo, salarios y del traspaso de aportantes", en referencia a los afiliados a las AFJP que están próximos a jubilarse y que son absorbidos por el sistema de reparto.
Además, los ingresos por derechos de exportación crecieron 77,5% por el aumento de las ventas de combustibles, residuos y desperdicios de las industrias alimenticias y cereales. Aquí se nota ya el efecto de la baja de los precios de los commodities que redujeron el crecimiento de este rubro, que traía tasas por encima del 100%.
Como esta vez octubre tuvo un día hábil más que el año pasado, la recaudación por el impuesto al cheque tuvo una suba de 32,7%. En el impuesto a las Ganancias el aumento fue de 40,3% por la mayor actividad y el alza de la remuneración imponible.
Para Pezoa, estos resultados "reflejan la robustez con la que se desenvuelve la economía. No hay ningún número que hable de una baja en la actividad". Dijo que este nivel de ingresos "permitirá un buen desempeño de las cuentas fiscales" y negó un ajuste en los programas de infraestructura o recortes en salud y educación.

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