El cuadro de situación que trazan los principales bloques opositores coincide, esta vez, con el panorama que describe el oficialismo K: el Frente para la Victoria reuniría los votos en la Cámara de Diputados para imponer el proyecto de ley que propone volver a un fondo jubilatorio único y estatal. "Pero no la sacarán tan fácil", advirtió Federido Pinedo, el jefe de los diputados PRO. La sesión que definirá el futuro de la iniciativa kirchnerista fue convocada para este jueves.
"Entiendo que el oficialismo no tendría problemas para aprobar en general el proyecto", admitió el cordobés Oscar Aguad, jefe del bloque radical. La UCR, sin embargo, no ve tan clara la aprobación en particular del articulado. "La mitad de la recaudación de la Anses proviene de fondos coparticipables. Los gobernadores tienen que hacer sentir su voz. En el Senado no la tendrá tan fácil el oficialismo, que no quiere perder tiempo. Sabe que cada día que pasa es peligroso porque se van conformando oposiciones". La UCR, dijo ayer Aguad, presentará un dictamen en minoría.
"La oposición no tiene que dar quórum (el próximo jueves)", adelantó Pinedo, también. "Toda la oposición no va a dar quórum", reafirmó, luego, incluyendo al PRO, la UCR y la Coalición Cívica, además de grupos peronistas enfrentados a la conducción del PJ que ejerce Néstor Kirchner.
"Vamos a tener una semana muy pesada. Este martes (por mañana), los bloque opositores haremos una conferencia de prensa para reafirmar nuestro rechazo a la estatización de las AFJP, el miércoles habrá un acto convocados por distintos sectores. Es posible que en diputados (el oficialismo) tenga los votos, pero creo que en Senado las fuerzas estarán más equilibradas. Dependerá de cómo evolucione la discusión en la opinión pública. Necesitamos transmitirle a la gente que la están por robar", sostuvo Pinedo.
"La oposición dará pelea", dijo a su vez, Adrián Pérez, jefe del bloque de la CC, en declaraciones radiales. "Todos (los legisladores de la oposición) estamos en contra", afirmó, pese a reconocer que el oficialismo "hoy por hoy, cuenta con el número para aprobar el proyecto".
El jueves pasado, Elisa Carrió, la líder de la CC, realizó un llamado a los diputados opositores a "rechazar el proyecto del oficialismo". "No debemos discutir ni una coma, esto es un robo", calificó Carrió.
Agustín Rossi, titular de la bancada K, expresó la confianza del oficialismo en que se apruebe este jueves el proyecto impulsado por la Casa Rosada. "Aunque tengan los votos, necesitan ampliar el consenso", comentó a Clarín un diputado del Partido Socialista. El PS -con diez diputados en el bloque- tuvo anteayer una cumbre nacional. Hay consenso entre sus máximos dirigentes, desde el gobernador Hermes Binner, hasta el senador Rubén Giustiniani, en que el socialismo no puede desentenderse de una bandera partidaria histórica: "un solo sistema jubilatorio y en manos del Estado". El PS tiene un proyecto alternativo, aunque podría apoyar en general la iniciativa oficial. Esta posición ya ha generado roces entre el PS y sus aliados en otros debates, el radicalismo y la Coalición Cívica.
En las comisiones, el bloque del SI (nueve diputados) y, Claudio Lozano, de la CTA, Claudio Lozano, expresaron el apoyo a la "idea madre" del proyecto oficial. Ahora esperan tener eco en su pedido de más controles al nuevo sistema.
ACEPTÓ EL GOBIERNO HACER CAMBIOS AL PROYECTO DE NUEVO SISTEMA JUBILATORIO
Por el apuro que el propio oficialismo le impuso al debate parlamentario para sancionar un único régimen de jubilación estatal, el matrimonio Kirchner decidió anoche introducir modificaciones al proyecto de ley que le garanticen al Gobierno un triunfo holgado el próximo jueves, cuando la iniciativa se debata en la Cámara de Diputados.
En la cuenta regresiva, altas fuentes oficiales confiaron que la presidenta Cristina Kirchner dispuso que se incorporara en el proyecto de ley un límite a las inversiones que la Anses podrá realizar con los fondos de la recaudación previsional. Sólo un 25% del superávit del organismo podrá ser invertido en la compra de títulos de la deuda pública, dijo la fuente oficial.
En caso de ser aprobado el proyecto oficial, el Estado recibirá 15.000 millones de pesos por año por el cambio de sistema -es el flujo de fondos que hoy perciben las AFJP-. Las AFJP tienen hoy permitido destinar hasta un 60% de sus fondos en títulos de la deuda pública.
En el proyecto de ley se incorporarán artículos que reglamentarán el destino del dinero correspondiente tanto al flujo mensual de fondos como al stock de la Anses. Ese era el planteo que habían hecho referentes de la oposición, que piden más precisiones sobre las futuras inversiones de la Anses.
En rigor, en la propia Casa Rosada hubo diferencias con este punto. Un sector del Gobierno pretendía que el proyecto oficial enviado al Parlamento saliera ya con el reglamento entre sus artículos. Pero desde Olivos, el matrimonio Kirchner había decidido excluirlo apenas momentos antes de presentar la iniciativa, dos semanas atrás.
El debate no es menor: si el reglamento para el manejo de los fondos con los que cuenta la Anses no se incluye en la ley, el Gobierno, actual o futuro, podría modificarlo por una resolución y decidir en qué invertirá el Estado el dinero de los jubilados sin necesidad de pasar por el Congreso. Esto daría una fuerte dosis de discrecionalidad al manejo de esa plata. El texto enviado por el oficialismo sólo establecía que el alcance de ese reglamento se fijaría en un decreto posterior del Poder Ejecutivo.
Actualmente, la Anses cuenta con un stock denominado Fondo de Garantía, de 20.000 millones de pesos. Con el traspaso de las AFJP se incrementará en unos 100.000 millones. Sobre este fondo aún no está definido cómo se instrumentará la reglamentación.
Fuentes oficiales anticiparon que se trabaja en la confección de "metas y cronogramas" para la administración de la cuantiosa suma, que, no obstante, gran parte está hoy ya invertida en acciones o títulos públicos.
La Casa Rosada trabaja contra reloj para acordar los cambios, ya que pretende aprobar el dictamen de comisión mañana. La estrategia del Gobierno dio un pronunciado giro en los últimos días. A pesar de que en un primer momento se descartaba cualquier tipo de modificaciones, el matrimonio Kirchner vio la posibilidad de contar con un mayor consenso a su iniciativa si permitía debatir las propuestas de los legisladores que apoyan el plan de terminar con las administradoras privadas, según señaló un funcionario.
LOS KIRCHNER APUESTAN TODO AL CONGRESO
El proyecto político kirchnerista afrontará una semana clave en el Congreso: buscará avanzar con la aprobación de la estatización de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), en la Cámara de Diputados, y sancionar el presupuesto 2009, en el Senado.
La apuesta parece difícil, pero a priori en el horizonte de la Casa Rosada no aparecen problemas para conseguir las mayorías que necesitará en ambas cámaras legislativas. La situación está lejos de repetir la estruendosa derrota política de las retenciones móviles.
El primer desafío será la aprobación, mañana, del dictamen del proyecto de estatización de las AFJP en las comisiones de Previsión y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. La mayoría kirchnerista en este escenario es amplia, pero será de vital importancia conocer con cuánto consenso buscará el oficialismo dejar el proyecto para su discusión en el recinto, lo cual prevé hacer el jueves.
En este sentido, la bancada que conduce el santafecino Agustín Rossi analiza la posibilidad de incorporar algunas modificaciones al texto enviado por el Poder Ejecutivo. Ningún cambio sería de fondo, pero le permitiría al Gobierno conseguir el aval, al menos, del bloque de Solidaridad e Igualdad (SI, ex miembros de ARI hoy enfrentados con Elisa Carrió) y de algunos de sus propios miembros, que todavía se muestran renuentes a apoyar una medida tan controvertida.
La concesión que analiza ofrecer la Casa Rosada sería la inclusión en el proyecto del reglamento de la Anses con una cláusula que impida al Estado usar los fondos del organismo para el pago de deuda.
Rossi, en permanente contacto con el titular de la Anses, Amado Boudou, y el matrimonio Kirchner, tendría el visto bueno para saber si acepta o no ese cambio durante la jornada de hoy.
La apuesta del kirchnerismo es, una vez conseguido el dictamen, llevar el proyecto al recinto en una sesión especial que ya fue solicitada por el oficialismo para el jueves y que se anticipa disputada en lo verbal. En lo numérico todo indica que el Gobierno no sufrirá retrasos en su cronograma, que prevé la sanción del proyecto en el Senado el 26 del corriente.
AFJP: PIDEN SUMAR A BANCOS A CONTROL DE LOS FONDOS
La Cámara de Diputados debatirá esta semana un nuevo retoque al proyecto de estatización de las AFJP, esta vez por iniciativa del mismo kirchnerismo. Dentro del bloque oficialista se discute la posibilidad de convocar a las asociaciones de bancos a sumarse al organismo de control de los aportes jubilatorios que pasarán al sistema de reparto.
“Existe una nueva propuestadentro del oficialismo de que sean lo bancos los que se sumen a un cuerpo colegiado integrado por la Auditoría General de la Nación, controlada por la oposición, la SIGEN, y organizaciones de trabajadores, jubilados y empresarios”, reveló ayer el diputado Juan Carlos Díaz Roig, presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja.
La iniciativa corresponde al kirchnerista de Chubut, Juan Mario Pais, quien le propuso a Díaz Roig invitar a las entidades bancarias a realizar un trabajo de consultoría técnica sobre la gestión de los 100 mil millones de pesos que pasará a ser controlados por la ANSeS de Amado Boudou. Al menos, cuatro bancos controlan Fondos de Jubilaciones y Pensiones: Consolidar (BBVA, Francés), Máxima (HSBC), Previsol (Credicoop) y Nación (Banco Nación).
“Cada día que pasa se licuan más los activos. La idea es ver cómo se incorporan las asociaciones de bancos para que aporten su aptitud técnica para manejar y aconsejar sobre la posterior inversión de los fondos. El objetivo es lograr un manejo de gestión adecuado y transparente”, explicó el chubutense Pais .
Hasta ahora, los colectivos financieros como Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), de Mario Vicens, y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), de Jorge Brito, no fueron convocados a la ronda de consultas que realizó el plenario de las Comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde ya expusieron desde Boudou, hasta el jefe de la CGT, Hugo Moyano; el ministro de Trabajo, Carlos Tomada; y la Unión Argentina de AFJP.
Ayer, Díaz Roig admitió que el bloque oficialista del Frente para la Victoria está muy cerca de incorporar al proyecto enviado por Cristina de Kirchner al Congreso los aportes realizados por el diputado Claudio Lozano (CTA) y por Eduardo Macaluse y María América González, de Solidaridad e Igualdad (Sí). Sin embargo, quedarían afuera los cambios impulsados por la bancada del Partido Socialista, de Hermes Binner, que “son más amplias y ya implican cambios del fondo al proyecto que defiende el kirchnerismo”, según afirmó el jefe de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.
Es que la bancada socialista que responde al gobernador de Santa Fe presentó por escrito una propuesta para que se efectúe una restitución de 15 por ciento de los aportes de la provincia a la ANSeS, algo inadmisible para la Casa Rosada.
En cambio, la propuesta de Lozano y Macaluse, de crear un cuerpo colegiado de control integrado por la Auditoría General de la Nación, la SIGEN, asociaciones de trabajadores, empresarios y ahora también bancos, será aceptada por el jefe de bloque kirchnerista, Agustín Rossi. Además, se incluirá un artículo que prohíbe el uso de los fondos para pago de la deuda externa, gastos corrientes del gobierno nacional o para ser invertidos en el exterior.
SONDEO DE OPINIÓN
Casi la mitad de los diputados ya anticipó su voto por las jubilaciones
De los 122 legisladores que se manifestaron, 65 lo hicieron en contra de la iniciativa oficial. La mayoría pide proteger los fondos y que así se garantice que alcanzarán para pagar los haberes previsionales.
La consulta es realizada por CLARÍN entre diputados de distintos bloques, a quienes se les formulan las siguientes preguntas:
1-Está de acuerdo, en general, con que las jubilaciones vuelvan al Estado?
2-Así como fue enviado. 'Votaría a favor o en contra del proyecto oficial?
3-'Qué cambio le introduciría?
Entre los legisladores consultados se incluyó las respuestas del diputado nacional, Pedro Azcoiti (UCR-Buenos Aires).
EN EL KIRCHNERISMO SOSTIENEN QUE "EL DEBATE ESTÁ AGOTADO"
El diputado del Frente para la Victoria (FpV) y titular de la comisión de Previsión y Seguridad Social, Juan Carlos Díaz Roig, confió ayer en que se aprobará el próximo jueves en esa Cámara el proyecto de reestatización de las jubilaciones ya que, según sostuvo, "este es un debate ya agotado".
Díaz Roig indicó que la Comisión que preside se reunirá mañana para producir los diferentes despachos con vistas a la sesión del jueves, donde el oficialismo espera darle media sanción al proyecto que luego deberá ser enviado al Senado.
El diputado consideró que sus colegas "ya tienen su criterio definido" y que sólo se demoró el debate "porque la UCR anunció que presentaría un proyecto alternativo, que aún no lo tenemos".
"Este es el mejor camino, sólo nos falta consolidar la mejor opción para los sectores de mayores ingresos", analizó el diputado en declaraciones a FM Milenium.
Además, minimizó la importancia de una discusión sobre el sistema previsional, por considerar que "la confianza o desconfianza hacia el Estado va a partir de los hechos más que de los debates". "Una generación de trabajadores no puede tener dos grandes mochilas, no puede pagarle a los actuales jubilados y al mismo tiempo pagarle a los futuros jubilados", advirtió.
Entre hoy y mañana el oficialismo en Diputados definiría con el Gobierno los cambios que se piensan hacer al proyecto de ley. Las modificaciones podrían hacerse por el lado de reglamentar el destino de los fondos y habilitar un control cuatripartito del nuevo sistema estatal, como propusieron opositores como la abogada previsional María América González (SI), y el diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano. El Gobierno busca así la aprobación por un margen mayor de votos.
Díaz Roig se mostró abierto a esa posibilidad y dijo que el proyecto debe indicar "que los fondos no deben ser invertidos en el exterior, ni destinados a gastos corrientes del Estado ni a pagar deuda externa, así como propuso María América de que los fondos tengan autonomía financiera".
CRA SE SUMA A LA MARCHA OPOSITORA
La Mesa de Enlace no asumirá públicamente la defensa de las AFJP. Pero muchos dirigentes del campo están haciendo suya la convocatoria a la marcha opositora convocada para el miércoles frente al Congreso. Ayer anunciaron su adhesión formal Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el Grupo Pampa Sur. Y a contramano de lo que pregona la Federación Agraria --que avalaría la estatización de las jubilaciones en otras condiciones--, el dirigente entrerriano Alfredo De Angeli informó que se pondrá al frente de una columna de productores de su provincia.
La adhesión de CRA fue justificada por su titular, Mario Llambías. "Entendemos la democracia, como un sistema en donde la mayoría gobierna respetando y consensuando con el resto. Una vez más se quiere imponer una Ley a libro cerrado, sin discusión en la legislatura y abusando del derecho de las mayorías", señaló el dirigente, en referencia al intento del kirchnerismo de aprobar esta misma semana el traspaso de las AFJP.
El debate previsional, sin embargo, divide a la coalición de entidades rurales y partidos políticos que supo hacer frente a la Resolución 125. Por caso, una aliada de los chacareros, la dirigente Vilma Ripoll (MST), anticipó que no concurrirán a la movilización. "No compartimos la defensa de las AFJP. Creemos que el sistema jubilatorio debe ser estatal, independiente del gobierno y asegurar el 82% móvil a los jubilados", sostuvo.
Quienes sí marcharán son los integrantes del Grupo Pampa Sur, que dirige Miguel Saredi. Y una columna de productores entrerrianos liderados por De Angeli. En ambos casos, además de manifestarse en contra de la "confiscación" del dinero de las jubilaciones, pedirán a los senadores que no avalen los "superpoderes".
BUZZI DIJO QUE "LA CONSIGNA ES DESGASTAR A ESTE GOBIERNO"
El presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, reconoció que desde su sector "nos demoramos mucho en confrontar con la política kirchnerista", y dijo que eso "fue un error", por lo que ahora la consigna es "desgastar a este gobierno desde donde se pueda".
El dirigente se pronunció de ese modo tras una sorpresiva participación suya durante el fin de semana en una reunión de productores realizada en Sáenz Peña, a 180 kilómetros de Resistencia. Allí, el titular de la FAA describió como "complicadísima" la relación del campo con la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
"Por eso desde la Comisión de Enlace hay una actitud de ir desgastando y erosionando desde donde se pueda a este gobierno", agregó Buzzi, que tampoco descartó volver a los piquetes como medio de lucha. "Estamos muy atentos a actuar, habrá que ver en qué momento, porque de ser necesario se podría volver a los cortes de rutas, aunque como último recurso", dijo.
LOS K CONVOCAN EN EL CONGRESO
Los movimientos sociales kirchneristas se concentrarán el jueves frente al Congreso en apoyo a la sanción en Diputados del proyecto de estatización de las jubilaciones. Con la consigna de "profundizar el cambio iniciado por Kirchner en 2003", desde las 15 se dieron cita el Frente Transversal del diputado Edgardo Depetri, el Movimiento Evita de Emilio Pérsico y Barrios de Pie, entre otros. Depetri confió que los diputados "no se dejarán presionar por el lobby" de las AFJP.
CRISTINA DICE QUE “EL ESTADO ES INSUSTITUIBLE”
La presidenta Cristina Kirchner destacó el aporte de los ferrocarriles y de la educación pública en la consolidación del Estado nacional, y en ese sentido remarcó que “el rol del Estado es insustituible e indelegable”.
Tal como vino haciendo en las últimas semanas, la Presidenta escribió una nueva columna en un diario del interior, en este caso en La Gaceta de Tucumán, destacando la reapertura de los talleres ferroviarios en Tafí Viejo. “Cuando primó la lógica del mercado, durante los años '90, nos quedamos sin trenes y, prácticamente, sin escuelas públicas”, sostuvo.
En su columna, Cristina Kirchner recordó que el dictador Antonio Domingo Bussi, durante su mandato como gobernador, había sido el último en cerrar los talleres. “El ex general Bussi fue condenado recientemente por la Justicia Federal por crímenes de lesa humanidad. Entre otros delitos figura la desaparición de 65 personas, muchos de ellos empleados ferroviarios de Tafí Viejo. Para entonces no se habían cerrado sólo los talleres ferroviarios. Se había clausurado un estilo de vida. Se había detenido el progreso. Se había terminado el trabajo”, opinó. Y cerró diciendo: “Tanto en la educación como en el transporte ferroviario, el rol del Estado es insustituible e indelegable. Cuando primó la lógica del mercado, durante los años '90, nos quedamos sin trenes y, prácticamente, sin escuelas públicas”.
NUEVO INTENTO OFICIAL POR DESPEGARSE DEL EMBARGO
El Gobierno haría hoy una gestión informal ante el juez Griesa en Nueva York.
El Gobierno redoblará los esfuerzos para imponer su estrategia legal frente al tribunal de Nueva York que pretende embargar dinero que las AFJP tienen invertido en activos financieros localizados en los Estados Unidos. La intención primaria es eludir la citación para que el Estado sea parte en la controversia y dejar que sean sólo las administradoras privadas las que tengan que acudir a la audiencia prevista para el próximo jueves 6.
Abogados del estudio que representa los intereses de la Argentina en Nueva York podrían visitar en las próximas horas las oficinas del juez Thomas Griesa, antes de la audiencia oficial. Será para reiterar que el dinero supuestamente inmovilizado es propiedad de los afiliados a la jubilación privada y está en manos de las administradoras. Y que son ellas las que deben responder por esos fondos, no el Estado.
El superintendente de las AFJP, Sergio Chodos, ratificó ayer la postura oficial frente a este tema.Dijo que la medida adoptada por la Corte Federal de Manhattan, "técnicamente no es un embargo sino una inhibición" de cuentas pertenecientes a las AFJP en Estados Unidos.
"Es una medida cautelar que adoptó el juez Griesa en el marco de los juicios de la deuda en default que llevan adelante con mucho ahínco los fondos buitres", añadió el funcionario, en alusión a los fondos especulativos que tienen en su poder bonos de la deuda que el país dejó de pagar en 2001. Ellos compraron los papeles a un valor ínfimo a sus tenedores originales y ahora pretenden cobrarlos a su valor nominal.
"En este punto, los activos no tienen nada que ver con la actividad estatal sino que son administrados por las AFJP en beneficio de los presentes y futuros jubilados, y con destino para la seguridad social", aclaró. "Con estos activos, el Gobierno no tiene nada que hacer, y sí las AFJP, que tienen que defender los activos que están siendo administrados por ellas", precisó.
El juez Griesa convocó una audiencia para el 6 de noviembre en la que quiere escuchar a las partes para decidir los pasos a seguir con los fondos. Y, a instancias de lo que denunciaron los fondos especulativos que actúan como querellantes, considera que el Estado argentino pasará a ser dueño de los recursos una vez que se apruebe la ley que estatiza el régimen de jubilación privada.
Chodos aclaró que, a diferencia de lo que pasó con los fondos invertidos en Brasil, no existe norma alguna que obligue a las AFJP a traer el dinero del exterior.
LAS AFJP PRESENTAN HOY SU PROPIO PLAN
La Unión de AFJPs presentará hoy al Gobierno su propia propuesta de reforma previsional privada, que prevé un recorte en las comisiones, apertura permanente de traspasos de afiliados y un sistema mixto de reparto y capitalización individual.
El plan lleva por título "Lineamiento para integrar un proyecto de ley para un mejor sistema previsional". Las AFJPs aclararon que no se trata de un proyecto de ley sino, como su nombre lo indica, de "lineamientos fundamentales" para una reforma previsional, que serán también remitidos a legisladores, gremios y cámaras empresarias. También se señala que la propuesta, hecha con "vocación constructiva", no es resultado del proyecto oficial de eliminar las jubilaciones privadas sino "parte de una experiencia práctica" de la cual "la sociedad toda, gobernantes y gobernados, puede sacar provecho". Los puntos principales son:
Sistema mixto de jubilaciones y pensiones, con un subsistema de reparto (manejado por el Estado) y otro de capitalización individual (manejado por administradores privados o públicos, con regulación a cargo del Estado).
Libertad de opción para los futuros jubilados. La opción la ejerce la gente (no hay opción "por default") y siempre está abierta. "Se mueven los flujos, no los fondos", dice la propuesta, y especifica que no se puede volver a ejercer en un plazo menor a dos años.
Beneficio Universal, con una PBU mínima. Con un mínimo de 5 años de aportes, "apuntando a resolver los problemas existentes en cuanto a cobertura".
Reconocimiento de proporcionalidad, con un mecanismo escalonado que tiende a corregir la rigidez de los 30 años de aportes como mínimo (en el esquema actual) y a reconocer la cantidad de años de aportes.
Segundo Fondo. Propone modificar la composición de la cartera de los fondos (también del fondo actual, o fondo A) para "minimizar el riesgo y diversificar mejor la cartera de inversiones".
Comisión subordinada a la rentabilidad: sólo se cobra comisión en caso de existir rentabilidades positivas.
UN RESPALDO AL GOBIERNO
El director del Banco Nación y presidente de Nación AFJP, Matías Kulfas, respaldó ayer el proyecto oficial de eliminación de las jubilaciones privadas y aseguró que la reforma previsional de 1994 "fracasó en sus objetivos". "Para fundar un sistema de capitalización se terminó desfinanciando al sector público, a tal punto que cerca del 90% del déficit fiscal de los años 90 tuvo su origen en los ingresos que el Estado dejó de recaudar y cedió a las AFJP", aseguró.
Sobre el embargo de fondos en EE.UU., informó que Nación AFJP "no posee fondos" en ese país ya que "los últimos recursos que permanecían en dicho mercado fueron retirados de esa plaza 10 días atrás". Kulfas sostuvo que los que se oponen al proyecto del Gobierno no tienen que ver "con los intereses de trabajadores activos y pasivos" y afirmó que el Banco Nación "defiende los intereses de los trabajadores y jubilados, y no los de grupos financieros concentrados".
GOBERNADORES INSISTEN EN RECLAMAR COPARTICIPACIÓN
Pese a la decisión de la Casa Rosada de no ceder la tajada de recursos del interior que financia a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), los gobernadores insisten en instalar a toda costa el debate por el reparto de los fondos de coparticipación que hoy hegemoniza Nación.
En las puertas del electoral 2009, la orden de Cristina de Kirchner de estatizar las AFPJ animó a los mandatarios a pedir que les devuelvan 15% de la masa coparticipable que desde los noventa se destina a asistir a la ANSeS, con el argumento de que ahora el organismo recibirá millonarios fondos extra.
Sin embargo, en los últimos días Nación se encargó de recalcar que el deseo no será concedido. Una de las últimas declaraciones corrió por cuenta del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, desde Santa Fe.
“Creo que fue aclarado por el director ejecutivo del organismo previsional -por Amado Boudou- en la reunión en la Cámara de Diputados, donde se explicó qué significa sostener un sistema de seguridad social para todos”, disparó, para dejar en claro que Balcarce 50 no incursionará en un camino de “desfinanciamiento” de la ANSeS.
No obstante, el gobernador cordobés Juan Schiaretti dijo que “lo mínimo que hay que hacer es replantear el tema, porque cuando se puso en marcha la jubilación privada, para calzar el desfinanciamiento temporal se resignó por parte de las provincias una parte de su coparticipación”. Una pretensión similar sostienen el también peronista Celso Jaque (Mendoza) y el radical K Miguel Saiz (Río Negro).
Antes, había picado en punta el mandatario de Santa Fe, el socialista Hermes Binner, al pedir “justicia” y que se devuelvan esos recursos al interior (su distrito deja de percibir $ 2.100 millones anuales).
En rigor, tanto la discusión en torno a los recursos provinciales que hoy financian a la ANSeS como la pretensión de algunos distritos de que se coparticipe una mayor porción del Impuesto al Cheque (en el marco del debate presupuestario) se ancla en una impotencia mayor, que tiene que ver con los serios escollos que hoy impiden discutir una nueva Ley de Coparticipación, que requiere del aval de todos los gobernadores.
Pese a ello, los mandatarios se encargaron de que la pretensión no deje de formar parte de la agenda en materia de reclamos de las provincias.
“Es hora de que los gobernadores de todo el país comencemos a debatir una nueva distribución de los recursos y lo pongamos en la agenda de discusión con Nación”, dijo Schiaretti, aunque admitió que este debate de fondo no podrá ser desarrollado durante 2009 -año eminentemente electoral- sino recién en 2010.
Por su parte, Jaque aseguró que “hay que revisar todo y que no sea una cuestión de parches”. Antes, habían bregado por una “discusión seria” del reparto, entre otros, el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco) y el justicialista crítico Mario Das Neves (Chubut).
SIN LEY, TUVIERON QUE SUSPENDER CINCO EJERCICIOS MILITARES
La participación de tropas militares argentinas en el exterior, lo mismo que la autorización de ingreso de extranjeras, debe ser aprobada por una ley que faculta ambas cosas. Ahora se hace por períodos de un año. Y tiempo atrás generó una serie de despropósitos, porque en algún caso se llegó al extremo de que la norma se votó cuando las delegaciones visitantes ya se habían ido.
Después de algunos debates en torno de esta cuestión, la práctica venía funcionando bien hasta que este primer año del gobierno de Cristina quebró la regularidad. Pero este año ya se perdieron cinco misiones al exterior porque la ley no termina de aprobarse, como consecuencia de la sucesión de asuntos grandes y polémicos que atraparon la atención de los legisladores. Fueron los proyectos que remitió el Poder Ejecutivo para ser transformados en leyes lo cual concitó la atención del Congreso -y por ende los espacios en la prensa- como nunca en muchos años.
Así, con el ruido contra las retenciones móviles, la estatización de Aerolíneas Argentinas, los jubilados y sus haberes también móviles, el Presupuesto y ahora, la súbita crisis financiera internacional con el fin de las AFJP, el Parlamento incumple su propia agenda.
El proyecto fue remitido al Senado el 7 de julio, con tiempo suficiente para que esa Cámara lo aprobase antes del 1 de septiembre (la autorización llega hasta el 31 de agosto del año que viene), pero lo hizo el 10 del mes de la primavera. Diputados añadió su propia mora y el miércoles ni siquiera intentaron sesionar de tan ocupados que están con la ley contra las administradoras.
No se realizaron por lo tanto los ejercicios Crucex 4 con las Fuerzas Armadas de Brasil, Tanque 08 con Uruguay, Viekaren con Chile, Guaraní 8 con Brasil y Andes 8 con Chile.
Intentarán que la ley se apruebe este jueves, antes del debate sobre las administradoras de fondos. De ese modo se podrán cumplir los seis ejercicios pendientes, todos con países latinoamericanos.
SENADORES RADICALES, AUSENTES SIN AVISO
En silencio y sin alharaca, los senadores de la UCR decidieron retirarse de los debates en comisión por el Presupuesto 2009, que se vota el miércoles.
Brillaron por su ausencia, pese a la presencia de funcionarios que ellos habían reclamado, como les recordó el peronista Fabián Ríos. Aducen que si no es posible hacer cambios, no tiene sentido ir.
DOBLE INDEMNIZACIÓN
Las diputadas Cecilia Merchán y Victoria Donda (del movimiento Libres del Sur) presentaron un proyecto para volver a instaurar la doble indemnización en caso de despidos, tal como rigió por varios años después de la crisis de 2001, esta vez por 18 meses.
"Es una medida de protección laboral, porque sabemos que el hilo siempre se corta por lo más delgado, que son los trabajadores", escribió Merchán.
LA CAMPAÑA DE LA PRESIDENTE TUVO APORTANTES “FANTASMAS”
Miguel Angel Loizaga tiene 62 años y hace 26 que edita Heraldo del Oeste, un pequeño periódico quincenal con base en Luján, provincia de Buenos Aires. No está afiliado a ningún partido, dice que no votó a Cristina Kirchner y asegura que nunca se le pasó por la cabeza poner plata para la campaña de la Presidenta.
Pero su nombre, junto con su número de documento, figura en la nómina de aportantes que el kirchnerismo presentó ante la justicia electoral. "No tengo la menor idea de por qué aparezco ahí. Yo no puse un peso", dijo Loizaga (DNI 4.734.284), que figura con una donación de 10.000 pesos.
El suyo no es el único caso de aportantes "fantasma". En un control al azar hecho durante los últimos días, LA NACION descubrió otras cuatro situaciones idénticas: tres personas y una empresa que aparecen en los listados de aportantes, con número de documento y de CUIT, pero que aseguran no haber donado nada ni tener relación con el kirchnerismo.
Los fondos proselitistas de la Casa Rosada ya estaban bajo sospecha luego de que en el juicio que se sigue en Miami por el caso de la valija se denunció que los 800.000 dólares decomisados en Aeroparque eran para la campaña kirchnerista.
Este año, además, se supo que una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, al que la Justicia vincula con el narcotráfico, figura entre los aportantes a la campaña. Era Damián Forza, dueño de una droguería, rubro del que provino el 36,5% de las donaciones al kirchnerismo. Las dudas se potenciaron cuando la ministra de Salud, Graciela Ocaña, cuestionó los vínculos del superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, con empresas del área acusadas de graves delitos (una de esas firmas era SeaCamp, de Forza). Capaccioli fue el principal recaudador de la candidata Cristina Kirchner.
Los responsables legales del financiamiento de la campaña del Frente para la Victoria, Sebastián Gramajo y Hernán Diez, negaron la existencia de aportantes fantasma y aportaron documentos para comprobar la transparencia las donaciones.
Marcela Lombardi, una diseñadora gráfica de la Capital, se sorprendió ante una consulta: "Debe de haber un error, yo no aporté nada", dijo. En los registros dice que usted puso 8000 pesos, se le preguntó. "No, yo no puse nada", dijo Lombadi. ¿Su documento es 17.867.148?, se insistió. "Sí, pero yo no puse plata", expresó.
Respuestas similares dieron Francisco Navas (DNI 5.088.793), un empresario de Lobos que tiene un taller de reparaciones de motores y que figura con 50.000 pesos, y Claudio Omar Antunovich (DNI 16.236.294), periodista y dueño de Para Todos, un mensuario de la zona norte del Gran Buenos Aires, que aparece con 11.000.
LA NACION se entrevistó también con un empresario de la industria farmacéutica que desmintió el aporte que, a nombre de su compañía, figura en las cuentas del oficialismo. El empresario acreditó su identidad, pero sólo aceptó contar su caso con la condición de que no se revelara su nombre, por temor a una represalia.
"Creo que usaron a mi empresa para blanquear un ingreso de dinero poco claro", especuló.
Para probar la existencia de los aportes bajo sospecha, Gramajo envió a LA NACION copias de las boletas de los depósitos bancarios. Son documentos que no comprueban la identidad de los aportantes ni su consentimiento. "Son donaciones que recibimos por intermedio de dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que nos daban el nombre del aportante, el número de CUIT y el comprobante del depósito. No hablamos con cada aportante, pero fuimos absolutamente serios para chequear que la boleta de depósito correspondiera con el dinero que entraba en nuestra cuenta", explicó Gramajo.
Para probar el aporte de Navas, Gramajo envió a LA NACION una copia del cheque y del depósito por medio del cual se hizo la donación. "Hay un cheque a su nombre, con el número 72.977.098, que demuestra que esa persona hizo el aporte", argumentó. Anoche, LA NACION volvió a comunicarse con Navas para aclarar la situación. El empresario se sorprendió, volvió a negar la donación y pidió ver una copia del cheque, que comprometió ver en cuanto tuviera una computadora a su alcance. "Estoy seguro de que yo no hice ese aporte, a no ser que haya perdido la memoria", dijo.
El caso de Navas y el del empresario farmacéutico que no aceptó que se publicara su nombre pueden resultar decisivos.
A comienzos del mes pasado, una auditoría de la Cámara Nacional Electoral encontró irregularidades en la rendición de cuentas del Frente para la Victoria y le recomendó a la jueza María Romilda Servini de Cubría, la encargada de controlar el financiamiento de las campañas, que consultara a 10 de las 179 personas y 10 de las 160 empresas que figuraban entre los aportantes del Frente para la Victoria si habían hecho las donaciones que la agrupación les atribuía. El empresario farmacéutico y Navas están entre los aportantes que la magistrada debería consultar.
CASO ANTONINI: TRAS UNA SEMANA EL JURADO NO LLEGA A UN ACUERDO
El juicio que se sigue en Miami al venezolano Franklin Durán, acusado de actuar como agente de inteligencia en territorio estadounidense para encubrir el escándalo del valijero Guido Antonini Wilson, podría declararse nulo hoy si el jurado no llega a un acuerdo por unanimidad antes de terminar el día. En ese caso, la causa volvería a cero y el juicio se reiniciaría con un nuevo jurado de 12 miembros.
Los integrantes tienen hasta hoy para conseguir un veredicto unánime, de acuerdo con la instrucción que les presentó la semana pasada la jueza Joan Lenard. Ni ella, ni el fiscal Thomas Mulvihill, tampoco el defensor de Durán, Edward Shohat, alientan por ahora una declaración de nulidad. Para el Estado de Miami una posibilidad así no sólo implica que el acusado tenga otra oportunidad para defenderse, sino principalmente un gasto de fondos que, sobre todo el fiscal, debe luego justificar en proceso de alto costo, como el caso del valijero.
Los doce miembros del jurado se encuentran debatiendo desde hace más de una semana, aunque todavía no encontraron una postura unánime para dar su fallo sobre la culpabilidad o inocencia del único acusado en la causa.
CUMBRE K DENUNCIÓ PACTO COBOS-DUHALDE
Un puñado de funcionarios y dirigentes del kirchnerismo se convocó en Mar del Plata para exhortar a los diputados a aprobar el proyecto oficialista de jubilaciones y, de paso, denunciar un pacto secreto entre el vicepresidente Julio Cobos y Eduardo Duhalde para desestabilizar al gobierno.
La anfitriona del encuentro fue la ultraoficialista Compromiso K y, pese a que habían anunciado la presencia de Néstor Kirchner y Sergio Massa, el cierre del evento estuvo a cargo del vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
La cumbre oficialista terminó la noche del sábado en Chapadmalal con fuertes críticas a Cobos y a Duhalde, a quienes se acusó de intentar desestabilizar al gobierno nacional.
El Primer congreso nacional para dirigentes del modelo de país de crecimiento, desarrollo e inclusión social incluyó paneles de discusión a cargo del vicepresidente del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados, José María Díaz Bancalari, ya que el titular de la bancada, Agustín Rossi, no apareció por Mar del Plata.
También participaron el titular del Correo Argentino, Eduardo Di Cola, e intendentes del Gran Buenos Aires como Eduardo Duhalde Darío Díaz Pérez (Lanús) y Darío Giustozi (Almirante Brown), convocados por los dirigentes de Compromiso K, Rudy Ulloa y Damián Barihof.
“Están conspirando junto a banqueros que controlan fondos de las AFJP para subir el valor del dólar y generar desestabilización”, comentaban por lo bajo los dirigentes que viajaron a Mar del Plata, en tácita referencia al vicepresidente y al jefe del peronismo disidente.
También explicaron que hubo negociaciones reservadas para que funcionarios del gobierno nacional y hasta la presidente Cristina de Kirchner participaran el viernes pasado del cierre del Coloquio de IDEA, que agrupa a los principales ejecutivos de finanzas, pero aseguraron que todo se frustró con la invitación a Cobos.
Además, los dirigentes kirchneristas reclamaron a los diputados nacionales “la urgente aprobación del proyecto de estatización de la administración de los fondos previsionales”, enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo.
KIRCHNER BUSCA CERRAR ACUERDOS CON VARIOS PERONISTAS DISIDENTES
No son las AFJP ni la crisis en los mercados internacionales lo único que obsesiona a Néstor Kirchner por estos días. El ex presidente se encuentra inmerso en el rearmado del peronismo y está tendiendo todos los puentes posibles para llegar al año que viene con el PJ unificado en buena parte de las provincias y asegurarse, así, un éxito electoral.
En este entramado de alianzas internas en el PJ, Kirchner está dispuesto a negociar con todos. Y cuando sus allegados dicen "con todos" dejan fuera a muy pocos. Es decir, que los límites son muy extensos: con la excepción de Carlos Menem, Eduardo Duhalde, los Rodríguez Saá y Luis Barrionuevo, el ex presidente empezó a entablar negociaciones y diálogos con todos los dirigentes de peso en el PJ del interior.
"Tenemos que llegar unidos o, por lo menos, mostrarnos unidos para las elecciones de 2009 porque ésa será nuestra carta para obtener el 40 por ciento de los votos históricos que tiene el peronismo", expresó a LA NACION un funcionario de la Casa Rosada que trabaja junto con el ex presidente en la reorganización del PJ en todo el país.
Ya hubo acuerdos partidarios con el PJ de Entre Ríos, que lidera Jorge Busti, y con el peronismo de Córdoba, encabezado por el gobernador Juan Schiaretti. Este último acuerdo no incluiría al ex gobernador José Manuel de la Sota, con quien el kirchnerismo tiene diferencias insalvables.
Pero también hubo otros acercamientos de Kirchner a peronistas disidentes que sorprendería a más de un ferviente oficialista. En la Capital, por ejemplo, hubo diálogos con el ex jefe de gobierno porteño Jorge Telerman que en las últimas elecciones jugó en contra del Gobierno.
Hasta ahora no se llegó a ningún acuerdo concreto, pero este sólo dato generó malestar en las filas de Alberto Fernández, quien supuestamente era el encargado de armar las filas del kirchnerismo porteño para 2009 y que, junto con Aníbal Ibarra, desconfía de Telerman.
Otro distrito donde Kirchner tendió un puente es Misiones. Allí el PJ está intervenido por el kirchnerismo, pero el ex gobernador Ramón Puerta, y declarado enemigo del Gobierno, quiere dar pelea el año que viene en las legislativas. Para ello, en la Casa Rosada evalúan que sería recomendable tener organizado el PJ y realizar comicios internos para definir una lista de candidaturas unificadas y evitar así una pérdida de votos por fuera de la estructura partidaria.
Puerta confirmó que hubo contactos con dirigentes cercanos a Kirchner, y expresó: "Siempre que haya un debate de ideas y se acepten las diferencias de opinión entre los diferentes sectores del peronismo estoy dispuesto a reorganizar el partido en Misiones".
El caso de Salta y de Santa Fe también son evaluados por Kirchner. El ex presidente acordó en Salta para que el senador Juan Carlos Romero unifique posiciones con el gobernador Juan Manuel Urtubey. Algo similar ocurre con Santa Fe, donde el kirchnerismo quedó resentido con el senador Carlos Reutemann tras el conflicto del campo y no lograban cerrar filas con el PJ que lidera el propio ex corredor de Fórmula Uno. No obstante, fuentes calificadas del PJ santafecino pusieron en duda un acuerdo con Reutemann y dijeron que "al no gobernar Santa Fe, Reutemann tendrá mayor margen de independencia del Gobierno y no necesitará alianzas".
En la provincia de Buenos Aires, el tema es más complejo. No sólo no hay candidatos fuertes a la vista y el globo de ensayo de la postulación de Kirchner estaría desinflándose, sino que se prevé una pelea descarnada entre el jefe de Gabinete, Sergio Massa; el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el ministro de Justicia, Aníbal Fernández. Todos están en carrera para posicionarse en los comicios de 2009 y el veredicto final lo dará Kirchner. A la vez, hay fuertes peleas en las intendencias donde el PJ está dividido.
Fuentes de la Casa Rosada dijeron que hay intenciones de acercar posiciones con Felipe Solá más allá de la postura dura que mostró. Los kirchneristas creen que una candidatura de Solá y otra de Francisco de Narváez le restaría votos al PJ en un distrito clave para el año que viene. Allegados a Solá desecharon un acuerdo y dijeron que el diputado del PJ tomó un rumbo opositor "imposible de revertir".
De todos modos, en el Gobierno admiten que éste no es el peor escenario. Hay lugares más difíciles. En Catamarca, el PJ que lidera Barrionuevo no aceptará alianzas con el kirchnerismo y lo mismo ocurre en San Luis, donde los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá manejan el peronismo.
La imagen de Kirchner buscando acuerdos con dirigentes con los que hasta hacía poco figuraban en su lista de enemigos parece ser una muestra del nivel de desesperación que existe en el Gobierno por los comicios de 2009.
LANZAN OTRO PLAN DE FACILIDADES PARA LOS DEUDORES IMPOSITIVOS
El Gobierno reforzará su estrategia para procurarse la mayor cantidad posible de ingresos: esta semana la Administración Federal de Ingresos Públicos anunciará el lanzamiento de un nuevo plan de facilidades de pago para cancelar impuestos vencidos y deuda tributaria acumulada al 31 de diciembre de 2007.
El plan contemplará facilidades diferentes. Para las deudas impositivas (por ejemplo de IVA, Ganancias o los restantes tributos) se autorizará el pago en hasta 120 cuotas mensuales, esto es 10 años.
En cambio, será de hasta 24 meses o 2 años para el caso de aportes jubilatorios de los trabajadores en relación de dependencia que no hayan sido depositados por las empresas. El cierre también se fijó en diciembre del año pasado.
Los contribuyentes que ya tengan vigente un plan de facilidades de pago podrán reformularlo y adherirse a los nuevos plazos. La medida fue decidida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de una reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete, Sergio Massa, el ministro de Economía, Carlos Fernández, y el titular de la AFIP, Claudio Moroni. La decisión se tomó en momentos en que la oposición denunció que el Gobierno buscar eliminar el régimen de AFJP para financiarse con los fondos acumulados.
PREPARA EL GOBIERNO MEDIDAS PARA CALMAR A LOS MERCADOS
El péndulo va de un lado a otro: tras el anuncio de la estatización de las AFJP, ahora el gobierno buscará dar señales para calmar mercados. El trote de ahorristas hacia el dólar, el despegue de las tasas y el derrumbe de los bonos apuran decisiones. Las medidas en estudio en el Ministerio de Economía apuntan a recomprar títulos de deuda, no tibiamente como lo hicieron en agosto y setiembre apenas se agravó la crisis internacional, y además cambiando el mecanismo de manera tal de lograr un mayor impacto en la operación.
En las últimas horas, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, y el subsecretario de Financiamiento, Adrián Esteban Cosentino, mantuvieron una serie de reuniones con los principales banqueros de entidades tanto argentinas como extranjeras. Allí hubo promesas de recomprar BODEN 2012 en circulación y de adelantar el pago del cupón del PBI que debe hacerse en diciembre. Insistirán en lo que vienen juramentando -sin éxito por cierto-desde que comenzó el derrumbe de los papeles: se van a respetar todos los compromisos de la deuda.
Ahora la intención oficial es dar un mandato a un grupo de bancos para que salgan a recomprar BODEN 2012.
Abandonarían el proceso de licitación ya que cada vez que se hace una convocatoria, los precios se acomodan a lo que se supone el gobierno estaba dispuesto a pagar.
Conclusión: suben cotizaciones, pero el gobierno compra más caro. Pasando la orden de compra a bancos desde el Ministerio de Economía, se podría mejorar la utilidad financiera. Hoy los BODEN 2012 cotizan a sólo u$s 18,50, un valor que tiene implícito lo que un inversor recuperaría tras una nueva reestructuración de la deuda (técnicamente el « recovery value»). Teniendo en cuenta que solamente en 2009 (en febrero y agosto) el gobierno debe hacer pagos de renta y amortización por 14 dólares, pagar hoy 18,5 por total (este BODEN hace su último pago el 3 de agosto de 2012) es por demás conveniente en lo financiero desde el punto de vista oficial. Con u$s 2.000 millones se podría comprar todos los BODEN en circulación. Es el único aspecto positivo de la debacle de los papeles.
INFLACIÓN DE OCTUBRE: CALCULAN QUE ESTARÁ ENTRE EL 0,7 Y EL 1%
La inflación de octubre oscilará entre 0,7 y el 1 por ciento, según las estimaciones privadas que últimamente no se alejan demasiado respecto de las cifras oficiales. Según éstas, la suba de los precios del mes pasado estará en el orden del 0,7 por ciento.
Sucede que la brecha entre lo que calculan los economistas y el sondeo oficial se está achicando por una contracción del crecimiento inflacionario que obedece a una retracción de la actividad económica en general.
En el último mes, particularmente, la inflación no sólo cedió un poco por la desaceleración del consumo y por la caída en el precio de los "comodities"; también lo hizo debido a que se apreció el peso argentino respecto de otras monedas, como por ejemplo, el real brasileño.
Por eso, "ahora la inflación está cediendo por ese triple efecto: por el nivel de actividad, por el tipo de cambio y por la caída de los "comodities", explica el economista Mario Sotuyo, de la consultora Economía & Regiones. Luego del 0,8 por ciento del crecimiento inflacionario de septiembre, la consultora calcula que el número, en octubre, será menor: 0,7 por ciento
Hasta el mes pasado, Economía & Regiones manejaba una variación interanual de los precios del 22 por ciento, pero en octubre ese cálculo descendió al 20,5 por ciento.
El economista Jorge Todesca, empezó el mes de octubre calculando que la inflación rondaría el 1 por ciento. "Pero a medida que transcurren los días, creo que va a ser algo menor", estima, al contabilizar los aumentos subas más importantes en el rubro Turismo (debido a un fin de semana largo que hubo en el mes), la ropa y los alquileres.
En cambio, según coinciden todos los consultados, los alimentos tuvieron un comportamiento "más contenido".
En la canasta de sesenta y cinco productos que mide Economía & Regiones, la suba mensual fue del 0,4 por ciento, en una tendencia que viene hacia la baja en los últimos tres meses. "Sólo hubo algunas subas puntuales en productos estacionales", agrega Todesca.
En cuanto a las principales subas registradas el mes pasado, el analista Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres & Asociados, coincide en adjudicarlas a los aumentos del Turismo, del 6,7 por ciento; al de los electrodomésticos y del equipamiento para el hogar, del 4,5 por ciento; al de la ropa, del 1,5 por ciento debido al lanzamiento de las prendas de la inminente temporada de verano y al de la atención médica que calculó en 1,1 por ciento.
"También impacta un poco el alquiler de la vivienda, algo de alimentos y un aumento de los cigarrillos de aproximadamente el 2,5 por ciento", agregó.Un indicio de la desaceleración de la actividad que estaría poniéndole un techo a la inflación -al menos hasta fin de noviembre- se ve en el Comercio.
"En el acumulado a septiembre de este año, este rubro creció 6,9 por ciento, cuando en el mismo período del año anterior, lo hizo 9,2 por ciento", agrega el economista que sigue un índice privado de la actividad industrial (IGA). La consultora de Ferreres estima para octubre, un crecimiento de los precios va a estar en torno al 1,1 por ciento, resumió Spotorno.
LA UIA Y EL CAMPO DICEN QUE NO ALCANZA CON LA DEVALUACIÓN
La devaluación del peso, que alcanzó el 12% en los últimos dos meses y dejó la cotización del dólar en $ 3,40 el viernes pasado, es insuficiente para corregir -a través de esa vía- algunos de los problemas que acarrea la economía. Sus efectos serán tibios o incluso neutros, según los economistas.
Representantes y analistas de la industria, el campo y los importadores tampoco anticiparon grandes cambios ante el nuevo valor del dólar. Más bien se mostraron expectantes por ver cómo evolucionarán, además de la cotización de la divisa, otras variables que influyen en sus negocios, como las monedas de otros países que comercian con la Argentina, el consumo, el crédito, los impuestos o las restricciones comerciales impuestas por el Gobierno.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain, consideró prematuro un análisis respecto de los efectos del nuevo nivel del dólar, ya que habrá que ver qué ocurre con las otras monedas regionales. Al ser consultado acerca de si la cotización actual deja más tranquilos a los industriales, respondió: "En este momento, no está nadie tranquilo, no por el dólar, sino por nada. No es momento para estar tranquilos".
El nuevo nivel del dólar no beneficiará mucho al campo, según la visión del economista de la Sociedad Rural Argentina, Ernesto Ambrosetti. "No existe un dólar del campo, lo que existe es la competitividad del campo. Y con las retenciones se está anulando una parte de los ingresos del sector. Si se devalúa, aumenta la cantidad de pesos en el bolsillo, pero muchos insumos están dolarizados, con lo cual un dólar alto no es una ventaja para el sector agropecuario. Sería una ventaja si no hubiera retenciones", señaló.
AVANZA EL GOBIERNO SOBRE FONDOS DE ENTIDADES DEL CAMPO
Con pocos días de diferencia, el Gobierno dio a conocer sus intenciones de avanzar sobre dos fuentes indirectas de financiamiento del gremialismo rural: las cartas de porte para el transporte de granos y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).
Así, mientras el presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), Ricardo Echegaray, anunció que el otorgamiento de las cartas de porte iba a pasar de manos de las entidades al Estado, por otro lado el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, presionó a las cámaras frigoríficas para que salgan de la conducción del Ipcva, de manera de quitarle quórum al ente.
El anuncio de Echegaray sobre las cartas fue un dardo al corazón del ruralismo, que tiene un sistema montado para otorgar estos documentos, que permiten el transporte de granos. De acuerdo con los datos de la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Federación de Acopiadores (que emiten las cartas), el sistema cuenta con 55 bocas de expendio, emplea entre 500 y 700 personas y recaudaba unos $ 30 millones por año, por la emisión de 7 millones de cartas. Antes, las cartas costaban $ 6,20, que se repartían en $ 4,20 para gastos de emisión y $ 2 para el Estado, hasta que hace dos semanas la Oncca subió el aporte de 2 a 10 pesos, lo que triplicaría la recaudación del sistema.
"Lo peor de la iniciativa de Echegaray no es la plata que nos saca, sino el servicio que se presta al productor. Pierde el productor del interior", opinó el vicepresidente de la FAA, Ulises Forte. "La Oncca no tiene por qué ser una sucursal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)", agregó.
"El perjuicio más grande que puede tener este cambio es cómo puede afectar al sistema de logística de granos", dijo Raúl Dente, presidente de la Federación de Acopiadores. "No estamos en contra del cambio, pero si se cambia, que sea por un instrumento mejor. Con nuestro sistema, en 16 años no tuvimos una sola denuncia de cartas falsificadas", agregó.
Al parecer, la idea de Echegaray sería simplificar el trámite de obtención de la carta, lo que permitiría al productor sacar el instrumento vía Internet.
OCTUBRE FUE EL PEOR MES EN 6 AÑOS EN COMERCIOS
Las ventas minoristas cayeron 14,3% en octubre frente al mismo mes del año pasado, lo que lo convierte en el peor mes de los últimos seis años para el sector, según informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Las caídas más fuertes se registraron en los rubros de Calzados, Joyerías, Muebles del hogar e Indumentaria, mientras que las más leves se ubicaron en Artículos Deportivos, Alimentos y Bebidas y Muebles de Oficina.
La entidad comercial indicó en un comunicado que “la débil performance de octubre ya había quedado reflejada durante el Día de la Madre, cuando los niveles de ventas estuvieron lejos de lo esperado y dejaron en evidencia la parálisis que persiste en las decisiones de consumo de las familias”.
Además, la CAME explicó que los consumidores hoy tienen “mucha precaución” a la hora de decidir sus compras y controlan más sus gastos con tarjetas. “Tampoco ayuda la disponibilidad de crédito: las tasas aumentaron y la mayoría de los comercios chicos debió dejar de ofrecer las tres cuotas sin interés”, agregó la entidad.
NUEVA REUNIÓN CON DOCENTES, QUE AMENAZAN CON PAROS
Si bien la mayoría de los gremios docentes acordaron con el gobierno porteño una mejora salarial que interrumpió la sucesión de paros masivos en las escuelas, tres de los 17 gremios -la UTE, Ademys y Compromiso- aún mantienen abierto el conflicto y amenazan con nuevos paros.
El ministro de Educación, Mariano Narodowski, convocó a una nueva reunión de la mesa de negociación salarial para el jueves, invitación extendida a todos los gremios.
El nuevo secretario general de la Ctera, Eduardo López, confirmó que el jueves habrá una movilización al Ministerio de Educación porteño para acompañar la reunión. Anticipó que el viernes se reunirá un plenario de delegados gremiales para decidir los futuros pasos, aunque ya está resuelto que el lunes próximo se instalará nuevamente una carpa frente a la sede del gobierno porteño, en una vigilia que se prolongará cinco días y concluirá el viernes 14, con un festival.
La semana siguiente, a partir del lunes 17, podría realizarse otro paro.
López no ve mal la convivencia de 17 organizaciones sindicales y estimó que ello no incide en los conflictos. "En los últimos 20 años pasaron siete gobiernos en la ciudad, con 15, 16 o 17 gremios docentes, y siempre se garantizó el dictado de 180 días de clases. Si este año no se cumplen es porque cambiaron el gobierno y la política educativa", señaló el titular de UTE, que reemplaza a Francisco Nenna en la conducción de la entidad.
La semana pasada, la UTE se retiró de las negociaciones, junto con los gremios Ademys y Compromiso, disconforme con la oferta del gobierno de Macri. El resto de las entidades aceptó la propuesta del pago de cuatro cuotas de 110 pesos a partir de este mes, que en febrero se integran al sueldo, y la doble garantía salarial, que permitirá elevar a 2800 pesos el sueldo mínimo para los maestros que se desempeñen en dos cargos. Ahora, todos volverán a sentarse en la misma mesa.
