Los bloques de la UCR, PRO, Coalición Cívica y el Partido Socialista ya anunciaron que votarán en contra del proyecto oficialista de reforma previsional. Pero hasta ahora no presentaron ninguna alternativa. Sólo los radicales convocaron para hoy a una conferencia de prensa donde el jefe de los diputados, Oscar Aguad; el de los senadores, Ernesto Sanz; y el titular del Comité Nacional, Gerardo Morales, develarán lo que llaman su estrategia parlamentaria.
Sin definir si presentarán un proyecto alternativo o un dictamen de minoría, lo único seguro es que la bancada UCR votará en contra del proyecto oficialista del Frente para la Victoria.
Sólo el bloque de diputados del Partido Socialista, que preside Silvia Augsburger, confirmó que presentará hoy su propia propuesta sobre el traspaso de los fondos que manejan las AFJP al Estado nacional y que incluye un pedido de restitución de 15% de los fondos que la provincia de Santa Fe aporta a la ANSeS.
El PRO de Mauricio Macri reserva sus energías para la marcha de mañana frente al Congreso, encabezada por autoconvocados, empleados de las AFJP e intendentes de Santa Fe que se opusieron a las retenciones móviles. Por ahora, sólo Alfredo de Angeli y el rabino Sergio Bergman fueron confirmados como oradores de esa manifestación.
La Coalición Cívica de Elisa Carrió también expresará su rechazo en las calles, sin estrategia parlamentaria como la de la UCR, con una vigila convocada para el jueves en el Obelisco, el mismo día que el pleno de la Cámara de Diputados vote la reforma del sistema previsional argentino.
Ayer, la diputada de la UCR Silvia Storni-(Córdoba) advirtió que “una propuesta de reforma del sistema previsional debe ser aprobada por consenso”, a la vez que insistió en remarcar que “la decisión del gobierno revela una vez más la inseguridad jurídica que se vive en este país”. La legisladora radical cuestionó la postura del presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, porque “está más interesado en que le cierren los números en la votación del jueves que en un verdadero debate de ideas sobre el tema» e insiste en remarcar que “la decisión del gobierno revela una vez más la inseguridad jurídica que se vive en este país”.
PLAN DE LAS AFJP YA COMPLICA A OPOSICIÓN
El anuncio de las AFJP de un plan de último momento para mantener vigente el sistema de capitalización terminó de enardecer a la oposición. Justo cuando el radicalismo intentaba zafar de una posición incómoda y de la que no puede aún salir, como es haber rechazado el régimen privado desde su creación en 1993 y ahora tener que oponerse a la estatización propuesta por el gobierno por desconfiar del destino que se les dará a los fondos que pasan a la ANSeS, aparecieron las aseguradoras prometiendo que no cobrarán comisiones si no ofrecen rentabilidad a los afiliados.
Ese artilugio de último momento sin el más mínimo futuro sólo generó en el Congreso más rechazo a las AFJP. Imposible pensar que en las marchas de mañana en la Plaza del Congreso en contra de la estatización los radicales puedan caminar junto a una propuesta que consideran oportunista. “Hace años que venimos batallando en contra de las comisiones, ¿ahora recién vienen a hablar de esto? Parece una broma”, se quejaban ayer en el bloque radical de Diputados.
En el Congreso, el kirchnerismo festejó la propuesta de las aseguradoras. Una idea así, casi como manotazo de ahogado, sólo les llevó más votos para una aprobación que tienen como segura y desdibujó algunas posturas de la oposición, como la que sostienen el radicalismo y la Coalición Cívica.
El incendio lo alimentó la propia Cristina de Kirchner desde un acto en Merlo: “Hoy leí una nueva propuesta para reducir comisiones de las AFJP. ¿Por qué ahora, después de 14 años? Esa es la gran pregunta que todos los argentinos nos hacemos...”.
Para contrarrestar el efecto, el radical Gerardo Morales, senador por Jujuy y presidente partidario, insistía en contra del proyecto oficial por considerar que ninguna de las promesas de reformas al fondo de garantías de la ANSeS podrá impedir que los fondos que pasarán de las cuentas de capitalización se utilicen en el futuro para otorgar nuevos préstamos al Tesoro que luego terminen en pagos de deuda o gasto electoral. Abandonando toda elegancia, Morales bramaba: “Es un choreo, es un saqueo”.
La UCR hoy definirá su posición en una conferencia de prensa que brindará el cordobés Oscar Aguad en Diputados. Pero las alternativas de esa toma de posición hablan por sí mismas de las complicaciones en lograr una posición que enfrente al gobierno con propuestas, más allá de la desconfianza por la segura licuación de los ahorros previsionales.
Los radicales avalan el debate y les cuesta entonces alejarse de esa postura histórica. No pueden defender ninguno de los principios que ayer esgrimieron las AFJP. Pero aun se debaten sobre si ingresarán al recinto o dejarán que el kirchnerismo reúna en soledad el quórum.
HAY OFICIALISTAS QUE ELIGIERON AFJP Y OPOSITORES EN EL SISTEMA DE REPARTO
La política argentina da para todo. Así como muchos oficialistas que la década pasada defendieron la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) hoy están a favor de eliminarlas, también hay quienes antes se oponían a ellas y ahora quieren preservarlas en su afán de diferenciarse del Gobierno.
Pero ¿qué sistema eligieron los políticos, legisladores o ministros, para sus propias jubilaciones? Un sondeo efectuado entre los propios involucrados indica que no hay mucha sorpresa respecto de lo que se esperaría de ellos.
Así, mientras los legisladores del macrista PRO se encuentran casi todos en el sistema de capitalización, los radicales, que la década pasada se opusieron a las AFJP y ahora luchan contra el proyecto del Gobierno de eliminarlas, mayoritariamente están en el sistema de reparto.
Se menciona al presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR,
CONTRAPROPUESTA DE LA CÁMARA QUE AGRUPA A LAS AFJP
Las Administradoras de Fondos de Pensión no se rinden. En la víspera del tratamiento en el Congreso del proyecto del Ejecutivo que elimina el sistema de jubilaciones mixto, la cámara que las agrupa le envió ayer a la presidenta Cristina Kirchner una contrapropuesta.
El texto, de diecisiete páginas, consta de nueve puntos, con lineamientos para reformular y aportar a un debate que mantenga esencialmente el esquema de un sistema mixto de jubilaciones. Los principales puntos de la propuesta son
Mantener el sistema mixto, donde "subsista el sistema de reparto y de capitalización individual, manejado por administradores privados o públicos, con regulación a cargo del Estado". Esto, agregan, "sería el reconocimiento de la tendencia internacional a la adopción de regímenes multipilares". El primero, -no contributivo- supondría la asignación de una prestación mínima financiada con recursos fiscales.
El segundo, de carácter obligatorio y contributivo, a cargo de organizaciones privadas o públicas, a libre opción permanente del afiliado, con contribuciones definidas y que, en lo que se refiere al Estado, éste podría organizarlo mediante un sistema de Reparto como el actual. El tercer pilar sería voluntario y complementario, a cargo de organizaciones privadas, sustentado en imposiciones voluntarias de los afiliados.
Mantener abierta la libertad de opción para los futuros jubilados siempre, permitiendo un cambio cada dos años.
Una Prestación Básica Universal Mínima, con un mínimo de 5 años de aportes.
Reconocimiento de proporcionalidad escalonada, que tienda a corregir la rigidez de los 30 años de aportes del esquema actual.
Crear un segundo Fondo para minimizar el riesgo y diversificar mejor la cartera de inversiones. En especial, para los aportantes próximos a jubilarse.
Establecer una comisión subordinada a la rentabilidad positiva.
Mantener los aportes al 11%, donde 1% financia el seguro, y 10% iría a la cuenta de capitalización.
Un seguro manejado por el Estado. Se mantendría el esquema actual de un fondo de aportes mutuales, pero gestionado por el Estado.
Promover el ahorro voluntario con incentivos fiscales, probadamente exitosos en el mundo.
EL OFICIALISMO INTENTARÁ SACAR HOY UN DICTAMEN
El oficialismo en la Cámara de Diputados intentará conseguir hoy un despacho de mayoría sobre el proyecto de estatización del sistema de jubilaciones privadas. Para eso, ya habría aceptado introducir algunas modificaciones a la iniciativa. Entre otras, las dirigidas a reglamentar el uso que le dará el Poder Ejecutivo a los recursos excedentes del sistema estatal, que verá engrosar sus arcas con un flujo de 15.000 millones de pesos anuales.
Fuentes del kirchnerismo parlamentario admitieron que "algunas de las posturas planteadas por el bloque SI (ex aliados de Elisa Carrió) y por Claudio Lozano (independiente) nos parecen aceptables". Agregaron que el oficialismo llevará su propuesta al plenario de comisión que se reunirá hoy.
No obstante, quedaría para más adelante la creación de un instituto o ente autárquico que administre el sistema solidario de jubilaciones en reemplazo de la ANSeS, uno de los puntos pedidos por la legisladora María América González, la especialista en temas previsionales del bloque SI.
En tanto, los sectores más duros de la oposición como el PRO (macrismo), la Coalición Cívica y el radicalismo impulsan estrategias parlamentarias distintas con vistas al debate de comisión.
AFJP: EL OFICIALISMO BUSCA SUMAR VOTOS Y PROMETEN INCLUIR UNA GARANTÍA PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO
En su afán por alcanzar una mayor cantidad de votos en el recinto y reducir el malestar social que generó el proyecto de estatización de la jubilación privada, el kirchnerismo incluirá una cláusula para garantizar las fuentes de trabajo de los actuales empleados de las AFJP.
La modificación del texto enviado por el Poder Ejecutivo fue confirmada por un diputado oficialista y se suma a la inclusión en el proyecto del reglamento del Fondo de Garantía de la Anses, con un límite al porcentaje de los excedentes que podrán invertirse en deuda pública.
Estos cambios serán incorporados al dictamen que el oficialismo pretende firmar esta tarde, a las 15, cuando se reúna un plenario de las comisiones de Previsión y de Presupuesto y Hacienda, y su objetivo es ampliar la base numérica para la aprobación de la iniciativa, que el kirchnerismo prevé concretar pasado mañana.
Así lo reconoció el diputado Claudio Lozano (Buenos Aires para Todos), que no quiso adelantar opinión hasta tener la versión final del dictamen oficialista. "Tengo la impresión de que se quieren acercar a lo que pretendemos, pero veremos cuál es la redacción", afirmó.
Estas modificaciones también le servirían al Gobierno para consolidar su mayoría en el Senado.
Además del bloque que integra Lozano, el oficialismo pretende seducir con estos cambios a los ex ARI de Solidaridad e Igualdad (SI), bloque que preside el bonaerense Eduardo Macaluse. A priori, el cambio que introducirá el PJ al proyecto será semántico, pero en el oficialismo creen que alcanzará para seducir a esas bancadas y acallar las protestas sociales que desde la semana pasada motorizan los empleados de las administradoras contra el Gobierno.
"Se reemplazará la palabra preservará por garantizará", explicó el legislador. El cambio se introducirá en el artículo del proyecto que se refiere el futuro de los más de 10.000 trabajadores de las AFJP.
La propuesta comienza a acercarse a lo pretendido por los bloques de centroizquierda, aunque todavía no termina de haber total coincidencia. Así, por ejemplo, Lozano dijo que su sector pretende una garantía más amplia para los trabajadores, que incluya el respeto de la antigüedad y del nivel de ingresos.
En los últimos días los avances del Gobierno para seducir a la centroizquierda parlamentaria han sido notables. De hecho, el director de la Anses, Amado Boudou, mantuvo contactos con Lozano en su búsqueda de consensuar la cláusula que limitará la inversión en títulos de deuda de los más de 20.000 millones excedentes de la recaudación previsional que conforman el Fondo de Garantía.
El tope se establecería en el 25%. Según Lozano, en la actualidad las AFJP "podían llegar a invertir hasta el 100% de sus ingresos en títulos de deuda pública".
La estrategia de seducción kirchnerista apunta también al bloque socialista, pero ese sector, por el momento, mantiene algunas exigencias que difícilmente el Gobierno esté dispuesto a aceptar. "Nosotros reclamamos tres cuestiones: la garantía sobre los fondos, su administración por parte de los interesados en una comité cuatripartito y una recomposición, antes de fin de año, de los haberes previsionales", explicó Silvia Augsburger (PS-Santa Fe).
El socialismo anunciará estas exigencias hoy, a las 14, en conferencia de prensa. Las puertas a un proyecto de amplio consenso parecen definitivamente clausuradas para la UCR, Pro y la Coalición Cívica, que rechazan la propuesta del Poder Ejecutivo.
Los principales referentes de la UCR, los senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz y el diputado Oscar Aguad, encabezarán hoy una conferencia de prensa para presentar la propuesta alternativa del partido a la estatización de las AFJP.
ATAJO DEL KIRCHNERISMO
El kirchnerismo llamará este jueves a sesión especial de la Cámara de Diputados para evitar así tener que reunir dos tercios de los votos y aprobar el proyecto de reforma previsional enviado por Cristina de Kirchner sin que hayan transcurrido siete días desde la firma del dictamen.
El reglamento de la Cámara baja exige una mayoría calificada de dos tercios para aprobar en el recinto proyectos sin que haya transcurrido una semana desde la firma de su despacho en Comisión. Recién hoy el proyecto kirchnerista obtendrá dictamen del plenario de las Comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda, y el jueves pasará al recinto. Como el oficialismo dice contar con unos 150 votos sobre un total de 257, el titular de la Cámara de Diputados, el kirchnerista Eduardo Fellner, convocará una sesión especial forzando así una interpretación del reglamente según la cual no se requiera mayoría calificada a la hora de votar, sino mayoría simple.
LAS AFJP, INTIMADAS A REPATRIAR ESTA SEMANA SUS FONDOS DEL MERCOSUR
Esta semana sin falta las AFJP deberán traer los dólares que resulten de la venta de los activos que tienen en el Mercosur, especialmente en Brasil. Así lo dispuso el Gobierno a través de una resolución conjunta que emitieron ayer el Banco Central, la Superintendencia de AFJP y la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La repatriación de estos fondos podría tener impacto en el mercado cambiario, ya que la venta de estos dólares podría aumentar la oferta de divisas en una plaza donde la demanda no afloja.
Se trata de unos 535 millones de dólares que las administradoras tienen invertidos en Fondos Comunes de Inversión (FCI) brasileños, que a su vez dependen de las cotizaciones que tengan las acciones de empresas latinoamericanas en las que estos fondos han invertido.
"Es difícil calcular si la venta apresurada de las cuotas-parte de estos Fondos implicará una pérdida importante para las AFJP, porque si bien estos fondos pueden haber tenido fuertes bajas en los últimos meses, también es cierto que registraron fuertes subas en los últimos dos años", advirtió un economista que estudia la cartera de las AFJP.
La mayoría de los analistas coincidió en que éste no es el mejor momento para vender contra reloj activos muy depreciados por la crisis financiera internacional. "Está claro que no es un buen momento para vender activos, pero también hay que ver en qué se va a invertir ese dinero", advirtió Luis Dubiski, analista de la división financiera de Deloitte. Enseguida aclaró: "Hoy, la plata vale más que cualquier otro activo, en especial por las tasas que se están pagando por plazo fijo." Esta podría ser una alternativa de inversión para los fondos que las AFJP deberán repatriar durante esta semana.
En realidad, la resolución conjunta que ayer emitieron el Banco Central, la Superintendencia de AFJP y la CNV apunta a que los fondos que las administradoras deberán repatriar sean invertidos en fideicomisos que apunten a financiar proyectos productivos o de infraestructura a mediano o largo plazo, tales como inversiones en materia energética o de obras públicas.
La idea es que cumplan así con el mínimo requerido en el inciso "q" del artículo 74 de la Ley 24.241 que establece que las AFJP deben invertir al menos el 5% de su cartera en activos vinculados a infraestructura y proyectos productivos.
Según el detalle de la cartera de los fondos de jubilaciones y pensiones que publica la Superintendencia de AFJP, a fines de septiembre las inversiones en esta materia representaban apenas el 0,5% de la cartera. Según detalla este informe, las AFJP sólo habían invertido $ 470,8 millones en estos proyectos, de los cuales $ 452,2 millones corresponden a Obligaciones Negociables (ON) de Loma de la Lata, y $ 18,6 millones a proyectos de infraestructura de la Municipalidad de Río Cuarto.
En cambio, tenían $ 2.892 millones en Fondos Comunes de Inversión (FCI) del Mercosur, lo que representa apenas el 3,06% de su cartera. Sin embargo, las AFJP ya han ido desarmando posiciones en estos activos y, para fines de octubre, las inversiones en FCI del Mercosur sumaban apenas 1.821,5 millones de pesos, que representan el 2,11% de su cartera.
LAS AFJP DEFINEN REPRESENTANTE EN LOS EE.UU.
Las AFJP definen por estas horas el representante legal que defenderá sus intereses ante el juzgado de Thomas Griesa, confirmó una altísima fuente de las administradoras privadas de jubilaciones.
"Presentaremos un escrito mañana (por hoy) o pasado (por mañana)”, precisó la fuente. Ayer el gerente general de la Superintendencia de las AFJP, Sergio Chodos, insistió en que "no corresponde" al Gobierno argentino comparecer ante Griesa, quien congeló fondos por más de 2 mil millones de dólares invertidos por las administradoras en acciones de empresas norteamericanas.
LA PUJA POR LA PLATA DE LA JUBILACIÓN PRIVADA YA LLEGÓ A LOS TRIBUNALES
La disputa por el futuro de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización de los afiliados a la jubilación privada llegó a los Tribunales. Por un lado, una jueza federal de Córdoba le ordenó a la AFJP Orígenes que preserve de cualquier cambio una parte del dinero aportado por un particular ante la posible estatización del sistema. Por el otro, el Gobierno dejó trascender que podría aplicar multas y demandar a las AFJP por no cumplir con la pauta que las obliga a invertir una porción de sus fondos en proyectos productivos y de infraestructura.
En Córdoba, la jueza Cristina Garzón de Lascano dispuso una medida cautelar en favor de Daniel Ubaldo García por 6.551 pesos. Este afiliado a Orígenes tiene un retiro programado, en lugar de una renta vitalicia; entonces puede acceder a una porción del capital ahorrado hasta la fecha.
Dado que por este régimen podría contar con excedentes al momento de calcular su haber jubilatorio, la jueza Garzón estableció su indisponibilidad. Pero esto no afecta a la totalidad de la cuenta de capitalización, que sí podría ser trasladada a la ANSeS en caso de aprobarse la ley impulsada por el Gobierno. El dictamen se basa en el derecho que tiene este afiliado a una AFJP a disponer de los fondos excedentes, "reconocido por el Artículo 82 y concordantes de la ley 24.241", explicó la jueza en su escrito.
El especialista en previsión social Daniel Medah, explicó los alcances del fallo de la jueza Garzón de Lascano: "Hay dos tipos de beneficios jubilatorios, el retiro programado y la renta vitalicia. En el primer caso, la ley establece que el afiliado recibirá una renta mensual que será el resultado del prorrateo de los fondos ahorrados, pero no de su totalidad, sino de un porcentaje importante de dichos fondos".
El abogado cordobés agregó que el excedente al que hace referencia el fallo "es un monto que se establece mediante tablas, que no debe ser inferior al 70% de la base jubilatoria. Ese dinero, puede ser retirado por el afiliado en su totalidad cuando lo desee".
Acerca del futuro de los fondos de García, el abogado Medah detalló que "el dinero que administra una compañía pasará, si la ley se aprueba, a ser administrado por la ANSeS, aunque puede efectuar el retiro de los $ 6.500 excedentes".
En las oficinas cordobesas de Orígenes no quisieron opinar sobre el tema y señalaron que desde la Vicepresidencia de la compañía iban a responder. Pero voceros de la empresa en Casa Central se excusaron y señalaron que "recién mañana (por hoy), podría haber alguna declaración pública".
En los Tribunales Federales y en la City de Córdoba se especuló que el fallo de ayer podría traer una catarata de demandas del mismo tipo de beneficiarios acogidos al régimen de retiro programado, quienes podrían reclamar que su dinero no sea transferido desde las AFJP al régimen estatal.
OTRA AMENAZA DE SANCIONES CONTRA LAS AFJP
El Gobierno tiene nuevamente en la mira a las AFJP y amenaza con aplicarles multas e iniciar demandas judiciales. Primero fue porque se dejaron madrugar por un Tribunal de Nueva York que congeló dinero de los aportantes invertido en EE.UU. Y ahora porque considera que las administradoras no cumplieron con la ley que las obliga a invertir una cuota de sus fondos en proyectos productivos y de infraestructura.
A fin de octubre venció el plazo para que las AFJP tuvieran invertido en proyectos productivos y de infraestructura el 1% de sus fondos que administran, según la ley previsional aprobada en 2007. El Gobierno estima que esa pauta no se cumplió, ya que lo invertido en esos proyectos rondaría el 0,6%, es decir unos $ 480 millones sobre un fondo total que ronda los $ 80.000 millones.
Sobre esta base, la Superintendencia de AFJP -piloteada por Amado Boudou- intimaría a las AFJP para que expliquen por qué incumplieron con la ley y, según la respuesta, podrían ser sancionadas con multas. Las AFJP tienen dos inversiones: una en obras públicas en Río Cuarto por $ 18 millones y otra en la central térmica Loma de Lata en Neuquén.
CRISTINA DICE QUE EN EL 2009, QUE SERÁ UNA AÑO ELECTORAL, HABRÁ INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA
La presidenta Cristina Kirchner confirmó ayer que, a pesar de la crisis económica y de la necesidad de contener el gasto para pagar en 2009 los vencimientos de la deuda externa, el año próximo, que es un año electoral, el Gobierno invertirá fuertemente en obras públicas en todo el país.
La inversión, sería de 36.100 millones de pesos, y se financiaría con la emisión de bonos y letras del Tesoro que compraría la Anses como parte de sus inversiones. La Presidenta evitó dar detalles del plan, pero confirmó que uno de los ejes de las políticas de gobierno el año próximo será la inversión en obras públicas. Lo hizo durante un acto en la localidad bonaerense de Merlo, donde firmó con el intendente, Raúl Othacehé, convenios para pavimentar calles y construir infraestructura.
"Una de las cosas que tenemos que seguir haciendo es seguir poniendo mucha obra, mucha infraestructura en esta provincia, en este conurbano bonaerense, en todo el país", adelantó Cristina Kirchner, ubicada al lado del gobernador Daniel Scioli y del intendente Othacehé.
JURADO HALLÓ CULPABLE AL EX SOCIO DE ANTONINI POR EL CASO DE LA VALIJA
De traje oscuro y corbata, Franklin Durán ni se inmutó en la sala de la Corte Federal de Miami cuando la secretaria del juzgado anunció que el jurado lo había hallado culpable. Algunas filas más atrás, algunos de sus familiares y amigos no pudieron evitar los sollozos.
Le tomó una semana de deliberación a los doce integrantes del jurado alcanzar una decisión unánime, indispensable para anunciar el veredicto de acuerdo a las reglas procesales estadounidenses.
De acuerdo a lo anunciado ayer, el fiscal Thomas Mulvihill logró convencerlos de que Durán actuó como agente del gobierno venezolano en Estados Unidos para ocultar el origen y el destino de los 800 mil dólares que Guido Alejandro Antonini Wilson intentó ingresar a la Argentina en la madrugada del 4 de agosto del año pasado.
Ahora, la jueza Jean Lenard deberá fijar la condena, que podría llegar a los 15 años de prisión. Lenard aceptó postergar ese anuncio (previsto originalmente para el 12 de enero) ante la solicitud del abogado de Durán, Ed Shohat, que pidió tiempo para revisar la causa y presentar su apelación.
"Fue un circo político. Creo que Franklin Durán fue manipulado por el gobierno de Estados Unidos", dijo ayer Shohat, a la salida del tribunal. Luego admitió que su cliente estaba "desilusionado y un poco triste".
Las palabras de Shohat abonan a la tesis de los funcionarios argentinos y venezolanos, que desde un comienzo negaron cualquier vinculación de los 800 mil dólares con sus gobiernos y sugirieron que toda el asunto había sido armado en EE.UU. con intereses políticos. Eso, a pesar de que Antonini aterrizó en Buenos Aires en un jet privado rentado por la petrolera estatal argentina ENARSA y de que era el único en ese avión que no era funcionario argentino o venezolano.
"Este no fue un juicio político. No nos involucramos en eso", respondió ayer Mulvihill, que se mostró "muy complacido por la decisión del jurado". Durante las siete semanas que duraron los testimonios y alegatos, el fiscal insistió en que el dinero incautado en Aeroparque era uno de varios envíos que salieron de las arcas de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, y que tenían como destino la campaña electoral de Cristina Kirchner. Ayer mismo, Antonini repitió esa versión ante la televisión.
Hasta que se desató el escándalo de la valija, Durán (41 años) era uno de los mejores amigos de Antonini. Vivían a pocas cuadras de distancia en la paradisíaca isla de Key Biscayne en la Florida, eran socios en numerosos emprendimientos comerciales y copilotos en las competencias de autos deportivos en las que participaban con alguno de sus Ferrari o Porsche.
Esa amistad y negocios se conmovieron cuando desató el escándalo de la valija. Antonini regresó a Miami antes de que le Justicia argentina solicitara su captura internacional y comenzó a colaborar con el FBI. Durante los meses siguientes grabó a escondidas decenas de conversaciones con sus amigos y socios en Miami y con abogados y funcionarios venezolanos en Caracas.
Hasta que el 11 de diciembre pasado, Durán, Carlos Kauffmann (otro socio y amigo), el abogado venezolano Moisés Maionica y el uruguayo Rodolfo Wanselee Paciello fueron arrestados y acusados de actuar como agentes venezolanos en territorio estadounidense con el objeto de presionar a Antonini. Un quinto acusado, un supuesto agente de inteligencia del gobierno de Hugo Chávez, permanece prófugo
A las pocas semanas, Kauffmann, Maionica y Wanseele se declararon culpables, en un acuerdo con la fiscalía para reducir sus condenas. Sólo Durán mantuvo su inocencia, asegurando que en sus charlas aconsejaba a Antonini como amigo y no como espía chavista. Pero el jurado no le creyó.
ANTONINI: "EL DINERO IBA PARA LA CAMPAÑA DE CRISTINA KIRCHNER"
Apenas se conoció la sentencia, el empresario venezolano Guido Antonini Wilson enfrentó por primera vez un reportaje. Ante una cámara de TV, se escuchó por primera vez en su boca que el dinero "era de PDVSA" e "iba para la campaña presidencial de la actual presidente Cristina Kirchner". Aunque enseguida aclaró que no sabía nada antes de su viaje a Buenos Aires y que se enteró de esos detalles por lo que le comentaron después Franklin Durán y el resto de los acusados en esta causa.
El empresario venezolano también confirmó que estuvo en la Casa Rosada pocas horas después de que le decomisaran su valija en Aeroparque y anticipó que pretende venir a la Argentina a defenderse en la causa en que se lo acusa por lavado de dinero y tiene una orden de captura internacional.
EL GOBIERNO SE MOVIÓ ENTRE EL FASTIDIO Y EL SILENCIO ANTE EL FALLO EN MIAMI
Otra vez, el caso de la valija indiscreta que ingresó en el país Guido Alejandro Antonini Wilson le estalló encima al gobierno de Cristina Kirchner y los principales funcionarios de la Casa Rosada volvieron a encerrarse en un silencio absoluto.
El veredicto del juicio que se siguió en Miami contra uno de los acusados de presionar a Antonini para que ocultara el origen y el destino de los famosos 800.000 dólares decomisados en Aeroparque en un vuelo oficial cayó mal en los despachos oficiales. Pero no hubo declaraciones públicas.
Un alto funcionario, no obstante, volvió a ratificar la postura que siempre tuvo el matrimonio presidencial. "Que Antonini venga y se anime a declarar acá. Después vemos", respondió ante la consulta.
La presidenta Cristina Kirchner había señalado a Antonini Wilson como el responsable de una "operación basura" en su contra, y su marido, Néstor Kirchner, había lanzado al desesperado pedido de "Entreguen al prófugo" que Estados Unidos extraditara al hombre que por entonces todos calificaban de "valijero".
El Gobierno se regodeaba en los últimos días del "matiz payasesco" -como lo denominaban los funcionarios- que había tomado el juicio en Estados Unidos. En el poder recordaban con algo de sorna la declaración de la ex policía aeroportuaria convertida en modelo María del Luján Telpuk y el interrogatorio que le hizo al llegar a Miami el FBI, y los supuestos romances entre Victoria Breziuk, la secretaria del ex funcionario Claudio Uberti, con el propio Antonini y otro de los pasajeros de aquel vuelo, Daniel Uzcategui Spetch.
Pero el veredicto de ayer volvió las esperanzadas versiones oficialistas de salir airosos del escándalo a un punto muerto, al quedar ratificados ante la justicia norteamericana los dichos del venezolano que entró con la valija llena de dólares sin declarar.
El tribunal de Miami encontró culpable a Franklin Durán, un ex socio y amigo de Antonini, de intentar acallarlo en nombre del gobierno de Venezuela para que no revelara que el dinero decomisado era para la campaña de Cristina Kirchner.
LA APUESTA DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS
Ante una consulta, la agregada de la Embajada de EE.UU., Mara Tekach, afirmó que la Justicia de su país actuó en este caso "en forma totalmente independiente".
Y subrayó que "el caso no tiene nada que ver con las relaciones entre EE.UU. y la Argentina que son muy fuertes y basadas en valores e intereses comunes... Esperamos fortalecer estas relaciones en el futuro".
ANÍBAL FERNÁNDEZ: EL VEREDICTO “ME TIENE SIN CUIDADO”
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, dijo que el veredicto "me tiene sin cuidado. "Querían enlodar la vida de los argentinos con este esquema judicial que ellos llevan el 'toma y daca' ", agregó
CASO ANTONINI: "GUERRA" DE EXHORTOS CON CARACAS
A través de diplomáticos exhortos, las justicias de Argentina y Venezuela se encuentran envueltas en una sorda disputa por el escándalo de la valija. La Fiscalía venezolana le pidió al juez Daniel Petrone que ubique a tres testigos a los que quieren interrogar en ese país. Y el juez argentino le recordó que todavía no le respondieron ninguno de los exhortos enviados a Caracas desde Buenos Aires.
El último pedido venezolano refiere al ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti, a su ex secretaria, María Victoria Bereziuk, y a la ex policía aeroportuaria María del Luján Telpuk. La Justicia venezolana quiere citarlos para escucharlos en la causa abierta en Caracas.
Diplomático, Petrone aprovechó para preguntarles a los venezolanos en qué andaban los pedidos hechos por el juzgado a su cargo, aún no respondidos. Los exhortos argentinos se relacionan, básicamente, con la orden de captura internacional librada en contra de Diego y Daniel Uzcátegui y pedidos de informes tendientes a establecer si los 800 mil dólares de la valija de Antonini salieron de las arcas de la petrolera PDVSA.
SE INVESTIGARÁN LAS DONACIONES “FANTASMAS” DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE CRISTINA
El fiscal electoral Jorge Di Lello abrió ayer una investigación para determinar qué hay detrás de los aportantes "fantasma" de la campaña presidencial de Cristina Kirchner: quiere saber por qué figuran como donantes en las listas del Frente para la Victoria personas que aseguran no haber puesto un peso y quién es el responsable de esas aparentes irregularidades.
La primera medida será citar a declarar a los protagonistas de los cuatro casos que LA NACION dio a conocer en su edición de ayer: Miguel Loizaga, Marcela Lombardi, Claudio Antunovich y Francisco Navas. Para eso, el fiscal pedirá hoy a la Cámara Electoral sus domicilios, informaron fuentes de la causa. "El fiscal tiene facultades para citarlos", dijo la jueza electoral María Servini de Cubría.
Todos ellos aparecen en el listado de aportantes presentado por el kirchnerismo, con su número de documento y de CUIT. Pero, en diálogo con La Nacion, desmintieron sus supuestas donaciones. Ayer, tras la publicación de la nota, tres de ellos reiteraron que no habían hecho aportes y uno dijo que pensaba presentar una denuncia. Navas, en cambio, modificó su postura original, luego de un contacto con representantes del oficialismo. "Viendo el cheque recordé que el aporte lo hice, pero yo no era consciente de que era para eso", dijo ayer a LA NACION.
Sus relatos ya forman parte de un expediente judicial. La jueza Servini de Cubría ordenó ayer que la nota de LA NACION se incorporara a la causa abierta para controlar los gastos de campaña del kirchnerismo en las elecciones de octubre de 2007.
A eso se sumará hoy una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, que pide más medidas para esclarecer la identidad de los aportantes. Ayer, LA NACION volvió a comunicarse con los cuatro aportantes. "Quiero que el caso llegue a la Justicia y que se aclare quién está utilizando mi nombre", dijo Loizaga (DNI 4.734.268). Lombardi (DNI 17.867.148) y Antunovich (16.236.294) ratificaron que jamás hicieron los aportes que se les adjudican, pero dijeron que no tomarían medidas.
Esos tres casos tienen características comunes: son todos aportes en efectivo, registrados el 22 de noviembre de 2007 (es decir, de casi un mes después de las elecciones), pero realizados el 1° de ese mes, según las boletas de depósito que el kirchnerismo hizo llegar a LA NACION.
CRISTINA REPLICÓ A BUZZI Y EL RURALISTA RATIFICÓ SU DURA CRÍTICA AL GOBIERNO
Cristina Kirchner replicó ayer con dureza al titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, quien había señalado que la Mesa de Enlace trabaja para "desgastar" al Gobierno. "Ser oposición no significa ser obstrucción. Representar como dirigente a un sector no debe ser un instrumento para desgastar", señaló la Presidenta. Y agregó: "Desgastar un gobierno es desgastar al país".
Pese a la reprimenda presidencial, Buzzi no se echó para atrás. Por el contrario, explicó que durante la charla con dirigentes de su entidad en el Chaco "hablamos de rechazar, confrontar, desgastar la política agropecuaria vigente. De enfrentarla para que no desaparezcan miles de productores. Ninguna de mis expresiones tuvo un sentido destituyente, y menos de obstrucción de la labor del Gobierno", fue su única aclaración.
Por cierto, el episodio fue ayer funcional a la estrategia del kirchnerismo, que desde su derrota en el Senado por la Resolución 125 esquiva el diálogo con las entidades rurales y ubica a sus principales referentes en las filas de la oposición. No de casualidad, otro que fustigó al titular de FAA fue ayer el presidente de la ONCCA, Ricardo Echegaray. "El planteo del desgaste del Gobierno tiene un neto corte político", evaluó.
Cristina se refirió al asunto en un acto en Merlo. Al defender la reestatización de las AFJP, cuestionó a los dirigentes que "terminan defendiendo otros intereses". Y recordó que con el rechazo de las retenciones móviles, la Mesa de Enlace "terminó perjudicando a un sector que podría haberse beneficiado" frente a la caída posterior en el precio de los granos.
Buzzi pidió que a sus dichos no se los quite de contexto. "Por una frase, los victimarios quieren convertirse en víctimas. Pero los perseguidos somos quienes denunciamos la concentración que produce este modelo. Somos hostigados, sancionados y víctimas de persecución legal. A quien se intenta desgastar es a la Federación Agraria", indicó el dirigente, que hoy declarará en los tribunales de San Nicolás por un corte de rutas.
Otros referentes de la Mesa de Enlace quitaron relevancia al cruce. Hugo Luis Biolcati, de la Rural, negó que trabajen con intención de "desgastar" al Gobierno.
CRISTINA CONTRA AFJP, EL CAMPO Y EMBARGOS
Cristina de Kirchner volvió a atacar a las AFJP y durante un acto en la localidad bonaerense de Merlo se preguntó por qué presentaron después de 14 años y no antes una propuesta alternativa para «reducir las comisiones» de los aportantes al sistema de capitalización.
“Hoy (por ayer) leí una nueva propuesta para reducir comisiones de las AFJP. ¿Por qué ahora, después de catorce años? Esa es la gran pregunta que todos los argentinos nos hacemos”, señaló la mandataria. Y agregó: “Esas son confirmaciones en el camino de las decisiones tomadas que no son para un grupo de argentinos, sino para todos”.
BUZZI: “ESTÁN HOSTIGANDO AL CAMPO”
El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, ratificó ayer las polémicas declaraciones que había hecho anteayer frente a un puñado de productores en Roque Sáenz Peña, Chaco, aunque las "contextualizó". El dirigente aclaró: "En una reunión interna de la entidad hablamos de rechazar, confrontar, desgastar la política agropecuaria vigente para modificarla y evitar la desaparición de miles de productores".
En realidad, Buzzi, quien fue la pata agropecuaria del kirchnerismo hasta 2005, había dicho que el objetivo del campo es "desgastar al Gobierno". Aunque públicamente evitaron acompañar semejante postura, la frase del líder de la Federación Agraria, el más combativo de los presidentes de las cuatro entidades, fue recibida con simpatía por sus pares.
En el acto masivo del 25 de mayo en Rosario, Buzzi ya había pronunciado una frase polémica sobre el matrimonio gobernante. "El gobierno de los Kirchner es un obstáculo para el desarrollo de la Argentina", había dicho en aquella oportunidad.
Ayer, a la vez que ratificó sus dichos sobre la acción gremial del campo, la FAA apoyó la estatización del sistema de jubilaciones privadas y adelantó que no acompañará mañana la marcha en contra de ese proyecto del propio Gobierno, a la que sí asistirán dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural. Lejos de ser un obstáculo, las diferencias ideológicas históricas de los distintos sectores del campo se volvieron útiles a su reclamo, ya que le permiten "pegarle" por izquierda y por derecha a la administración Kirchner.
"Los que denunciamos la concentración que produce este modelo agropecuario somos hostigados, sancionados y víctimas de persecución legal. A quien se intenta desgastar es a la Federación Agraria", afirmó Buzzi, que hoy a las 9 debe presentarse ante juez Carlos Villafuerte Ruso en San Nicolás (ver aparte).
"Buzzi se aleja de la defensa de los intereses de sus representados y el planteo del desgaste del Gobierno tiene un neto corte político", le reprochó al dirigente el presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), Ricardo Echegaray.
Los presidentes de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, y de CRA, Mario Llambías, prefirieron no opinar sobre los dichos de Buzzi, con quien se reunirán hoy. Pero fueron igualmente duros con el Gobierno. "No hay más una ganancia extraordinaria, no hay más una devaluación que justifique las retenciones, no hay precios que desacoplar. Hay que liberar el campo para que pueda trabajar y hacer lo que hizo siempre, sacar al país de este tipo de crisis", sostuvo Biolcati.
DIRIGENTES OPOSITORES Y RURALISTAS A DECLARAR ANTE LA JUSTICIA
La dirigente de la Coalición Cívica bonaerense Margarita Stolbizer; la funcionaria santafecina María del Carmen Alarcón; el intendente de San Pedro, Mario Barbieri, y los ruralistas Eduardo Buzzi, Mario Llambías, Silvio Corti y Raúl Victores prestarán hoy declaración indagatoria ante el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruso, imputados del delito de interrupción del tránsito en rutas durante una movilización contra las retenciones móviles en marzo pasado.
DE LA SOTA: "LOS KIRCHNER MALTRATAN A LA SOCIEDAD"
El ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota criticó duramente al matrimonio Kirchner, al que acusó directamente de "maltratar a la sociedad".
De la Sota --anotado ya para la carrera presidencial de 2011-- señaló sobre los Kirchner: "Por ser pingüinos parece ser que hasta saben de agricultura, y allá solamente tienen gas, petróleo, ovejas y de sembrar muy poco (saben)."
Además, opinó que "al vicepresidente (Julio) Cobos los K debieran haberle hecho un monumento, porque les sacó las papas del fuego". Lo dijo al referirse al voto negativo de Cobos en el Senado, que terminó con la discusión de las retenciones móviles el 17 de julio.
El ex gobernador advirtió que el Gobierno nacional "tiene que aprender a dialogar" y recordó lo "tensos" que eran los encuentros años atrás cuando él se reunía como mandatario provincial con el entonces presidente Kirchner: "La última vez que estuve con Kirchner (en la Casa Rosada) entró el edecán porque creía que había gresca, sopapos."
Consultado sobre su intención de postularse por un polo del PJ opositor a la Presidencia en 2011, De la Sota aseguró que lo decidirá "después de recorrer toda la Argentina (en marzo próximo)". Enseguida, admitió haber tenido contactos con Eduardo Duhalde, quien en su momento apoyó la llegada de Kirchner al poder y ahora intenta formar un frente anti-K.
De la Sota consideró también que "hay un hartazgo de la sociedad con un estilo de gobernar, casi de propietarios". Y concluyó que con este nuevo proyecto del Ejecutivo nacional para reestatizar el sistema de jubilaciones de las AFJP, "los jubilados no van a saber nunca cuánto van a cobrar".
LAVAGNA CRITICÓ DURO A OPOSICIÓN Y GOBIERNO
El ex ministro de Economía Roberto Lavagna pidió ayer a la oposición que tenga "el coraje de decir que está defendiendo los intereses de las AFJP", ante sus críticas contra el proyecto oficial de estatización de las jubilaciones. Pero, a la vez, el ex funcionario de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner le reclamó al Gobierno que termine "con el cuento" que la iniciativa es "para proteger a los jubilados".
Lavagna sostuvo que tanto el sistema de reparto como el de capitalización "son fracasados" e insistió que "sin duda el Gobierno va por una caja para un año electoral muy importante como el 2009".
"La oposición se escuda en frases grandilocuentes, pero o no tiene ideas o está defendiendo los intereses de las AFJP, en cuyo caso tiene que tener el coraje de decir que está defendiendo los intereses de las AFJP", agregó Lavagna.
CON CAUTELA, MOYANO CRITICÓ LA POLÍTICA OFICIAL FRENTE A LA CRISIS
“El General va a quedar de frente a la Plaza, mirando a su pueblo; pero también va a mirar de reojo a la Casa Rosada, para que quien gobierne lo haga a favor del pueblo". Hugo Moyano se refirió así ayer al futuro emplazamiento del monumento a Juan Domingo Perón, y por lo que dijo minutos más tarde, en un improvisado ping-pong periodístico, puede inferirse que el actual Gobierno también merece una mirada de reojo. Cuando se le preguntó por las respuestas del Gobierno nacional ante las turbulencias económicas, Moyano dijo que hasta ahora "no ha tomado ninguna medida de fondo" destinada a salvaguardar el empleo. "Esperemos que la crisis no se agrave y que no se tenga que tomar ninguna medida", agregó.
Moyano habló con los periodistas al terminar una presentación (en la sede de las 62 Organizaciones) sobre el emplazamiento próximo a la Rosada de un monumento evocativo a Perón. "En los próximos días habrá novedades", dijo el jefe sindical, en relación a un pronunciamiento de la CGT respecto a las "suspensiones y despidos" ya anunciados.
"Estamos recibiendo información de todos los gremios, vamos a tener una reunión de la mesa chica y vamos a dar a conocer nuestra postura", informó.
Con cara de preocupación, dándose mucho tiempo para pensar las palabras adecuadas, Moyano aseguró que "la situación no es la misma de hace algún tiempo atrás". "En esto tenemos que ser conscientes y realistas pese a que observamos que también hay especulación de parte de algunos sectores empresarios que quieren hacer aparecer una cosa más agravada, seguramente para producir hechos que los beneficien", advirtió.
Al preguntársele si la CGT impulsará la implementación de una nueva doble indemnización para los despidos, contestó que "estamos analizando todo y seguramente en esta semana va a haber alguna novedad". Según Moyano, "el sector de la industria es el más afectado" por la crisis.
Sobre el futuro laboral de los empleados de las AFJP, recordó que "nosotros hemos pedido y la presidenta Cristina Fernández nos ha garantizado que los trabajadores de ese sector van a ser incorporados a la ANSeS o a otros organismos del Estado".
CARRIÓ SE JUNTA CON JUEZ
Elisa Carrió se reunirá esta tarde con el cordobés Luis Juez para afirmarse en una "estrategia parlamentaria común" en oposición a la ley que estatizará el sistema de jubilaciones.
La empatía entre el líder del Partido Nuevo de Córdoba y la presidenta de la Coalición Cívica se afirmó después de que en 2007 Carrió mostrara su "solidaridad" en la pulseada poselectoral, cuando Juez denunció que le habían robado la elección.
En el caso de la desaparición de las AFJP, la Coalición es una de las más fuertes voces contra los planes del Gobierno. "No debemos discutir ni una coma, esto es un robo", advirtió Carrió.
OTRA REFORMA POLICIAL POR LA CRISIS DE LA SEGURIDAD EN LA PROVINCIA
En un intento por moderar el impacto de la crisis de inseguridad en la provincia, el ministro Carlos Stornelli resolvió ayer reestructurar el esquema operativo y administrativo de la Policía Bonaerense.
Dispuso la creación de cuatro jefaturas policiales que tendrán a su cargo el control y prevención del delito en áreas geográficas específicas para "estar más cerca de los problemas y actuar con mayor rapidez", según explicó el responsable del área de Seguridad.
La reforma parece otro cambio de timón para ajustar el control sobre la vigilancia de las comisarías y la efectividad policial. En los últimos diez años planes similares se repitieron una y otra vez, sin mayores resultados prácticos.
Las nuevas superintendencias abarcarán el Norte; el Oeste y el Sur del conurbano, donde se registran casi el 70% de los robos, hurtos, asaltos y homicidios que se denuncian en Buenos Aires. Y una cuarta jefatura deberá controlar la delincuencia en el interior del territorio provincial.
La reestructuración de la fuerza incluyó el relevo del responsable de la Departamental Conurbano Norte, comisionado Adrián Luongo por el inspector Omar Nasrala. Aunque las autoridades no lo admitieron, el desplazamiento está relacionado con el aumento del delito en esa zona. Hace dos semanas, asesinaron al ingeniero Ricardo Barrenechea.
Este brutal episodio (lo mataron en su casa, delante de la familia) provocó una fuerte reacción vecinal que incluyó marchas en reclamo de seguridad. Y un planteo del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien solicitó medidas urgentes para frenar la ola delictiva.
Este reclamo incluyó que la Gendarmería no se fuera de la villa La Cava, como había ordenado el ministro Aníbal Fernández. Este luego modificó su decisión (sacaba a la Gendarmería para enviarlos a custodiar los trenes) y ayer firmó un convenio con la Provincia para que haya policías bonaerenses ayudando en la custodia de los ferrocarriles.
El nuevo mapa policial de la Provincia determina el traslado de los flamantes jefes desde la sede del Ministerio -en La Plata- hacia los puntos calientes del Gran Buenos Aires. "Los superintendentes tendrán base operativa en las departamentales. No utilizarán un despacho fijo, deberán concurrir al lugar donde haya demanda concreta por problemas de inseguridad", explicó ayer a Clarín un integrante de la cúpula policial.
El área de Seguridad de la fuerza queda entonces con este diseño: el jefe de la Policía seguirá siendo Daniel Salcedo. El oficial superior Juan Carlos Paggi continuará como Superintendente de Seguridad. Un escalón más abajo estarán los jefes de las cuatro zonas que supervisarán la actuación de las 32 departamentales que tiene la provincia. Fueron designados Salvador Baratta (Norte); Ernesto Aragüez (Sur); Claudio Fernández (Oeste) y Héctor Martínez (Interior).
"El objetivo es lograr mejor operatividad en la prevención. Cumplirán su tarea en la zona de destino y no en el ministerio", explicó Stornelli. En esta etapa, los cambios tienen un alcance administrativo. El funcionario aclaró que "en los próximos meses se incorporarán más efectivos a la fuerza". En 40 días egresan entre 1.500 y 2.000 oficiales de las academias y pretenden que el 90% tengan como primer destino una función preventiva en la calle. Además, se entregarán más de 1.800 patrulleros para "achicar" las cuadrículas de vigilancia y tener mayor presencia policial en las calles.
PROPONEN CAMBIAR LA LEY PARA QUE SE LIMITEN LAS EXCARCELACIONES
El Gobierno provincial presentó en la Legislatura la propuesta de reforma penal para limitar el otorgamiento de la prisión morigerada y restringir las excarcelaciones.
Si se aprueban las modificaciones, las alternativas a la prisión preventiva -como la pulsera electrónica- sólo se concederá en tres casos "humanitarios": ancianos mayores de 70 años, enfermos terminales y embarazadas o madres con hijos menores de cinco años. Las autoridades proponen también establecer "condiciones objetivas" a los jueces para determinar las libertades bajo proceso. Antes de dictar una excarcelación será necesario el aval de la fiscalía y una sentencia firme de Cámara sobre ese pedido. Ya no será una atribución discrecional de los jueces.
La propuesta incluye además herramientas para agilizar la resolución de procesos judiciales, dividiendo los tradicionales Tribunales en juzgados unipersonales.
El gobernador Daniel Scioli remitió al Parlamento la iniciativa que fue consensuada durante cuatro meses con sectores vinculados a la Justicia y con legisladores. El tema venía cobrando impulso en los últimos días desde lo más alto del poder provincial y nacional.
El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, dijo que "hubo consenso en que la prisión domiciliaria sólo será 'excepcional', con 'previa vista' del fiscal". "Respondemos a una demanda de la sociedad como son las excarcelaciones y las reincidencias que traen consecuencias trágicas y lamentables", aseguró Scioli.
Según la nueva redacción quien pida morigeración deberá estar procesado por un delito que prevé penas "no mayores a 8 años". Los procesados por delitos graves, o con antecedentes de peligrosidad no podrán salir de la cárcel.
La modificación del articulado del Código de Procedimiento Penal tiene previsto dar beneficios extraordinarios si el imputado "hubiere sido sobreseído, aún cuando la resolución no esté firme". Los jueces podrán determinar la excarcelación cuando se "hubiere agotado en detención o prisión preventiva" la pena prevista.
La reforma además busca agilizar la resolución en los procesos judiciales. Por eso se propone la división de los tradicionales Tribunales y la creación de juzgados unipersonales que quedarían habilitados para juzgar delitos por los que correspondan penas máximas no superiores a los 15 años. La división se realizará con conformidad del imputado. Y cuando haya concurso de delitos, ninguno deberá superar ese plazo para poder acceder a la nueva modalidad.
POLEMICA ENTRE LEGISLADORES POR LA SANCION DE UN REGIMEN PENAL JUVENIL
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, apoya un proyecto de ley que penaliza a los menores, a partir de los 14 años. Dijo que esa iniciativa está en el Senado nacional y que fue presentada por la ex senadora y hoy diputada Vilma Ibarra, con el aval de Emilio García Méndez, ex presidente de Unicef.
Ibarra afirmó que la Argentina “tiene que modificar en forma obligatoria y necesaria el régimen actual sobre menores porque está fuera de lo que dicta la Convención Internacional por los Derechos del Niño”. En ese sentido confirmó la existencia de un proyecto que establece que “los chicos de entre 14 y 16 años pueden ser imputados sólo por delitos graves, como crímenes o violaciones”.
En ese sentido, recordó que ahora “el juez puede disponer la detención de los menores de 16 años con la sola imputación policial, sin que el chico tenga el derecho a ser defendido por un abogado de su confianza”. Por eso impulsó una ley que establezca “un Régimen Penal Juvenil con todas las garantías del debido proceso, sólo para los delitos graves”.
Por su parte, la diputada kirchnerista Diana Conti, en diálogo con este diario, se declaró a manera personal “en contra de toda norma que baje la edad de imputabilidad porque eso significa tapar con una ley que se está criminalizando a los menores en situación de riesgo”.
Conti aseguró que si bien sigue vigente la ley de la dictadura 22.278, de 1980, que otorga al Poder Judicial la potestad de enviar a un instituto a los adolescentes en problemas con la ley o por razones sociales, “en los últimos años los jueces han cambiado su mentalidad. El último informe realizado por el Ministerio de Desarrollo Social, junto con Unicef, dice que de los 20 mil chicos que había en institutos de todo el país se bajó a 6600 y no pasan de 180 los que están por delitos graves”. Por esas razones se declaró en contra de sancionar una nueva ley. “No hay consenso en el oficialismo para avanzar en la materia, porque la mayoría no está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad y no creo que una propuesta así pueda ser analizada este año”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por su parte, expresó que “la propuesta de aumentar el poder represivo del Estado sobre las personas menores de edad sólo refuerza el sesgo discriminatorio de las políticas de seguridad sobre los sectores más vulnerables de la sociedad”. La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), sostuvo que es “un debate falso” el que se abrió a partir de las declaraciones del gobernador Scioli apoyando la baja de la edad de imputabilidad.
“Es un debate falso porque los institutos de menores están llenos de chicos pobres y porque la Justicia, hace poco, le tuvo que ordenar a la policía que deje de detener a jóvenes por averiguación de antecedentes.” Para Verdú “el problema es lo que pasa con los chicos pobres que tienen de cero a 16 años y que no tienen nadie que los pueda defender. Eso ocurre con la ley de la dictadura y va a seguir ocurriendo con cualquier ley, si no se cambian la situación social de esos chicos que son víctimas de las políticas de Estado”.
Ibarra consideró que con la ley de la dictadura “los chicos no tienen ni debido proceso ni el derecho a ser defendidos. Los jueces pueden disponer de su libertad, cualquiera sea su edad.
Por esas razones, desde Unicef vienen alertando sobre la necesidad de que exista un nuevo régimen penal juvenil, con todas las garantías constitucionales para los menores que tengan problemas con la ley”. Los chicos de 14 a 16 años “sólo pueden ser imputados por delitos graves con resultado muerte o por agresiones sexuales violentas”.
La detención sería “en institutos especializados que no respondan a las fuerzas de seguridad”. Ibarra insistió en que el proyecto que ella presentó el año pasado en el Senado “y que cuenta con el apoyo de radicales y justicialistas” determina que la detención es “el último recurso que debe aplicarse y fija una serie de alternativas previas”.
“Las penas que se aplicarían serían por tiempos cortos y determinados, con la posibilidad de intervención de equipos interdisciplinarios que trabajen sobre la educación, la formación y la reinserción social de los chicos que lleguen a esa instancia”, precisó Ibarra. La legisladora consideró que la detención de un menor en las actuales circunstancias “es llevarlo al peor de los mundos, porque llega a ese lugar sin haber tenido el derecho de defensa en juicio”.
Diana Conti, por su parte, dijo: “En el oficialismo no estamos de acuerdo, mayoritariamente, con cualquier proyecto que signifique bajar la edad de imputabilidad”. Opinó que la situación con los menores detenidos “es ahora menos grave porque los jueces actúan con mayor nivel de conciencia y de responsabilidad”.
Sobre la posibilidad de que este año se vaya a tratar, en el Congreso Nacional, un nuevo régimen sobre minoridad, fue contundente: “No lo creo porque la mayoría piensa que no se debe bajar la edad. En la actualidad, no hay juicios que no respeten las garantías de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y que vulneren la defensa en juicio”.
Otra diputada kirchnerista, Graciela Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Legislación General, aseguró que el Congreso Nacional no va a aprobar ninguna ley que baje la edad de imputabilidad de los menores, porque “es un enfoque equivocado creer que con más mano dura se soluciona el problema de la inseguridad pública”. La legisladora se mostró partidaria de “hacer responsables a los adultos”.
El CELS se manifestó en contra del encarcelamiento como única solución y sostuvo que “la solución a los problemas de violencia e inseguridad debe concentrarse en garantizar políticas inclusivas” y en desarrollar acciones para “desarticular las redes criminales, y fortalecer la independencia judicial con el objetivo de ejercer un mayor control sobre el funcionamiento de los organismos de seguridad”.
DE NARVÁEZ PROPONE UNA INTERNA ABIERTA DE TODA LA OPOSICIÓN
El diputado Francisco De Narváez propuso a toda la oposición una interna abierta para ir unidos a las elecciones "y que el orden de la lista lo decida el ciudadano". No tuvo mucho eco entre sus colegas.
NIEGAN REABRIR LA CAUSA POR EL ASESINATO DEL CAPITÁN VIOLA
El fiscal federal N° 2 de Tucumán, Carlos Brito, dictaminó ayer que los asesinatos del capitán Humberto Viola y su hijita María Cristina, de 3 años, cometidos en 1974 por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), no son crímenes de lesa humanidad y no corresponde, por lo tanto, reabrir la causa.
Según Brito, para ser considerado de lesa humanidad un crimen debe "formar parte (o desarrollarse según) una política de Estado", lo que no está acreditado en esta causa "ni siquiera mínimamente". Tampoco se da el caso, dijo el fiscal, de una organización que haya desplazado al Estado en cierto territorio.
"Los aberrantes delitos que damnificaron a la familia Viola no representan graves violaciones a los derechos humanos en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", añadió Brito.
La reapertura de la causa había sido pedida en noviembre de 2007 por la viuda del militar, María Cristina Picón, al juez federal subrogante Daniel Bejas. Este transmitió la solicitud al fiscal Brito para conocer su opinión que, de todos modos, no es vinculante.
DETIENEN A UN REPRESOR
Llevaba prófugo ocho años. Había sido capturado en Italia, en 2000, acusado de la desaparición en 1976 de la joven francoargentina Marianne Erize y por el secuestro y torturas de la hoy jueza Margarita Camus, entre otros delitos de lesa humanidad. Huyó de aquel país después de presentar un documento falso.
Ayer, la larga fuga de Jorge Antonio Olivera llegó a su fin. Fue apresado por una unidad especial del Ministerio de justicia en Vicente López, según informó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
El funcionario elogió a la Unidad Especial para Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia y "la eficaz acción de la Policía Federal. Su captura permitirá el progreso de la causa que se investiga en San Juan".
Olivera era un joven teniente del Regimiento 22 de Infantería de Montaña con asiento en San Juan cuando la desaparición de Erize, el 15 de octubre de 1976. En 2007, el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, ordenó su captura y la de otros cómplices por la desaparición de Erize y el secuestro y torturas a la hoy jueza Camus, hija del ex gobernador sanjuanino Eloy Camus. A Olivera le espera ahora el juicio oral.
PARA EVITAR LA SALIDA DE CAPITALES LIMITAN DISTINTAS OPERACIONES
El Banco Central intervino ayer con una fuerte jugada en el mercado que busca desincentivar a que los inversores puedan, a través de diversas maniobras indirectas, sacar capitales del país por encima de lo permitido por la entidad monetaria.
La entidad que preside Martín Redrado sacó el comunicado A 4864 que indica que, al comprar títulos, sean acciones o bonos, los dueños deberán mantenerlos en sus carteras al menos tres días antes de poder revenderlos. Y agrega que las operaciones que no cumplan dicho plazo de 72 horas deberán ser avaladas por el Central.
Esta normativa, distribuida a las casas de cambio y sociedades de Bolsa a través de la comunicación 538 de la Comisión Nacional de Valores, busca evitar la especulación con la compra de títulos en el mercado local y la venta inmediatamente posterior en el exterior, con el solo fin de obtener dólares y dejarlos fuera del país. Y refuerza otra medida que lanzó la semana pasada en el mismo sentido, que acotó el cupo diario permitido para girar dólares al exterior en las operaciones de las sociedades de Bolsa, desde los 600.000 dólares a los 100.000 dólares, siempre sin excederse del tope mensual.
Las empresas y los particulares pueden retirar hasta dos millones de dólares del país por mes y ese límite sigue vigente. Sin embargo, durante las últimas semanas fue creciendo la incertidumbre en los mercados por motivos internacionales y locales, reforzados por la iniciativa oficial de reestatizar el sistema de jubilaciones y la eliminación de las AFJP.
Este clima enrarecido provocó que los distintos inversores se las ingeniaran para buscar artilugios legales y sacar más fondos del país de lo usual, y de lo permitido legalmente por el Banco Central.
La operación más utilizada es el "contado con liqui", el término utilizado en la jerga de los operadores. Esto es: un inversor compra con pesos una acción de una empresa extranjera en el país o un bono que cotiza en el exterior -el Discount, a modo de ejemplo-, e inmediatamente, a través de una sociedad de Bolsa autorizada, logra venderla en el exterior.
De esta forma, convierte la acción comprada con pesos en el mercado local en billetes verdes, que quedan depositados en una cuenta en el exterior. Claro que esta maniobra tiene un costo. En tiempos más calmos, la tasa implícita para obtener dólares es de 1% o 2%. Pero en los últimos días subió a 5% y hubo picos de hasta 11% en las jornadas más tumultosas. Esto es, si en la casa de cambio minorista el dólar cotizaba a $ 3,40, esta operación indirecta permitía hasta la semana pasada obtener dólares a un precio de $ 3,70 o hasta $ 3,80, y dejarlos en una cuenta fuera del país.
Es decir, en tiempos de pánico, el inversor no compra una acción extranjera que cotiza en el país porque le interesa retener el papel de la compañía, sino que su único fin es tener dólares contantes y sonantes. Es por ello que, al obligar el Central a retener el título tres días, el inversor se expone al riesgo de mercado en dicho lapso, y por tanto se ve dificultado de estimar con exactitud el valor de cambio del dólar.
Fuentes del Banco Central consultadas aseguraron que la medida "logró los frutos esperados, ya que se redujeron drásticamente este tipo de operaciones. De esta forma quien quiere dólares lo hará por el mercado de cambios y no a través de la Bolsa", explicaron.
LA AFIP REFINANCIARÁ DEUDAS IMPOSITIVAS
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzará un plan de facilidades de pago de deudas impositivas que hayan vencido hasta el 31 de diciembre pasado, que podrán refinanciarse en un plazo de hasta 10 años a una tasa de interés del 1,5% mensual.
Según fuentes oficiales, el proyecto indica que se establece un régimen especial de facilidades de pago para posibilitar la regularización de obligaciones impositivas, recursos de la seguridad social y otros tributos que graven las operaciones de exportación. Además, se incluye las actualizaciones, intereses y multas.
También se podrán abonar con esta generosa refinanciación las deudas no exteriorizadas incluidas en planes de pagos establecidos previamente por el organismo recaudador. En el caso de los pasivos por retenciones y percepciones impositivas, se podrá pagar hasta 24 cuotas; en
